La polémica sobre empadronar a los ‘sin papeles’ enturbia la escena nacional

Un nuevo frente contra la inmigración

Aunque la Abogacía del Estado ha zanjado con rotundidad la cuestión, y ha dejado claro que todos los inmigrantes, sea cual sea su situación administrativa, deben ser censados en los municipios en los que residan, la actitud de los ayuntamientos de Vic (Barcelona), Torrejón
de Ardoz (Madrid), y de Ceuta y Melilla, ha forzado la apertura de un debate nacional en torno a la inmigración. El contexto de grave crisis económica, reforzado en nuestro país con una tasa de paro cercana al 20 por ciento (el doble de la media europea), ha hecho reflotar ciertas tendencias xenófobas que culpabilizan al eslabón más débil de la cadena, los inmigrantes, de la situación. La derecha nacional y la derecha nacionalista, representada por Convergencia i Uniò, han aprovechado para volver a la carga con sus propuestas de endurecimiento de la
Ley de Extranjería y de las condiciones para los ciudadanos extracomunitarios. Todo ello, pese a que existe un pacto entre los partidos
para dejar fuera de la confrontación política este asunto, y que la llegada de ciudadanos extracomunitarios a nuestro país ha descendido
un 93 por ciento en el último año.

Por P. A. N.

No resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España”. Así de tajante se expresa el informe jurídico emitido por la Abogacía General del Estado, el pasado 20 de enero, con el que se zanja definitivamente la polémica suscitada por el Ayuntamiento de Vic –más tarde se sabría que el de Torrejón de Ardoz llevaba más de un año aplicando unas medidas similares–, al anunciar que no empadronaría a inmigrantes irregulares.

La excusa para poner en marcha esta medida, en un municipio con más del 20 por ciento de población extracomunitaria, era el auge de una formación de carácter xenófobo, Plataforma per Catalunya, liderada por un ex falangista y ex miembro de Fuerza Nueva, Josep Anglada, cuyo constante crecimiento electoral la convierte en favorita para alzarse con el triunfo en los próximos comicios municipales, y hasta para obtener algún escaño en el Parlamento catalán. El actual equipo de Gobierno municipal, con alcalde de CiU, Josep Maria Vila d’Abadal, y apoyado por PSC y ERC, trataban de impedir el triunfo de ‘Plataforma’ a través de esta polémica –y ahora demostrada ilegal– medida.

Salvo las reacciones del Gobierno central, que se mostraba rotundo en su condena de esta actitud desde el primer momento, y desde diversos departamentos –Presidencia, Vicepresidencia, Ministerio de Trabajo, Ministerio del Interior– conminaba a los ediles de Vic a cumplir la ley, las reacciones iniciales de la Generalitat (con la excepción de Iniciativa per Catalunya) y de las cúpulas de los partidos cuyos concejales estaban implicados –PSC, ERC y CiU– resultaban inicialmente tibias, cuando no directamente ‘comprensivas’, como era el caso de CiU, con la actitud de sus ediles. El PSC, sin embargo, ordenaba a sus ediles no votar la polémica norma y éstos, tras conocerse el dictamen de la Abogacía del Estado, anunciaban que así lo harían.

Otra cosa diferente era la respuesta que determinados ámbitos de la sociedad civil y la judicatura daban a este desafío. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón aseguraba inmediatamente que la medida anunciada por Vic “más bien huele a xenofobia que a otra cosa”. También con rotundidad se pronunciaban desde las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia. Incluso, a mediados de enero, el Consejo General de la Abogacía recordaba que el ayuntamiento catalán “podría incurrir en delito de prevaricación administrativa”, tipificado en el artículo 404 del Código Penal, y que podría ser castigado con penas de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público entre siete y diez años.

Más tarde se sabría que la corporación municipal de Torrejón de Ardoz (Madrid), gobernada por el PP con mayoría absoluta, y que se ha jactado de haber reducido en un 57 por ciento las altas en el padrón municipal, llevaba más de un año sin empadronar a ciudadanos extracomunitarios que hubieran ingresado en territorio nacional con un visado de turista, y que no pudieran demostrar que habitaban en una vivienda con una amplitud de 20 metros cuadrados mínimos por persona. La Abogacía del Estado también considera irregular esta actuación.

