Sanidad acomete la reforma de la Ley Antitabaco con la oposición de algunas Autonomías y del sector hostelero

Guerra a muerte al tabaco

El tabaquismo causa al año alrededor de 55.000 muertes de fumadores activos y entre 1.500 y 3.000 de fumadores pasivos. Para tratar de reducir estas cifras y en línea con la tendencia europea y las recomendaciones de Bruselas, la titular de Sanidad, Trinidad Jiménez, se ha propuesto apagar los cigarrillos en todos los espacios públicos cerrados en el primer semestre del año. La mayoría de los grupos parlamentarios son favorables a la reforma de la ley antitabaco de 2006 y, aunque aún no ha dado su visto bueno y algunas de sus Comunidades Autónomas han planteado objeciones, el PP aún no ha dicho que no al cambio legislativo, que la ministra quiere aprobar por consenso convencida de que la sociedad española “está madura” para asumir la prohibición. Mientras, los principales sectores implicados se encuentran divididos. Desde la Federación Española de Hostelería y Restauración aseguran que la restricción provocaría el cierre de 40.000 negocios y la pérdida de 100.000 puestos de trabajo. El Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo dice, en cambio, que normas similares en países de nuestro entorno han tenido como consecuencia la apertura de nuevos locales.

Por V.M.

El Gobierno socialista está dispuesto a dar un paso más en su lucha contra el tabaquismo. Porque la sociedad española “está madura” para aceptar la restricción y por razones de salud pública, la titular de Sanidad, Trinidad Jiménez, se prepara para endurecer la ley antitabaco. Aunque aún no hay un calendario de tramitación, la idea es que, en el primer semestre del año, esté prohibido fumar en todos los espacios públicos cerrados, una medida generalizada en toda Europa y acorde con las pretensiones de Bruselas, que ya ha anunciado su intención de acabar con los malos humos en el horizonte de 2012.

“En la medida en que consigamos consenso político, conseguiremos consenso social”, ha dicho la ministra. Pero aunque la mayoría del Parlamento es favorable a la reforma y las encuestas que manejan desde su departamento dice que el 70 por ciento de los españoles es partidario de las mayores restricciones previstas, aún tiene algunos frentes abiertos que, sin duda, dificultarán alcanzar el acuerdo deseado.

CiU, PNV, IU-ICV y ERC ya han manifestado a la ministra su posición favorable al endurecimiento de la norma. Gaspar Llamazares, diputado de IU y presidente de la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados, asegura que “tenemos que actualizar la legislación para no quedarnos atrás” después de los límites al consumo de tabaco introducidos más recientemente en Reino Unido o Italia. La portavoz de Sanidad de CiU, Conxita Tarruella, dice que “será fácil llegar a la unanimidad” que quiere Trinidad Jiménez.

Sin embargo, el Partido Popular aún no se ha posicionado. Ana Pastor, responsable de políticas sociales de la formación, ha dicho que “todavía no tenemos un texto encima de la mesa. Depende de cómo se articule. Es una ley de salud pública y hay que verla en todos sus extremos”. De lo que sí es partidaria es de que la tramitación se haga “vía Gobierno”, esto es, mediante un anteproyecto de ley que se discuta en el Pleno del Congreso, mientras Jiménez pretende tramitarla a través de la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja para acelerar los plazos. Y de que genere el mayor debate posible. Para ello, la pretensión de Pastor es que pase por el Consejo de Estado y por el Consejo Interterritorial porque “qué menos que contar con un informe de las Comunidades, cuando son ellas las que tienen casi todas las competencias en salud pública”.

Este ha sido precisamente uno de los principales problemas con los que se encontró la ley antitabaco aprobada en 2005 y en vigor desde 2006. Al ser las Autonomías las responsables de velar por el cumplimiento de la ley, su aplicación ha sido muy desigual.  Si bien se ha dejado de fumar en prácticamente todos los centros de trabajo, no ha sido así en los bares y restaurantes, principales afectados por las restricciones que ahora prevé Sanidad. De los 350.000 locales hoteleros existentes, donde la ley de 2006 sólo prohibía fumar en un 20 por ciento –los de más de 100 metros cuadrados, que además tenían la posibilidad de adaptar sus locales con espacios compartimentados para fumadores y extractores de humos–, el 60 por ciento ha incumplido la normativa gracias a que, entre otras cosas, la inspección no ha sido lo exhaustiva que la Administración central hubiera deseado. Por otra parte Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja y Castilla y León, Antonomías gobernadas por el PP, aprobaron sendos decretos recurridos ante la justicia por Sanidad al considerar que rebajaban el nivel de exigencia de la norma –el Tribunal Supremo echó por tierra los decretos de La Rioja y Castilla y León a finales de diciembre–. En el caso de Madrid, se permitía por ejemplo fumar en las cafeterías con más 100 metros cuadrados de superficie ubicadas en centros de trabajo.

