III Jornada del Observatorio Estatal de la Discapacidad y la revista El Siglo

Coordinación sociosanitaria: una necesidad ineludible

La coordinación sociosanitaria centró el debate de la III Jornada, celebrada en Cáceres y organizada por El Siglo, el Observatorio Estatal de la Discapacidad, el Ministerio de Sanidad y Política Social, la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura, el Cermi y Futuex. Tanto los representantes de la administración pública como de organismos y asociaciones privadas estuvieron de acuerdo en que, efectivamente, la coordinación de los servicios sociales y los sanitarios es una necesidad ineludible que algunas comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, ya están poniendo en marcha. El objetivo es ofrecer una mejor y mayor atención a las personas con discapacidad o en situación de dependencia.

Por M. Redondo

La coordinación sociosanitaria es un aspecto presente en cualquier normativa que se refiera a la atención sanitaria o social, afirmó María Jesús Mejuto, consejera de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura, en la inauguración de la jornada que, bajo el lema “Coordinación sociosanitaria: una necesidad ineludible”, tuvo lugar en la ciudad de Cáceres el pasado 25 de noviembre . “Entendemos que lo sociosanitario se ha visto como un tercer espacio más o exclusivamente como una dimensión de coordinación de lo sanitario y lo social. Es algo cada vez más tangible y, más o menos, definido en nuestro territorio autonómico” .

Los compromisos de las administraciones estatal y autonómica para conseguir la ansiada coordinación sociosanitaria son claros, pero quizá desarrollados a diferentes velocidades que no facilitan una igualdad de atención al ciudadano, señaló la consejera. “La Comunidad de Extremadura, ya en 2003, apostó por la atención sociosanitaria, creando una dirección general con el objetivo de poder situar, de una vez por todas, este concepto poco definido. La coordinación sociosanitaria en Extremadura ya existía en mayor o menor medida, pero no de una manera protocolizada y orientada con unos objetivos claros, era producto de la iniciativa y la motivación profesional de todos aquellos que trabajaban tanto en un entorno como en el otro”. 

Como consecuencia de esta organización institucional, se pusieron a trabajar todos los profesionales, tanto del ámbito sanitario como del social. El resultado fue el Plan Marco de Atención Sociosanitaria 2005-2010. “Este plan posibilitó un escenario de coordinación en el que la atención sanitaria y la atención social se configuraban dentro de unos perfiles de atención específicos”. Se crearon, por lo tanto, coordinaciones sociosanitarias en diversos niveles de atención que consiguieron que no naciera un tercer espacio sociosanitario. Es decir, se argumentó que para qué crear algo nuevo llamado sociosanitario, si ya existía una estructura y programas suficientes en la sanidad y en la atención social. Lo que había que definir era cómo poner en contacto esas dos estructuras y aproximar sus objetivos de forma común.

Otros avances se han sumado a esta iniciativa que puso en marcha la Junta de Extremadura en el 2007. “De ahí la importancia que para nosotros tiene la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Lo más destacable de esta ley, entre otras cosas, es el reconocimiento de un derecho del ciudadano, un derecho subjetivo que reconoce una situación de dependencia. En la Comunidad de Extremadura, con la entrada en vigor de la ley en enero de 2007, en julio de ese mismo año, se constituyó la Consejería de Sanidad y Dependencia”.

El derecho subjetivo del ciudadano nace de una norma jurídica, de una ley o un contrato a través de un acuerdo de voluntades, dijo la consejera. Su esencia es el poder que la norma jurídica otorga a todo individuo para poder reclamar, mediante la acción, el incumplimiento de una obligación. “Todo ello nos pone en una situación muy diferente a la que había antes de la consecución de ese derecho. Por lo tanto, no tener regulada una atención sanitaria implicaría la desprotección de los ciudadanos; no tener regulada la atención social, tal cual la tenemos actualmente implicaría, del mismo modo, desasistencia; no tener organizada la atención sociosanitaria implicaría abandono de cuestiones tan importantes como son la continuidad de los cuidados y, por referirme a cuestiones concretas, implica desinterés por una gestión eficiente de camas hospitalarias, tener una visión parcelada de la realidad actual en atender a personas en situación de dependencia, y sobre todo, implica desamparo para el ciudadano a ser atendido según sus necesidades”. Y añadió más: si este ciudadano tiene reconocido su derecho como persona en situación de dependencia, se estaría vulnerando un elemento muy importante que recoge la ley, y al que no podemos renunciar: su derecho a ser atendido según requiere su situación.

A continuación intervino Marcelina Elviro, concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres, que mostró su interés y agradecimiento por la celebración del evento en Cáceres, y Jesús Gumiel, presidente del Cermi Extremadura, que hizo una valoración muy positiva de la apuesta de El Siglo en el ámbito de lo social y, particularmente, en el ámbito de la discapacidad. “Los medios de comunicación son nuestros mejores aliados porque nos permiten llegar a toda la sociedad”. Gumiel hizo dos consideraciones. La primera fue que “la coordinación sociosanitaria es realmente una cuestión ineludible en la que las personas con discapacidad nos jugamos mucho, y yo incluso diría que muchas de las personas de nuestro colectivo se lo juegan prácticamente todo; la segunda, que para llegar a una buena coordinación en este ámbito es preciso que antes estén resueltos los temas cotidianos, la auténtica base de una verdadera atención sociosanitaria”. Esto, continuó, permitiría llegar al siguiente paso, y que el mismo se entienda también como ineludible, que no es otro que la creación de itinerarios individualizados de atención sociosanitaria en función de las necesidades concretas de la persona y, por supuesto, que no se caiga en el error de reducir la discapacidad a la dependencia ni correr el riesgo de diluir las políticas de discapacidad.

Por su parte, Francisco Valverde, presidente de Futuex, entidad gestora del Observatorio Estatal de la Discapacidad, dijo que cuando estamos terminando la primera década del siglo XXI, todos los aspectos que se relacionan con el mundo de la discapacidad están sufriendo una aceleración en positivo. “Estamos en un siglo de las luces, aunque donde hay luz siempre hay sombras, lógicamente. En el caso concreto que nos reúne aquí hoy, el de la coordinación sociosanitaria, vamos a empezar con las luces: nuestra Comunidad Autónoma ya está recorriendo ese camino, de manera que en la presente legislatura se ha unido en una sola consejería sanidad y dependencia”.

La ponencia inaugural corrió a cargo de Pilar Rodríguez, directora general del Imserso, que se centró en la estrategia de coordinación sociosanitaria y la apuesta por la calidad de los servicios de atención a las personas relacionada con el despliegue del sistema de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y, dentro de este nuevo sistema de protección habló del Centro de Referencia Estatal para la Promoción de la Vida Independiente, que se va a poner en funcionamiento de manera inmediata en Olivenza.

Pilar Rodríguez felicitó por su trabajo al  Observatorio Estatal de la Discapacidad y a las entidades que junto con el Ministerio de Sanidad y Política Social lo han hecho posible. “Desde la perspectiva del Ministerio de Sanidad, el Observatorio forma parte de las acciones a impulsar políticamente en todo lo que tiene que ver con las líneas de trabajo relacionadas con la discapacidad. Un impulso que el Gobierno de España ha sostenido en estos últimos años con el compromiso de que el Observatorio sea una herramienta en la que las acciones políticas pasadas y futuras y su implantación e influencias sociales se vean analizadas y reflejadas para beneficio especial del grupo de personas con discapacidad”.

Paso a paso, indicó, el trabajo del Observatorio va a compensar el esfuerzo realizado en su creación por sus aportaciones en diferentes vertientes. Por una parte, como instrumento clave de investigación y estudio de las políticas sobre discapacidad, está ayudando y ayudará a cubrir las carencias en el análisis y comprensión del fenómeno de la discapacidad. “Al cumplimiento de este objetivo ayuda el hecho de que el Observatorio sea un buen ejemplo de coordinación de las Administraciones Públicas con la universidad y el conjunto de la comunidad científica, así como con las entidades representativas de las personas con discapacidad. Esta presencia y participación de diversos sectores sociales en el Observatorio potencia la eficiencia de las políticas públicas y de las decisiones adoptadas, al disponer de fuentes más amplias de información, estudiar nuevas perspectivas de los problemas y proponer soluciones alternativas”.

