Números anteriores Esta semana
buscador
 
Nº 863 - 11 de enero de 2010

Tras el frustrado atentado de Navidad aumenta la tensión en la Península Arábiga

Yemen: el nuevo frente contra el terrorismo

Vientos bélicos se ciernen sobre este país ubicado en el sur de la Península Arábiga. Tras darse a conocer que el autor del atentado frustrado contra un avión en Detroit (EE UU), el pasado 25 de diciembre, podría haber recibido entrenamiento y los explosivos en Yemen, la histeria antiterrorista ha vuelto a desatarse en Washington, donde ya han anunciado el endurecimiento de los controles en el transporte aéreo y otros medios. Paralelamente, la presión sobre este Estado asiático ha crecido de modo exponencial, y la retórica militarista aparece en los discursos de los miembros del Gobierno norteamericano. El apremio sobre las autoridades de Saná (capital de la nación) ha provocado que el ejército yemení desencadene ataques contra supuestas células de Al Qaeda en su territorio. Un territorio donde los servicios de inteligencia y la presencia militar estadounidense es cada día más evidente, convocando todos los temores a que este país se convierta en un nuevo escenario
de la denominada “guerra contra el terrorismo”, como ocurrió con Afganistán –con los resultados por todos conocidos–. Otras voces, sin embargo, consideran que estamos ante otra fase del despliegue estratégico estadounidense para el aislamiento de Irán.

Por Antonio Sarrión

El pasado 25 de diciembre, un hombre de nacionalidad nigeriana, Umar Faruk Abdul Mutallab, trataba de utilizar los explosivos que llevaba ocultos en uno de sus zapatos, para atentar contra el avión que realizaba el vuelo entre Amsterdam y Detroit. Afortunadamente era detenido por los pasajeros antes de que consiguiera su propósito. Pero esta acción frustrada conseguía despertar los fantasmas del 11-S y reabrir el debate en Estados Unidos acerca de la política antiterrorista.

Presionado con fuerza por la derecha republicana, el presidente Barack Obama anunciaba  una revisión en profundidad de los criterios y las medidas de seguridad, y en su discurso aparecía el término “guerra contra el terrorismo”, que parecía desterrado desde el fin de la era Bush.

Empantanado en las guerras de Iraq y Afganistán, la notificación de que, al parecer, Addul Mutallab había recibido los explosivos y el entrenamiento en territorio yemení, llevaba al Gobierno estadounidense a fijar su atención en este país ubicado en el sur de la Península Arábiga, ‘zona caliente’ en la que se ubican países como Arabia Saudí, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Kuwait, Iraq y Jordania.

Ahora los analistas norteamericanos consideran que Yemen podría estar convirtiéndose en un nuevo santuario de Al Qaeda, y ya ha dado comienzo la escalda en la retórica belicista que, considerando las experiencias previas en otros países, hace temer que estemos asistiendo a los primeros pasos de lo que podría acabar como una intervención militar en toda regla.

La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaraba el pasado 4 de enero que “vemos repercusiones mundiales en la guerra (sic) de Yemen y en los planes de Al Qaeda de usar Yemen como base para ataques terroristas lejos de esta región”.

En la misma línea ‘guerrera’ se expresaba el asesor especial de la Casa Blanca, John Brennan: “Al Qaeda en la Península Arábiga representa una seria amenaza y vamos a tomar medidas contra ella. Ya han atacado nuestra embajada y ahora está claro que quieren trasladar esos ataques a nuestro propio país”.

Y parece que ‘guerra’ es la palabra clave. Dado que Obama había dejado de emplear los términos “guerra global contra el terrorismo”, por lo que ha sido reiteradamente atacado por sus oponentes republicanos, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Dan Pfeiffer, salía en su ‘defensa’, asegurando que el presidente nunca había dejado de hablar de “guerra”, pero no “contra una táctica –el terrorismo-, sino contra algo tangible: Al Qaeda y sus aliados extremistas”.

