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Nº
864 - 18/1/2010
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Camps inicia el año con una discreta agenda pública LAS CARAS NUEVAS
DEL PP VALENCIANO TOMAN
LAS RIENDAS El Partido Popular valenciano, salpicado singularmente por el 'caso Gürtel',
empieza el año con un presidente, Francisco Camps, a medio gas, a la espera de
las novedades judiciales. Mientras tanto, las nuevas caras en la dirección del PP,
tras la caída de Ricardo Costa, van ocupando espacio público y se preparan para
una eventual sucesión si la aconsejaran los acontecimientos. Por Manuel Muñoz (Valencia) En Génova, 13 están decididos a prescindir de Camps si nuevos contratiempos ensombrecieran las buenas perspectivas que las encuestas ofrecen a Mariano Rajoy para alcanzar la presidencia del Gobierno en 2012. Además, una resolución del Ministerio de Cultura paralizando los derribos en el barrio costero del Cabanyal para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar ha abierto una nueva y encarnizada guerra entre vecinos y socialistas, de un lado, y el ayuntamiento y la Generalitat, controlados por el PP, de otro. El presidente de la Generalitat Valenciana y de la organización regional del PP, Francisco Camps, que parece fuertemente obsesionado por sus implicaciones en el caso Gürtel, acusó el pasado 12 de noviembre en las Corts Valencianes al portavoz socialista, Ángel Luna, de querer secuestrarlo con una camioneta para matarlo y tirar su cuerpo a una cuneta. Sus compañeros de grupo le rieron la gracia, pero algunos de ellos no podían disimular la preocupación por la salida de tono del presidente, síntoma del des-control al que lo ha llevado la presión del llamado caso Gürtel. Desde entonces Camps no ha vuelto a comparecer en una sesión de control en el Parlamento autónomo y no lo hará hasta el próximo febrero, cuando se reanude el periodo de sesiones. Además su presencia pública se ha reducido y no deja de ser sorprendente que con relativa frecuencia su agenda institucional aparezca completamente vacía, algo insólito en un presidente de una comunidad autónoma de la proyección e importancia de la valenciana. Según comenta con cierto sentido del humor la diputada autonómica de Compromís, Mónica Oltra, los populares han enviado de vacaciones (políticas, claro está) al presidente. El verdadero problema es que no son Camps ni el PP quienes controlan la agenda de las revelaciones en torno al caso Gürtel, y en el PP valenciano hay un fundado temor a que en cualquier momento aparezcan noticias que deterioren aún más la muy mancillada figura pública de Francisco Camps. Conviene recordar que el Tribunal Superior de Justicia valenciano sobreseyó las diligencias por supuesto cohecho impropio contra Camps. El célebre caso de los trajes supuestamente regalados al presidente por la trama de Francisco Correa, y el tribunal, presidido por Juan Luis de la Rúa, a quien Camps considera más que amigo, no establecía en su auto que no hubiese habido regalos, sino que consideraba que no eran suficientemente importantes. Este fallo se encuentra recurrido ante el Tribunal Supremo por la Fiscalía Anticorrupción y por el Partit Socialista del País Valenciá (PSPV-PSOE) y está pendiente de resolucion. Pero además hay una querella interpuesta por los socialistas valencianos en noviembre pasado contra 17 personas por los delitos de cohecho, malversación, falsedad, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal. Entre los querellados están Camps; el ex secretario general del PP valenciano, ahora suspendido de militancia, Ricardo Costa; el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla; el vicesecretario de Organización del PP valenciano, David Serra; la tesorera, Yolanda García; la ex directora general de Comunicación de la Generalitat, Salvadora Ibars, y el ex director general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), Pedro García. También hay empresarios vinculados a la trama Gürtel, como Francisco Correa, Cándido Herrero, Pablo Crespo, José Luis Izquierdo y Álvaro Pérez, y otros, como Vicente Cotino, presidente del grupo Se desa, que es sobrino del vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino. Un indicativo de la importancia que dan los populares