Realmente la coordinación sociosanitaria es una necesidad ineludible desde hace ya mucho tiempo, observó la directora general del Imserso. Por tanto, “ocupa y ocupará la reflexión de quienes, desde muy diversas posiciones, trabajamos en favor de las personas con discapacidad o en situación de dependencia. Parece que la coordinación sociosanitaria fuera un tema nuevo, pero los que llevamos en este asunto tiempo sabemos que es un tema recurrente que aparece y que muestra la dificultad de conseguir avances en que todavía nos estamos planteando cómo empezar a resolver este problema de la falta de coordinación entre el ámbito social y lo sanitario. Este es un momento histórico crucial, porque hay una serie de concomitancias, de cambios sociales que yo creo que hacen ya absolutamente ineludible abordar la coordinación”.

Finalizó afirmando que el Gobierno de España quiere que toda la ciudadanía reciba iguales prestaciones sociosanitarias y en idénticas condiciones de calidad en cualquier punto del territorio español, y en esta misma línea se inscriben las actuaciones derivadas del Pacto de Estado por la Sanidad. Ahora, “la cuestión sociosanitaria se torna en prioridad absoluta para que el correcto despliegue del sistema de autonomía personal sea posible”

Coordinación

Juan Carlos Campón, director general del Servicios de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de Extremadura (Sepad), abrió la primera mesa redonda de la jornada que versó sobre la coordinación de los servicios sanitarios y sociales: realidades y proyectos en la red pública. “Hoy abordamos un tema al que el Gobierno de Extremadura le ha concedido una importancia especial y que debe ser una realidad en la red de asistencia pública”. 

Partiendo de una situación histórica en la que los sistemas de atención sanitaria y social se configuraban en una red poco definida que, en algunas ocasiones, resultaba excesiva en la atención en lo sanitario y escasa en lo social, sin que hubiera procesos bien definidos de coordinación, la Comunidad Autónoma de Extremadura comenzó en 2003 a definir estos procesos en el Plan Marco de Atención Sociosanitaria. “Este trabajo concluyó en una serie de planteamientos estratégicos que nos llevaron, en la actual legislatura, a contar con una Consejería específica del ramo, generando además un ente público que se ocupara, en concreto, de la atención a las personas en situación de dependencia. Al mismo tiempo, se materializó en una serie de actuaciones e intervenciones que, en cierta forma, daban validez, desde nuestro punto de vista, al modelo que queríamos implantar”.

Juan Carlos Campón dijo que El Plan Marco definió un espacio en el que eran necesarias la interlocución y la interacción de forma permanente de dos sistemas, el  social y el sanitario, “frente a lo que entendíamos como una amenaza, que era la creación de un tercer entorno de protección, el sociosanitario, que nos llevaría a desarrollar nuevas estructuras que, desde nuestro punto de vista, no vendrían a aportar absolutamente nada nuevo a lo que teníamos sobre la mesa, sino a generar más burocracia”. En este sentido, señaló Campón, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura entendió que su obligación era procurar que los sistemas social y sanitario se entendieran y que fueran capaces de protocolizar y de organizar procesos que procuraran una mejor calidad de atención. Por lo tanto, “era necesario crear un espacio sociosanitario que cubriera las necesidades sociales y sanitarias de  forma simultánea y continuada de las personas con enfermedades crónicas y discapacidades que conllevan dependencia. Queda, desde este punto de vista, perfectamente definido cuál es el horizonte que pretende el Gobierno extremeño a la hora de coordinar ambos sectores”.

Por lo tanto, en ese sistema integral de cuidados, quedan delimitadas las competencias que corresponden a cada sector, hasta qué momento interviene cada uno, cuál es el espacio compartido y cómo se debe implementar la atención a los ciudadanos dentro de ese espacio compartido. Por otra parte, busca una equivalencia territorial que permita un desarrollo de cartera de servicios equitativo a lo largo y ancho de toda la Comunidad Autónoma, invita a una conexión de los sistemas de información del sistema sanitario y del social, así como al desarrollo de procesos intersectoriales de atención a las personas dependientes y a las personas con patologías. Obliga también a una evaluación integrada, sistemática y periódica que dé resultados integrales y a una actuación, por lo tanto, coordinada de ambos sistemas.

