Las asociaciones de jueces mantienen su pulso contra el Gobierno

TOGAS EN LAS BARRICADAS

Aunque los acontecimientos se van sucediendo a considerable velocidad, y desde el Gobierno se realizan constantes propuestas de negociación, de momento, las asociaciones de jueces y magistrados sostienen su envite al Ejecutivo, y el primer acto de protesta tendrá lugar el 18 de febrero —a expensas de la decisión definitiva que tomarán las juntas convocadas este 21 de enero-, y la convocatoria de huelga aparece en el horizonte del 26 de junio. El Ministerio de Justicia ha convocado a las asociaciones a una reunión "urgente" para debatir sus reivindicaciones el
próximo 26 de enero, y el Grupo Socialista ha solicitado la comparecencia de los magistrados en el Congreso para que las expliquen ante los representantes de la soberanía popular.

Por Antonio Sarrión

Más allá del debate jurídico acerca de la legalidad o no de una huelga de jueces —unos, a favor, expresan que el ordenamiento jurídico español no establece distinciones (excepto para los miembros del Ejército); y los que están en contra, aducen que no pueden ejercer esta medida de presión porque constituyen uno de los tres poderes del Estado, y que sería tan absurdo como si los diputados o los ministros hicieran lo propio en protesta por la no aplicación o los retrasos de algún juez a la hora de dar ejecución a una ley elaborada en el Parlamento-, en caso de concretarse los paros judiciales previstos para el 18 de febrero y el próximo 26 de junio, se trataría de la primera vez que se produjera un hecho similar en la historia de nuestra democracia.

El Ministerio de Justicia hacía, el pasado 14 de enero, un llamamiento urgente a una reunión con las asociaciones judiciales para debatir su plataforma reivindicativa. Finalmente, este encuentro se producirá el próximo día 26 de este mes. Desde el Ejecutivo han cambiado el tono agrio empleado cuando tuvieron conocimiento de esta convocatoria de huelga. Se ha pasado de la ca-lificación de "antisistema" efectuada por el secretario ejecutivo de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, a un intento de reconducción de la situación que evite una crisis sin precedentes.

Paralelamente a esta iniciativa gubernamental, el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia de los representantes de las cuatro asociaciones convocantes -Asociación Profesional de la Magistratura, APM (la mayoritaria y más conservadora), Asociación Judicial Francisco de Vi-toda, Foro Judicial Independiente, y Jueces para la Democracia (de tendencia progresista)- en el congreso de los Diputados para que expliquen las razones de su protesta. El secretario general del Grupo Socialista, Ramón Jáuregui, recordaba a los jueces que nada de lo que reivindican "puede resolverse sin permiso del Parlamento", al tiempo que advertía que "queremos escucharles, pero también que nos escuchen"; algo así como una, quizá pretendida, escenificación de un 'cara a cara' entre dos poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial. Al cierre de esta edición, tres de las asociaciones habían aceptado el reto. Sólo la APM faltaba por confirmarlo, aunque no cerraba la posibilidad.

En este conflicto abierto llama la atención la posición del Consejo General del Poder Judicial, que sólo llevan cuatro meses de ejercicio, tras prorrogarse la vida útil del anterior dos años más de su mandato correspondiente ante la falta de acuerdo de los dos grandes partidos —PSOE y PP- para su renovación. El CGPJ, en el que se encuentran representadas las cuatro asociaciones judiciales, ya ha dejado muy claro su rechazo a la convocatoria de huelga, explicando que buena parte de las reivindicaciones que están llevando a las barricadas al colectivo judicial, ya están siendo abordadas en su 'Plan de Modernización'. Si bien dicen comprender y compartir las razones de sus compañeros, y su análisis también llega a la conclusión de que el estado de la Justicia en nuestro país es precario, también advierten de que se están dando pasos firmes que se sustanciarán, a través de una hoja de ruta, en su mayor parte en este mismo 2009. Asuntos como la necesaria informatización, la creación de la Oficina Judicial, o el estudio sobre el reparto de las cargas de trabajo —que permitirá determinar con mucha precisión cuántos órganos jurisdiccionales son necesarios en todo el territorio nacional, en función de las necesidades reales- ya se están abordando con plazos concretos.

