La unidad de acción antiterrorista sólo le dura unos meses al PP

LOS PODERES DE ANV

La disolución "de inmediato" de los ayuntamientos del País Vasco y Navarra gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV), exigida por el Partido Popular y por la única parlamentaria de UPyD, la ex socialista Rosa Díez, el pasado 16 de diciembre en el Congreso de los Diputados, pone fin a la tan cacareada "unidad de los demócratas" frente a ETA. La derecha vuelve a poner en primera línea de su estrategia de oposición tan delicado asunto. Mientras tanto, ANV gobierna en 42 ayuntamientos, esperando el pronunciamiento de la justicia, caso a caso, como ha explicado el Gobierno que exige la ley.

Por Antonio Sarrión

Cómo es posible que en el mejor momento contra el terrorismo estemos debatiendo esto? ¿Qué pasa para que sean tan desleales?", bramaba el portavoz de Interior socialista en el Congreso, Antonio Hernando el pasado 16 de diciembre.

Se trataba de su respuesta a la moción presentada por la única diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), la ex candidata a la Secretaría General del PSOE, Rosa Díez, que exigía la disolución de los ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV). Esta moción era, primero enmendada –se cambiaban los tres meses de plazo de la redacción original por un taxativo "de inmediato"-, y posteriormente respaldada con contundencia por los escaños del Partido Popular que, de ese modo, decidían acabar de golpe con la proclamada unidad de acción y apoyo al Gobierno en asuntos de la lucha antiterrorista. ETA se volvía a convertir en uno de los principales argumentos de oposición de la derecha.

Ante las acusaciones efectuadas por el portavoz popular, Federico Trillo, de que el Gobierno estaba aplicando "de una forma selectiva y calculada la Ley de partidos", los socialistas se defendían argumentando que la Ley de Régimen Local no permite las disoluciones de ayuntamientos en masa, sino sólo uno a uno, caso por caso, y con argumentos jurídicos que lo respalden.

ANV resultaba ilegalizada en septiembre de este año, y el Tribunal Supremo también dictaminaba la apertura del proceso que conduce a su liquidación patrimonial; pero las actas de sus cargos públicos son personales e intransferibles, por lo que sus concejales electos continúan ejerciendo el gobierno en 42 municipios del País Vasco y Navarra. La ofensiva contra ellos, viene desatada en este caso por la negativa de los ediles de ANV de Azpeitia de condenar el asesinato del empresario Ignacio Uría –en esta población perderán la alcaldía mediante una moción de censura conjunta de PNV y EA-.

En las pasadas elecciones municipales, las listas de ANV obtenían un total de 94.718 votos en el País Vasco y Navarra, según los datos oficiales del Ministerio del Interior. Con ellos han conseguido formar equipos de gestión en 42 localidades, en 24 de ellas, con mayoría absoluta, en 13 ejerce el gobierno en solitario, como lista más votada, pero sin mayoría absoluta, y en otros cinco municipios tiene acuerdos para gobernar con otras fuerzas políticas –como era el caso de Azpeitia (con Eusko Alkartasuna), hasta el asesinato de Uría-.

Por la normativa electoral, a cada partido le corresponde una cantidad directa por cada voto y por cada concejal alcanzado, independientemente de si logra obtener alcaldías o permanece en la oposición. De este modo, los partidos políticos ingresan 0,51 euros por cada sufragio y 253,78 euros por cada acta de edil.

En el caso de ANV, en total sus votos les supuso el ingreso, de modo directo, de 48.306,18 euros, y por el número de sus concejales, otros 110.901,86. En total alcanzaron la cifra de 159.208,04 euros.

Las quejas que ahora expresa la derecha por la hipotética "financiación" de ANV por parte del Estado no tiene que ver con esa asignación, sino con la parte proporcional de los 8.000 millones de euros que facilitará el Tesoro Público a los ayuntamientos españoles en 2009, como parte del plan de emergencia contra la crisis económica. Se calcula que los 42 municipios que gobiernan alcaldes que integraban las listas de ANV, podrían ser beneficiarios de casi 26 millones de euros, que han de estar destinados a obras y remodelaciones. La derecha ahora exige "máximo control".

Pese a la disputa del 16 de diciembre en el Congreso de los Diputados, el Ministerio de Justicia busca ya indicios para intentar disolver ayuntamientos gobernados por ANV; el Ejecutivo se está concentrando en los 24 en los que esta formación declarada ilegal por el Tribunal Supremo tiene mayoría absoluta y, por tanto, gobierna en solitario, ya que considera que disolver corporaciones locales gobernadas por mayorías formadas junto a partidos como Aralar o Eusko Alkartasuna, que son legales, supondría extralimitarse del mandato del Tribunal Supremo y la doctrina del Constitucional y afectar al pluralismo. En esos casos de coalición, el Ejecutivo promueve la fórmula de las mociones de censura para cambiar el color de la corporación. •