por Miguel Ángel Aguilar

Recordamos los secretos de Fátima y los papeles del Pentágono. Dos casos ejemplares que demuestran cómo ante los secretos hay deberes contrapuestos. Los pastorcitos de Fátima se dejaron escritos los recibidos de la Virgen María con instrucciones estrictas de quién y cuándo debería acceder a su contenido. Los funcionarios del Estado quedan también comprometidos a preservarlos. Ahí está, por ejemplo, la promesa o juramento que prestan ante el Rey los ministros de guardar secreto de las deliberaciones de las reuniones del Gabinete. Así que, de una parte, hay obligaciones de mantener el secreto que atañen a determinados cargos del Estado. Es lo que sucede también con las actuaciones sumariales. Pero, del otro lado de la barra, los periodistas tienen el deber contrario: el de revelar los secretos que lleguen a conocer cuando su conocimiento tenga interés para la opinión pública por el esclarecimiento que presten.

Es lo que sucedió con los papeles del Pentágono que alguno de los funcionarios atormentado por problemas de conciencia estimó necesario comunicar para que trascendieran y derivaran los efectos salutíferos que habrían de tener para la vida pública de los Estados Unidos. Aquellos periodistas del Washington Post, colegas admirables, cumplieron su deber de darles publicidad y se negaron a revelar la fuente de procedencia arrostrando las consecuencias que les llevaron a prisión. Porque lo que llamamos derecho al secreto profesional es, en realidad, un compromiso de honor con los informadores cuya identidad debe ser preservada para evitarles la represalia que les sobrevendría. Los periodistas cuando deciden ir adelante saben que la diligencia profesional les obliga a verificar la exactitud de lo que les ha sido confiado y que llegado el momento el silencio sobre el origen de la información les convierte en responsables finales, por ejemplo, ante los jueces.

Estos días un juez acaba de condenar a un año y nueve meses de prisión al director general de la Cadena SER, Daniel Anido, y al director de Informativos, Rodolfo Irago, por haber revelado a través de cadenaser.com la identidad de setenta afiliados de modo fraudulento al Partido Popular de Villaviciosa de Odón (Madrid) para invertir la relación de fuerzas dentro de la citada organización. El juez se ha hecho la picha un lío si nos estuviéramos expresando antes de que se promulgaran las normas de la corrección política a las que ahora nos atenemos. Se ha sacado de la manga una doctrina que excluye internet de los medios de difusión como si el artículo 20 de la Constitución no le fuera de aplicación. Además establece que difundir la relación de los incursos en el fraude es un delito de revelación de secretos. Sencillamente asombroso.

Pero llegados aquí, conviene atender a la reacción que ante semejante sentencia ha tenido nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. La cual, preguntada sobre la cuestión, se ha sacado de la manga que la Cadena SER nada ha tenido que objetar a otras condenas habidas por la difusión de opiniones o informaciones periodísticas y ha separado el caso que nos ocupa porque se justificaría al haber incurrido en la revelación de secretos. Craso error tanto más inexplicable por ser Esperanza una declarada liberal de quien se hubiera esperado una respuesta como la de Voltaire: "Odio lo que dices pero daría mi vida porque pudieras decirlo". •