Además de la tabla reivindicativa hecha pública el pasado 12 de enero, en el Gobierno se sospecha que esta 'algarada' está más relacionada con las críticas que desde el Ejecutivo se vertieron contra la sanción de 1.500 euros acordada por el propio CGPJ contra el juez Rafael Tirado, responsable de la no entrada en prisión —por la comisión de un delito previo- del presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés. En el entorno del Consejo de Ministros muchos creen que se trata de una reacción cargada de corporativismo, y también de un cierto resquemor ante la anunciada intención gubernamental de reformar el régimen disciplinario de los jueces (para endurecerlo), precisamente, a raíz de la levísima sanción a Tirado, que causó cierta indignación entre amplios sectores de la población. Incidiendo más en esta sospecha del Ejecutivo, se recuerda que con anterioridad a la presentación 'oficial' de estas reivindicaciones', los jueces de Extremadura, Murcia y Zamora ya habían convocado la huelga del 18 de febrero sin esperar siquiera a la decisión de sus compañeros.

El propio juez Tirado enviaba un revelador correo electrónico, a través del correo corporativo judicial, animando al sostenimiento de las medidas de presión: "¡A la huelga!, todos, sin miedo, sin odio, sin rencor, vamos a decirle al ciudadano la verdad. Sigo insistiendo, no estamos solos y ahora les toca a ellos. Mis hijos han dicho: 'Papá, p'alante'. Y su padre no va a dar ni un paso atrás".

El mismo día que el Ministerio de Justicia hacía su llamamiento a la reunión con las asociaciones, los jueces decanos de siete grandes ciudades -Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao y Palma de Mallorca- apoyaban la convocatoria de huelga. Se encontraban en la misma sede del Consejo General del Poder Judicial. No la suscribía el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, ni los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Baleares.

De momento todo queda pendiente de la decisión que asuman las juntas judiciales en su próxima reunión del 21 de enero, pero en la mayoría de los círculos jurídicos se da por hecho el respaldo a la acción de protesta del 18 de febrero y al mantenimiento de la convocatoria de huelga prevista el próximo 26 de junio.

Tras el retraso de dos años en el nombramiento de los integrantes del nuevo CGPJ, el retraso en la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional —que aún no se ha resuelto por la falta de acuerdo entre PSOE y PP-, el colapso casi absoluto de asuntos pendientes en los juzgados de todo el territorio nacional, la percepción generalizada de una justicia lenta y, en muchas ocasiones, muy politizada, y la escasa valoración que la institución judicial obtiene reiteradamente en las encuestas, ahora asistimos a la posibilidad de que se produzca el insólito espectáculo de ver a nuestros togados travestidos en aguerridos sindicalistas parapetados tras pancartas reivindicativas en las calles. •

Las reivindicaciones de `sus señorías'

Carga máxima de trabajo: exigencia de un reglamento que establezca la carga máxima de trabajo de cada órgano judicial, y que sustituya a los antiguos módulos de productividad, sin que esté relacionado directamente con la retribución de la carrera judicial.

Facultad de señalar juicios y vistas: El Ejecutivo quiere atribuir al secretario judicial la agenda de señalamientos. Los jueces se oponen a esta medida y prefieren controlar ellos mismos la agenda. Constituye uno de los principales puntos de fricción con el Gobierno.

Supresión del traslado forzoso por ascenso, que afecta especialmente a los jueces jóvenes.

Ley de Retribuciones: mayores incrementos salariales y el abono aparte de los servicios de guardia. El Ministerio de Justicia ha criticado la inclusión de este punto en las reivindicaciones, en una situación de crisis económica, cuando su retribución se incrementa este año en un 5 por ciento.

Julio Villarrubia, portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso de los Diputados: "La huelga de los jueces me parece inmoral"

Antonio García, portavoz de la Asdociación Profesional de la Magistratura (APM): "El Gobierno falta a la verdad, o la cuenta a medias"

Gabriela Bravo, portavoz del Consejo del Poder Judicial: "Medidas tan drásticas no nos parecen oportunas"