Del mismo modo, los ayuntamientos de Ceuta y Melilla niegan sistemáticamente el empadronamiento a todos los residentes sin documentación, sin que hayan recibido ninguna amonestación por ello por parte de ningún nivel de la Administración, una situación denunciada sistemáticamente, sin éxito, por parte de UDCE –partido musulmán ceutí-, que explica que “el resultado es que hay cientos de niños nacidos en Ceuta que carecen de tarjeta sanitaria y no están escolarizados”. Los responsables municipales de estas ciudades enclavadas en el norte de África (del PP) aducen que los habitantes de las provincias limítrofes –Nador y Tetuán- no necesitan visado para entrar y que, potencialmente, un millón y medio de personas podrían pedir su empadronamiento.

En otros municipios, como en el gerundense Salt –gobernado por el PSC, y con más de un 40 por ciento de población inmigrante-, el ayuntamiento no otorga el empadronamiento hasta que pasan los tres meses de vigencia del visado turístico.

En el trasfondo de esta situación se encuentra la crisis económica. El empadronamiento es imprescindible para poder acceder a los servicios sociales básicos, como la sanidad y la educación obligatoria –algo sancionado por el Tribunal Constitucional, que reconoce en sentencia el derecho de todos los ciudadanos, con independencia de su condición administrativa, a recibir estas prestaciones, consideradas como un derecho humano básico-. Los ayuntamientos aducen que son ellos quienes deben hacerse cargo de los costes de estos servicios y, por tanto, tratan de ‘recortar’ gastos.

Con cerca de un 20 por ciento de desempleo, los inmigrantes llegados en plena expansión económica, y que en la mayoría de los casos, se dedicaban a trabajos sin cualificación que no eran demandados por los nacionales, ahora son contemplados como una seria competencia en el precario mercado laboral, y también son percibidos como ‘consumidores’ de servicios a costa del cada vez más escaso erario público.

Esto ha permitido que aparezca el lado ‘más duro’ de ciertas formaciones políticas, conscientes de que en tiempos de crisis como la que vivimos, ese discurso antiinmigración proporciona un buen caudal de votos. Por eso, el PP ha vuelto a rescatar sus propuestas de ‘contrato de integración’ y de endurecimiento –una nueva vuelta de tuerca, y ya van cuatro- de la Ley de Extranjería.

A este coro no ha tardado en sumarse CiU, consciente de las elecciones autonómicas previstas para el próximo otoño, en una Cataluña en la que la incidencia de la inmigración es superior al resto del Estado. Así, ahora han vuelto a plantear su polémica propuesta de una especie de ‘carnet por puntos’ para inmigrantes, que ya lanzaron en 2006. “Quienes demuestran una actitud y un comportamiento que facilita una integración en el trabajo, el barrio y el pueblo tienen que tener un premio”, ha afirmado Oriol Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió en el Parlamento de Cataluña. Más claro aún en la ‘dureza’ era el portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duranh i Lleida: “En inmigración tiene que haber una exigencia más fuerte de control. La política de inmigración debe erigirse sobre los derechos y deberes. Formaba, forma y formará parte de nuestro discurso”.

Pero lo cierto es que la entrada de inmigrante en nuestro país descendía nada menos que un 93 por ciento en 2009. A pesar de ello, existen algunos datos preocupantes. El Defensor del Pueblo advertía del crecimiento del racismo y la xenofobia en nuestro país, mientras que el Observatorio de la Convivencia Escolar publicaba un informe en el que se reflejaba el aumento de la intolerancia entre adolescentes hacia inmigrantes, judíos y gitanos. Otro informe del Centro de Estudios para Asuntos Religiosos de Washington ubicaba a nuestro país como el enclave europeo en el que más había crecido la islamofobia y el antisemitismo en el último año.

