Por I. Rubio y M. Redondo

Inició las intervenciones Jesús Gumiel, presidente del Cermi de Extremadura, que puso sobre la mesa un dato que refleja las dificultades de las personas con discapacidad para conseguir su inserción laboral: la tasa de actividad en el colectivo no alcanza al 34%. Gumiel destacó la formación como un aspecto al que hay que prestar la máxima atención, porque “hay personas que no están recibiendo la formación adecuada, lo que impide cubrir algunos de los puestos de trabajo que ofertan los empresarios. Espero que de aquí salgan herramientas y consigamos los avances que nuestro colectivo todavía precisa y desea”.

Francisco Valverde, presidente de la Fundación Tutelar de Extremadura  (Futuex), destacó las conquistas que, a lo largo de muchos años, el mundo de las personas con discapacidad ha conseguido, “pero la guinda de esa tarta no es ni más ni menos que obtener la máxima autonomía personal a través del mundo del trabajo. Por eso, el reto de esta jornada está muy bien definido: estrategias y objetivos para conseguir el mayor pleno empleo en las personas con discapacidad”. 

Por su parte, Ángel Calle, alcalde de Mérida, quiso dejar bien claro la diferencia entre posiciones políticas progresistas y conservadoras en una alcaldía. Por ejemplo, “si nos dedicamos a pavimentar, hay un margen político amplio, porque no es lo mismo hacer un urbanismo pensando en personas que pueden caminar, ven y oyen, que hacerlo pensando en personas que no pueden caminar bien, que tienen obstáculos insalvables por su falta de visión o  que no oyen. El urbanismo no es aséptico, cualquier decisión política que un alcalde toma en un ayuntamiento tiene un contenido político importante que marca una diferenciación entre posiciones progresistas y retardatarias”.  Se refirió también a los ocho millones de euros que el Gobierno destina a los ayuntamiento para afrontar situaciones de desempleo, “podemos abrir o cerrar zanjas y daremos empleo, pero no daremos empleo de futuro,  o podemos hacer guarderías o centros de día, o  establecer la plataforma única para eliminar barreras”.

La intervención de José Luis Villar, director general de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, se centró en un documento que se va a proyectar en esta legislatura de manera importante  para beneficiar a todas las personas que tienen discapacidad, la Estrategia Global de Acción para el Empleo. Villar hizo un exhaustivo recorrido sobre las medidas que contiene este texto, cuyo fin último es promover el acceso al mercado de trabajo, mejorando la integración laboral de un colectivo que representando el 8,6% de la población activa, entre 16 y 64 años, sólo supone un 4,1 % de los ocupados. Por tanto, dijo sigue persistiendo discriminación en la contratación y en las condiciones de trabajo, una elevada temporalidad y es necesaria la utilización de ajustes razonables.

La estrategia persigue dos objetivos fundamentales, aumentar las tasas de actividad y ocupación y la inserción laboral de las personas con discapacidad.

Ello conllevaría también una mejora de la calidad del empleo y dignificar las condiciones de trabajo, combatiendo efectivamente su discriminación que es lo que la Constitución impone a los poderes públicos. Igualmente, hay dos objetivos que impregnan de manera transversal toda la estrategia,  “uno es utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para favorecer el empleo de las personas con discapacidad, donde hay un largo recorrido; el otro es prestar especial atención a variables como el tipo y el grado de discapacidad, edad y lugar de residencia que agravan la situación de determinadas personas con discapacidad.

Villar destacó el hecho de que en un solo documento se han recogido de manera integral y multidisciplinar y también multicompetencial todas las medidas que a lo largo de los próximos cuatro años se van a tomar para el sector de la discapacidad. Y se refirió a algunas de gran relevancia para las personas con discapacidad como aquellas que tienen como finalidad conseguir cambios en la cultura empresarial,  examinar la cuota de reserva y los incentivos a la contratación, “que tendrán que ser distintos en función del grado de discapacidad para hacerle a la empresa más apetecible la contratación de la persona”. 

Estrategia global . Tras un repaso a algunos datos que reflejan las dificultades a las que se enfrenta el colectivo de personas discapacitadas para alcanzar su inserción laboral,  Miguel Ángel Fajardo, catedrático de Economía de la Universidad de Extremadura, dijo que la estrategia para el empleo diseñada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración con la participación de representantes de las personas con discapacidad pueden favorecer, sin duda, ese objetivo de integración. Asimismo, hizo hincapié en las tecnologías de la información. “Creo que hay que aprovecharlas, no podemos dejarlas de lado porque pueden ayudar a las personas con discapacidad en muchos aspectos de su vida diaria. Estamos todos concienciados de que para las personas con discapacidad los teléfonos móviles, internet o los ordenadores periféricos son de gran ayuda pero no podemos olvidar la robótica y la domótica, que pueden hacer que muchas discapacidades puedan ser más llevaderas, o el teletrabajo, para que aquellas personas que tengan problemas de desplazamiento puedan desarrollar su actividad desde casa”. 

