El precio a pagar por un Tribunal Constitucional deslegitimado

Por Joan Tardà i Coma*

Vaya por delante que no forma parte de la cultura política de los republicanos catalanes el uso de un doble lenguaje. Lo dicho sobre el Tribunal Constitucional dicho está y no hay vuelta atrás. Es más, la denuncia sobre su absoluta ilegitimidad forma parte del discurso político a publicitar ante la ciudadanía catalana. El actual Tribunal Constitucional constituye un órgano deslegitimado por su manipulación por parte de la izquierda y la derecha españolas, caducado al no haber sido renovado en sus dos tercios debido a los antagonismos entre PP y PSOE, ridiculizados sus miembros al trasladarse de manera torticera los enfrentamientos partidistas en su interior e incluso caricaturizado como se visualizó con la recusación estrambótica del único magistrado de sensibilidad autonomista. Un órgano en definitiva corrompido en sus funciones, razón por la cual el choque de legitimidades entre la voluntad del pueblo de Catalunya expresada en referéndum y el fallo está condenado a convertirse en un verdadero reto para el mismo sistema democrático.

De ahí la exigencia del catalanismo político de reclamación de una estricta ratificación del texto plebiscitado, única fórmula posible para que los magistrados salven los muebles de tal desaguisado. Al parecer, la sentencia es inminente, lo cual incluso, quiérase aceptarse o preténdase esconder, mucho tiene que ver con la indignación creciente en Cataluña, tal como reflejó la publicación conjunta de la editorial de los periódicos catalanes. Sentencia básicamente de carácter interpretativo, pactada entre populares y socialistas, que les permita a ambos mantener su relato estratégico. Para el PP, propietario de los recursos presentados en el 2006, el estropicio no debe ir más allá de la línea roja de no retorno en su posible relación futura con CiU y para el PSOE debe permitir al PSC salir mínimamente airoso. Por todo ello, los magistrados deben fallar a dictado una sentencia alejada de la anulación de preceptos, que formalmente avale aspectos substanciales del texto estatutario como el mismo blindaje de las competencias, pero que limite aquellos otros relacionados con la lengua, los símbolos nacionales o la misma definición de nación.

Pero ésta no es toda la realidad. Queda la otra, la catalana. Porque amayor corrupción del órgano constitucional, mejores condiciones políticas para favorecer una respuesta unitaria de la sociedad catalana, hastiada y a la vez frustrada ante lo que puede avecinarse. A diez meses de las elecciones catalanas, ya no habría dudas sobre un guión de fractura entre España y Cataluña. Y menos dudas todavía ofrece la inexistencia de una voluntad de acatamiento de un fallo que pondrá en cuestión un Estatut que en el febrero del año 2006 el presidente Zapatero en un nuevo alarde de optimismo patológico incluso llegó a afirmar públicamente que sería "para siempre". El PSOE se engaña si cree en la timidez de la respuesta catalana de sus instituciones e ignora la aceleración del ejercicio del derecho a decidir al amparo del resurgimiento de la movilización, como ya se demostró en las consultas populares del día 13 de diciembre y de las ya anunciadas para el próximo mes de abril.

Pero hay más, el Parlament aprobará el proyecto de ley de consultas populares, texto legislativo avalado por el conjunto del catalanismo político, tanto aquél sujeto a la gobernación del país como el instalado en la oposición, que deberá permitir consultar a la ciudadanía catalana sobre cuestiones de trascendencia especial para ella misma. Debería pues llamar la atención a la izquierda española la importancia que sea el mismo PSC quien patrocine dicho proyecto de ley y que el compromiso de su uso para convocar la consulta se convertirá en condición sine qua no para conformar nuevas mayorías gubernamentales. •

*Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso