¿Quién paga aquí?
Los impuestos, a debate

Por José Antonio Pérez Tapias*

EI Gobierno de Zapatero ha activado el debate sobre los impuestos, aunque, según la prensa, no con demasiado éxito. Habrá que intentar superar esa situación. Ha sido el proyecto de presupuestos del Estado para 2010 -Presupuestos para una crisis-, el detonante de un intenso intercambio de pareceres sobre política fiscal, incluida la oposición dogmática del PP. El proyecto remitido a las Cortes contempla modificaciones recaudatorias importantes. Destacan la subida de dos puntos en el tipo máximo de IVA y de uno en el intermedio, dejando igual (4 por ciento) el de productos básicos, y el alza del gravamen hasta un 21 por ciento sobre las rentas del capital mayores de 6.000 euros, y hasta el 19 por ciento para las menores de esa cantidad. Pero estas novedades -más la eliminación de la deducción de 400 euros del IRPF-, pendientes de ser ratificadas y en su caso complementadas en la tramitación parlamentaria, han venido acompañadas por circunstancias que han complicado su recepción por la ciudadanía. No la facilita recordar, como pidiendo perdón, que si ahora se suben los impuestos, antes se bajaron. Tal disculpa sitúa el discurso en el campo de una derecha contraria a todo incremento de la presión fiscal, por mínimo que sea.

Desde el Gobierno se ha reconocido que la comunicación ha vuelto a fallar. No es sólo problema de formas, sino de contenidos. El mensaje ha basculado desde la insistencia en gravar más las rentas del capital -no se han tocado las del trabajo- hasta las medidas en torno aun impuesto indirecto como el IVA. Si ese titubeo computa en el déficit comunicativo, cabe una explicación en la necesidad de incrementar con urgencia la recaudación, para lo cual se presta mejor la imposición sobre el consumo. De todas formas, se anuncia que el incremento del IVA se aplicará a partir de julio de 2010, esperando que nuestra economía esté más recuperada.

Que la urgencia sea una explicación del deslizamiento hacia impuestos indirectos no zanja el problema, por más que estemos sin inflación y con un IVA por debajo de la media europea. Si ésos son argumentos para justificar las medidas proyectadas, en el debe de la propuesta está el benévolo trato a las rentas del capital, lo cual pone difícil defender la propuesta en su conjunto por lo que supone de merma de la progresividad. Esa posición timorata destaca en el caso de las Sicav y otros fondos de inversión de capitales, los cuales se dejan por ahora sujetos a una tributación del 1 por ciento -cuestión aparte es la de las ganancias obtenidas por los asociados en los mismos, que tributan como rentas cuando se retiran como plusvalías, si no se recurre al truco de la reducción de capital-.

Es de esperar que del debate parlamentario no salga tan blando el tratamiento de las rentas del capital. No es buena excusa decir que no se puede subir el tipo a los fondos de inversión porque los capitales emigrarían, pues es un reconocimiento de impotencia ante una amenaza de evasión que opera a modo de chantaje. ¿Por qué no promover en la UE -la presidencia española da una buena oportunidad- un tratamiento fiscal más exigente hacia dichos fondos? Si no es así será cierto que los trabajadores por cuenta ajena -opacados tras el eufemismo de "las clases medias"- soportarán el peso de la presión fiscal.

Contener el déficit del Estado y seguir contando con recursos para las políticas sociales y para apoyar a los parados justifica una moderada subida de impuestos, pero reclama que sea más ecuánime. Por lo demás, si la política redistributiva actúa a través del gasto social, no deja de ser verdad que el gasto se nutre de ingresos, por lo que la recaudación fiscal también ha de hacerse con criterios redistributivos. Decir, como alguien ha hecho desde el Gobierno, que los impuestos no tienen un fin redistributivo es, además de un golpe al legado socialdemócrata, una contradicción con lo que desde el mismo Gobierno también se dice y se pretende en sentido contrario. Despejar esa contradicción es más útil que usar con poca precisión un lenguaje que habla de ricos y poderosos que, al no identificarse suficientemente, se salen con la suya escaqueándose del ejercicio de ciudadanía que pagar impuestos supone. Y hay que subrayar esto en un país con una cultura fiscal un tanto escuálida, acompañando el discurso con un reforzamiento de la inspección tributaria. Los gastos de todos hay que pagarlos entre todos, y ello según el principio "a cada uno según su necesidad, de cada uno según su capacidad". ¿Recuerdan? Cuestión de justicia. •

*Diputado del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso