Gabriela Bravo, portavoz del Consejo del Poder Judicial

"MEDIDAS TAN DRÁSTICAS NO NOS PARECEN OPORTUNAS"

Por A. S.

Cuál es la posición del CGPJ ante el anuncio de huelga efectuado por las asociaciones de jueces?
—La posición del Consejo es que entendemos que al margen del debate jurídico, y considerando que, además, la sociedad no va a entender esta decisión de los jueces de ejercitar el derecho a la huelga; teniendo en cuenta los cuatro meses que lleva este Consejo desde su toma de posesión, que hemos apostado por la modernización de la Justicia: en menos de dos meses aprobamos un plan de modernización en el que hemos implicado al Ministerio de Justicia, a las comunidades autónomas, les hemos implicado a ellos también para que puedan formar parte de nuestro proyecto y saben que hemos apostado seriamente por que 2009 sea el año de la reforma de la Justicia –porque tiene unas deficiencias estructurales que no se pueden asumir-, y que en un contexto de voluntad decidida por parte del Consejo de trabajar en ello anuncien estas medidas tan drásticas, que ocasionarían tan grave perjuicio a los ciudadanos, no nos parecen oportunas.

—En el CGPJ sí comprenden que existe una cierta base de razón en las reivindicaciones de las asociaciones.
—Eso ya se lo hemos trasladado. El Consejo, en estos cuatro meses, ha mantenido reuniones con los presidentes de los tribunales superiores de justicia, con los decanos, con los representantes de las asociaciones. Luego, a través de las visitas a los territorios, también les hemos trasladado que estamos trabajando para que la mayor parte de las reivindicaciones que ellos están planteando sean asumidas. Además, ya hemos concretado, hemos formado grupos de trabajo; están, tanto Inspección, como la Comisión de Modernización, trabajando en la redefinición de las cargas de trabajo, que es una de las máximas aspiraciones de los jueces, que se revisen esos módulos de trabajo que fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo; que se definan las cargas para que, a partir de ahí, se puedan determinar cuántos órganos jurisdiccionales hacen falta, cuántos juzgados necesitamos en España, y se pueda redefinir la nueva planta judicial. Hemos fijado fechas; esperamos tener este estudio de la definición de las cargas de trabajo prácticamente terminado para finales de febrero. Se ha aprobado para marzo por el Pleno del Consejo. En definitiva, es el ciudadano quien se siente perjudicado por la falta de medios. Queremos que sea éste el año en el que se note que ha habido una apuesta seria por la modernización de la justicia.

—Si las asociaciones están informadas de todo esto, ¿por qué esta convocatoria de huelga?
—Me imagino que ellos querrán ver algún signo visible por parte del Ministerio de Justicia y por parte de las comunidades autónomas. Pero tienen nuestro compromiso de que vamos a estar en ello. El próximo día 19 de enero vamos a mantener una reunión con el Ministerio de Justicia para fijar una hoja de ruta. Ellos quieren fechas, quieren previsiones, fecha para la puesta en marcha de la Oficina Judicial, que haya una previsión de una posible dotación de nuevos órganos jurisdiccionales. Todo esto lo van a tener, y estamos trabajando en ello. Estamos seguros de que se va a reconducir; soy optimista y considero que una parte de la carrera judicial lo está entendiendo, y están viendo que por parte del Gobierno hay disposición, y que cuentan con el apoyo del CGPJ.

—¿No puede ser que en el trasfondo haya una oposición al anunciado cambio de régimen disciplinario?
—Yo no puedo hacer esa lectura, cuando parte de las reivindicaciones son legítimas y perfectamente asumibles. Además, yo confío en la responsabilidad institucional de los miembros del Poder Judicial; están tan comprometidos como nosotros en que el servicio público de la justicia sea eficaz y ágil. No creo que haya nada más oscuro detrás de esas protestas.

—El Ministerio de Justicia ha solicitado una reunión urgente con las asociaciones. ¿Esto abre una puerta a la esperanza de una solución negociada?
—Es que el Ministerio tiene que abrir las puertas. No podemos encontrar soluciones por la vía de la confrontación, ni de las descalificaciones. Tenemos que buscar soluciones por vías conciliadoras y tender puentes para buscar entre todos la mejor manera de trabajar por la mejora de la justicia. Un Gobierno que esté comprometido con la mejora de la justicia tiene que querer hablar con todos los operadores jurídicos.

—Los ciudadanos no tienen buen conceptode la justicia; se la califica de lenta. ¿Cuál es el modelo al que tendríamos que aspirar?
—Desde mi punto de vista, el modelo ideal tendría que incluir, en primer lugar, que la Carta de los Derechos de los Ciudadanos fuera una realidad. Tenemos ahí una serie de declaraciones de cómo el buen hacer diario en el ejercicio jurisdiccional, desde el respeto al ciudadano, que tiene que ser la clave. Necesitamos conseguir una justicia transparente, que sea comprensible, que consigamos que los procesos sean lo suficientemente ágiles y propios de unas necesidades del siglo XXI, y no procedimientos obsoletos, del siglo XIX, como tenemos, por ejemplo, en el ámbito del Proceso Penal. Necesitamos poder tramitar con mayor rapidez, teniendo una Oficina Judicial suficientemente informatizada. Creo que con buena voluntad y con un gran compromiso se puede conseguir. Habría que impulsar la mediación civil y penal, desjudicializar alguna parte de los problemas que podrían ser resueltos con mayor agilidad. Tenemos muchísimas propuestas incluidas en los ocho ejes de nuestro plan de modernización; tenemos ahí el secreto para que el ciudadano obtenga una mayor respuesta, que tenga derecho a esa tutela judicial efectiva que dice la Constitución.

—¿Cuántos más medios y cuánto más personal serían necesarios para conseguir esto? —Desde el CGPJ entendemos que la definición de las cargas de cada órgano jurisdiccional es una herramienta necesaria y prioritaria para determinar, por ejemplo, el número de órganos jurisdiccionales. Tenemos que saber, en cada territorio, cuáles son las necesidades, las cargas de trabajo, para poder definir qué es lo asumible, y en función del número de asuntos asumibles por cada órgano jurisdiccional, fijar el número de órganos que se necesitarían. A partir de la puesta en marcha de la Oficina Judicial también podremos racionalizar los recursos que tenemos, porque yo siempre digo que no es una cuestión de duplicar el número de órganos jurisdiccionales. Si conseguimos una Oficina Judicial lo suficientemente informatizada, a lo mejor nos quedamos asombrados de comprobar que no necesitamos tantos medios personales, sino una buena capacidad de gestión y de buenos instrumentos. •

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