Carmen Montón, portavoz de Igualdad del PSOE

"YA ERA HORA DE UNA LEY DE PLAZOS"

Por Por Luis Marchal

Qué ventajas traerá la reforma de la Ley del Aborto?
—Sobre todo, va a dar seguridad jurídica y garantías a las mujeres y a los profesionales sanitarios. Evitará que las mujeres puedan ir a la cárcel por decidir sobre su maternidad. Después de más de dos décadas de vigencia de la ley actual, ya era hora de que nos pusiéramos a la altura del resto de los países europeos con una ley de plazos. La nueva ley es acorde con lo que marca el Consejo de Europa, que hizo un llamamiento a los países miembros para que despenalicen el aborto allí donde todavía sea considerado un delito. También es acorde con Naciones Unidas y con la Organización Mundial de la Salud.

—¿Se amplían los derechos individuales de las personas?
—Por supuesto. El que la decisión sea exclusivamente de las mujeres durante un plazo determinado de 14 semanas da mayor autonomía y mayor seguridad jurídica.

—¿Qué visión de la sexualidad ofrece la reforma?
—No sólo hablamos de interrupción voluntaria del embarazo. Hablamos de una Ley que trata la prevención. Toda interrupción voluntaria del embarazo ha sido primero un embarazo no deseado. Marca la prevención dentro de una estrategia de salud sexual y de salud reproductiva. Es una estrategia que será pactada cada cinco años con las comunidades autónomas y que influirá en el ámbitoeducativo y sanitario. Da las bases para acometer la sexualidad con responsabilidad.

—Las organizaciones provida argumentan que es más difícil tener responsabilidad si es más fácil abortar.
—El número de interrupciones del embarazo no está ligado a qué modelo de ley hagamos. El número de interrupciones en Holanda, que tiene el plazo más alto de toda Europa con 24 semanas, es proporcionalmente el menor de Europa. La educación sexual, la planificación familiar y el acceso a los métodos anticonceptivos sí que tienen que ver con el número de interrupciones del embarazo. Por eso es importante la estrategia en paralelo que ha abierto el Ministerio de Sanidad de acceso a métodos anticonceptivos y de fomento del uso del preservativo.

—Aunque no esté ligado directamente a la ley, ¿se conseguirá reducir el número de abortos?
—Pretendemos reducir el número de embarazos no deseados, que muchas veces abocan en interrupciones. Esta Ley va a ser un gran esfuerzo en prevención.

—¿Ayudará a las mujeres embarazadas a superar cualquier problema que un embarazo imprevisto les pueda generar?
—Esta ley también informa a las mujeres que se han quedado embarazadas de todas las alternativas y de todas las ayudas que poseen para llevar hacia adelante su embarazo. Cumple los dos objetivos: mayor garantía jurídica para las mujeres y la protección prenatal.

—¿Está de acuerdo con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en que "esta nueva normativa se ajusta más a la realidad española"?
—Había una demanda social. Eran muchas las organizaciones en pro de los derechos civiles, las organizaciones sanitarias, las organizaciones feministas y las organizaciones de mujeres que estaban pidiendo una regulación más actual. Quiero recordar que mujeres y profesionales sanitarios que estaban actuando de acuerdo con la ley no se vieron exentos de ser reclamados por los tribunales en 2007.

—Una de las críticas que se hacen es que el PSOE no llevaba la reforma de la Ley del Aborto en su programa electoral, aunque realmente sí que recogía la "posibilidad" de modificarla y proponía "promover la reflexión y el debate social".
—Yo participé en la Conferencia Política donde se elaboró el programa y ponía exactamente lo que hemos hecho: abrir un debate para abordar las cuestiones de seguridad jurídica, tanto para las mujeres como para los profesionales sanitarios; y abordar la inequidad territorial que hay en estos momentos en España, ya que las interrupciones que se hacen en la sanidad pública no llegan al tres por ciento, y las diferencias que hay entre las comunidades autónomas. Todo ello, respetando el derecho a decidir de las mujeres, haciéndolo de una manera dialogada y buscando el mayor consenso posible.