El PP se quita la careta

En España hay un grupo muy importante –de inmigrantes- que no tendría que estar. No es un problema de xenofobia, sino, básicamente, de liquidez. No se puede seguir con un sistema que lo que dice es: véngase usted ilegalmente, pase por el aeropuerto con el visado de turista y luego quédese aquí, que aunque esté ilegal, no se preocupe, porque al cabo de un tiempo, si resiste aquí, a usted le dan los papeles”. El autor de estas declaraciones tan ‘solidarias’ es el portavoz para asuntote Inmigración del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando.

Comentaba estos pensamientos el pasado 14 de enero en la ‘cadena amiga’ Telemadrid, para la que también explicaba su comprensión hacia esos ayuntamientos que se ven “agobiados por la presión de la inmigración”, recordando que la ley que obliga al empadronamiento de todos los residentes, estén en situación administrativa regular o no, también obliga a “expulsar a estas personas y devolverlas a sus países”.

Acerca de su opinión ante la creciente expansión de determinadas organizaciones y plataformas que proclaman planteamientos xenófobos, Hernando explicaba que ese fenómeno se produce porque “hay mucha gente que está harta de lo que están haciendo algunas formaciones políticas”. El responsable de política migratoria del PP tiene claro que “en una situación de crisis económica no tiene sentido seguir regulando a personas”.

No parece que estos comentarios obedezcan a un posicionamiento personal de Rafael Hernando, ya que fueron realizados en calidad de portavoz de su formación política, pero por si quedaba alguna duda, la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, también sostenía la pasada semana que “no se puede seguir dando servicio a todos”. La dirigente popular –que recientemente reconocía haber incumplido el código ético elaborado por su propio partido en las contrataciones realizadas para su actual precampaña- insistía en que “hay que cambiar la ley porque no se puede permitir que los ayuntamientos tengan que seguir pagando servicios y prestaciones sociales a todos los ciudadanos”. En contra del pacto alcanzado por todas las fuerzas políticas para no introducir el tema de la inmigración en la confrontación electoral, Alicia Sánchez Camacho aseguraba que este asunto constituiría uno de los ejes principales de su campaña electoral de cara a las próximas elecciones autonómicas catalanas que, en principio, habrán de celebrarse en noviembre de este 2010.

Curiosamente, en el debate sobre la modificación de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España –Ley de Extranjería-, el PP no introdujo ninguna enmienda relativa a los empadronamientos municipales. No obstante, aprovechando el agrio debate social abierto con la actitud de los ayuntamientos de Vic y Torrejón de Ardoz (aunque desde siempre vienen haciendo lo mismo los de Ceuta y Melilla, aunque sin tanto eco mediático), desde la cúpula del principal partido de la derecha ya se está reclamando una nueva modificación de la norma, que incluyan más limitaciones al arraigo, registros de salidas, más restricciones en el sistema de entrada, implantación de controles biomédicos –como en Francia, pese a que allí, las presiones sociales y jurídicas lo han dejado casi sin efecto-, o la implantación de un nuevo tipo de visados de seis meses de duración para búsqueda de empleo. Todas estas medidas se encuentran entre las 64 enmiendas que los populares presentaron durante el proceso de tramitación parlamentaria de la nueva ley –de las que no fue aprobada ninguna-.

Por supuesto, pese a que consideran ilegal la actuación del consistorio de Vic (población en la que el equipo de gobierno está integrado por CiU, PSC y ERC), no han dudado desde la cúpula del Partido Popular en salir en apoyo de la actuación restrictiva y discriminatoria del ayuntamiento de la madrileña población de Torrejón de Ardoz, donde la derecha ejerce el poder con mayoría absoluta. “Torrejón de Ardoz no tiene nada que ver con Vic”, clamaba el pasado 19 de enero Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, también gobernada por el PP con mayoría absoluta. “En este ayuntamiento se está empadronando conforme a la ley y garantizando la protección de los derechos fundamentales”, argumentaba el segundo de abordo de Esperanza Aguirre. Según su explicación, de lo que se trata es de “que no existan pisos patera y evitar que fraudulentamente se esté metiendo a personas que no pueden vivir en condiciones dignas”.

