La economía se sumerge un poco más

La economía sumergida es una realidad palpable en todo tiempo, como la de otros fraudes a las distintas Administraciones Públicas; como la evasión fiscal, el cobro indebido del seguro de desempleo y tantos otros ardides de la picaresca nacional. Cuando la guadaña de la crisis corta bajo, la economía se sumerge un poco más. Es ley de vida.

Celestino Corbacho es quizás el primer ministro que se ha atrevido a efectuar una evaluación pública de la economía subterránea, situándola en una horquilla entre el 16 y el 20 por ciento del Producto Interior Bruto, que traducido a euros supondría una cantidad entre 160.000 y 200.000 millones. A las pocas horas de que el titular de Trabajo hiciera su evaluación, José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía, la tachaba con escasa cortesía entre colegas de "muy osada". Campa se apoyaba en la chistosa falacia de que no se puede saber su envergadura porque está sumergida. Un argumento facilón que debe aparecer en el manual que se pasan de mano en mano y de generación en generación los gobernantes.

Corbacho no ha contado uno a uno a los sumergidos pero se ha valido de las estimaciones proporcionadas por la OCDE, la OIT, y el Banco Mundial, entre otros organismos internacionales serios. Al Estado español tampoco le faltan procedimientos para evaluarlo y estoy convencido de que la hace aunque la mantenga en la más estricta intimidad. Nunca ha contado la Administración con un aparato informático tan poderoso ni con programas tan finos para cruzar información. Hay numerosos indicios indirectos por los que se puede llegar a una aproximación al fenómeno y reitero mi convicción de que el Gobierno se aproxima bastante a su realidad aunque no haga alarde de ello, tal como procedieron sus antecesores.

De lo que ha pecado Corbacho no es de exageración, sino de lo contrario, pues las cifras que vienen manejando distintos observadores independientes cuantifican la inmersión económica en el 25 por ciento.  Obviamente, en tiempos de crisis la economía se sumerge más. Es muy probable que muchos de los que han suspendido pagos prosigan su actividad por otros medios, de forma paralela o, para decirlo con la crudeza precisa, instalándose en la ilegalidad. El pasado año se batieron todos los récord en concursos de acreedores, que es como se llama ahora a las suspensiones de pagos; 5.860 empresarios echaron el cierre, más del doble que el año anterior, lo que debe traducirse en algo.

Sólo la amplitud de la economía negra explica que cuando el Gobierno decidió subvencionar a los parados a quienes se les había terminado el periodo de subsidio, condicionándolo a que asistieran a un curso de formación profesional, se apuntaran muy pocos. Y es que no podían hacer los cursos porque trabajaban irregularmente y cobraban más de lo que les ofrecía el INEM. 

Pasarse a la clandestinidad productiva puede representar un alivio para empresarios cargados de deudas y sin crédito que, de otra forma, morirían. El Gobierno, y de forma especial Hacienda, debe actuar con la flexibilidad requerida para frenar la mortalidad industrial: pero no todos los que se borran del mapa lo hacen por su estado de necesidad y eso es socialmente inadmisible.

La demagogia es muy tentadora. Cristóbal Montoro recurre a ella al afirmar que los empresarios se ocultan porque no pueden pagar los impuestos. Siempre se puede afinar algo más con la fiscalidad de los emprendedores, pero el portavoz económico del PP sabe que la avalancha de caídos no tiene una motivación fiscal, sino que es la consecuencia de la gravedad de la crisis y, muy concretamente, de la mala circulación del dinero.

La propuesta de la CEOE y del Partido Popular de recortar las cotizaciones sociales podría agravar más las cosas erosionando la salud de la Seguridad Social, que debería ser sagrada. Corbacho asegura que, sin necesidad de sacar la calculadora del bolsillo, una rebaja de dos puntos en las cotizaciones supondría una detracción de 8.000 millones de euros. El argumento de la patronal y de los populares es que semejante descuento fomentaría las contrataciones, una apreciación que no se puede demostrar y que podría generar males mayores. Los experimentos, con gaseosa.

Parece que las negociaciones de patronales con sindicatos avanzan discretamente. El próximo miércoles, 20 de enero, Celestino Corbacho presentará a los agentes sociales un esquema para recuperar el diálogo social. La patronal insiste en reducir las cuotas a la Seguridad Social y en establecer un contrato de trabajo que prevea una indemnización más reducida en el despido a cambio de una mayor estabilidad en el empleo, que hasta ahora han rechazado los sindicatos. Sin embargo, éstos dan la mayor prioridad a desbloquear la negociación colectiva. Lo deseable es que no se frustre por segunda vez el acuerdo social cediendo todos algo.  Si no hay acuerdo, el Gobierno debería gobernar.

José García Abad