La hora de hacer las cuentas

Cuando Jesús Caldera era ministro de Trabajo se mostró partidario de situar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 800 euros mensuales al concluir 2012. Preguntado Pedro Solbes por esta propuesta contestó con su socarronería característica: "Bueno, antes habrá que hacer las cuentas". Sin embargo, Rodríguez Zapatero apoyó a su ministro de Trabajo frente al de Economía y se pasó de las cuentas.

Ni Jesús Caldera ni Pedro Solbes concluirán la legislatura como ministros ni, previsiblemente, la legislatura acabará con semejante subida. De hecho, el decidido para 2010 representa un incremento de sólo el 1 por ciento, que lo sitúa en 630 euros, lo que hace prácticamente imposible cumplir lo prometido.

Era la segunda vez que Zapatero desautorizaba a su ministro de Economía sobre esta cuestión. La primera se produjo en el primer Consejo de Ministros de su primer Gobierno. En aquella ocasión Solbes se opuso a la propuesta que Caldera hiciera de un incremento notable del salario mínimo pero Zapatero dio la razón a su ministro de Trabajo y el SMI se situó en los 600 euros. Fue una humillación para su ministro de Economía con el agravante de que la perpetró ante los demás ministros reunidos en Consejo. Después se convertiría en hábito. Había quedado claro que Zapatero no seguiría la norma de Felipe González, que solía decir que él seguía la recomendación de Olof Palme, el primer ministro sueco: "Yo acepto el 98 por ciento de lo que propone el ministro de Hacienda" Solbes disfrutará de una triste victoria póstuma que vengará la doble derrota que sufrió de manos del sal-mantino y del leonés. Finalmente, Zapatero tendrá que rendirse a la evidencia y hacer las cuentas. Hoy, el margen de maniobra para el gasto público se ha reducido tremendamente y el déficit, que ha sido un instrumento razonable frente a la crisis, corre el peligro de galopar sin control. Hechas las cuentas de la ejecución presupuestaria hasta noviembre da un saldo negativo que supera los 71.500 millones de euros, lo que equivale al 6,8 por ciento del PIB.

Ya no está Solbes al frente de la Hacienda Pública, que tenía mucha práctica en hacer notar a los compañeros ministros que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Hoy es Elena Salgado quien tiene la responsabilidad de hacer las cuentas sin trampa ni cartón. El déficit es, como decía, un instrumento necesario, pero puede ser destructor si no se controla. El mayor problema no reside, pues, en su cuantía, en el porcentaje sobre el PIB, sino en su des-control. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, asegura que está controlado y "en línea con las previsiones: el 8,1 por ciento en la Administración central para todo el ejercicio", pero no oculta su profunda preocupación.

La cuestión es peliaguda por tres razones de peso: la primera se origina en que la vuelta a la estabilidad o a un déficit "sostenible", según el eufemismo que gusta al Ejecutivo, no depende por entero de una decisión del Gobierno central, sino de las distintas Administraciones Públicas: del Estado central pero también de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. Y estos dos últimos, aun teniendo la voluntad de apretarse el cinturón, no es fácil que puedan hacerlo, sobre todo los Ayuntamientos, en los que recae la responsabilidad más inmediata de cara a los ciudadanos.

Como se sabe, el déficit autorizado a las Comunidades Autónomas para 2010 es del 2,5 por ciento del PIB, pero el escepticismo sobre su cumplimiento es razonable. Algunas gobiernos autónomos han tomado decisiones poco sostenibles que tienen que sostener de forma estructural, o, mejor dicho, crónica, por ejemplo en Sanidad: les resultará prácticamente imposible reconducir la situación sin un alto coste político. Ante esto, al Estado sólo le queda el recurso de no avalar su deuda como ha amenazado Carlos Ocaña. El último recurso sería reconocer a los gobiernos autónomos el derecho a la quiebra que, siendo un derecho básico, no ha sido nunca llevado a la práctica.

El segundo escollo se refiere a todos los ámbitos del Estado y es de tipo psicológico, pero no por ello menos inquietante; me refiero a la insidiosa seducción del déficit, al aletargamiento que produce cuando supera determinados límites; cuando se cae en la complaciente impotencia ante el desbordamiento de los números rojos que desemboca en la filosofía del "qué más da un déficit de 100.000 millones que de 100.001".

Habría una tercera dificultad: que Zapatero, a quien horrorizan los conflictos y quien busca siempre el amor universal, a quien su populismo le lleva a ofrecer lo que el pueblo quiera, que tiene firmado un pacto de sangre con los sindicatos y con otros colectivos estratégicos, resista la tentación de tirar de talonario; y es que no saber decir que no puede llevar en el Estado de la nación, como en el de las mujeres, a situaciones embarazosas. •

José García Abad