a esta querella, que apunta directamente a la financiación ilegal del PP en función del caso Gürtel, es que el nuevo portavoz del PP en las Corts Valencianes, Rafael Blasco, ha resuelto conflictos gratuitos con los socialistas, propios de la era Costa, como la obstrucción a que la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, fuese senadora autonómica, para centrarse en la presión parlamentaria con el fin de que el PSPV retire la querella contra Camps. No lo ha hecho, por lo que los socialistas se han quedado sin representación de la Generalitat en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que monopoliza el PP. Pero no se limitan a estos dos elementos las posibles sorpresas desagradables para Camps procedentes de la investigación judicial de la trama Correa. Por una parte están las dos terceras partes del sumario que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que continúan siendo secretas pero pronto deberán dejar de serlo. Por otra, lo que surja de la investigación judicial de la contratación, supuestamente fraudulenta, de las pantallas para la visita del Papa a Valencia en 2008, que por ahora ha provocado la caía del ex director de Radiotelevisió Valenciana, Pedro García. Hay que tener en cuenta que Rafael Blasco, en un caso insólito en la política española, mantiene su puesto de conseller de Solidaridad y Ciudadanía al tiempo que es portavoz popular en el Parlamento autónomo. Blasco (Alzira, 1945) está considerado el político más hábil de los que ahora figuran en las filas del PP, y es aquel de quien se echa mano cada vez que hay problemas serios. Fue militante del ultraizquierdista FRAP y posteriormente del PSPV-PSOE, en cuyas filas fue conseller de Presidencia (1983-85) y de Obras Públicas (1985-89) en la época del socialista Joan Lerma al frente de la Generalitat Valenciana. Destituido por un caso de supuesta corrupción urbanística del que fue exculpado por los tibunales, posteriormente fue incorporado a la Administración autonómica por el popular Eduardo Zaplana. Con el PP ha ocupado las carteras de Empleo (1999-2000), Bienestar Social (20002003), Territorio y Vivienda (2003-2006), Sanidad (2006-2007) y ahora Solidaridad y Ciudadanía. Sobre Blasco se suele bromear diciendo que es más corto enumerar qué carteras no ha ocupado en la Generalitat que las que ha desempeñado. Junto con Blasco, Antonio Clemente, nuevo secretario general del PP valenciano y Alfonso Rus, presidente provincial del partido en Valencia y de la Diputación Provincial, son los hombres fuertes del partido, que el pasado lunes aparecían con Mariano Rajoy y Esteban González Pons en una foto difundida por el propio partido en la sede del PP en Madrid tras una reunión del comité ejecutivo nacional a la que no acudió Camps por problemas de agenda. Esta foto ha dado lugar a muchas especulaciones acerca de las nuevas caras del PP valenciano y de la preparación del posible relevo de Camps si este resulta chamuscado por nuevas revelaciones sobre Gürtel. • La nueva batalla del Cabanyal Un problema se ha venido a sumar a las preocupaciones de los populares valencianos por el caso Gürtel. Se trata del Plan del Cabanyal, una actuación prevista por el Ayuntamiento de Valencia, presidido desde 1991 por la popular Rita Barberá, para prolongar hasta el mar la avenida de Blasco Ibáñez derribando una parte de las casas de ese barrio portuario, declarado Bien de Interés Cultural. Despuésde numerosas sentencias favorables a los planes municipales, el Ministerio de Cultura acaba de decidir parar los derribos al considerar que hay expolio de bienes culturales protegidos en la actuación municipal. Así pues, los vecinos, los partidos de izquierda y la asociación Salvem el Cabanyal, que daban una batalla de dos décadas por perdida, confían de nuevo en cerrar el paso a la especulación y han convocado movilizaciones para evitar que el ayuntamiento, amparado por la Generalitat, continúe con los derribos. El Gobierno de Camps, ostensiblemente molesto por la decisión del ministerio, pretende reformar la legislación autonómica para hacer posible la destrucción del barrio y la prolongación de la avenida, pero vecinos y oposición están decididos a dar la batalla. |
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