Julio Villarrubia, portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso de los Diputados

"LA HUELGA DE LOS JUECES ME PARECE INMORAL"

Por A. S.

Por qué la cuestión judicial sigue siendo un aspecto político de primera magnitud en nuestro país? —El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado. Ahora, ¿por qué no está adecuadamente resuelta la cuestión judicial? Porque es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia. Pero es una cuestión pendiente que se está abordando, y se está abordando de verdad, porque desde 2005 para acá, el Gobierno socialista ha incrementado los recursos en más del 60 por ciento, aunque es manifiestamente insuficiente aún. Pero no es sólo una cuestión de más recursos económicos, sino de una nueva organización, de implantación de la nueva Oficina Judicial, de cambiar los métodos de trabajo y de optimizar los recursos públicos. Y proceder a la informatización de todo el sistema judicial. Eso se está haciendo ya, y a unos ritmos a los que no se había hecho jamás. Lo curioso es que ahora tenemos ya, tramitándose en plazo de enmiendas, el Proyecto de Ley de la Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial. La asignatura de la modernización está siendo acometida con seriedad y rigor por este Gobierno, y necesita ser consensuada para salir adelante.

—¿Por qué, entonces, esta amenaza de huelga?
—No quiero echar leña al fuego, pero tengo que decir que, además de ilegal, me parece inmoral el planteamiento de una amenaza de huelga por un poder del Estado. Los poderes del Estado tienen la obligación de cooperar entre sí, porque los protagonistas del sistema y de los servicios públicos son los ciudadanos. El Artículo 28 de la Constitución recoge el derecho de sindicación y de huelga. Para este colectivo ni siquiera se recoge el derecho a sindicación, como es lógico, porque no hacía falta. Pero el problema no es jurídico, aunque afirmo, en mi modesta opinión, que jurídicamente no cabe el derecho de huelga en un poder del Estado. ¿Nos imaginamos a los ministros haciendo huelga, o a los diputados, para que los jueces ejecuten y hagan ejecutar lo juzgado? Conduciría a la locura, es algo que el sistema no soporta. Pero, insisto, políticamente, los poderes del Estado no pueden hacer huelga, más allá del debate jurídico. En segundo lugar, parece poco justificado que se diga que es para que se modernice la Justicia, cuando el Proyecto de Ley de modernización está en marcha, con periodo de enmiendas hasta el 10 de febrero. Ya se presentó por el Gobierno socialista en 2006, que es el desarrollo de una ley orgánica de 2003, aprobada por la mayoría del PP. Sin embargo, no tuvimos la colaboración, el grado de consenso necesario para aprobarlo en la anterior legislatura.

—¿No es una actitud corporativa de los jueces y, sobre todo, frente al nuevo régimen disciplinario que se está proyectando?
—Creo que sí hay una actitud claramente corporativa por parte de los jueces. El corporativismo es un problema que tenemos en nuestro país, en toda la sociedad en general, y los jueces no son ajenos. El manifestar que se puede ir a una huelga, ilegal, pero, insisto, además, inmoral, y que es una falta de respeto a los ciudadanos es... El servicio público de justicia va dirigid a los ciudadanos, y son los ciudadanos los que nos tienen que demandar a todos los poderes del Estado, y el primero, quizá, al Poder Judicial, que esto funcione mejor. En los últimos cuatro años se han creado 1.089 plazas de jueces y fiscales, frente a las 522 del periodo 20002004, y mayor número de funcionarios que en cualquier otro momento anterior. Se está invirtiendo en nuevas tecnologías más que en cualquier momento anterior.

—¿Está satisfecho el PSOE con los acuerdos alcanzados con el PP para la renovación del CGPJ?
—La renovación se hizo, se salió de una situación que difícilmente podía ira peor, y quiero confiar en que los tiempos que tienen que venir van a ser más positivos.

—¿Se va desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional?
—Aquí se ha producido, a mi entender, un fraude de ley por parte del PP. Las comunidades autónomas tenían que elevar unas propuestas al Senado de dos nombres de juristas para que, dentro de la pluralidad, la Cámara eligiera. El PP ha designado en casi todas las autonomías a las mismas dos personas, impidiendo esa pluralidad, es decir, utilizando, en mi opinión, y entre comillas, en fraude de ley, sin respeto a la negociación ni al fondo de los principios. Creo que al final tendremos un acuerdo, pero no hay que hacer trampas. •


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