Blanco echa un pulso a los controladores

ESOS SEÑORES QUE TUMBAN GOBIERNOS

Por Virginia Miranda

Corría el año 1981. El Gobierno de Adolfo Suárez agonizaba y los miembros de UCD estaban a punto de participar en Mallorca en su II Congreso los días 27 y 28 de enero. El partido hacía así un último intento desesperado por organizar el caos interno y buscar una vía que garantizara su supervivencia y solucionara su grave problema de liderazgo. Pero el cónclave nunca llego a celebrarse. El 27 de enero, los controladores aéreos españoles se ponían en huelga de celo en demanda de mejoras salariales después de romperse las negociaciones con Aviación Civil. Nadie pudo viajar a la isla. Dos días después, Suárez presentaba su dimisión.
Juan María García Gil, presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), que representa al 95 por ciento de los 2.400 trabajadores del sector, recordaba en el diario El Mundo hace ahora un año una reflexión del ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, que bien podría aplicarse a este caso. En su entrevista del 11 de enero de 2009 decía estar de acuerdo con la idea de que el suyo es "el único colectivo capaz de derrocar a cualquier Gobierno sin tener que hacer una guerra". Y añadía: "Le doy la razón. Se puede desestabilizar a cualquier país y te cargas a cualquier Gobierno. Esté quien esté en el poder, aprovechas para dar caña. Nuestro colectivo no tiene que tener color político. Tenemos que mantenernos al margen de la política porque somos un servicio público".

Lo que García Gil no mencionaba era el plan de Carter para hacer frente a la amenaza de los controladores y que, entre otras cosas, consistía en el empleo de personal militar en las consolas de control. Y que fue la Administración Reagan la que lo puso en práctica tras cinco días de huelga del sector en 1981, enviando miles de cartas de despido a parte de los más de 12.000 profesionales para reemplazarlos por pilotos de las Fuerzas Armadas.

Sin necesidad de recurrir a la artillería pesada, José Blanco se ha dotado de potentes armas con las que intentar contestar al sector, que desde hace cinco años negocia con AENA su convenio con huelgas de celo intermitentes de por medio que USCA niega, achacando el caos aeroportuario a la falta de personal. Tras poner a la opinión pública en contra de los responsables del tráfico aéreo revelando el sueldo que, incluidas horas extra, llegan a cobrar –hasta 600.000 euros y, en algún caso, 900.000 euros anuales–, el titular de Fomento acaba de anunciar que bajará sus retribuciones "sí o sí". Es decir, haya o no acuerdo en la negociación de su convenio colectivo, cuya fecha límite es el 30 de marzo. El ministro pretende que un controlador gane un máximo de 200.000 euros, un 40 por ciento menos respecto a los 330.000 euros de media que, según el Gobierno, perciben.

Para los principales afectados por los retrasos y cancelaciones, la decisión de Blanco es una heroicidad. Para el sector, una provocación intolerable. Para quienes conocen la historia del sector en España, una osadía. La primera huelga de controladores, convocada al objeto de obtener mejoras laborales y salariales, tuvo lugar en 1976. Desde entonces, todos los gobiernos han sufrido consecuencias políticas que, en mayor o menor medida, han acabado pagando los ministros del ramo. Incluso desde el plano más personal.

Siendo titular de Transportes y Comunicaciones con Felipe González en los primeros ochenta, Enrique Barón tuvo un encontronazo con los controladores aéreos que se acabó dirimiendo en el Tribunal Supremo. Durante un debate en el Senado en 1985, la oposición interpeló al ministro sobre unos partes internos a propósito de la seguridad de los aeropuertos españoles. A la salida de la Cámara y a preguntas de los periodistas, Barón calificó la actitud de quienes hicieron públicos los documentos de "antipatriotas" e "irresponsables". La entonces Asociación Confederada Española de Controladores Aéreos reaccionó con una demanda por considerar violado su derecho al honor. El juicio lo ganó el dirigente socialista en primera instancia, pero siendo ya eurodiputado, la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid de la que era ponente Jaime Mariscal de Gante –quien siendo magistrado del Tribunal de Orden Público ya juzgó a Barón en tiempos del franquismo le condenó. Fue a finales de la década cuando el Supremo absolvió al ex ministro. El que fuera presidente del Parlamento Europeo sufrió así una de las peores reacciones del sector con un Gobierno. Y eso que, durante su etapa ministerial, Barón recuerda que no hubo huelgas y se introdujeron normas importantes para la mejora de la disciplina y la organización del trabajo, además del Plan SACTA (Sistema Automatizado para el Control del Tráfico Aéreo), destinado a mejorar significativamente la seguridad del espacio aéreo español. Preguntado por la situación que ahora se está viviendo en los aeropuertos españoles y las medidas anunciadas por José Blanco, el ex ministro asegura que el ahora titular de Fomento "está actuando con gran valor y con prudencia pensando en el servicio público y el transporte" en respuesta a acciones "solapadas de coacción que convierte a los ciudadanos en rehenes".

Su sucesor en el cargo, Abel Caballero, vivió las huelgas de 48 horas de 1987 convocadas los días 1 y 2 de agosto, dos de los días de mayor tráfico aéreo del año. El día 22 del mismo mes, eran los controladores del Prat (Barcelona) los que paraban 24 horas para exigir el pago de gratificaciones por servicios especiales atrasadas.

También los ministros de Fomento del Partido Popular han tenido que verse la caras con los controladores. Rafael Arias Salgado con la de mayo de 1998, que colapsó los principales aeropuertos españoles durante dos días, según la Unión de Consumidores de España (UCE), en un ejercicio de "abuso de derecho". El resultado fueron centenares de cancelaciones, miles de pasajeros afectados y pérdidas superiores a 2.000 millones de las antiguas pesetas. El 21 de junio de 1999, Juan María García Gil alertaba que el caos de la primavera de 1998 podía volver a repetirse si cumplían estrictamente su jornada. USCA, que negociaba un paquete de medidas con el Gobierno, le acusaba de adoptar una actitud "discriminatoria" con los controladores de Palma. Durante cuatro días hubo retrasos de hasta cinco horas en el aeropuerto de la turística isla balear. Según AENA, por una huelga de celo de los controladores. Según su sindicato, porque no tenían capacidad suficiente para atender la torre de control.

A Francisco Álvarez Cascos también le plantaron cara. En agosto de 2002, con un paro que afectaba nuevamente no sólo a los viajeros de forma individual sino también al sector turístico, provocaron cancelaciones durante las 48 horas en que se negaron a hacer horas extraordinarias. El mes de octubre, tras nuevas protestas y retrasos, el ministro de Fomento se mostraba conciliador apelando al diálogo. Ocho meses después, USCA llamaba a la huelga los días 1, 7, 23 y 31 de los meses de julio y agosto, extensiva al mes de septiembre. Nuevamente, los días de mayor tráfico aéreo. Cascos no se fue del Gobierno sin ver antes el parón de los controladores del Centro de Torrejón de Ardoz –que gestiona la zona centro-norte de la península–, que dejó a cientos de pasajeros en tierra durante horas.

A Magdalena Álvarez fueron muchos los problemas que se enredaron en su gestión. En su última etapa al frente del Ministerio, las cercanías y el Ave a Cataluña. Pero también las huelgas de celo de los controladores, a los que no consiguió arrancar un acuerdo sobre el convenio que regula su actividad y que hoy sigue enquistado. Blanco confía ahora en conseguirlo. Y sus partidarios, en que no se estrelle por volar tan alto. •