Finalmente, Fajardo realizó la siguiente pregunta: ¿son pobres las personas con discapacidad? “Si atendemos a las pensiones tipo Lismi y las contributivas, vemos que algunas no superan ni el salario mínimo, ni siquiera el umbral de pobreza. Por lo tanto, aquellos que tengan sólo estas pensiones podemos decimos que están en el umbral de pobreza. Habrá que revisar estas pensiones”.

José María Ibáñez, director de la Comisión de Empleo y Formación del Cermi, habló desde su experiencia en un centro especial de empleo y dijo que el empleo entre las personas con discapacidad está mal.  “A pesar de que en España las cosas han cambiado radicalmente en muy poco  tiempo, respecto al trabajo queda mucho por hacer”. Crear empresas cuesta mucho, y crear empresas con gente con discapacidad es muy complicado, dijo Ibáñez. “Por eso, hacía falta una intervención global y transversal. Las personas con discapacidad en España, no existen para el empleo. Cuando una persona no está reconocida como activa es que no existe. Quiero transmitir que detrás de las cifras, detrás de la estadística, a veces no se cae en la cuenta de que hay personas que lo pasan muy mal. Y entre la gente con discapacidad hay tasas de inactividad altísimas, especialmente en algunos colectivos, hasta el punto de  que sólo una de cada once personas trabaja España”.

José María Ibáñez dijo también que el motor del empleo para el colectivo de discapacitados ha sido principalmente el tercer sector. “Han sido las organizaciones del tercer sector, fundamentalmente las organizaciones de familiares las que se han puesto las pilas y se han lanzado a crear empresas.

Y se les puede criticar mucho, pero más de 50.000 personas en España trabajan porque ha habido organizaciones de familiares, organizaciones sociales que se han mojado”.

Josefa Torres, directora de Formación y Empleo de la Fundación Once,  se detuvo especialmente en un aspecto para ella fundamental, el empleo de calidad, un objetivo de la estrategia de la estrategia global para el empleo. “Me gustaría recalcar que hemos pretendido que se aprovechen todas las oportunidades de empleo que pueda haber para personas con discapacidad. Pero no a cualquier precio. Queremos un empleo de calidad porque no queremos que nuestro colectivo se inserte laboralmente y empiece a engrosar ese desgraciado nuevo concepto que se llama el de los trabajadores pobres, aquellas personas que aún teniendo empleo no salen del circuito de la exclusión social”. Josefa Torres, continuó señalando que para las personas con discapacidad el trabajo es el mecanismo para que el colectivo participe en la sociedad. “Si avocamos a nuestro colectivo a aquellos puestos de trabajo de poca calidad y precarios, con poco salario y pocas posibilidades de promoción, efectivamente tendrán un trabajo, pero no saldrán del ciclo de la exclusión. Por lo tanto, no queremos estar como colectivo dentro del concepto de trabajadores pobres,  queremos un empleo de calidad que nos permita de una vez por todas salir de la situación de excluidos sociales”.

Reconocer a las personas igualdad de trato o proclamar la igualdad de oportunidades cuando se arranca de una evidente situación de desventaja, puede hacer la proclama meramente retórica, dijo Juan Manuel Fortuna, director general de Trabajo de la Junta de Extremadura,  y añadió que el trabajo es el mayor y mejor mecanismo de integración, de las personas en general, pero especialmente de aquellas que presentan mayores dificultades, y singularmente de los trabajadores discapacitados.

En cuanto a las medidas llevadas a cabo para favorecer la situación de las personas con discapacidad, Juan Manuel Fortuna destacó el incremento de las cuantías de las ayudas y la graduación de las mismas en función de la severidad de la discapacidad. “De especial atención resulta el haber modulado estas ayudas en función de la edad y sobre todo del sexo, conscientes como somos de que una discapacidad severa si se tiene una cierta edad, se es mujer y además se está en un ambiente social poco propicio, todas las medidas y atenciones que la sociedad ponga a su alcance serán pocas.