La actividad estadounidense en esta parte del mundo está resultando frenética estos últimos días. El jefe del Comando Central para Cercano Oriente y Asia Central del ejército norteamericano, el general David Petraeus, mantenía una reunión el pasado 3 de enero con el presidente yemení, Ali Abdallah Saleh, con el único punto en el orden del día centrado en la ‘lucha antiterrorista’. Petraeus ofrecía la ayuda de Washington y el desarrollo de operativos con el fin de acabar con estas supuestas bases de Al Qaeda en Yemen –la prensa estadounidense informaba la pasada semana que militares de su país se encontraban desde hace tiempo en territorio yemení para explorar y localizar posibles objetivos para acciones posteriores–. Petraeus comunicaba también a su interlocutor que el Gobierno estadounidense tiene previsto incrementar ostensiblemente su ayuda militar a este país en este 2010. Obama ya ha solicitado al Congreso 170 millones de dólares para este cometido (en 2009, la ‘ayuda’ fue de 70 millones).

La ‘receptividad’ del mandatario asiático era total: “Yemen no aceptará terroristas ni milicianos yihadistas en su territorio”, declaraba Ali Abdallah Saleh, al término del encuentro. Pero esta disposición no era meramente verbal. El ejército yemení decidía reforzar automáticamente la vigilancia marítima –las costas de Somalia (otro Estado en el ‘punto de mira’ de Washington) están muy próximas–, al tiempo que lanzaba un ataque contra supuestos líderes de Al Qaeda en la ciudad de Arhab. El 7 de enero continuaban las operaciones militares, esta vez, en la capital, Saná. Los militares yemeníes herían y capturaban a tres sospechosos, tras cuatro días consecutivos de operativos.

Pero no era la primera vez. El pasado 17 de diciembre, ocho días antes del frustrado atentado en Detroit, las fuerzas armadas del país, con apoyo estadounidense, bombardeaban un lugar en Arhab en el que supuestamente se estaba manteniendo una reunión con la participación de los máximos dirigentes de Al Qaeda en la Península Arábiga. El objetivo principal, Nazih al Hanq, considerado uno de los jefes en la zona, o bien conseguía escapar, o no se encontraba en la reunión. Se confirmaba la muerte de cuatro personas, aunque el número de víctimas podría ser mayor.

Parece que este tipo de golpes, en los que la participación directa estadounidense queda difuminada por el protagonismo de las fuerzas del país, forma parte de la nueva estrategia que ya esbozara Obama en su discurso en la academia militar de West Point, el pasado 1 de diciembre de 2009, donde ya señalaba a Yemen y Somalia como zonas de “máximo interés” para la lucha contra el terrorismo.

Las presiones sobre el Gobierno de Saná se han producido de diversos modos. Estados Unidos cerraba su embajada en Yemen el pasado 4 de enero –aunque la volvía a abrir un día después-, argumentando medidas de seguridad. Otro tanto hacían los gobiernos de Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda o Japón; no así el Gobierno español, que mantenía abierta su legación diplomática. Aunque ya todas han vuelto a funcionar, la mayoría de ellas mantienen en suspenso sus actividades consulares y, además, todos estos gobiernos han recomendado a sus nacionales que eviten a toda costa los viajes a Yemen.

Aprovechando la convocatoria de la próxima conferencia internacional sobre el futuro de Afganistán, que se celebrará en Londres el próximo 28 de enero, el premier británico, Gordon Brown, planteaba otra conferencia paralela sobre Yemen, en la misma fecha y el mismo lugar. Nuevamente, el presidente yemení se mostraba conciliador: “Brown está en el camino correcto si moviliza apoyos internacionales en Yemen para fomentar el desarrollo, combatir la pobreza y para adoptar medidas antiterroristas”.

Pero no para todos está claro que la inconcreta “lucha contra el terrorismo” sea la única causa –ni la principal- de que Estados Unidos haya puesto sus ojos y sus expectativas en esta nación asiática.

La visita del general Petraeus del pasado 3 de enero era la tercera que realizaba a Yemen este alto mando militar, en apenas 14 meses que lleva en el cargo. La BBC informaba el pasado 14 de diciembre de 2009 de que 70 civiles habían muerto cuando aviones militares bombardearon un mercado en la aldea Bani Maan en el norte del país. Las fuerzas armadas de Yemen reivindicaron la responsabilidad del ataque, pero un sitio en Internet de los rebeldes houthi contra quienes iba dirigido el bombardeo aseguraba que “aviones de Arabia Saudita cometieron una masacre contra los residentes inocentes de Bani Maan”.