Las comunidades díscolas. Con estos antecedentes, el debate en el seno del Consejo Territorial puede presentar complicaciones y, aunque no sea vinculante, pondría en riesgo el consenso que Jiménez desea a lo largo de todo el proceso. Desde la Comunidad Valenciana, aunque hablen de “improvisación” de la medida, no parece que ahora vayan a plantear complicaciones. Su consejero de Sanidad, Manuel Cervera, dice ser partidario de aplicar sin excepciones la nueva norma. Madrid en cambio ha recibido con cajas destempladas la pretendida reforma. Su presidenta, Esperanza Aguirre, su vicepresidente, Ignacio González, y su consejero de Sanidad, Juan José Güemes, han criticado las nuevas restricciones. La jefa del Ejecutivo regional ha dicho que “si de verdad se quiere hacer una ley antitabaco, que no se venda tabaco en los estancos y no se beneficie de los impuestos el Gobierno. Que se prohíba el tabaco”. En los mismos términos se ha pronunciado su número dos. Lo que deben hacer las autoridades sanitarias, si consideran que el tabaco es “tan perjudicial para la salud”, es prohibirlo “definitivamente”. “Que no se pueda comercializar con el tabaco, y así es como se acaba. Creo que lo otro es poner puertas al campo”, ha asegurado González. Güemes, que aún no ha querido pronunciarse sobre las próximas restricciones al consumo de tabaco porque “es muy difícil opinar sobre un texto” que aún no conoce, considera que las prohibiciones siempre suponen “una restricción de la libertad individual, y hay que ser muy cuidadosos cuando se restringe la libertad individual”. El consejero de Sanidad madrileño dice también que “todo el sector de la hostelería se ha visto obligado a hacer unas inversiones muy importantes para adaptarse a la ley, inversiones que aún no han sido amortizadas”.

Ese precisamente es uno de los argumentos del sector. La inversión para separar zonas de humo en bares y restaurantes desde la entrada en vigor de la actual ley antitabaco ascendió a 1.500 millones de euros, con una media de entre 20.000 y 25.000 euros cada uno de los negocios –entre 40.000 y 50.000 de los 70.000 locales de más de 100 metros cuadrados– que acometieron la reforma. Lo aseguran desde la Federación Española de Hostelería y Restauración, que también pronostica el cierre de entre 35.000 y 40.000 establecimientos –el 10 por ciento el total– y la pérdida de 100.000 puestos de trabajo.

Los empresarios basan esta estimación en los 15 millones de clientes fumadores que dicen tener, pero ni Sanidad ni el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT) da crédito a estas cifras. Jiménez ha declarado que en la Unión Europea se han emprendido legislaciones similares y no han tenido un efecto negativo. Además, rechaza la demanda de subvenciones porque la norma dejaba libertad al empresario para hacer la separación entre fumadores y no fumadores –los bares y restaurantes de más de 100 metros pueden optar por ser espacios sin humos– y porque dice que el coste ya ha sido amortizado.

Desde el CNPT, que integra a más de 40 asociaciones científicas, acaban de acusar a la industria tabaquera de estar detrás de las quejas de los empresarios, a quienes quieren tranquilizar con un informe elaborado en octubre de 2009 sobre el impacto económico de la regulación del consumo de tabaco. Según sus datos, el 20 por ciento de los británicos no fumadores frecuentaban clubes nocturnos con más frecuencia después de que la ley antitabaco entrase en vigor en ese país en marzo de 2008. Los hosteleros británicos también predijeron el cierre del diez por ciento de los locales, pero un año después, la apertura de locales de ocio había crecido entre el 6 y el 14 por ciento. Casos similares se han dado en Francia, donde en relación con 2007 los ingresos aumentaron el tres por ciento en 2008 en los restaurantes y el 0,2 por ciento en bares y cafeterías; y en Italia, donde una encuesta realizada al poco de aprobarse la ley en 2005 observó que el 9,6 por ciento de la población acudía con mas frecuencia a locales de ocio.