No creo que deba merecer especial reproche al alta temporalidad que subsiste en este mercado, básicamente porque el único contrato temporal de carácter no causal que ha quedado en los últimos años es precisamente el de los trabajadores discapacitados. Y esto explica, en alguna medida, esta tasa de temporalidad. Habrá que entender que esta es una situación transitoria y que hay que acudir a medidas de mejora del empleo, especialmente aquellas de conversión del contrato temporal en fijo, del contrato parcial a tiempo completo y del fijo discontinuo a fijo”. 

Miguel Simón, director general de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura, habló en primer término del consenso en torno a una estrategia global. Creo que algo de lo que debemos ser conscientes en este momento de crisis económica y destrucción de empleo es que tenemos que arrimar el hombro, las administraciones y  entidades sin ánimo de lucro, personas con discapacidad. En ese sentido, tenemos que insistir en la globalidad y la intersectorialidad de las actuaciones”.

Venimos de una época en la que cada uno hemos trabajado por nuestra cuenta, aseguró,  “y ahora no vamos a tener más remedio que trabajar de manera conjunta. Nosotros plantearemos algunas estrategias que tienen que ir en consonancia con la consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, concretamente con las direcciones generales y el Servicio Público de Empleo y en colaboración también con las asociaciones de personas afectadas”.

El marco de desarrollo actual como comunidad autónoma y como servicio público, aseguró Miguel Simón,  es apoyar la estrategia elaborada por el Ministerio. “Creemos que es acertada y que parte de una adecuado análisis y nos tocará como comunidad autónoma desde diferentes ámbitos, apoyar todas y cada una de esas medidas”.

Antonio Javier Franco, vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Extremadura, moderador de la primera mesa, resaltó el compromiso con el empleo y también con la discapacidad de la universidad. “Por eso, desde 2004, tenemos una plataforma virtual de empleo de la que se han beneficiado 8.500 licenciados, que han conseguido empleo gracias a la plataforma virtual, que mueve unos 12.500 currículos diariamente. Pero también la Universidad de Extremadura está comprometida con la discapacidad. Disponemos de una unidad de atención al estudiante que tiene como objetivo su integración plena  con entidades específicas, al tiempo que intenta cambiar la mentalidad de  todos los estamentos que conforman la comunidad universitaria, desde el profesorado hasta los propios estudiantes”.

El consejero delegado del Grupo Fundosa, José Luis Martínez Donoso, puso sobre la mesa un planteamiento novedoso, asegurando que la actual crisis económica y financiera, “una crisis problemática” para todos, sin embargo para el sector de la discapacidad, “para nosotros, para el empleo protegido, para los centros especiales de empleo, hasta nos ha venido bien”. Martínez Donoso argumenta esa afirmación en que la crisis “nos ha hecho al menos en algunos círculos, sentarnos y reflexionar qué es lo que está pasando”.

En este sentido, el consejero delegado del grupo Fundosa y vicepresidente ejecutivo de la Federación Española de Centros Especiales de Empleo relató el estudio encargado hace dos años por la Generalitat de Cataluña para hacer un diagnóstico sobre si los centros especiales de empleo estaban o no en crisis en la región. “Salió masivamente que sí”.

Martínez Donoso explicó que la aprobación de la LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido) vino acompañada por una fórmula de empleo que era el empleo protegido, con los centros especiales de empleo, que debían usarse como tránsito al empleo ordinario. “Al amparo de esa ley, se disparó la creación de sociedades bajo la fórmula de centros especiales de empleo. Se hizo con un criterio muy loable, pero lleno de voluntarismo y poco rigor”.

El ponente explicó que esa fórmula daba como resultado que “en una misma ciudad, pueblo o provincia, todo el mundo quería ser jardinero, todo el mundo hacía centros especiales de empleo para jardines, con lo cual éramos competidores de nosotros mismos. Porque se buscaban aquellos sectores de poco valor añadido, de poca inversión. Las ayudas, en aquel entonces de 12.000 euros por puesto de trabajo, más alguna cosa más que podíamos arañar, nos permitía poner en marcha proyectos que no tenían una consistencia empresarial fuerte”.

La evolución de esa situación llevó, según Martínez Donoso, a una situación “muy precaria, donde nosotros mismos nos hacemos la competencia y a la vez no somos capaces porque no tenemos recursos suficientes”. “Ese voluntarismo nos ha metido en una espiral que tenemos que parar. Hemos de parar y reflexionar, admitir realmente que necesitamos una muy fuerte reconversión”.

Por su parte, Nereo Ramírez, secretario de Acción Social de UGT Extremadura, manifestó que el ámbito de la discapacidad y el ámbito sindical coinciden en un objetivo común: la incorporación del trabajador/a con alguna discapacidad al mercado laboral ordinario, “no protegido”.

El ponente aseguró que los centros especiales de empleo se han consolidado como entidades creadoras de empleo y riqueza, pero añadiendo que “tenemos que hacer una clasificación de esos centros porque no todos buscan el ‘no lucro’ en sus fines”.

Ramírez aludió a términos frecuentes en el vocabulario y la acción sindical como cohesión social, diálogo social y negociación colectiva, afirmando que desde ellos “los sindicatos podemos trabajar codo con codo con el ámbito de la discapacidad para que realmente se haga efectiva la incorporación de las personas, trabajadores y trabajadoras con alguna discapacidad, al mercado laboral”.

El secretario de Acción Social de UGT Extremadura se refirió a un estudio realizado por su organización sobre empresas extremeñas con más de 50 trabajadores que, como tales, tienen la obligación de hacer una reserva de sus puestos de trabajo del 2% para personas discapacitadas, o bien sustituir ese 2% por contratación de servicios a centros especiales de empleo o donación a entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la discapacidad.

Este estudio concluía que sólo el 12% de las empresas extremeñas cumplen con esa reserva de puestos de trabajo. “Subimos al 18% cuando hablamos de que tienen contratado algún servicio a centros especiales de empleo”. Nereo Ramírez explicó que, de unas 700 empresas privadas de más de 50 trabajadores que hay en Extremadura, “yéndonos por lo bajo y diciendo que tienen 50 trabajadores justos, con ese 2% nos iríamos casi a mil trabajadores discapacitados que tendrían que estar trabajando actualmente en Extremadura, en las empresas privadas, si realmente se cumpliera la ley”. “Esto”, añadió Ramírez, “habría que multiplicarlo en otras comunidades autónomas donde el entramado empresarial es muy superior en número de trabajadores por empresa o en grandes empresas”.

En España, aproximadamente una de cada diez personas tiene algún tipo de discapacidad. Son datos que proporcionó María Coronas, secretaria de Acción Social de CCOO Extremadura. “Hay que mejorar la búsqueda de empleo de las personas con discapacidad, tanto en el empleo ordinario como en el protegido, realizando propuestas dirigidas a los poderes públicos. Asimismo tendremos que dar las directrices para que las personas que se sientan a negociar el marco laboral de esos trabajadores, tengan claras las propuestas que tienen que hacer para que las personas con discapacidad puedan acceder a esos puestos de trabajo”.

Coronas hizo hincapié en la educación y la formación. A su juicio, ambas deben ser “un principio de normalización, integración y no discriminación, dotando a los centros de recursos para una formación específica de acuerdo a las necesidades de los alumnos con cualquier discapacidad, renovando las líneas prioritarias y evaluando la formación en el contexto social y laboral actual, con especial atención a las nuevas tecnologías”.

La ponente expuso que CCOO va a llevar a las mesas de negociación que las empresas se comprometan a la contratación de alguna de las personas formadas. “Además, debemos asegurar el cumplimiento por parte de las empresas de la reserva del 2% en la privada y del 5% en la pública”. “En todos los convenios esta cláusula tiene que ir siempre. En algunos lados se podrá conseguir, porque estamos hablando de negociación, y en otros no, pero hay que plantearla en todos los ámbitos”.

Otras propuestas son el establecimiento de medidas de acción positiva para con las personas discapacitadas. “No digo discriminación, sino acción positiva, tanto en la privada como en la pública, de forma que a igualdad de méritos y capacidad, tengan preferencia las personas con discapacidad. Identificando, eso sí, la actividad y puestos de trabajo que puedan tener menos dificultades para ser cubiertos con personas con discapacidad”.

Evitar que las pruebas de selección se conviertan en la primera barrera; promover la adaptación de los puestos de trabajo; garantizar la igualdad de trato en la clasificación y promoción profesional, en salario, en salud y seguridad en el trabajo, o promover la transición e integración de los trabajadores desde el empleo protegido al empleo ordinario fueron otras de las medidas propuestas por María Coronas para favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad.

La doble discriminación de la mujer discapacitada, por cuestión de género y además por discapacidad, fue el eje de la ponencia de Grace Shum, profesora de Psicología de la Universidad de Huelva. La ponente se refirió a un trabajo realizado en 1997 y confirmado posteriormente, año tras año, en sucesivas investigaciones, que refrenda esta discriminación aún más profunda.