Los rebeldes houti, en el norte del Estado, son chiíes y no suníes, y como tales no están vinculados a ningún grupo o grupos que puedan clasificarse de Al Qaeda. La edición del 13 de diciembre –un día antes del ataque– del diario británico Daily Telegraph informaba acerca de varias afirmaciones realizadas por funcionarios militares de EE UU que declararon su “temor a que Yemen se esté convirtiendo en un Estado fallido” y que por ello EE UU ha enviado una pequeña cantidad de equipos de fuerzas especiales para mejorar el entrenamiento del ejército de este país como reacción ante la amenaza”.

Según estas otras informaciones, el régimen saudí decidía intervenir en el conflicto armado entre los houthi y el gobierno yemení en nombre de este último a primeros de noviembre de 2009, y desde entonces ha sido acusado de lanzar ataques dentro de Yemen con tanques y aviones. Arabia Saudí también ha sido acusada de utilizar bombas de fósforo. Además, el grupo rebelde conocido como Jóvenes Creyentes (houthi), basado en la comunidad musulmán chií del país, que representa alrededor de un 30 por ciento de la población de un Estado de 23 millones de habitantes, afirmaba el pasado 14 de diciembre que “aviones de combate de EEUU bombardearon la provincia Saada” y que habían lanzado 28 ataques.

Para el investigador Rick Rozoff, de Global Research, “una guerra de contrainsurgencia respaldada por EEUU en Yemen no tendrá nada que ver con el combate contra supuestas amenazas de al Qaeda, sino que formaría parte integral de la estrategia de expandir la guerra afgana a círculos concéntricos cada vez más amplios incluyendo a Asia del Sur y Central, el Cáucaso y el Golfo Pérsico, el Sudeste Asiático y el Golfo de Adén, el Cuerno de África y la Península Arábiga. El fin del mandato del presidente George W. Bush podría haber llevado al fin de la guerra global oficial contra el terror, a la que se refieren ahora como operaciones de contingencias en el extranjero, pero nada ha cambiado excepto el nombre”.

El 13 de diciembre, el general David Petraeus, declaraba a la cadena de televisión Al Arabya que “EEUU apoya la seguridad de Yemen en el contexto de la cooperación militar suministrada por EE.UU. a sus aliados en la región” y subrayó que “hay barcos estadounidenses en las aguas territoriales de Yemen no sólo para controlar sino para impedir las filtraciones de armas a los rebeldes houthi.”

Ese mismo día, el diario Yemen Post publicaba que la oficina houthi de comunicación había acusado “a EEUU de participación en la guerra contra los houthi” y publicó fotografías de lo que fue identificado como aviones estadounidenses “involucrados en operaciones de bombardeo en la provincia Saada en el norte de Yemen”. La fuente citada estimó que ha habido una veintena de bombardeos estadounidenses coordinados con vigilancia por satélite.

La ‘excusa’ antiterrorista puede volver a convertirse en la coartada para desarrollar planes comprometidos en un diseño geoestratégico de mucho mayor alcance, que tendrían como objetivo inicial el cerco a Irán y, según muchos analistas, dificultar los abastecimientos a China. Como asegura Rick Rozzoff, “el 11 de septiembre de 2001 había sólo tres naciones en el mundo que reconocían el régimen talibán en Afganistán: Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El presidente de EEUU, George W. Bush, inmediatamente individualizó para posibles represalias a siete Estados que supuestamente apoyaban el terrorismo: Cuba, Irán, Iraq, Libia, Corea del Norte, Sudán y Siria. Sólo Sudán, que expulsó a Osama bin Laden en 1996, tenía alguna conexión concebible con al Qaeda. De los 19 acusados del secuestro de los aviones del 11 de septiembre, 15 procedían de Arabia Saudita, dos de los Emiratos Árabes Unidos, uno de Egipto y uno de Líbano. Los yemeníes son los últimos en aprender la ley de la selva del Pentágono y la Casa Blanca. Junto con Iraq y Afganistán, que el especialista en contrainsurgencia Stanley McChrystal utilizó para perfeccionar sus técnicas, Yemen se suma a las filas de otras naciones en las que el Pentágono está involucrado en ese tipo de guerra, llena de masacres de civiles y otras formas del llamado daño colateral: Colombia, Mali, Pakistán, Filipinas, Somalia y Uganda”.