Desde luego, esta apreciación no coincide con la que mantiene Izquierda Unida en este municipio, que se ha dirigido al Defensor del Pueblo para que investigue la actuación del consistorio madrileño, y éste ha accedido. Pare el coordinador regional de Madrid de IU, Gregorio Gordo, la actitud del ayuntamiento de Torrejón es “una tropelía ilegal, además de un vómito xenófobo”.

Esto no parece arredrar a los dirigentes populares. El pasado 20 de enero, la portavoz de este partido en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, volvía a la carga con una vieja idea que ya había expuesto en ocasiones anteriores el presidente del PP, Mariano Rajoy: la condición indispensable de la firma de un denominado ‘contrato de integración’ para la concesión de los permisos de residencia y de trabajo en nuestro país a todos los ciudadanos extracomunitarios que lo soliciten. En ese documento –que en clara discriminación, no afectaría a los naturales de cualquiera de los 27 Estados integrantes de la Unión Europea-, el solicitante de residencia en España se comprometería, según Sáenz de Santamaría, “a respetar nuestros valores constitucionales”, aunque en la idea original de Rajoy, también se incluía un ‘respeto y acatamiento’ de nuestras “costumbres”.

La respuesta desde el Partido Socialista era inmediata. Su portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso, acusaba de hacer “electoralismo” a los dirigentes del PP con esta cuestión, mientras recordaba que el único contrato de integración en nuestro país es “la Constitución Española”.

No sólo el PP airea el fantasma de los inmigrantes en busca de un caladero de votos, ya que los asuntos relacionados con inmigración y seguridad suelen resultarles rentables a la derecha cuando se agita su debate en la sociedad, especialmente, en momentos de crisis económica, como ya lo demostrara el discurso racista y xenófobo del ultraderechista francés Jean Marie LePen. Otras organizaciones conservadoras, y hasta algunas patronales apuntan en la misma dirección en estos días. Así, el presidente de la patronal catalana Pimec, Josep González, iba un paso más allá, y terminaba por relacionar directamente la inmigración con la delincuencia. El pasado 19 de enero, este dirigente empresarial reclamaba mayor presencia policial en Barcelona y que se endureciera la ley en la persecución de la multirreincidencia y para el reforzamiento de la seguridad.

Tras mantener una reunión con el portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento de la ciudad condal, Alberto Fernández Díaz, Josep González aseguraba que “Barcelona ha tenido un flujo de entrada de inmigrantes con sus problemáticas, y de gente que ha venido de países que, seguramente, no tienen la ética que tenemos aquí, lo que ha hecho que el nivel de inseguridad haya subido”.

El terreno para el discurso radicalizado, endurecido y xenófobo está abonado.

Una ley cada vez más restrictiva

E l Consejo de Ministros aprobaba a finales de junio de 2009 llevar al Parlamento la última reforma de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, más conocida como la Ley de Extranjería y, finalmente, el Congreso daba en noviembre pasado su definitivo respaldo a la norma.

Originalmente dictada el 11 de enero de 2000, con los gobiernos presididos por José María Aznar sufrió tres modificaciones; la actual es la cuarta, y en cada una de ellas se ha aplicado una nueva vuelta de tuerca, haciéndola más restrictiva en cada ocasión.

Los principales cambios introducidos en este caso profundizan en ese sentido, e inspiran una criminalización de la condición de inmigrante. Algunos de sus elementos más llamativos son los siguientes:

—Se limitan las posibilidades de reagrupación familiar. Desde ahora sólo podrán trasladarse al país los parentescos en primer grado: esposa o marido, padres e hijos. En el caso de los ascendentes anteriores (abuelos), sólo podrán residir en nuestro país aquéllos que ya hayan cumplido los 65 años, y siempre que su familiar tenga una residencia continuada de, al menos, cinco años en España.