“A partir de los 44 años, las mujeres ocupan un porcentaje importante del colectivo de personas con discapacidad. Además, las mujeres con discapacidad se encuentran en una situación de paro superior a las mujeres de la población general. Creo que está solidamente confirmado que las mujeres con discapacidad no solamente están sufriendo discriminación, sino mucho más que eso”.

Entre las mujeres con discapacidad hay un porcentaje importantísimo de paro, según Shum, porque la mayoría de ellas no tiene ocasión siquiera de recibir formación suficiente y, por lo tanto, los trabajos que se realizan son muy poco cualificados. “Son limpiadoras, básicamente. Incluso muchas veces tienen que ocultar su situación de discapacidad para conseguir un trabajo temporal y poco remunerado”.

Ante esta situación, Shum distinguió entre tres tipos de reacciones de las mujeres. En primer lugar un grupo de mujeres que presenta una actitud muy activa en la búsqueda de empleo. “Se preocupan en formarse, incluso en muchas ocasiones están dispuestas a trabajar media jornada. Esas mujeres tienen conciencia social y colectiva y conocen la desigualdad social que las está presionando y, por lo tanto, son totalmente inconformistas”.

Hay otro tipo que presenta una actitud más pasiva. “Para ellas el trabajo es muy importante. Sin embargo, ante las dificultades mantiene una actitud totalmente pasiva. Dicen que la sociedad no les apoya y, por tanto, no pueden conseguir trabajo. Así, la búsqueda de trabajo es casi inútil, y para no perder tiempo, se mantienen de forma pasiva”.

Un último tipo serían las mujeres que nunca se habían preocupado de buscar trabajo, porque para ellas “su condición es una situación de desgracia, por la voluntad de Dios. Les tocó vivir de esa manera y lo asumen de una manera totalmente pasiva. Se refugian en recibir la ayuda de la pensión no contributiva. ¿Cuál es su queja? Su queja es que desearía que les subiesen más la pensión”.

“El empleo es la clave para lograr la normalización social”. Con estas palabras inició su turno Manuela Calvo, miembro de la Comisión de Empleo de Cermi Extremadura. Para la ponente, todo está relacionado con un área “quizás más importante” que es la accesibilidad universal. “Para poder llegar al empleo, para poder llegar a un centro de salud, para poder llegar a formarnos, tenemos que tener una accesibilidad plena”.

Calvo se refirió a varios factores clave. En primer lugar, el conocimiento y aceptación de la discapacidad por parte la persona. Y además, el fomento de las habilidades sociales o el reajuste psicosocial en discapacidad sobrevenida (“no es lo mismo una persona que nace con esa discapacidad a la persona que le viene una discapacidad posterior por un accidente”).

La representante de Cermi Extremadura aseguró que las personas discapacitadas “desean también una formación a la carta que sea accesible, plural y congruente con el mercado de trabajo. Ya pasaron a la historia aquellos cursos de formación que se realizaban simplemente por entretener a la persona con discapacidad. Hoy en día queremos cursos que nos formen, que nos garanticen esa cualificación profesional y que nos permitan acceder a un empleo estable. Por supuesto, también es muy importante la familia y el entorno. No es lo mismo una familia protectora que una emancipadora. Lo tiene mucho más fácil la segunda”.

Además de la accesibilidad en todos los niveles, Manuela Calvo se refirió a lo que denominó ‘el problema de la cultura del pensionista’. “Todavía seguimos teniendo personas, sobre todo en los entornos rurales, que, como tienen una pensión, se acomodan a ella. Incluso a veces creen que, si consiguen un puesto de trabajo, van a perderla. Hay que explicarles que no pierden esa pensión, que pueden acceder a ese puesto de trabajo y que, si se quedan otra vez en desempleo, pueden acceder de nuevo a la prestación que tenían”. En cuanto a la accesibilidad a la formación, la ponente insistió en que debe existir una adaptación de los locales al tipo de discapacidad, una adaptación de los medios y materiales didácticos, cursos adaptados a las características del mercado laboral, monitores con experiencia con el colectivo, monitores de apoyo y módulos de habilidades sociales. “Pero, sobre todo, la introducción de la idea de empresa en las acciones formativas, porque cada vez nos llegan más personas con discapacidad que quieren tener su propia empresa y nosotros tenemos que asesorarles en esos inicios de su iniciativa empresarial”.