Obama, el duro

A medida que avanza el mandato de Barack Obama parecen desvanecerse las esperanzas de un nuevo orden multipolar en el que la hegemonía militar y económica de Estados Unidos fuera dando paso a otro modo más civilizado de concebir las relaciones internacionales. Su promesa de cierre de la prisión ilegal ubicada en la también ilegal base militar que su país mantiene en territorio cubano (Guantánamo), en contra de la voluntad del Gobierno de la isla, y en contra también de la legislación internacional, parece que no podrá cumplimentarse en el plazo previsto –22 de enero de 2010–.

Mientras, las guerras de ocupación en Iraq y Afganistán continúan su desarrollo sin conseguir éxito alguno. Al inquilino de la Casa Blanca tampoco pareció conmoverle la concesión del Premio Nobel de la Paz por parte de la Academia Sueca –en una decisión muy criticada desde casi todos los ámbitos-, y en su discurso de aceptación del galardón no dudó en hacer una encendida defensa de las guerras preventivas y del concepto de ‘guerra justa’.

Ahora, parece dispuesto a embarcarse en una espiral belicista en territorio de Yemen, país estratégicamente ubicado en la Península Arábiga, al sur de Arabia Saudí, y frente a las costas de Somalia, y a quien ya señalaba en su discurso sobre la nueva estrategia en Afganistán, pronunciado en la academia militar de West Point, el pasado 1 de enero -24 días antes del intento de atentado contra un avión estadounidense en Detroit–.

Precisamente este ataque frustrado parece haber despertado el lado más duro del que parecía el más progresista de los presidentes estadounidenses de los últimos 40 años. No sólo se está produciendo un incremento de la actividad militar y de inteligencia norteamericana en Yemen, sino que Obama ha decidido incrementar la presencia de sus tropas en Afganistán en número de 30.000 –y ha solicitado a sus aliados la aportación de otros 10.000–.

Paralelamente, tras mantener diversas reuniones al más alto nivel con sus servicios de información, por lo que considera un grave fallo de seguridad, a raíz del frustrado atentado de Detroit, y la muerte de siete agentes de la CIA en Afganistán, a manos de un agente doble jordano, ha decidido un endurecimiento sin precedentes de los controles en aviones y aeropuertos y en otros medios de transporte. Estados Unidos empleará los polémicos escaners que ofrecen prácticamente una imagen del cuerpo desnudo de los viajeros, algo que no ha aceptado, por el momento, la Unión Europea.

Otra polémica decisión, que recuerda la tristemente famosa definición de “eje del mal”, y con cierto tufo xenófobo, será la de aplicar medidas excepcionales de control a los pasajeros que ingresen en territorio norteamericano, que pertenezcan a una lista de 14 nacionalidades. Aunque la lista aún no ha sido dada a conocer en su totalidad, ya ha trascendido el nombre de diez naciones que se verán afectadas. Cuatro de ellas, en términos utilizados por la Administración estadounidense, son países que Washington tilda de “patrocinadores del terrorismo”: Cuba, Irán, Siria y Sudán. Otros seis son países considerados literalmente “de interés”: Afganistán, Libia, Nigeria, Pakistán, Somalia y Yemen.

Los ciudadanos con pasaportes de estos Estados serán “cacheados de cuerpo entero y se inspeccionará su equipaje”. Además, las nuevas normas aprobadas por la Administración para la Seguridad en el Transporte (TSA) obligan a intensificar los controles y registros aleatorios de pasajeros procedentes del extranjero. En un comunicado de este organismo se advierte que la “TSA revisará continuamente estas medidas con nuestros socios globales en aviación para garantizar los más altos niveles de seguridad. La supervisión podría incluir también tecnología de detección de explosivos y tecnología de imágenes avanzada en donde esté disponible”.

El fantasma del 11-S parece haber resucitado en un país donde el debate sobre seguridad nacional forma parte de la política cotidiana, y que es utilizado permanente mente por la oposición conservadora republicana para tratar de proyectar una imagen de ‘blando’ del presidente Barack Obama.

