Se plantea ampliar el período de cotización para el cálculo de las prestaciones

EL GOBIERNO ABRE EL MELÓN

DE LA REFORMA DE LAS PENSIONES

Desde el nacimiento del famoso Pacto de Toledo, en abril de 1995, la revisión a fondo del sistema de pensiones es una medida que ha estado sobre la mesa en incontables ocasiones. Sin embargo, el temor al alto coste electoral que supone algunas de las medidas planteadas ha hecho que los sucesivos gobiernos, tanto del PP como del PSOE, terminasen echándose atrás en estos sucesivos intentos. Para el día 29 de enero, el presidente Zapatero ha anunciado un nuevo intento de abordar este asunto. Aunque ya se conocen algunas de estas modificaciones, aún
está por ver si incluirá el espinoso asunto del incremento del tiempo de cotización para acceder o calcular las pensiones de jubilación. ¿Se atreverá este Gobierno a ponerle por fin el cascabel al gato de las pensiones?

Por E. Moreno

D e no acometerse pronto reformas adicionales en los sistemas de pensiones, la sostenibilidad de las finanzas públicas resultará cada vez más costosa y difícil", señalaba, a mediados del año 2008, el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Una reforma que, en su opinión, debería ir por dos vías: cotizar más años para recibir la misma pensión y complementar la aportación pública con ahorro privado. Después de transcurridos casi dos años, una crisis económica profunda y el desplome de las tasas de empleo, estas palabras, que le valieron a Ordóñez una lluvia de críticas, hoy se han convertido en una perspectiva nada descabellada.

De hecho, la reforma ya tiene, incluso, fecha, el próximo 29 de enero, según lo anunciado por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y algunos contenidos, como el de los retoques en las pensiones de viudedad, que podrían recortarse en algunos casos de convivencia breve y sin descendencia, adaptándolas a "los nuevos tipos de familia y modelos de convivencia", mejoras en las de orfandad y revisión, aún sin concretar, de las de jubilación, la gran mayoría del sistema. Estas medidas, aunque están pendientes de cerrar negociaciones con los agentes sociales y partidos políticos, van a suponer sin duda todo un tsunami político y social, como, por otra parte, casi siempre ocurre cuando se toca un tema tan delicado y que afecta a todos los ciudadanos tarde o temprano. Y todo, con el titular de Trabajo, Celestino Corbacho, visiblemente relegado a un segundo plano político.

En cualquier caso, ni las pensiones de viudedad ni las de orfandad darán problemas. Desde la creación del Pacto de Toledo, en el mes de abril de 1985, el verdadero meollo de la reforma del sistema de pensiones radica en las pensiones de jubilación, y más concretamente en la cantidad de años que se requiere tanto para calcular las pensiones de jubilación como para acceder a ellas. En la actualidad, este plazo es de 15 años, pero muchos expertos, y también desde el PP, se considera que ese plazo es demasiado corto, y que debería ampliarse.

Un incremento de los años de cotización como base de cálculo de las pensiones supondría, como es lógico, una reducción de las pensiones de jubilación, y si además se endurecen las condiciones para acceder a ella, vía incremento de los años de cotización exigidos por encima de los actuales 15, el ahorro para las arcas públicas es evidente. Algo muy necesario, incluso imprescindible, en un marco en el que la viabilidad financiera de la Seguridad Social –que ha gozado hasta ahora de un más que cómodo superávit– queda en entredicho debido al aumento de la esperanza de vida, caída de la natalidad y al consiguiente envejecimiento de la población.

En cualquier caso, entre los planes del Gobierno no parece incluirse la modificación de la actual edad de jubilación, aunque no ocurrirá lo mismo con la edad mínima de prejubilación. Así, la primera se mantendría en los 65 años. Sin embargo, los expertos coinciden en señalar que es necesario "acercar" la edad media real de jubilación, que en la actualidad está en algo más de 63 años y medio, según el Ministerio de Trabajo, a la edad legal de 65 años. Y eso se lograría, en parte, limitando el sistema de prejubilaciones a los trabajadores que tengan más de 52 años. Asimismo, se piensa en otras iniciativas, como fomentar la reducción de jornada, todo ello con la finalidad de prolongar la vida laboral, de forma que los trabajadores tarden lo más posible en depender de las arcas del Estado para vivir.