Si quiere cumplir su objetivo y alcanzar unanimidad en su ambiciosa reforma, a Trinidad Jiménez le queda menos de un semestre para convencer a Comunidades y hosteleros de las bondades de su guerra a muerte al tabaco.

Ejemplos europeos

Irlanda fue el primer país de Europa en prohibir el consumo de cigarrillos en todos los espacios públicos. Tras él, países como el Reino Unido o Italia han ido endureciendo sus legislaciones para sanear el ambiente en lugares de trabajo, restaurantes, bares o locales de ocio. Así ha sido como los europeos han emprendido su particular guerra contra el tabaco.

Alemania: En septiembre de 2007 quedó prohibido el consumo de cigarrillos en los transportes públicos y en los recintos de carácter oficial. Además, se eleva la edad mínima en que los jóvenes estarán autorizados a comprar tabaco, de 16 a 18 años. Su ley antitabaco entró en vigor en enero de 2008. La norma prohíbe, aunque con múltiples excepciones, fumar en espacios públicos. Es de obligado cumplimiento en ochos de los dieciséis lander, en el resto se ha aplicado de forma gradual.

Austria: Con un 48,1 por ciento de hombres fumadores y un 46,5 de mujeres, éste es el país con mayor nivel de tabaquismo. En 2004 la ministra de salud, Maria Rauch-Kallat, anunció una serie de medidas para limitar el uso de cigarrillos en los lugares públicos. La propuesta provocó una revuelta en la que se acusó a la ministra de estar yendo en contra de los derechos de las personas.

Bélgica: La legislación prohíbe fumar en los centros de trabajo belgas desde el 1 de enero de 2006. El 1 de enero de 2007 entró también en vigor la prohibición de fumar en restaurantes. En los bares y cafés de más de 50 metros cuadrados han de instalarse sistemas extractores de humos y zonas exclusivas para no fumadores de al menos la mitad de la superficie, mientras que los de menor tamaño pueden optar por ser enteramente de fumadores. Por otra parte, desde el 30 de septiembre de 2003 es obligatorio incluir mensajes sobre los riesgos de los cigarrillos en sus paquetes. Deben cubrir un 55 por ciento de la parte delantera y trasera, un requisito que los convierte en los más grandes del mundo. Además, este país ha sido el primero de la Unión Europea en incluir imágenes sobre los daños del tabaco en las cajetillas.

Dinamarca: En vigor desde el 15 de agosto de 2007, la ley antitabaco danesa prohíbe fumar en los lugares de trabajo, en restaurantes y en bares, aunque contempla varias excepciones como la reserva de salas para fumadores en las empresas y los negocios de restauración de tamaño reducido. Tras su aplicación el Gobierno insinuó que, pasado año y medio desde su aprobación y tras analizar sus efectos, podría abordar una prohibición total.

Eslovenia: Desde agosto de 2008, la ley antitabaco prohíbe fumar en todos los lugares públicos y de trabajo cerrados, incluso en los vagones para fumadores de los trenes internacionales que pasen por territorio esloveno. Dentro de restaurantes, bares y cafés está permitido fumar, sólo si disponen de cabinas para fumadores a las que no se podrá llevar bebida ni comida y deben estar equipadas con sistemas de ventilación.

Estonia: Tras la prohibición de fumar en algunos lugares públicos, medios de transporte o institutos, en Estonia se reforzaron las medidas antitabaco en junio de 2007. Desde entonces no se puede fumar en los restaurantes, ‘coffee shops’ o clubes nocturnos.

Finlandia: El Acta del Tabaco de los años 70 prohibió la publicidad y el consumo de tabaco en los lugares públicos en Finlandia. En junio de 2007 entró en vigor una enmienda a la ley Antitabaco de 2006 que prohíbe fumar en bares y restaurantes, los únicos lugares públicos donde estaba permitido. Hoy en día, los finlandeses son de los que menos fuman de la Unión Europea y se ha observado una reducción de las enfermedades ligadas al tabaco, entre ellas el cáncer de pulmón.

Francia: Desde febrero de 2007 se prohíbe fumar en los lugares públicos franceses. La ley gala permitió un plazo, hasta el 1 de enero de 2008, para la adaptación a la norma de establecimientos como bares, estancos, restaurantes o discotecas.