No hay que olvidar que este 2010 es un año clave electoral en Estados Unidos, donde en noviembre se elegirá un nuevo congreso, y se renovará un tercio del Senado.

Afganistán de nunca acabar

El próximo 28 de enero tendrá lugar la Conferencia Internacional sobre el futro de Afganistán, en Londres, y en la que también, vistos los últimos acontecimientos, se podría dedicar un amplio espacio al debate sobre la situación en Yemen.

Apenas dos meses antes de este evento, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pronunciaba un estratégico discurso en la academia militar de West Point, en el que exponía con detalle la nueva estrategia para Afganistán, donde las tropas norteamericanas –en su inmensa mayoría–, y de otros 40 países llevan una década sin conseguir el más mínimo avance, en una situación que recuerda lo que le sucedió al ejército soviético en la década de los 80, en el mismo escenario.

Obama parece dispuesto a poner fin a la situación, en primer lugar, estableciendo una fecha límite para el traspaso de responsabilidades a las propias fuerzas armadas afganas, y para la retirada del contingente internacional del país: julio de 2011. Sin embargo, parece convencido de la posibilidad de una victoria militar, pese a los magros resultados que, hasta la fecha, ha producido la ocupación. Por ello, en la exposición de la denominada ‘nueva estrategia’, y que ha sido debatida con el Alto Mando de su ejército, el inquilino de la Casa Blanca ha comprometido el incremento de sus efectivos en la zona en otros 30.000 soldados, contando también con otros 10.000 más que sus aliados se han comprometido a aportar.

No obstante, en el discurso presidencial se encontraban algunos ‘avisos’ importantes. Uno, para el presidente –bajo permanente sospecha- afgano, Hamid Karzai, cuando advertía que se había “acabado el tiempo de los cheques en blanco”. Otro, para la propia población estadounidense y el entramado de intereses que se concentran en esta zona del mundo: “Tiene que quedar claro que los afganos tienen que asumir la responsabilidad de su propia seguridad y que Estados Unidos no tiene interés en luchar una guerra interminable en Afganistán”.

Para financiar esta nueva fase de la guerra, Obama ha solicitado al Congreso otros 30.000 millones de dólares, y para su plan cuenta con el absoluto respaldo de su cúpula militar, “me siento alentado por el compromiso demostrado en el discurso del presidente. Hay ahora una concentración en Afganistán que nunca ha habido antes”, afirmaba la pasada semana el general Stanley McChrystal, que dirige a las tropas de la coalición internacional en suelo afgano, y al que muchos consideran el autor en la sombra de esa nueva estrategia.

Como se comentaba en estas líneas, el resto de los países que participan en la invasión han comprometido otros 10.000 efectivos, de los que 511 serán proporcionados por España. El pasado 17 de diciembre, la ministra de Defensa, Carme Chacón, hacía este anuncio en el Congreso de los Diputados, algo que el propio Obama le agradecía en persona a José Luis Rodríguez Zapatero un día después, en Copenhague, cuando ambos asistían a la fracasada Cumbre sobre el Clima.

En fuentes gubernamentales explican esta decisión, más allá de las afinidades entre ambos presidentes, en la coincidencia con aspectos fundamentales de la ‘nueva estrategia’, como son la fecha límite para la retirada de las tropas, el compromiso de procurar que las autoridades locales vayan asumiendo paulatinamente la responsabilidad sobre la seguridad del país, el fin de los bombardeos indiscriminados que producen cientos de víctimas inocentes entre la población civil, y la implicación de otros países de la región, especialmente de Pakistán, en la resolución del conflicto.

De todos modos, el envío de estos 511 soldados adicionales se someterá a la aprobación del Congreso (lo que parece garantizado con los votos de PSOE, PP, CiU y, probablemente, PNV) el próximo mes de febrero.

En la actualidad hay 1.070 soldados españoles en el país, donde nuestro ejército permanece desde hace ocho años. En este tiempo, se han producido 88 bajas entre nuestros compatriotas, y la operación ha tenido un coste para las arcas públicas de 1.550 millones de euros; 365 sólo en el último año. Estas cifras superan con mucho a las que nuestro país dedica  a ayuda al desarrollo en este Estado: 210 millones en el periodo 2006-2012, de los que ya se llevan ejecutados unos 130.