—¿Está la puerta abierta a suavizar la nueva ley en algunos aspectos para conseguir mayor consenso?
—Si suavizarse significa eliminar seguridad jurídica o eliminar garantías, no.

—¿Cabría la posibilidad de eliminar la disposición que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin consentimiento paterno?
—Tenemos que ver qué significa excluir a las mujeres de 16 y 17 años. Desde 1985 hasta 2002, las jóvenes de 16 y 17 años tenían esta posibilidad y nadie salió rasgándose las vestiduras. En 2002, con mayoría absoluta de José María Aznar, a través de la Ley de Autonomía del Paciente, se marcó la mayoría de edad sanitaria en los 16 y se hicieron una serie de exclusiones, entre ellas la de la interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres de 16 y 17 años. Sacarlas del régimen normal, donde están el resto de ciudadanos y ciudadanas españoles no tiene sentido para nosotros. Nos encontraríamos con situaciones especiales. ¿Puede un padre obligar a su hija a abortar? ¿Puede obligarla a no abortar? Es una decisión que tiene que ser de ella.

—¿Los padres no tienen derecho a ser informados de que su hija de 16 o 17 años ha decido abortar o no?
—Los padres tienen derecho, pero nosotros no podemos regular la relación entre padres e hijas. ¿Y qué opinión sería la importante cuando fueran distintas? ¿La del padre o la de la madre? Las mujeres sabemos quién nos ayuda. Lo normal es que acudamos a aquellos que nos quieren, que suelen ser nuestros padres. Sin embargo, esto no lo podemos obligar por ley.

—Por otra parte, ¿cómo se regulará la objeción de conciencia de los médicos?
—Esta ley no habla específicamente de objeción de conciencia. Debe respetarse, pero tiene que ser exclusivamente de aquel profesional sanitario que interviene directamenteen la interrupción del embarazo. No puede ser ni de una institución ni de un servicio de un hospital ni de personas que estén alrededor sin intervenir directamente en esta prestación.

—La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) ha tachado de conservador el plazo de 14 semanas para abortar libremente, ¿se podrá ampliar en el futuro?
—En principio, el Gobierno nos trae un proyecto de ley equilibrado. En Europa, los plazos van desde las diez semanas hasta las 24. Ninguno de los dos extremos era nuestra opción. 14 semanas es suficiente para que las mujeres puedan decidir libremente qué quieren hacer con su maternidad.

—En el extremo contrario, el Foro de la Familia ha lamentado "profundamente" la reforma por ser "radicalmente injusta e in-solidaria".
—Todo lo contrario. Es justa, porque damos más seguridad jurídica; y es solidaria, porque interviene la sanidad pública y evita que haya inequidad territorial.

—¿La manifestación que unas 40 organizaciones han convocado el próximo 17 de octubre en contra del aborto servirá para desgastar al Gobierno?
—Es un intento de ello. Con esa manifestación, lo que dicen es que quieren que las mujeres vayan a la cárcel cuando decidan interrumpir su embarazo.

—¿Tal vez pretendan que directamente no se practiquen abortos?
—Si se critica cualquier campaña de métodos anticonceptivos, si no gusta que se hable de prevención, si se está en contra de la píldora del día después, si se rechaza la asignatura de Educación para la Ciudadanía y sus capítulos sobre prevención y sexo segu o... La clave está en evitar los embarazos no deseados y ponen muchas trabas a que éstos no se produzcan.

—La píldora del día después ya se puede adquirir en las farmacias sin receta médica, ,se corre el riesgo de que se dispense sin una información previa?
—Empezó la semana pasada a darse en las farmacias y hay que dejar que los mecanismos se engrasen. Los panfletos, las informaciones y los protocolos están ahí al igual que el compromiso de los farmacéuticos de explicarlo, que es lo más valioso.