“Todo esto se materializa de forma efectiva en esta legislatura con la creación de la Consejería de Sanidad y Dependencia, con dos organismos autónomos, por una parte, el Servicio Extremeño de Salud, estructurado y creado en torno a tres Direcciones Generales, una Secretaría General, una Gerencia y ocho Gerencias Territoriales; y el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, creado en torno a una gerencia, una Dirección General, una Secretaría General y cinco gerencias territoriales que nos permiten, entre otras cuestiones, que las áreas sanitarias coincidan en su frontera con la división territorial. Entendemos que con las actuales estructuras, con esa buena coordinación y con esos espacios de comunicación, podremos ser capaces de rentabilizar de una forma mucho más efectiva la acción del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura”. En definitiva, concluyó Juan Carlos Campón, “en Extremadura entendemos que la coordinación sociosanitaria es tangible sin necesidad de crear un tercer espacio. Damos una cobertura con una buena coordinación. Y esa coordinación sociosanitaria toma forma con programas intersectoriales concretos y definidos adecuadamente”. 

Purificación Causapié, secretaria general para la Atención de la Dependencia de la Junta de Andalucía, dijo que en Andalucía llevan mucho tiempo desarrollando programas que han incorporado sistemas de coordinación entre lo social y lo sanitario. En este momento, “la reflexión fundamental que estamos haciendo tiene que ver con el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, que establece los espacios donde es importante la coordinación sociosanitaria”

Desde el primer momento, dijo, la apuesta de la Junta de Andalucía ha sido integrar el desarrollo de la ley en el sistema de servicios sociales. Por lo tanto, en ese proceso están participando las diversas administraciones públicas que participan en el desarrollo de los servicios sociales, tanto la Junta de Andalucía como las administraciones locales,  ayuntamientos y diputaciones provinciales, que participan tanto en el procedimiento como después en la prestación de servicios. 

Por otra parte, “nuestra preocupación es vincular al desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia a otros sistemas, básicamente al sistema sanitario, pero también a las políticas de empleo, de educación, de vivienda... Hemos trabajado en todo este proceso con las organizaciones sociales, sindicales y empresariales, entendiendo que las políticas sociales, sobre todo, y la mayoría de las políticas públicas, cada día son más transversales y requieren de la implicación de más agentes, instituciones y sistemas. Por lo tanto, sin duda, la coordinación sociosanitaria es fundamental en ese proceso de coordinación de las políticas públicas y, evidentemente, es ineludible”.

También señaló que en el debate sobre el desarrollo del modelo de prestación de servicios que se quiere impulsar, la Junta de Andalucía apuesta por el desarrollo de la Ley de la Dependencia. Básicamente, “porque lo que las personas nos están demandando en mayor medida son servicios de proximidad, servicios cercanos. Por lo tanto, tenemos que garantizar servicios de calidad en el domicilio, donde efectivamente haya una integración de recursos sanitarios y sociales, que finalmente den como respuesta una atención adecuada a las personas, tanto cuando viven en su casa como cuando viven en un centro residencial”.

Purificación Causapié habló también de la coordinación para el desarrollo de la Ley de Dependencia. “Nuestra perspectiva de trabajo ha sido en todo momento desarrollar vías de coordinación entre dos consejerías y dos sistemas de atención, el social y el sanitario, pero también procesos de coordinación entre profesionales que están en el día a día de la atención a las personas, más allá de las estructuras que hay por encima”.

Por último, se refirió al proyecto de creación de una agencia andaluza para la atención a la dependencia que será un organismo público y que ayudará a reforzar la coordinación de todas las políticas del Gobierno andaluz en la atención a la dependencia, respetando las competencias de cada una de las consejerías y también las competencias y las actuaciones que ya están en marcha en las administraciones locales. 

Por su parte, Flor Morillo Garay, jefa de Planificación de la Dirección General de Ordenación y Evaluación de la Consejería de Salud y Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, afirmó que hace un año en Castilla-La Mancha también se unieron las consejerías de Salud y de Bienestar Social. Además, el hecho de que en 2010 termine el Plan de Salud vigente ha hecho que se plantee un nuevo plan que no solamente incluye la salud y los planes sectoriales de bienestar social, sino que engloba, en un marco común, las necesidades sociosanitarias para darles una cobertura y para que sirva de paraguas para el desarrollo de los demás planes sectoriales. “Este nuevo plan analizará las necesidades actuales y futuras, diseñará un modelo de cuidados que asegure la continuidad de atención a lo largo de la vida de las personas y de los diferentes procesos de enfermedad y de discapacidad; diseñará los modelos de participación de las personas para que el ciudadano sea el centro, y además participe de forma activa como protagonistas de la gestión de ese proceso de atención, y también de sistemas de mejora continua de calidad, así como la forma en que todas las políticas públicas deben contribuir a la salud y al bienestar de las personas que residen en la región”.

