por Miguel Ángel Aguilar

Quedan todavía algunos supervivientes de cuando la prensa era considerada una institución al servicio y bajo la disciplina del Estado nacional sindicalista, promotora de las verdades y principios del Movimiento salvador de la patria y atenta a evitar las contaminaciones venenosas que para las mayorías sin formación adecuada –los débiles mentales– que debían quedar protegidos representaba la libre discusión en la que se equiparaban los derechos de la verdad y los del error. Hay un segundo grupo más numeroso capaz de recordar la intentona de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, impulsada por Manuel Fraga, entonces ministro de Información y Turismo del general Franco. La redacción de aquella norma proclamaba la libertad en el artículo 2 y la aherrojaba en los otros doscientos restantes, llenos de amenazas y de sanciones disuasivas para quienes se aventuraran a explorar las posibilidades de ejercerla. El primer periodo era el de la censura previa administrativa y la consigna de publicación obligatoria. El segundo fue el de a ver quién se atreve a probar del fruto del árbol del bien y del mal.

Luego, tuvimos la Constitución de 1978 y con ella mas de cien palabras, más de cien motivos para no cortarnos de un tajo las venas, que diría Joaquín Sabina. Y ahora la crisis que afecta también a la prensa y al conjunto de los medios de comunicación, que después de una época de vacas gordas han entrado en fase reducción de beneficios o de pérdidas. En el caso de la prensa escrita por la disminución de la cuenta de anunciantes y por el desafecto de los lectores, que migran hacia el yacimiento de internet. Si el eclipse de los anunciantes deja sin cubrir la diferencia entre el coste de producción y los ingresos procedentes de la venta de ejemplares y suscripciones, las empresas editoras a la búsqueda de fuentes alternativas de financiación piden a papá Estado que vuelva hacia ellas sus ojos misericordiosos –illos suos misericordes oculos ad eius converte–. Por eso Periodistas, la revista de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ha dedicado su última entrega a las Ayudas a la prensa. En el dossier que presenta la revista queda claro que los empresarios, que en este caso prefieren llamarse editores, se apuntan a reclamar la vuelta a las subvenciones extinguidas en 1988 en su versión estatal, pero recuperadas mediante sucesivas metamorfosis por cuenta de 12 de las 17 Autonomías, que atienden a criterios clientelistas en aras de asegurarse las fidelidades mediáticas de los beneficiarios.

Siguen por completo vigentes los principios enunciados por Jean Schwoebel, fundador de la Sociedad de Redactores de Le Monde, en su libro La Presse, le Pouvoir et l'Argent (Editions du Seuil. Paris, 1968) que debería ser editado de nuevo. A la luz de esos principios, que ilustran la naturaleza de servicio de interés público propia de la profesión periodística, debe hacerse toda la reflexión subsiguiente. De ahí que, a falta de esas referencias, el debate que incluye la mencionada revista entre Ángel Expósito, José Antonio Carrizosa y Arsenio Escolar se mantiene en vuelo rasante. En todo caso, antes de lamentar el paro de los periodistas, cuando hay muchos más parados en otros sectores, hay que ser capaces de probar el valor diferencial de esa profesión más allá de actitudes mercenarias o de aproximaciones mercantilistas a la cuenta de resultados. Ni un euro público debe ser en adelante aportado sin procedimientos de transparencia verificables. Se impone, además, una reflexión no vaya a ser que los fundamentalistas de todo cuño reclamen ahora ser asistidos con dinero del contribuyente para que quede garantizado el pluralismo del que vendrían a ser la piedra de toque.•