—Las ONG que proporcionen ayuda humanitaria a inmigrantes en situación irregular podrán continuar con su labor sin recibir sanciones, pero no así los particulares que ayuden a permanecer en territorio nacional a personas en esta circunstancia de irregularidad administrativa podrán ser multados hasta con 10.000 euros.

—Las órdenes de expulsión darán un plazo de entre siete y 30 días al interesado, que no podrá regresar durante un periodo no inferior a cinco años.

—La aparición del concepto “tiempo de residencia legal en España” como elemento vinculado al acceso a ciertos derechos sociales, como, por ejemplo, el que viene referido en el nuevo artículo 13, referente a las ayudas en materia de vivienda, a las que, a partir de la modificación, sólo se podrá acceder si se está en posesión de un permiso de residencia de larga duración –requisito no requerido en la anterior normativa-.

—El plazo de internamiento en casos de expulsión pasa de un máximo de 40 días a 60.

—Ahora, en caso de una orden de expulsión, el inmigrante deberá comparecer personalmente ante el juez si desea recurrir. Esto pone en peligro de arresto inmediato al recurrente y, además, discrimina a los que ya han sido expulsados o no mantienen contacto con el letrado que les fue asignado.

—Con la nueva ley, el solicitante de permisos de residencia habrá de abonar unas tasas en el momento de entrega de esa solicitud, y no al serle concedida, como ocurría antes.

—Se considera infracción grave el sostenimiento económico de un ciudadano extranjero en situación irregular, y se tipifica como delito el empadronamiento de inmigrantes en un domicilio en el que no residan efectivamente.

—Se introduce un nuevo permiso temporal que termina cuando el trabajador extracomunitario haya cobrado los meses correspondientes y las prestaciones que le correspondieran, en su caso. En ese momento, el trabajador debe salir del país y el empresario que le contrató debe asumir los gastos del viaje.

—Se exige el requisito del permiso de residencia para los ciudadanos extracomunitarios para poder cursar estudios no obligatorios (bachillerato, universitarios u otros especializados), en contra del criterio del Tribunal constitucional.

—En caso de menores no acompañados, sólo se prevé el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos administrativos de devolución, retorno o expulsión, obviando las repatriaciones, por lo que, a criterio de muchos juristas, se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y no se tiene en cuenta el interés superior del menor, que ahora ya puede ser expulsado. Algunas organizaciones se están planteando recurrir específicamente este punto de la ley.

En cuanto a la polémica acerca de los empadronamientos, el ordenamiento jurídico español no deja el menor margen para la duda: éstos deben realizarse en todos los casos y sin restricciones de ninguna clase.

La Ley de Bases del Régimen Local establece con claridad que “en el padrón municipal deben estar dadas de alta todas las personas que habitan en el municipio, sean nacionales o extranjeras y, en este último caso, tengan o no regularizada su situación en el Registro del Ministerio del Interior”.

Además, en el artículo 15 de esta normativa, queda especificado que se obliga a “toda persona que viva en España” a inscribirse en el padrón de la localidad en que resida. Del mismo modo, el artículo 6 de la nueva Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España establece “la obligación de los ayuntamientos a incorporar en el padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio”.

La vigente Ley de Bases del Régimen Local fue aprobada en julio de 1997, cuando el actual jefe de la oposición, Mariano Rajoy, ejercía como ministro del ramo, Administraciones Públicas.

Europa se vuelve xenófoba

Para luchar contra la inmigración ilegal y todo el mal que conlleva no hace falta ser bondadosos, sino malos”. Es la opinión expresada por el ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, aunque en su país no se han quedado en la escalada verbal, desde luego. La república transalpina aprobaba el pasado año la más dura y restrictiva de todas las legislaciones vigentes en el Viejo Continente en materia de inmigración.

Pero Italia no está sola. La mayoría de los gobiernos comunitarios ha puesto en marcha una batería de leyes y medidas que persiguen el objetivo de imposibilitar la entrada de personas extracomunitarias en su territorio, y de endurecer las condiciones de las que ya se encuentran dentro de sus fronteras, incluso con sus papeles en regla.