Moderó la segunda mesa redonda de la jornada, José Manuel Bañegil, coordinador de Informativos No Diarios de Canal Extremadura Televisión. El conductor del debate señaló que “lo que me gustaría es que incidiéramos un poco en la autocrítica sobre las posibilidades que tenemos”.

Bañegil explicó que la primera estrategia global que se marcó Canal Extremadura TV como emisora pública era que el mundo de la discapacidad fuera visible. “Se han hecho algunas cosas, pero otras no tanto. Es algo que digo públicamente y que nos lo apuntamos como tarea para esta empresa, que aunque sea joven y tenga sus dificultades, tiene que pensar también en esto”.

Respecto a la accesibilidad, el coordinador aseguró que en los tres años que Canal Extremadura lleva funcionando “tampoco hemos llegado a ser una tele accesible. Para nosotros es un reto muy importante. Por otro lado, la posibilidad de que se pueda ver toda la programación subtitulada está más cerca de lo que parece”. José Manuel Bañegil se preguntó si la tele ha servido para que se haya creado empleo para personas con discapacidad. “Yo miro hacia atrás y tampoco veo que haya un excesivo número de profesionales  con alguna  discapacidad. ¿Por qué? Tienen el mismo problema que las personas no discapacitadas: la falta de un sector en Extremadura que ofreciera oportunidades”. l

“Hay que romper las barreras ”

La consejera de Sanidad y Dependencia, María Jesús Mejuto,  resaltó el hecho de que Extremadura se haya constituido en un foro de encuentro anual en el que abordar abiertamente temas que suponen un elemento clave para las personas con discapacidad, para sus familias y para las entidades que desempeñan sus funciones en torno a la atención de este colectivo. “En esta edición se aborda el empleo para personas con discapacidad, uno de los ámbitos de intervención de las políticas públicas que más ayuda a normalizar y posibilitar el desarrollo vital de cualquier persona.

No podemos negar que las personas con discapacidad encuentran más dificultades a la hora de insertarse laboralmente. A las de su propia discapacidad, hemos de sumar aquellas que estigmatizan y restan posibilidades de acceso al empleo”.  En muchas ocasiones, dijo, por falta de información, en otras por falta de interés y en casi todas por falta de perspectiva que impide que aquellos que tienen que contratar visualicen a estas personas como capaces de desempeñar funciones en determinados entornos laborales. “Es aquí donde resulta necesario diseñar estrategias que nos permitan conseguir el objetivo de insertar laboralmente a las personas con discapacidad para garantizar el pleno desarrollo de sus derechos”.

En opinión de María Jesús Mejuto, la diversidad intrínseca de la discapacidad  obliga a las administraciones públicas a facilitar entornos laborales que cuenten con una consideración especial para aquellos más vulnerables, pero también a trabajar para romper las barreras que impiden que aquellos que puedan integrarse plenamente en el mercado laboral, lo hagan en igualdad de condiciones.

“El trabajo nos hace iguales”

La consejera de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, Pilar Lucio, fue la encargada de clausurar la jornada. Lucio señaló que, para la consejería, trabajar con las personas con discapacidad es un objetivo prioritario. “Nuestro Plan de Fomento y Calidad del Empleo, que aprobamos en el mes de abril, incorporó la mayor parte de las propuestas que desde el CERMI se hicieron a la consejería”, indicó la consejera.

Pilar Lucio explicó que para el gobierno extremeño “la inclusión social a través del empleo es fundamental para conseguir el objetivo prioritario que tenemos: que el trabajo nos hace iguales a todos y queremos que el trabajo haga iguales también a las personas con diferentes capacidades, como nos gusta decir últimamente, porque es cierto que la palabra ‘capacidad’ hace alusión a algo muy amplio y muy complejo y sí podemos decir que a las que habitualmente se han llamado personas con discapacidad son personas que tienen otras capacidades distintas de las que tenemos otras personas”.

La consejera detalló que a través de los centros de empleo de la región se ha apoyado el mantenimiento de más de 13.000 puestos de trabajo en Extremadura y que 106 personas discapacitadas están trabajando en empresas privadas, gracias a las ayudas del Plan de Fomento y Calidad en el empleo.

Por último, Pilar Lucio aseguró que, en la actual situación de crisis, “un momento en que se están perdiendo muchos empleos, apostamos porque los empleos que ya tenemos creados para estas personas los seguiremos manteniendo y seguiremos trabajando en una perspectiva a más largo plazo, porque las crisis son coyunturales pero las apuestas políticas son para períodos más largos de tiempo”.