Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España

"LA TRANSICIÓN NO FUE MODÉLICA: SIGNIFICÓ EL OLVIDO"

Lleva 25 años trabajando por los derechos humanos en todo el mundo. Esteban Beltrán es, además, director de la Sección Española de Amnistía Internacional (Al) desde hace 11. Acaba de publicar Derechos torcidos (Debate). De excedencia mientras dure la promoción del libro, sus opiniones vertidas en él sobre la pobreza, la política y los derechos humanos van más allá de la organización que dirige, aunque muchas de
ellas contienen su experiencia en Al. Beltrán refuta la Transición española como modelo para los demás y reclama la abolición tanto de la pobreza como de la detención en régimen de incomunicación de las personas sospechosas de un delito.

Por L. M.

Afirma en Derechos torcidos que "la Transición española de la dictadura a la democracia no fue modélica ni modelo para el resto del mundo".
—Es un mito histórico. El fin no justifica nunca los medios. El fin, que era la democracia, significó el olvido de lo que ocurrió en la Guerra Civil. Significó que miles de familias no tuvieron acceso a lo que legalmente les correspondía: una verdad individual, saber lo que les ocurrió a sus familiares; una acceso a la justicia, que no han tenido; y una reparación de reconocimiento.

—Entonces, ¿la democracia española radica en "el silencio y el olvido activos"?
—Radica en muchas cosas más, muy positivas también. Pero, la democracia tiene la asignatura pendiente de reconocer a los familiares lo que ocurrió con verdad oficial. En el libro aparecen ejemplos de países muy pobres como Sierra Leona y Liberia, de países mucho más complicados como Sudáfrica y de otros países como República Democrática Alemana, Argentina o Chile. Todos ellos, aunque vivieron procesos imperfectos, tuvieron verdad oficial, reparación y, en algunos casos, justicia. España y la Unión Soviética son las dos grandes islas de impunidad en materia de tratamiento de las violaciones de derechos humanos en el pasado. No se ha dado prácticamente ningún paso.

—¿Y la Ley de Memoria Histórica?
—Es un paso muy tímido. Le ha faltado la legalidad internacional. De los casos que pongo en el libro de procesos de dictadura a democracia, no conozco ninguno en el que las exhumaciones de ejecuciones extrajudiciales tengan que ser hechas por los propios familiares.

—¿Se darán pasos menos tímidos en el futuro?
—Es importante que haya una comisión de la verdad oficial de lo que ocurrió. Ya hubo una para las víctimas de la República. Ya tuvieron un reconocimiento del Estado por su dolor. Por ejemplo, dándoles licencias de estancos y de administraciones de loterías. Por eso, es un mito decir que todas las víctimas merecen reconocimiento. Unas ya lo tuvieron. Todas las víctimas lo que merecen es consideración, porque hubo dolor.

—Los que se oponían a la Ley de Memoria Histórica advirtieron del peligro de "reabrir heridas".
—Si piensan que se pueden reabrir heridas es que no estaban cerradas. La experiencia demuestra que los procesos donde existen crímenes contra el Derecho Internacional, como los que se dieron aquí durante la Guerra Civil y el régimen franquista, sólo se superan cuando se leen y se estudian. En terrorismo, nadie plantea ningún problema en que el Estado repare a las víctimas.

—Precisamente, un capítulo de su libro está dedicado al terrorismo, ¿las reglas para combatirlo cambiaron tras atentados como los del 11-S en Nueva York y el 11-M en Madrid?
—Se ha querido combatir el terrorismo, hacer una guerra al terrorismo, desde septiembre de 2001 sin las leyes de la guerra. Desde entonces, el mundo es más inseguro, porque no se ha impedido los atentados terroristas y porque nos han querido quitar nuestro marco internacional de derechos humanos. El gran riesgo que ha habido todos estos años es que la tortura se convirtió en algo aceptable legalmente.

—La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha pedido a España que ayude a cerrar Guantánamo y acoja presos.
—España debe ayudar a cerrar Guantánamo, que se abrió en muy pocos días. Aunque la principal responsabilidad sea de Estados Unidos, muchos gobiernos europeos, de alguna manera, han colaborado en que la gente llegara o se fuera de Guantánamo. Ese centro hay que cerrarlo bien. Esto significa que hay unas 60 personas que necesitan protección internacional. No pueden volver a sus países de origen porque corren el riesgo de ser torturados.

—¿Abolir la detención en régimen de incomunicación es suficiente para evitar los casos de tortura policial?
—No es suficiente, pero es una condición necesaria para las garantías de los detenidos y para proteger a la gente de las denuncias falsas de tortura.