Esta tendencia generalizada contraria a la inmigración, en muchos casos, con claros tintes xenófobos, acababa de explotar en Europa en 2008, no por casualidad, coincidiendo con los primero síntomas de la profunda crisis económica en la que todavía estamos inmersos.

En junio de 2008 la Eurocámara aprobaba una durísima directiva en la que, en la práctica, se criminalizaba la inmigración irregular y se imponían condiciones arduas a los inmigrantes ya legalmente establecidos en territorio comunitario. Por 552 votos a favor, 105 en contra y 34 abstenciones, se daba luz verde a una norma que, entre otras cuestiones permitía la detención, por un periodo de hasta 18 meses, de las personas que se encuentren en territorio comunitario de modo irregular; sanciones para quienes contraten o ‘protejan’ a estos indocumentados que van desde elevadas multas o la imposibilidad de acceder a ayudas públicas por un tiempo que podría llegar a los cinco años. Paralelamente se rebajaban las garantías jurídicas y la tutela judicial de las personas afectadas por expedientes de expulsión, y los menores de edad también podrían ser repatriados o expulsados en casi las mismas condiciones que los adultos. El reagrupamiento familiar era restringido para los inmigrantes con permisos de residencia.

Estas medidas provocaban reacciones de numerosos colectivos y ONG del continente, y la total indignación en América Latina, donde la práctica totalidad de sus gobiernos expusieron su preocupación y su rechazo. El presidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, acusaba a Europa de tener miedo de perder su status quo y de presentar “prejuicios extremadamente serios contra la inmigración”. No dudaba en asegurar que “el viento de la xenofobia sopla otra vez su falsa respuesta a los desafíos de la economía y la sociedad”, mientras recordaba que el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama el derecho de todo ser humano a circular libremente y escoger su residencia en un Estado.

La Organización de Estados Americanos (OEA) convocaba una reunión especial a finales de ese junio de 2008 para condenar la decisión adoptada por la UE y para coordinar su acción diplomática ante las cancillerías europeas para tratar de minimizar los efectos de la que ya sería conocida en todo el mundo como ‘Directiva de la Vergüenza’.

Y es que esta polémica norma adoptada por toda la UE venía a reflejar el incremento de la xenofobia en la mayoría de los Estados socios, y el auge de la derecha y la extrema derecha, como se demostraría un año después en las elecciones europeas de junio de 2009. A la cabeza de esta ola reaccionaria que mezcla inmigración con delincuencia, y que profundiza en los más bajos instintos, azuzando a las sociedades contra los ciudadanos extracomunitarios, presentándolos como ‘competidores’ por los escasos puestos de trabajo, y como ‘consumidores’ de ‘nuestros’ servicios sociales, se encuentra el Gobierno de Italia, con su polémico presidente, Silvio Berlusconi, a la cabeza.

En julio de 2009, el Parlamento transalpino, con mayoría absoluta de la derecha y la ultraderecha, aprobaba la denominada Ley de Seguridad, que convertía en delito la inmigración irregular y legalizaba las patrullas ciudadanas. La norma establece multas de entre 5.000 y 10.000 euros para los extranjeros que se hallen en territorio italiano sin los papeles en regla, y habilita penas de cárcel para quienes den alojamiento o alquilen viviendas a inmigrantes en situación irregular. Se amplía a 18 meses el periodo de detención de inmigrantes en centros para preparar su expulsión y agrava las penas en un tercio en delitos cuyo autor sea un inmigrante en situación irregular. La reagrupación familiar se reduce exclusivamente a padres e hijos y, al igual que en Francia, los padres serán sometidos a pruebas de ADN. Se prohíbe a los ‘sin papeles’ enviar dinero al extranjero, y hasta se amplía de seis meses a dos años el periodo de convivencia de los matrimonios mixtos para que el cónyuge extranjero pueda obtener la nacionalidad.

