Por José María Benegas

Cuando la lucha antiterrorista está alcanzando éxitos singulares impidiendo la reorganización de ETA y desmantelando sus aparatos de decisión; cuando la antigua Batasuna navega entre la frustración, la desorientación y sus propias incapacidades para diseñar un proyecto político autónomo alejado de la violencia; cuando constan las serias divisiones entre los reclusos de ETA y los ex presos protagonizan una reunión en la que ponen de manifiesto el daño que les hace el acercamiento al País Vasco de los que hoy desaprueban la utilización de la violencia; cuando parecía que por fin íbamos a avanzar en la unidad democrática en la lucha contra el terrorismo sobre bases sólidas de lealtad, es decir, cuando todo indicaba que estábamos en un buen momento de acoso a ETA por parte del Estado de Derecho, significados dirigentes del PP, Esperanza Aguirre, Javier Arenas, etc., sin ton ni son, sin ninguna prueba o indicio de que lo que dicen es verdad lanzan la especie de que el Gobierno está intentando una nueva negociación con ETA, para enrarecer el clima político, desorientar a la opinión pública y situar bajo mínimos, otra vez, los niveles de confianza entre el Gobierno y la oposición.

Si los mencionados dirigentes tuvieran alguna información o indicio que haya inducido sus declaraciones, la lealtad en la lucha contra el terrorismo implica plantear la cuestión directamente al Gobierno con la discreción debida. Y si no disponen de ningún sustento para fundamentar sus declaraciones simplemente son unos irresponsables o bien piensan que, desde un punto de vista partidista, no les interesa la imagen de unidad con el Gobierno en la lucha contra el terrorismo, lo cual es peor. Es decir, sonincorregibles. Por si fuera poco, no podía faltar lbarretxe, otro incorregible, poniendo en duda que el Gobierno no negocie más y discrepando de la política penitenciaria de acercamiento y reinserción de los presos constituyéndose así en un aliado del PP en la crítica de la acción antiterrorista del Gobierno.

El oportunismo de este partido sigue sin tener límites cuando le exige al Gobierno que disuelva del orden de 40 ayuntamientos que en la actualidad tienen alcalde de ANV. Conscientes de que la ilegalización de un partido político no implica en sí misma la pérdida de la condición de los cargos públicos de elección, diputados, concejales, etc., a los que hayan accedido los militantes del mismo, con el argumento de que no deben beneficiarse estos municipios de las ayudas económicas arbitradas por el gobierno para el desarrollo de proyectos concretos, no tienen ningún pudor en plantear la disolución de los mismos utilizando la vía establecida en el artículo 81.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

La Ley de Bases del Régimen Local en el mencionado artículo exige que la Corporación local que vaya a serobjeto de disolución haya dado "cobertura o apoyo expreso o tácito, de forma reiterada y grave al terrorismo". Es decir, se requiere de una actuación continuada y sistemática en el tiempo lo cual no es extensible a todos los ayuntamientos gobernados por ANV. ¿Qué ocurre en estos casos si se produce la disolución? Lo señala el apartado 2 del Art. 183 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General que establece que "la Diputación General o en su caso el órgano competente de la Comunidad Autónoma asumirá directamente tras la disolución la gestión ordinaria de la Corporación hasta la finalización del correspondiente mandato, no pudiendo adoptar acuerdos para los que se requiera mayoría cualificada". Esto significa abocar a los Ayuntamientos disueltos de tal forma a la paralización de su gestión hasta las próximas elecciones municipales, con el correspondiente perjuicio de la ciudadanía afectada por las medidas disolutorias. Parece obvio que esta norma no está pensada para disoluciones masivas sino para casos excepcionales. Una medida de estas características supondría además, la privación de su condición de concejales a los que lo son en representación de los partidos políticos democráticos, por lo que se estarían lesionando los legítimos derechos de los mismos.

Resulta altamente sospechoso que cuando el Gobierno está teniendo éxitos importantes y continuados en el desmantelamiento de ETA el PP opta por la confrontación política y la insidia en la lucha contra el terrorismo. •

*Diputado del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.