Grecia: Este es el segundo país de la Unión Europea que más tabaco produce y el que cuenta con una mayor tasa de tabaquismo, con un 45 por ciento de población fumadora. En julio del pasado año entró en vigor su ley antitabaco, que en caso de incumplimientos impone multas de entre 500 y 20.000 euros. La nueva norma prohíbe fumar en los centros de enseñanza y hospitales, a excepción de clínicas psiquiátricas, así como en todos los puestos de trabajo cerrados, sean públicos o privados. Pero la nueva disposición permite la creación de sitios exclusivos para que los empleados puedan fumar durante el descanso.

Holanda: La ley antitabaco se aplica desde enero de 2004. Dio una tregua al sector hotelero, pero desde julio de 2007 se aplica a este sector y prohíbe fumar en cafés, bares, discotecas, restaurantes o instalaciones culturales, con la excepción de terrazas al aire libre. En los ‘coffeeshops’ se puede fumar marihuana, siempre y cuando no se mezcle con tabaco.

Irlanda: Fue el primer país europeo en prohibir totalmente el consumo de tabaco en los espacios públicos. Lo hizo en marzo de 2004, y las únicas excepciones son las prisiones, las habitaciones de hotel, los hospitales psiquiátricos, las residencias de ancianos, los centros de detención de policía, las zonas residenciales con instituciones educativas universitarias y los conventos de órdenes religiosas. La sanción por incumplir la norma asciende a 3.000 euros.

Italia: Desde enero de 2005 sólo se puede fumar en bares y restaurantes italianos que dispongan de un espacio aislado del resto del local. La sanción para los duelos de los locales puede ascender a los 2.200 euros si no avisan a la policía cuando un cliente fume en las instalaciones.

Lituania: La ley antitabaco entró en vigor en enero de 2007 y prohíbe fumar en bares, restaurantes y clubes. Sólo está permitido fumar en los clubes de fumadores de puro y pipa, los cuales no pueden tener entrada compartida con otros establecimientos públicos o viviendas. Si no se cumple la normativa, los propietarios de los locales podrían recibir multas equivalentes a entre 147 y 1.470 euros.

Malta: El país cuenta con una ley de abril de 2005 que prohíbe fumar en todos los establecimientos abiertos al público. Sólo se puede fumar en áreas específicamente señaladas.

Polonia: En 1998 el parlamento polaco estableció que los avisos sobre los riesgos para la salud debían ocupar un 30 por ciento de las caras de los paquetes. Por otro lado, el Parlamento ha propuesto una nueva ley de limitación del consumo de tabaco que incluye la prohibición de fumar en las paradas de los autobuses y tranvías y en los automóviles privados, si el conductor fumador va acompañado de pasajeros.

Portugal: En enero de 2008 entró en vigor la ley de agosto de 2007 que prohíbe fumar en locales de trabajo, centros de salud y hospitales, museos y centros culturales, restaurantes, bares, discotecas, centros de educación y hoteles. La ley obliga al Estado a prestar atención a los fumadores que deseen abandonar el hábito de fumar.

Reino Unido: Desde marzo de 2006 Escocia aplica la prohibición de fumar en lugares públicos, bares y restaurantes. Gales e Irlanda del Norte se unieron a la prohibición de fumar en abril de 2007 y el 1 de julio de ese año lo hizo Inglaterra. La prohibición afecta a todo tipo de establecimientos y lugares de trabajo, así como a estaciones de ferrocarril, centros de ocio y vehículos de empresa utilizados por más de una persona. Tampoco se permite la reserva de salas para fumadores en las empresas.

Suecia: La ley de 2004, en vigor desde junio de 2005, prohíbe fumar en restaurantes, cafés y bares. De 1993 es la normativa que impedía fumar en instituciones públicas y de 1994 en los puestos de trabajo. Además, fue el primer país europeo en introducir mensajes en los paquetes de tabaco.

Razones para dejar de fumar

El consumo de tabaco representa el principal factor de riesgo de enfermedad y mortalidad en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En España, su consumo provoca la muerte de unas 55.000 personas al año –el 16% de todas las muertes de personas mayores de 16 años–, más que el Sida, el alcohol, las drogas ilegales y los accidentes de tráfico, juntos, mientras que en el mismo periodo, el tabaco es el responsable de la muerte de uno de cada diez adultos en todo el mundo –cinco millones de defunciones al año–, según la OMS.