Al Qaeda del Magreb Islámico

Constituyen, supuestamente, la vertiente magrebí de ‘La Red’ (Al Qaeda en árabe). Diferenciados de esta otra Al Qaeda de la Península Arábiga, que ahora parecen perseguir los Estados Unidos en Yemen, su historia se remonta ala creación del GIA argelino y, más concretamente, a su escisión, el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate.

El secuestro de los tres cooperantes españoles de Acció Solidària –Alicia Gámez, Albert Vilalta y Roque Pascual– en Mauritania, el pasado 29 de noviembre de 2009, es la última acción que ha sido reivindicada en nombre de esta organización, pero son responsables de otras muchas. Sólo desde febrero de 2008 han secuestrado a otras nueve personas de seis nacionalidades distintas. El 26 de noviembre habían capturado al ciudadano francés Pierre Camaté, en Mali. Pero también han realizado secuestros en Mali, Nigeria y Túnez; sus víctimas: dos ciudadanos austriacos, dos canadienses, dos suizos y un británico, Edwen Dyer, el único que ha sido asesinado ante la negativa del Gobierno de Londres a liberar a los presos que exigían como condición.

En su poder permanece, junto con los españoles y el francés, el ciudadano suizo Werner Greiner. Todos los demás fueron liberados tras el pago de altas sumas por su rescate, aunque ninguno de los gobiernos implicados ha reconocido oficialmente haber efectuado desembolso alguno.

La exigencia por los españoles ya es conocida: el pago de siete millones de dólares. En nuestro país se creaba automáticamente una célula de crisis integrada por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos; el de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; la titular de Defensa, Carme Chacón; el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán; y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), José Julio Rodríguez, coordinados todos ellos por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

En el Partido Popular, pese a asegurar que darán su “apoyo a las decisiones del Gobierno en este asunto”, en una actitud que recuerda a la mantenida durante el secuestro de los pescadores del Alakrana, el presidente de esta formación, Mariano Rajoy, ya ha advertido que “con terroristas no se negocia nunca”. Por los mismos derroteros se ha deslizado el portavoz del PP en la comisión de Exteriores del Congreso, Gustavo de Arístegui, que ha recordado su posición de que “negociar con criminales organizados es inaceptable; resulta corrosivo para el Estado de derecho, sean cuales sean sus exigencias”.

En nuestro país ya se han llevado a cabo varias acciones policiales y judiciales contra esta organización. En noviembre de 2004 era detenido Mohamed Boualem Khouni, acusado de pertenecer a ella y de participar en los atentados del 11 de marzo de 2004. al año siguiente, en noviembre, la Guardia Civil desarticulaba una red de apoyo integrada por 11 personas, que se dedicaban al robo y falsificación de tarjetas de crédito para la financiación de sus actividades, y que mediante la colaboración policial europea, se descubría que tenían ramificaciones en Alemania, Bélgica, Dinamarca, Holanda y Reino Unido. Ese mismo mes, en el transcurso de la denominada ‘Operación Green’, eran detenidos siete ciudadanos argelinos en Málaga, acusados de financiar al Grupo Salafista y a otras organizaciones supuestamente vinculadas con Al Qaeda, a través del envío de dinero a Afganistán, Chechenia y Pakistán.

En sus comunicados, Al Qaeda del Magreb Islámico sitúa a Francia y a España como objetivos permanentes de sus actuaciones, llegando a reivindicar la reconquista de Al-Andalus y la “desinfección” del Magreb de ciudadanos españoles y franceses.

Entre sus muchas actuaciones, se les imputa una emboscada contra el ejército argelino en la que murieron 43 soldados de esta nacionalidad en enero de 2003, un atentado que saldaba con la muerte de 17 ciudadanos mauritanos en julio de 2005, y de otro ataque en Argel, en abril de 2007, en el que perdían la vida otras 33 personas.

Según sus líderes, los objetivos de sus golpes –salvo los secuestros- son siempre militares y policías, puesto que el ataque a civiles “no dignifica la causa del islam”.

Números anteriores Esta semana
buscador
© El Punto Prensa, S.A.     c/ Ferrocarril, 37 duplicado - 28045 Madrid. Tfno: 34 91 516 08 14/15/08        E-mail: siglo@elsiglo-eu.com