Gran Bretaña y Holanda, en guerra contra Islandia por su crisis financiera

LOS ISLANDESES NO QUIEREN PAGAR EL PATO

3.900 millones de euros de inversores británicos, holandeses y alemanes se perdían con el hundimiento de los bancos especulativos
afincados en Islandia —los primeros del mundo en caer como consecuencia de la crisis financiera—. Ahora, según todas las encuestas,
una gran mayoría de los ciudadanos de este país nórdico se niega a hacerse cargo de esa deuda mediante sus impuestos. El presidente de la república vetaba la ley que aprobaba esa devolución con cargo a su erario público, mientras que los gobiernos británico y holandés
amenazan con impedir la entrada de Reikiavik en la UE.

Por A. S.

En 2008, el hundimiento del banco Landsbanki, abanderado en Islandia, provocaba la pérdida de las inversiones de 400.000 impositores de nacionalidades británica y holandesa en las cuentas de alto rendimiento de esta entidad bancaria a través de Internet, denominadas Icesave. El montante de estos depósitos ascendía a 3.900 millones de euros. Del mismo modo, otras 30.000 cuentas de inversores alemanes se iban por el desagüe cuando se declaraba la bancarrota de otra entidad financiera afincada en Islandia, Kaupthing Edge. El Gobierno de la isla —que ha entrado en la más grave crisis económica de todo el Viejo Continente, y que este año ha perdido algo más de un diez por ciento de su PIB— se veía obligado a nacionalizar estas entidades bancarias, en una actuación similar a la que emprendía la propia UE, aportando ingentes recursos públicos al sostenimiento de estas corporaciones privadas. Desde ese momento, la devolución de estas inversiones eran reclamadas por los Ejecutivos de los países con más ciudadanos afectados: Reino Unido y Holanda.

Pero el clima en Islandia no parece propicio para que su Estado se haga cargo de esa deuda contraída por los bancos quebrados. El país pasaba de poder presumir del mayor nivel de vida del mundo a experimentar una crisis económica sin precedentes, que lo acercaba a la quiebra técnica; los ahorros de los ciudadanos se esfumaban en un abrir y cerrar de ojos, y el fantasma del paro —hasta ese momento, desconocido— hacía su aparición, y con él, el inicio de un, hasta hace poco impensable, movimiento migratorio hacia el exterior.
En ese contexto, hace unas semanas (el 30 de diciembre), en medio de una gran polémica, el Parlamento islandés aprobaba la denominada Ley Althing, por la que el Tesoro Nacional se comprometía a efectuar la devolución de la totalidad de los depósitos de ciudadanos extranjeros en Landbanski y Kaupthing. La primera ministra, la socialdemócrata Johanna Sigurdardottir, arriesgadamente empeñaba su prestigio político en su defensa —hasta uno de sus ministros dimitía en protesta—, y conseguía su aprobación por un estrecho margen de 33 votos frente a 30.

Sin embargo, un movimiento ciudadano sin precedentes se organizaba para la recogida de firmas exigiendo un referéndum para la ratificación de esta norma, y conseguía en muy poco tiempo que 56.089 ciudadanos lo secundaran (el 23 por ciento del total del electorado) y enviaran la petición al presidente de la República, Olaf Ragnar Grimsson. Ante esta avalancha de firmas, tomaba la decisión de vetar la ley –algo que no sucedía desde hace 65 años– y convocar una consulta popular que tendrá lugar entre los próximos 30 de febrero y 6 de marzo. El resultado, muy probablemente, será negativo, ya que una encuesta muy reciente arrojaba el dato de que algo más del 70 por ciento de los islandeses es contrario al pago de estos depósitos.

Por un lado, existe un clima de indignación contra las entidades financieras, y por otro, esos 3.900 millones de euros suponen la mitad del Producto Interior Bruto del país. La devolución de esta suma por parte del Tesoro Público significaría que cada familia islandesa habría de aportar 40.000 euros. No sólo eso; la fórmula de pago pactada, en principio, se traduce en un préstamo en condiciones muy duras: un plazo de 15 años y un tipo de interés del 5,5 por ciento, que se sitúa por encima de los tipos de interés que operan en la zona euro, y que también supera los porcentajes de los bonos del Estado, tanto de Reino Unido, como de Holanda.

Ante el más que probable rechazo de los votantes de la isla, los gobiernos británico y holandés ya han comenzado a ejercer toda la presión posible, y el arma fundamental la han encontrado en la solicitud por parte del Ejecutivo de Reikiavik de que su país se integre en la Unión Europea. Tanto Londres como La Haya han amenazado con ejercer su derecho a vetar esta integración, y a someter a Islandia a un aislamiento internacional en toda regla, especialmente en los foros económicos multinacionales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. De este modo, se podría frustrar el proceso de adhesión a la UE más rápido previsto en toda la historia.

El resto de los socios comunitarios no lo tiene tan claro. La Comisión Europea había elaborado un completo informe, tras analizar las respuestas a las más de 2.000 preguntas que habían sido remitidas a las autoridades islandesas, en el que recomendaba que la entrada de Islandia en la Unión se concretase el próximo 2011, al mismo tiempo que la de Croacia –que había solicitado la adhesión muchos años antes–. Tras las amenazas de británicos y holandeses, la comisión ha marcado diferencias, explicando que sigue "muy de cerca la situación", pero que, a su criterio, se trata de "un problema bilateral entre Islandia, Reino Unido y los Países Bajos, pues se refiere a la compensación a los ahorradores británicos y holandeses".

El secretario de Estado británico para Asuntos Financieros, Lord Meyers, ante este intento de quedar al margen por parte de la comisión, recordaba que según las normas del Área Económica Europea, ningún país puede entrar en la UE si no garantiza los depósitos bancarios fuera de sus fronteras.

La amenaza pesa como una losa en Reikiavik y, aunque casi la mitad de su población, según los estudios de opinión, se muestra indiferente ante ese eventual ingreso en la UE, el Gobierno de la isla trata de tranquilizar a sus futuros socios. Por ello, el presidente, Olaf Ragnar Grimsson, se apresuraba a explicar que su país "reconoce plenamente sus compromisos y su responsabilidad de pagar, pero la ley (vetada) se refiere solamente al método, la forma y las condiciones de estos pagos".
Nunca, desde la década de los setenta, durante la conocida como Guerra del Bacalao, en la que Islandia se mostró muy beligerante en la defensa de la extensión de sus aguas territoriales hasta las 200 millas –sentando un precedente que poco más tarde fue secundado por un buen número de Estados–, se había dado una tensión tan fuerte entre Reikiavik y Londres.
Los británicos han añadido otro elemento para forzar a los islandeses a aceptar el pago de las deudas de Landsbanki y Kaupthing. Lord Meyers no podía ser más claro: "El Gobierno británico ha intervenido para asegurar que quienes tenían depósitos Icesave recuperen todo su dinero, y esperamos que el Gobierno islandés garantice a su vez que se pague a los británicos el dinero que se nos debe". ¿Cuál es la tecla de la intervención? Sencillamente, el probable veto a la concesión de un crédito para el rescate de la economía islandesa por importe de 10.000 millones de euros que iba a hacer efectivo el fondo Monetario Internacional.

De este modo, Islandia se encuentra entre la espada y la pared. El presidente de la República no deja de recordar que "la constitución islandesa se basa en el principio fundamental de que el pueblo es soberano". Por su parte, la primera ministra, Johanna Sigurdardottir, que firmaba la solicitud de ingreso en la UE el pasado 16 de julio, se mostraba segura de que su electorado "se pronunciará con sensatez". •