El hábito de fumar está relacionado con más de 25 enfermedades y es la causa principal del 90 por ciento de los casos de cáncer de pulmón y del 95 por ciento de los casos de enfermedad pulmonar obstructiva EPOC. Según la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), 67 compuestos del tabaco son cancerígenos para los seres humanos.

En nuestro país fuman en torno a los diez millones de personas (un 30%) según la Encuesta Nacional de Salud del INE. Además, se considera que el 60 por ciento de los no fumadores son fumadores involuntarios o pasivos. De hecho, el tabaquismo pasivo causa unas 5.000 muertes al año, según datos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

Además de sus perjuicios para la salud el consumo del tabaco, si supone una violación de la ley, puede acarrear perjuicios para el bolsillo. Las sanciones leves llegan hasta los 600 euros, las graves van de 601 a 10.000 euros y las muy graves de 10.001 a 600.000 euros. La cuantía se graduará en virtud de la capacidad económica del infractor, el riesgo para la salud, la repercusión social, el beneficio que haya reportado la conducta sancionada y la previa comisión de una o más infracciones. Un ejemplo de infracción leve es encenderse un cigarrillo en un lugar en que exista prohibición total o fuera de las zonas habilitadas, de modo que la multa la debe costear el fumador. Un caso de infracción grave sería permitir fumar en sitios prohibidos, de ahí que el titular del negocio o empleado al cargo sea quien deba hacer frente a la multa. Muy grave sería hacer publicidad o patrocinio de productos del tabaco en cualquier medio de difusión.

El Estado también sale perjudicado por el tabaquismo de los españoles. El sobrecoste sanitario y social generado por el tabaco en 2008 ascendió a 16.474 millones de euros, 433 euros por cada ciudadano adulto, según datos del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT).

El enemigo en casa

Al Gobierno le ha salido el enemigo en casa. La Junta de Andalucía, gobernada por los socialistas, ha tomado como propios parte de los argumentos de los hosteleros y reclama al Estado medidas compensatorias para los negocios que, tras la entrada en vigor de la ley antitabaco, adaptaron sus locales de acuerdo a la nueva norma.

El Ejecutivo autonómico anunció a finales de diciembre que pediría a la Administración central y propondría al resto de Comunidades que se permita fumar en los bares y locales que llevaron a cabo reformas para adaptarse a la ley antitabaco. El consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Ávila, anunció que la propuesta sería trasladada tanto al Ministerio de Sanidad como al resto de Autonomías en el próximo Consejo Interterritorial de Salud. La pretensión andaluza es dejar exentos los locales de más de 100 metros de restauración y hoteleros que, tras la aprobación de la Ley de Prevención del Tabaquismo, habilitaron zonas específicas para fumadores. Según Ávila, la propuesta de su Consejería ha sido asumida por la de Salud. “Esperamos que seamos capaces de convencer tanto al Gobierno como al resto de Comunidades Autónomas”, dijo.

Aunque la intención es que en un futuro todos los locales de ocio estén libres de humo, la Junta argumentaba entonces que implantar la prohibición total supondría un perjuicio para los empresarios que hace tres años invirtieron dinero en adaptarse a la nueva norma. La pasada semana era la consejera de Salud la que planteaba otra alternativa. María Jesús Montero alegaba que uno de los posibles mecanismos compensatorios para los establecimientos adaptados tras la entrada en vigor de la reforma legislativa sea la posibilidad de establecer “desgravaciones fiscales” para estos locales. La consejera, tras asegurar que “ya hemos expresado nuestra voluntariedad de que la ley se endureciera en los espacios de menos de 100 metros cuadrados ya que, en Andalucía, la inmensa mayoría no optaron por liberar de humo estos espacios”, matizaba que ahora “no se puede es castigar a aquellos que cumplieron con una norma que perseguía una mejor salud para todos” y hay que buscar alternativas, “desde la que ha planteado el Gobierno andaluz con un período de convivencia de ambos espacios o con desgravaciones fiscales por el importe de las inversiones ya realizadas”.

La ministra de Sanidad no ha contestado directamente a la Junta andaluza, pero ya ha rechazado en distintas declaraciones públicas subvencionar las inversiones realizadas en los locales de más de 100 metros cuadrados porque, subraya, la ley no obliga a habilitar espacios para fumadores.