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Internacional
Nº 863
11/1/2010
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Muchos otros ex presidentes han sido procesados, pero pocos condenados

FUJIMORI, DE MOMENTO, NO SE LIBRA

El ex presidente peruano Alberto Fujimori acaba de asistir a la ratificación plena, por parte de la Corte Suprema de Justicia de este país, de la condena a 25 años de prisión que le fue impuesta en abril de 2009, por el asesinato de 25 personas y el secuestro de otras dos, a cargo de un comando paramilitar. Se convierte así en el primer ex presidente latinoamericano condenado en su propio país por delitos contra los Derechos Humanos. Otros han terminado en la cárcel, pero por infracciones relacionadas casi siempre con la corrupción. La lista de dirigentes
procesados en el mundo es larga, pero no la de los que han sido sentenciados.

Por P. A. N.
EI tribunal presidido por el juez César San Martín ya había dictado idéntica condena en abril de 2009, pero los recursos interpuestos por sus abogados habían llevado el caso hasta la más alta instancia judicial de la República de Perú, la Corte Suprema de Justicia. Ésta, la semana pasada, ratificaba punto por punto la decisión inicial, y confirmaba la condena a 25 años de prisión contra el ex presidente del país (1990-2000), Alberto Fujimori.

Los delitos por los que estaba imputado en este caso eran dos matanzas cometidas por los escuadrones de la muerte (compuestos por miembros del ejército), denominados el 'Grupo Colina' –y cuya connivencia con el entonces presidente quedaba demostrada en el juicio–, y dos secuestros. El primer asesinato en masa se producía el 3 de noviembre de 1991, cuando ocho hombres encapuchados irrumpían en una fiesta en Barrio Alto (Lima) y mataban a 15 personas, entre ellas un niño de ocho años. El segundo sucedía el 18 de julio del año siguiente; entonces, un total de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta eran secuestrados por un grupo paramilitar, que los ejecutó a las afueras de la capital peruana.

En cuanto a los secuestros, tenían lugar el 5 de abril de 1992. Los paramilitares se llevaban al periodista Gustavo Gorriti –en aquellos momentos, corresponsal del diario El País–, y al empresario Samuel Dyer, quienes fueron trasladados a un cuartel militar y liberados unos días después.

El Grupo Colina cometió varios crímenes más que no fueron incluidos en el proceso por no haber formado parte de los dos casos de violación a los derechos humanos y cinco de corrupción por los que Fujimori fue extraditado por Chile en septiembre de 2007. De hecho, el ex mandatario ya había sido condenado también en tres juicios por casos de corrupción, y cumplía por ello seis años de reclusión, pero las penas de prisión en esos procesos no tienen efecto práctico, dado que en Perú las sentencias no se acumulan, sino que prevalece la mayor.

Este ex presidente 'ejemplar', que gobernó con mano dura los destinos de Perú durante una década, y al que la Comisión de la Verdad parlamentaria sobre el conflicto interno peruano (1980-2000) responsabilizaba de buena parte de los 70.000 muertos documentados –entre las acciones de Sendero Luminoso, los abatidos por el ejército y la guerra sucia–, había huido a Japón (nación de la que también posee la nacionalidad, por ser la tierra de origen de su familia) tras un grave escándalo de corrur ción, que originaba la caída de su Gobiei no, y el inicio de los movimientos judicia les para su procesamiento. Tras anunciar si regreso en 2005, decidía recalar en Chile ante el anuncio de que sería detenido na da más poner un pie en Perú. No le serví, de mucho: las autoridades chilenas proce dían a su captura, y era extraditado en septiembre de 2007.

Caso de llegar vivo a esas fechas, Fujimori podría salir de prisión con 93 años, y hasta los 86 (con tres cuartas partes de la condena cumplida) no podría solicitar beneficios penitenciarios. En este capítulo, la ley –28760, de 14 de junio de 2006– peruana es muy clara y prohíbe expresamente la amnistía, el indulto y el derecho de gracia presidencial a los condenados por secuestro o delitos de lesa humanidad. Esto no parece arredrar a la hija del ex presidente, la congresista Keiko Fujimori, quien ha anunciado que, en caso de resultar elegida nueva presidenta (cargo al que se presentará en los próximos comicios, y cuenta entre los favoritos), promoverá el indulto de su padre y, si es preciso, la modificación legislativa para conseguirlo.

