Greenpeace: chivo expiatorio en Copenhague

Por José Antonio Pérez Tapias*

Juan López de Uralde y tres compañeros más de Greenpeace han soportado un injustificable castigo de prisión por su civilizada protesta en la Cumbre sobre Cambio Climático celebrada en Copenhague el pasado mes de diciembre. La cuestión es tan llamativa como las acciones de esa organización ecologista. Es sorprendente que a unos activistas pacíficos, que lograron sortear los controles en la cena de gala de jefes de Estado y presidentes de Gobierno asistentes a la Cumbre, para expresar ante tan escogido público el sentir de muchos ciudadanos del mundo, se les haya aplicado el peso de la ley con tan desmedido celo, como si fueran peligrosos delincuentes o hubieran atentado contra la seguridad del Estado danés. ¿Por qué medida tan desproporcionada? A la vista del castigo, independientemente del desenlace jurídico, se impone un balance clarificador.

Por un lado, sabemos que es difícil lograr acuerdos en una Cumbre con procedimientos que requieren consenso. Intereses contrapuestos entre países desarrollados y emergentes, así como entre desarrollados y no desarrollados hacen complicado el hacerlos coincidir en un objetivo común, por más que sea necesario. La UE hizo propuestas consistentes para luchar contra el cambio climático, pero EE UU se presentó en la Cumbre con escasos compromisos -pesan las dificultades de Obama para contar con el apoyo de una mayoría suficiente de los parlamentarios estadounidenses-, mientras que China rechazaba todo control externo de sus emisiones de CO2. Desgraciadamente, los acuerdos internacionales se obtienen a paso de tortuga, aun cuando las urgencias corren como liebres. Ante todo ello, actuaciones como las de Greenpeace incomodan. Puede incluso que se considere ambiguo el texto de las pancartas esgrimidas en la mencionada cena de gala ("Los políticos hablan, los líderes actúan"), dando pie a la expectativa en torno a supuestos líderes no políticos. Y podemos hacer la pertinente observación acerca de cómo quienes realizan ciertas acciones de protesta, que pueden enmarcarse bajo el rótulo de desobediencia civil, arrostran cargar con el peso de la ley y las consecuencias que ello conlleve, como precio por su acción militante para concitar apoyo a sus reivindicaciones.

Mas, por otro lado, sabemos también que la Cumbre sobre el Cambio Climático que finalizó el pasado 18 de diciembre acabó en fracaso. Ante ello, hay que subrayar que va en interés de todos el afrontar las causas que inciden en el cambio climático y actuar en consecuencia (reducción de emisiones de gases invernadero, etc.), sin sobreponer los intereses particulares (nacionalismo económico) sobre los generales. Como se debatió en la Cumbre, es obligado que los países desarrollados ayuden a los no desarrollados para que su necesario desarrollo sea sostenible. Dada la envergadura de las decisiones políticas que hay que tomar y que se demoran, es lo menos que sean oídas y potenciadas, por su fuerza de concienciación, las voces de la sociedad civil sensibilizadas ante las amenazas del cambio climático. Ellas urgen a gobernantes y representantes políticos a estar a la altura de las circunstancias y a liderar efectivamente los acuerdos y cambios necesarios, como reclamaban los activistas de Greenpeace sorteando el protocolo de la Cumbre.

Las leyes de un Estado democrático de derecho, como es Dinamarca, están para ser cumplidas -nadie lo niega-, pero no para ser interpretadas de forma que hagan injusta la aplicación del derecho. Es lo que les ha sucedido a López de Uralde, director de Greenpeace España, y a sus compañeros de Suiza, Suecia y Holanda, a quienes asiste esa razón que pretendieron hacer valer en la Cumbre dando fuerza expresiva a lo que otros, como el presidente del Gobierno español, trataron de argumentar desde la tribuna. Todo ello es lo que ha motivado la exigencia de que Greenpeace y sus activistas no sean castigados como chivo expiatorio sobre el que recae a la postre la frustración -de todos, y especialmente la danesa- por el fiasco de la Cumbre. En consecuencia, ciudadanos, partidos y organizaciones de la sociedad civil, así como gobiernos democráticos y con sensibilidad ecológica han hecho bien, cuando lo hayan hecho, abogando por la libertad de Juan López de Uralde y sus compañeros. Es momento de recordar que las incomodidades que causa el activismo de Greenpeace merecen el agradecimiento de todos. Afortunadamente alguien inventó eso de la "paz verde". •

*Diputado del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.