Las exhumaciones aprobadas acercan la investigación de los crímenes franquistas

MEMORIA PARA LORCA

Y EL VALLE DE LOS CAÍDOS

Por Pedro Antonio Navarro

Impulsada por el Grupo Parlamentario IU-ERC y Nafarroa Bai, a finales del pasado mes de septiembre se presentaba en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, en la que se insta al Gobierno a "elaborar en el plazo máximo de seis meses, un censo de las personas que se encuentran enterradas en el Valle de los Caídos, especificando cuando se conozcan, las identidades y sus lugares de procedencia". El mismo texto deja claro que el Gobierno ha de "facilitar a todos los familiares y ciudadanos interesados, así como a las asociaciones e instituciones, desde la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura , con pleno respeto de las normas que regulan la protección de datos personales, el conjunto de los datos disponibles sobre las inhumaciones de restos humanos en el Valle de los Caídos, incluyendo, cuando se conozcan las identidades y los lugares de procedencia de las personas allí enterradas".

También se pone de relevancia la responsabilidad subsidiaria del Estado cuando establece que "Se facilitarán económicamente -como ya señala la Ley de Memoria Histórica- las exhumaciones y, en su caso, se agilizará el traslado de los restos humanos, cuando así lo soliciten los familiares o entidades representantes de los mismos".

Sorpresivamente, previa enmienda a la proposición de Joan Herrera y Uxúe Barkos, los diputados del Partido Socialista otorgaban su apoyo a la iniciativa, a la que, como siempre, sólo terminaba por oponerse el Part Popular, argumentando que, a su criterio Valle de los Caídos es "un lugar de culto, tad basílica, mitad cementerio, similar que puede ser el cementerio de Omaha ach", en Normandía. También aportaban gunos criterios jurídicos para justificar su chazo. Según éstos, Culelgamuros debería estar considerado "como cualquier otro cementerio", por lo que las competencias para la exhumación y traslado de restos deberían corresponder "a la Comunidad de Madrid o al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial (Madrid) –municipio en el que se ubica el Valle de los Caídos.

Además de encontrarse inmerso en el contexto de la pugna por conseguir la investigación de los crímenes de la dictadura franquista, por parte de quienes han denunciado la insuficiencia de la actual redacción de la Ley de la Memoria Histórica, la propuesta de Izquierda Unida, Esquerra Republicana y Nafarroa Bai trata de corregir los efectos de los 'secuestros' y traslados ilegales de miles de cuerpos de republicanos, que fueron ya previamente desenterrados sin consentimiento de sus familiares, especialmente, entre 1940 y 1964, aunque este macabro trasiego continuó produciéndose a cuentagotas hasta 1983, fecha en la que el Gobierno presidido por Felipe González puso fin a esta práctica a través de un acuerdo entre Patrimonio Nacional y la abadía que gestiona Cuelgamuros.

La razón de estos traslados a un monumento originalmente concebido para la exaltación de los "caídos por Dios y por España" radica en la negativa de innumerables familiares de fallecidos del bando franquista a conceder el permiso para que sus restos descansaran en la inmensa cripta concebida por la megalomanía del dictador. Así, el Gobierno de aquellos días tomaba la decisión de 'rellenar' tanto espacio vacío con los restos de miles de republicanos, sin tener que contar con autorización alguna.

No ha sido esta la última batalla emprendida por los promotores de la recuperación de la Memoria Histórica y del encausamiento de los crímenes de la dictadura. Apenas días después de la aprobación de la mencionada proposición en el Parlamento, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) exigía al Gobierno la retirada de los restos de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera (fundador de la Falange) del Valle de los Caídos, según esta entidad, "un monumento que exalta a un militar golpista, que orquestó y dirigió una sangrienta dictadura", por lo que considera impropio que "una democracia sostenga el mausoleo de quien tanto daño hacausado a nuestra sociedad". En su exigencia proponen que los restos de los dos personajes sean entregados a sus familiares para que dispongan su destino definitivo en otra ubicación.
Paralelamente a estas iniciativas, la Junta de Andalucía tomaba la determinación de proceder a la exhumación de los restos del poeta Federico García Lorca, asesinado por fuerzas falangistas en agosto de 1936, y cuyo cadáver, junto a los del maestro Dióscoro Garrido, los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, y el inspector de Hacienda Fermín Roldán, se halla en la fosa de Alfácar (Granada).

Polémica en Granada. Esta decisión administrativa está siendo objeto de una viva polémica por diversas razones. En primer lugar, la manifiesta y reiterada oposición de los familiares y herederos del poeta a que su cuerpo sea desenterrado, pese a que, ante lo que parece ya inevitable, han accedido a facilitar muestras de su propio ADN para facilitar la identificación. Del mismo modo, se han garantizado el derecho legal a estar presentes durante el proceso de exhumación, mediante una autorización otorgada por el Juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

La otra razón para la polémica la esgrime el Foro por la Memoria de Andalucía y la Federación Estatal de Foros por la Memoria, que argumentan que al tratase de una decisión administrativa, pero no bajo autorización judicial, la apertura de una fosa puede suponer la "destrucción de pruebas, ya que éstas dejan de ser válidas al romperse la cadena de custodia, y ello implica, en último término, certificar la impunidad de los crímenes cometidos por los franquistas.

Este proceso que está a punto de concluir en Granada era iniciado por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que instaba el pasado 16 de octubre de 2008 a la apertura de dicha fosa en busca de los restos, a instancias de la demanda presentada por los familiares de Dióscoro Garrido. Garzón también está en el origen de lo recientemente aprobado en el Congreso, pues el pasado 6 de noviembre de 2008, también autorizaba la exhumación de los cuerpos de ocho republicanos (siete hombres y una mujer) que habían sido enterrados sin el conocimiento ni el consentimiento de sus familiares en el Valle de los Caídos.

El famoso juez se encuentra actualmente procesado por un presunto delito de prevaricación, al haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo, mediante una denuncia admitida a trámite por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, efectuada por la organización ultraderechista Manos Limpias. El clamor en contra de este proceso y de la decisión de admitir a trámite por parte del Supremo ha sido generalizado, y ha trascendido las fronteras españolas, hasta el punto de que la Comisión Internacional de Juristas (CID, integrada por 59 presidentes y ex presidentes de cortes supremas, a cuya cabeza se encuentra Mary Robinson, ex presidenta de Irlanda y ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha mostrado su "particular preocupación" por la situación del juez español. La CIJ emitía un informe en el que esperaba que "las actuaciones contra el juez Garzón sean desestimadas a la mayor brevedad posible".

Pese a que en esa sala del Supremo operan varios magistrados que se han distinguido por su posicionamiento contrario a la recuperación de la Memoria Histórica, crece la sensación de que la causa emprendida por Manos Limpias –en una campaña para evitar el enjuiciamiento de los responsables de los crímenes de la dictadura- podría ser archivada en breve. •