Las consecuencias de esta política no se han hecho esperar, e Italia vivía muy recientemente los peores actos de violencia racista desde la II Guerra Mundial, cuando los temporeros que se encontraban en la localidad de Rosano (Calabria) eran atacados por unas enfurecidas hordas de ciudadanos locales. Otros alcaldes pertenecientes a la formación xenófoba y de extrema derecha Liga Norte –perteneciente a la coalición gubernamental- dictaban normas prohibiendo el rezo a los musulmanes dentro de sus municipios.

En Francia, su presidente, Nicolas Sarkozy, consciente de la rentabilidad electoral -que ya demostró el ‘éxito’ de la propuesta Jean Marie LePen y su Frente Nacional- de las medidas ‘duras’ contra la inmigración, incluía un Ministerio de Inmigración e Identidad Nacional en su Gabinete, que ha impulsado en los últimos meses un debate nacional sobre el ‘significado de ser francés’.

En octubre de 2007, el Parlamento parisino aprobaba la Ley de Control de la Inmigración, que introducía severas restricciones para la reagrupación familiar de los inmigrantes en situación legal, dentro de la denominada política de “inmigración escogida”. Del mismo modo, profundizando en la prohibición del uso del velo en las escuelas francesas, que está en vigor desde hace cinco años, ahora se impulsa la aplicación de sanciones –multas de 750 euros- por el uso de velos que cubran la cara de las mujeres.

En Alemania, la ley permite retener a un ciudadano extracomunitario bajo arresto preventivo durante seis semanas, para facilitar su expulsión. En caso de que hubiera escapado durante un proceso de expulsión, o por simple recomendación de un juez, el arresto cautelar puede llegar al año y medio.

En Reino Unido se han agilizado los procesos de expulsión para inmigrantes en situación irregular, y también para demandantes de asilo político –de hecho, la mayoría de los repatriados o expulsados el último año han sido demandantes de asilo-, a los que se ha restringido su derecho a apelación. Igualmente la ley establece que los ciudadanos extracomunitarios sólo tendrán acceso a los servicios y ayudas sociales cuando consigan la nacionalidad británica. Si se trata de familiares de un ciudadano británico, el proceso se prolonga por dos años, mientras que si son familiares de un inmigrante regularizado, la espera llega hasta los cinco años.

En la ‘neutral’ Suiza –que hasta hace escasas semanas se encontraba entre los integrantes de la ‘lista negra’ de paraísos fiscales elaborada por la UE-, sus ciudadanos se pronunciaban por incluir en su Constitución la prohibición de construir minaretes en las mezquitas, en una iniciativa promovida por el ultraderechista partido UDC, que forma parte del Gobierno confederal (aunque sus otros socios se oponían a la medida). La propuesta obtenía el respaldo del 57,5 por ciento de los electores.

El auge en todo el continente de la derecha y las formaciones de extrema derecha está detrás de esta ola de xenofobia. Las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2009 otorgaban la mayoría relativa a las formaciones integradas en el conservador Partido Popular Europeo, pero también incrementaban notablemente la presencia de los grupos de extrema derecha, como el holandés Partido por la Libertad, del polémico Geert Wilders, que se convertía en la segunda fuerza más votada en su país, con un 15, 3 por ciento de los votos. En Austria, la formación heredera de Jörg Haider, Unión por el Futuro, conseguía el 18 por ciento de los sufragios.

Pero al Parlamento Estrasburgo han llegado otros muchos grupos xenófobos. El Partido Cívico Democrático de la República Checa conseguía nueve escaños. Nada menos que 15 obtenía el partido polaco Derecho y Justicia, liderado por los famosos hermanos Kacynski. El Partido por la Independencia del Reino Unido conseguía el 16,5 por ciento de los votos –convirtiéndose en la segunda fuerza en su país, tras el Partido Conservador- llegando a los 13 escaños.

Otros representantes de la extrema derecha también lograban sentarse en la Eurocámara, como el lituano MEP, el estonio Indrek Taraland, el PP danés y el Frente Nacional francés, del racista Jean Marie LePen –convertido en el europarlamentario de más edad, a sus 80 años-, aunque en su caso, su representación bajaba de siete a tres escaños.