Sea como fuere, la reforma, fruto de las ideas y aportaciones de los ponentes que han acudido a la comisión parlamentaria sobre el Pacto de Toledo durante 2009, y de las propuestas de los interlocutores sociales, se enmarcará en un "proceso permanente de reformas, que ha de ser necesariamente moderado y dilatado", porque "nunca va a afectar a los actuales pensionistas sino a los que generen nuevas pensiones", según aclaró el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados. Es decir, que nadie espere resultados inmediatos. Porque, en realidad, lo que interesa no es tanto el ahora, sino el mañana del sistema de pensiones. No en vano, algunos cálculos apuntan que, de seguir así el ritmo de crecimiento de la tasa de dependencia –es decir, del número de ciudadanos que dependen de la Seguridad Social para vivir—, el gasto público en pensiones podría llegar a suponer hasta el 18 por ciento del PIB.

Por lo demás, si el 29 de enero el Gobierno presentará su propia versión de lo que entiende por reforma de las pensiones, una semana antes hará lo mismo con la reforma laboral. Tanto en uno como en el otro tema, curiosamente los sindicatos están manteniendo una actitud de extrema prudencia, midiendo sus declaraciones al milímetro, lo que hace pensar que ya hay algún tipo de negociación entablada con ellos al respecto, y que están dispuestos a ceder más que en anteriores ocasiones. Por eso, éste podría ser el mejor momento para afrontar una reforma que, tradicionalmente, se ha topado con el rechazo frontal y duro de los representantes de los trabajadores.

Rupturas sindicales y el regreso de Aznar

"No utilizar los años cotizados a lo largo de toda la vida laboral coloca a España más en la excepción que en la regla". Aunque parezca mentira, estas palabras no son nada recientes, a pesar de que el debate en torno a la reforma de las pensiones está en estos días al rojo vivo. Datan, para ser concretos, del año 2003, y fueron pronunciadas por Gerardo Camps, quien era por aquel entonces secretario de Estado de la Seguridad Social en el Gobierno de José María Aznar.

Las declaraciones de Camps fueron realizadas al calor del intento del Gobierno del PP de incrementar los años de cotización requeridos para calcular las pensiones, y que se vieron frustrados por el temor de Aznar de perder demasiadas plumas electorales en el proceso, a pesar de que el desarrollo del Pacto de Toledo fue considerado por el PP como una de sus prioridades de Gobierno en 1996.

El mismo Aznar, hace tan sólo unos meses, y en su calidad de presidente de FAES, dijo que España tiene que recobrar la confianza abriendo un proceso de reformas muy profundo que incluya el sistema de pensiones "para mantenerlo vivo y no volver a los años de la quiebra de la Seguridad Social, que es lo que vamos a tener" si se sigue generando desempleo masivo.

Si el debate sobre la reforma de las pensiones ha sido desde siempre una de las peores pesadillas de los gobiernos, tampoco ha sido fácil para los sindicatos. Ya en 1988 fue uno de los orígenes de una huelga general unitaria UGTCC 00, aunque en 1996 supuso la ruptura entre ambas centrales, al no firmar UGT el Acuerdo para la Mejora y Desarrollo del Sistema de Protección Social.

Aunque hablar de quiebra de la Seguridad Social –una amenaza muy en boga hace unos años– no parece ya algorealista, con más de 18 millones de afiliados, muchos más de los que preveían las estimaciones más optimistas, lo cierto es que la situación tampoco es para tirar cohetes. Y que buena parte del superávit de la Seguridad Social se debe a las aportaciones de los emigrantes recientemente llegados a España, precisamente el colectivo más castigado por el paro. De hecho, en la mayoría de los países de nuestro entorno, entre ellos Suecia, Alemania o Portugal, ya han reformado sus sistemas de pensiones. Y muchos de ellos establecen toda la vida laboral como base para calcular las pensiones. Además, aunque esto ya es más anecdótico, en la mayor parte de ellos las pensiones de viudedad requieren, para su concesión, de una serie de requisitos de mayor o menor dureza, por lo que España es uno de los pocos en los que este tipo de ayuda es de carácter casi universal.