Los otros presidentes procesados. Pero, de momento, el Chino –como es nombrado popularmente Fujimori, por sus rasgos orientales– no se libra. Su caso pasa a integrar una minoría, a formar parte de las escasas ocasiones en las que los que han detentado el poder, han sido condenados como consecuencia de las ilegalidades y abusos cometidos durante sus mandatos.

Un precedente peruano lo encontramos en Augusto Leguía, derrocado en 1930 por un golpe de estado encabezado por Luis Sánchez Cerro, y que fue condenado por corrupción y enriquecimiento ilícito, muriendo en prisión.

El ex presidente boliviano (1980-1981), Luis García Meza, era condenado –en ausencia– a más de 200 años de cárcel, por los delitos de genocidio, sedición y corrupción, El Gobierno brasileño lo extraditaba a Bolivia, donde permanece entre rejas desdemarzo de 1995.

El dictador panameño Manuel Antonio Noriega ya ha cumplido 20 años de prisión en Estados Unidos –a donde fue secuestrado por el ejército estadounidense–, y ahora es reclamado por Francia y por Panamá para ser juzgado por más delitos de asesinato y narcotráfico.

El dictador de la República Centroafricana (1965-1979), Jean Bedel Bokassa, moría en prisión en 1996, tras pasar allí siete años. Los ex mandatarios de Corea del Sur (19801988) Chun-Doo-Hwan –acusado de la muerte de más de 200 personas durante el golpe de estado que lo llevó al poder–; y de Mali (1968-1979), Moussa Traoré, acusado de unos extraños 'crímenes económicos' (aunque ya había recibido años antes otra condena a muerte por 'delitos de sangre'), recibían sendas condenas a muerte que, finalmente, eran conmutadas.

Por violaciones de los derechos humanos están actualmente procesados dos ex presidentes uruguayos, Gregorio Álvarez (1981) y Juan María Bordaberry (1972-1976), el primero encarcelado y el segundo en arresto domiciliario.

No todos los ex mandatarios procesados, ni mucho menos, han terminado con sentencias firmes sobre sus cabezas. Por ejemplo, el ex presidente dominicano Salvador Jorge Blanco (1982-1986) fue condenado en 1987 a 20 años de prisión por enriquecimiento ilícito, pero tiempo después fue declarado "no culpable" por la justicia, después de que el presidente Hipólito Mejía, en nombre del Estado, desistiera de las acusaciones en su contra.

Arnoldo Alemán Lacayo, presidente de Nicaragua de 1997 a 2002, fue condenado a 20 años de cárcel en 2003 por fraude contra el Estado y otros cargos de corrupción, pero la justicia le autorizó a no ir a la cárcel por estar enfermo y –contradictoriamente–, a la vez, a moverse por todo el país. En enero de 2009, una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le liberó de todos los cargos. El venezolano Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993), destituido por acusaciones de malversación, fue condenado en 1996 a dos años y cuatromeses de cárcel, pero la pena la cumplió en su domicilio en razón de que tenía más de 74 años.

Los ex presidentes de Paraguay, Luis Ángel González Mácchi (1999-2003), y Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) fueron condena; dos a ocho y cuatro años, respectivamente, pero sus causas acabaron sobreseídas en el Tribunal Supremo. En Costa Rica está siendo juzgado Rafael Ángel Calderón (19901994) y espera juicio Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), ambos por casos de corrupción. El hondureño Rafael Callejas (19901994) fue acusado también de corrupción, pero se sobreseyeron los cargos, mientras que en Ecuador son varios los ex presidentes procesados, Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, León Febres Cordero y Lucio Gutiérrez, entre ellos, pero ninguno ha sido condenado.

En México, aunque han sido juzgados varios ex presidentes, ninguno ha recibido condena, ni siquiera Luis Echeverría (1970-1976), que acaba de ser exonerado definitivamente del delito de genocidio por la matanza de estudiantes en la UNAM ocurrida en 1968. Para descrédito universal, aún están ahí los casos de Augusto Pinochet, Rafael Videla o Alfredo Stroessner.

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