La orientación que la Comunidad de Castilla-La Mancha ha dado a este nuevo plan de salud y bienestar social, teniendo en cuenta los determinantes sociales de salud, se basa la estrategia europea de inclusión social y de desarrollo sostenible. “También nos ha parecido importante el enfoque de autonomía y salud a lo largo del ciclo vital, y vamos a insistir mucho en ello. Para responder a los retos sociales más urgentes es necesario hacer cambios en el nivel estratégico, en las políticas, en el nivel operativo, con el planteamiento de nuevas formas de organización, de unidades de gestión, nuevos perfiles de profesionales, nuevas formas de contratación y en la gestión que incentiven una atención integrada, no creando un tercer espacio, el sociosanitario, sino integrando recursos sociales y sanitarios, mediante un modelo en red, con una integración de niveles de atención primaria, de hospital y de servicios sociales, con equipos interprofesionales e intersectoriales. El objetivo de dar respuesta integrada a la cronicidad y a la dependencia. En el modelo en red es necesario implicar a usuarios y a asociaciones de pacientes como socios también de la red”

Francisco Margallo, director de Programas de la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad y Política Social, señaló que la atención a las personas con discapacidad constituye hoy uno de los principales retos de la política social para las administraciones públicas. “Las demandas y los cuidados sanitarios y sociales para personas con graves discapacidades se han incrementado notablemente en los últimos años”.

Margallo se centró en la atención sociosanitaria desde el ámbito de la discapacidad más que desde el ámbito de la dependencia, que hacia donde se tiende a ir cuando hablamos de atención sociosanitario. Debemos tener claro, dijo, cuáles son las diferencias y las convergencias entre el concepto de discapacidad y el concepto de dependencia.

“Los servicios sociales y los servicios sanitarios son fundamentales. Ahora bien, cuando hablamos de atención sociosanitaria, lo que debemos tener en cuenta es que las personas con discapacidad no son ni se sienten enfermos. Por lo tanto, esto lo debemos tener presente de cara a la planificación de una estrategia para la atención sociosanitaria de las personas con discapacidad”. Si bien es cierto que las personas con discapacidad, además de los servicios sociales, necesitan una atención de salud más frecuente e intensa que el resto de la población, aseguró. “Aunque hay muchos tipos de discapacidad que no necesitan más cuidado que la población en general, pero hay otros que sí necesitan más atención o una atención sociosanitaria. A esto es hacia lo que se debe tender”, resaltó Francisco Margallo.

¿Qué entendemos cuando hablamos de prestación sociosanitaria?  ¿Es un término nuevo? “No, no es nuevo. La ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud define la atención sociosanitaria como el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por sus especiales características deben ser beneficiarios de una actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción laboral. Esto es lo que se entiende por atención sociosanitaria. Cree-mos que uno de los objetivos tiene que ser elaborar a medio plazo una estrategia global de acción para la coordinación sociosanitaria: la sanitaria, la social, la de los servicios sociales, la de la Seguridad Social, el empleo, la vivienda...”. Por lo tanto, debe hacerse un diagnóstico con todos los problemas que existen en la atención sociosanitaria y elaborar esta estrategia. Y esta estrategia es necesaria por varias razones, subrayó. Primero, porque hay un mandato de una ley que lo exige; segundo, por necesidad social. Las personas necesitan un conjunto de prestaciones tanto sanitarias como sociales. Y por último, por exigencia y eficacia de los sistemas sanitarios. “Si no somos capaces de hacer una estrategia a nivel estatal, global, de acción para la atención sociosanitaria, la verdad es que difícilmente vamos a solucionar los problemas”. 

Respuestas

Rosa Ruiz, presidenta de la Comisión de Salud del Cermi y gerente de Feafes, abrió la segunda mesa de la jornada en la que se debatió sobre las respuestas desde el sector de la salud. Ruiz dijo que la articulación sociosanitaria ha constituido en nuestro país un deseo más que una realidad. “Es un deseo de todos, pero todos sabemos también que es una realidad todavía inconclusa”.