—Usted asegura que en España hay un "problema estructural" en la investigación de tortura.
—La tortura en España no se ve como problema, sino como casos aislados. No es sistemática, pero sí más que casos aislados, especialmente en el ámbito de la inmigración. Hay otro problema estructural en la investigación misma de los malos tratos. Lo ejemplifico en el caso de Roquetas de Mar, de 2005. El agricultor Juan Martínez Galdeano murió en el cuartel de la Guardia Civil. La familia lo denunció ante la juez y ésta lo primero que ordenó es que lo investigasen los mismos del cuartel. Planteo una agencia independiente de investigación de abusos de las fuerzas de seguridad, que responda ante el Parlamento, como tiene Reino Unido.

—Por otra parte, ¿casos como el de la niña Mari Luz o la joven Marta del Castillo hacen que la población esté más a favor de la pena capital?
—Me opongo al tópico de que los políticos deben hacer lo que les pide la gente. Tienen que enfrentar el delito con policía y principios. La pena de muerte o la cadena perpetua sin revisión judicial no sirven para prevenir el delito. No obstante, yo entiendo a los padres de Mari Luz y de Marta. Pero hay que tener la cabeza fría. La clave no es que
las penas sean cada vez más vengativas. La clave es que no haya impunidad para los que cometen delitos, que se identifique a los culpables y que haya un veredicto claro. Eso es lo que hace segura a una sociedad.

—Con su trabajo intenta que la gente cambie la mirada sobre el fenómeno de la inmigración, la pobreza, la pena de muerte o la guerra. ¿Siente que lo está logrando?
—Ha habido avances importantes, sin embargo son insuficientes. Tres países habían abolido la pena de muerte hace 100 años, mientras que hoy hablamos de 137. ¿Quién hubiera pensado hace 15 años que ciertos dictadores de África estarían presos, que 115 personas que cometieron crímenes de guerra en ex Yugoslavia estarían procesadas y que un jefe de Estado en ejercicio como el de Sudán –Omar Hasán El Bashir– sería llevado ante un tribunal internacional? Todos los derechos humanos están en los códigos penales y constituciones de buena parte del mundo, pero la pobreza necesita un enfoque claramente diferente.

—En el libro plantea la abolición de la pobreza por ley.
—La pobreza es como la esclavitud en el siglo XVIII y como la pena de muerte a principios del XX. Se consideraban molestas, pero inevitables. Antes se decía que "siempre habrá esclavos". Ahora, que "siempre habrá ricos y pobres". La pobreza no es que tenga que ver con la economía, es que está secuestrada por la economía. He visto cómo la gente se indignó en Guatemala porque la policía pegó a un niño de la calle que estaba en un basurero. ¡Esa misma gente no se indignaba por el basurero en sí!

—¿Estamos luchando contra la pobreza?
—Se lucha contra cosas, como la inmigración clandestina, y de paso se ayuda a algunos pobres. Una de las cosas más insólitas es que la mayor parte de las ayudas no va a los países más pobres. Va prácticamente a América Latina. La pobreza sólo se combate marginalmente en un marco general de intereses. Cuando alguien es torturado todo el mundo entiende que puede acudir a un juez. ¿Adónde acude alguien al que le violan su derecho a la alimentación? En los países donde se empiezan a reconocer las constituciones, la gente pobre se puede defender ante un juez. Debemos pedir que cambien las leyes para que la gente se pueda defender.

—En el caso de las mujeres inmigrantes, ¿cómo denunciar los moratones y los huesos rotos sin temor a la expulsión del país?
—Una circular del año 2005 del Ministerio del Interior pidió a los policías que, si una mujer con aspecto de inmigrante denunciaba que la pegaban o que la amenazaban, que la ayudasen, pero que también le pidieran los papeles. Eso dificultó que una mujer boliviana en Valencia denunciara el maltrato por miedo a ser expulsada y que muriera el año pasado. No es lo mismo no tener papeles que no tener derechos.

—La llegada de sin papeles ha disminuido con la crisis económica un 25 por ciento...
—Ahora nos van a vender que en estos próximos años va a reducirse el número de inmigrantes que llegan. Nunca se reduce a medio y largo plazo. Ha crecido un 14 por ciento desde 1990. Hoy, hay al menos 120 millones de trabajadores inmigrantes en todo el mundo. La única manera para que no entraran más inmigrantes o para que se redujera la inmigración en Europa es que los países ricos no fueran países ricos. En estos años, de crisis económica, hay que prepararse para pasar de una política de control fronterizo a una política de gestión inteligente de inmigración. Además, hay que ser intolerantes con el racismo y la xenofobia, ya que habrá un aumento de los incidentes racistas.•