El hecho de que, a nivel estatal, el Ministerio de Sanidad haya unificado la sanidad y la política social, como ha ocurrido en algunas comunidades autónomas que han unido en una consejerías los aspectos sociales y sanitarios, realmente puede hacer realidad esa coordinación, dijo Rosa Ruiz. En su opinión, la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia es una oportunidad para el nuevo contexto de la atención sociosanitaria. “Nosotros consideramos que es una oportunidad para reducir ese desequilibrio, existente hasta ahora, entre lo social y lo sanitario. Pero la ley, a nuestro juicio, genera también la necesidad de completar ese marco de atención a la dependencia desde la atención sanitaria”. 

La integración de la perspectiva social y sanitaria, tanto en la evaluación de las necesidades como en la fijación de los planes individuales de atención, mejoraría la eficiencia de las actuaciones. “Manejar información relacionada no solamente con la salud, sino también con la situación emocional, con las habilidades cognitivas de las personas, con sus niveles de funcionamiento, con los servicios de soporte, las características del entorno físico, social y familiar y, desde luego, la situación económica, realmente puede ser una oportunidad para avanzar en lo que todos pretendemos que sea esa coordinación sociosanitaria”.

Rosa Ruiz compartió la opinión de los ponentes que la precedieron sobre que no es necesario crear un tercer sector, sino construir un espacio sociosanitario donde confluyan los ámbitos sanitario y social ¿Qué necesidades de coordinación son necesarias para la construcción de este espacio sociosanitario? “Hay diversa y amplia literatura al respecto, pero me parece que las propuestas más interesantes son las que un informe dirigido al Parlamento vasco en abril de 2007 expone: propugna o recomienda necesidades de coordinación funcional en un nivel estratégico;  coordinación organizativa, es decir, todo lo que tiene que ver con la colaboración institucional en diseño de estrategia de prestación de servicios, contratación,  concertación, la colaboración interprofesional y, desde luego, la coordinación clínica, puesto que ello va a garantizar la continuidad y la coherencia de la atención prestada”. Un resultado importante de esta coordinación es que nos estaríamos centrando en las necesidades del usuario, resaltó.

Algunas de las prestaciones que son necesarias para el desarrollo del espacio sociosanitario ya han sido reguladas o están reguladas en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, o en la ley de promoción de la autonomía. “Ahora deberíamos quizá focalizar los esfuerzos no  tanto en crear más o definir más servicios, sino en garantizar la prestación en su conjunto”.

Mª Ángeles Tortosa, profesora titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, habló del proceso de colaboración entre los sectores público y privado en el ámbito sociosanitario y de las convivencias que existen entre estos dos procesos. “Tienen que coincidir los servicios sanitarios y sociales, pero se debe dar también la coincidencia del trabajo conjunto entre otros agentes que no sólo son aquellos que actúan en el ámbito del sector público, sino también los que están en el ámbito privado. Desde el Ministerio de Sanidad  se dice que este año la prioridad es la coordinación sanitaria. Yo añadiría que, dado el contexto en el que nos vamos a mover, la coordinación será un reto también el año que viene y posiblemente al otro, pero también hay que decir que esto es bastante complicado de poner en marcha”. Mª Ángeles Tortosa aclaró que cuando “hablo de colaboración público privada, no me voy a ceñir sólo al Estado y a las empresas, puesto que lo que voy a intentar hacerles entender es que hay también colaboración entre Estado y familia, Estado y ONGs, Estado, familias y ONGs, Estado, empresas y familia y, por supuesto, de los cuatro”.

Por tanto, resaltó, se van a dar situaciones  en las que habrá coordinación, sanitaria y social, pero al mismo tiempo lo que estará sucediendo es una combinación de agentes en la provisión, producción e incluso en la financiación de esos servicios.

“Estamos viviendo un momento en el que se nos está mostrando que las necesidades cambian, y que las necesidades actuales de la gente que tiene problemas de discapacidad y de dependencia tienen que ser integrales, personalizadas, continuadas y, si puede ser, como la mayoría desea, que sean, en casa”.

Yo me congratulo de que haya planes como los de Extremadura, los de Andalucía, o los de Castilla-La Mancha. Me parece que estamos yendo por la vía que debemos ir”. 

Mª Ángeles Tortosa dijo que tenemos colaboración publico-privada, pero es insuficiente. “Predomina, sobre todo, en el ámbito de la financiación, provisión y producción. Hay que mejorar la regulación en los casos de resultados, procesos y riesgos que deben fijarse en los contratos de colaboración. También hay que involucrar más en la colaboración a las ONGs y a la familia, más colaboración a niveles intermedios y a niveles pequeños, y en servicios que no sean básicos. Es decir, que no sea sólo ayuda a domicilio o residencias. También hay mucho que hacer en otros servicios más pequeños: homogeneizar reglamentaciones y métodos de colaboración entre las Comunidades Autónomas; implementar la figura del intermediario entre agentes, que está establecida en la ley de contratos del sector público, y obviamente, muy importante desde el punto de vista económico, las evaluaciones de las colaboraciones. “¿Cómo sabemos si funciona? ¿Hay costes o beneficios por colaborar? ¿Se genera más eficiencia, más equidad, más rentabilidad derivada de esos contratos? Y, por último, la coordinación social y sanitaria.  Contamos con recientes iniciativas que todavía no hemos valorado. Estas iniciativas están combinándose con variadas colaboraciones público y privadas. Debería haber más coordinación en actividades, sobre todo de regulación de cambios de comportamientos entre los agentes y, sobre todo, a nivel de las Comunidades Autónomas, convivencia entre coordinación público-privada y coordinación social y sanitaria, que existe ya, aunque lo que queremos y deseamos socialmente es que se amplíe y se mejore, siempre bajo el control y la supervisión que nos proporcionará, en este caso, la evaluación y la regulación pública”. 

Ricard Barberá, investigador del ámbito de las personas mayores y atención a la dependencia  del Instituto de Biomecánica de Valencia, contribuyó al debate desde la experiencia de su trabajo en un centro de investigación en temas relacionados con discapacidad, dependencia, personas mayores y tecnología en estos últimos diez años.

Barberá presentó el resultado de un estudio realizado con Cuida, una asociación empresarial surgida en el País Valenciano, que intenta formar un lobby para que se desarrollen políticas que faciliten el desarrollo de todo un sector relacionado con el bienestar y con la salud, donde se encontrarían desde empresas de ortopedia hasta empresas relacionadas con balnearios o gestión de residencias.

“¿Qué nos ha motivado a realizar el estudio que titulamos ‘El sistema estatal de atención sociosanitaria en el ámbito de la dependencia’? Responder a la pregunta de cuál es la situación del modelo de atención sociosanitaria en el ámbito de la dependencia en el Estado español. ¿Se ha desarrollado con la aplicación de la Ley de la Dependencia este modelo? ¿Ha habido avances importantes?¿Cómo se ha realizado en el resto de países? ¿Estamos inventando la pólvora? ¿Podemos compartir experiencias positivas en otros países? ¿Cuál es la situación actual en estos otros países? ¿Cuáles son las bases para realizar propuestas concretas dirigidas a desarrollar un mejor sistema de atención sociosanitario orientado a la dependencia?”.

Toda la jornada, señaló, ha girado alrededor de coordinación, integración, colaboración, “y es evidente que existen todavía muchas deficiencias, o que los servicios no están adaptados a las necesidades y demandas que nos están exigiendo los usuarios con dependencia y su entorno familiar, que es justamente el que está llevando la carga de esta atención sociosanitaria en estos momentos”.  ¿Dónde va a ser más eficaz esta integración, colaboración, coordinación? ¿Va a ser a un nivel macro, a un nivel intermedio, a un nivel micro? En muchas ocasiones, la línea divisoria entre lo que debe ser la atención social y sanitaria es muy difusa y muy difícil de delimitar, indicó Barberá. “Esto, a veces, conlleva un vacío en la intervención o, al contrario, que tengamos personas que se conviertan en hiperfrecuentadoras o hiperdemandantes de los servicios sanitarios. Y si la coordinación sociosanitaria, educacional y laboral va en la línea de que la atención sociosanitaria tiene como principal objetivo garantizar la prestación de los servicios a las necesidades complejas, ¿no debería tenerse en cuenta también en los modelos de coordinación otros ámbitos donde la intervención pública, como es evidente, se da también como en lo laboral y la educación, para la prevención de la dependencia y la industria para la creación de nuevos productos y servicios puedan cubrir mejor estas necesidades complejas?”