Las relaciones ZP-Montilla

Por Francesc Homs i Molist*

Hay muchas especulaciones sobre el desenlace final –que no provisional– de la financiación autonómica, y particularmente en relación a Catalunya. Se presenta –lo hizo la semana pasada el propio presidente Zapatero– como algo complejo técnicamente y arduo políticamente. Y en buena parte lo es. Pero hay también, de por medio, unas relaciones contradictorias y muy difíciles. Con intereses políticos y, sobre todo, personales muy dispares.

De entrada cabe recordar que la familia socialista –catalana y no catalana– hace tiempo que ha dejado en un cajón el contenido del Título Sexto del Estatut. Un buen ejemplo de ello es recordar lo que dice la propia norma estatutaria y compararlo con lo que anuncian que debe ser la financiación. Algunos ejemplos concretos lo demuestran:

–Artículo 210: "Corresponde a la Comisión Mixta acordar la contribución a la solidaridad y a los mecanismos de nivelación", y no, como se dice, al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

–Artículo 206.2: "El porcentaje de participación en los impuestos estatales se establece teniendo en cuenta los servicios y competencias de la Generalitat", y para ello en las disposiciones adicionales el Estatut prefija que corresponde al gobierno catalán el 50% del IVA y del IRPF, y el 58% de los impuestos especiales, entre otros.

–Artículo 206.3: "En los servicios de educación, sanidad y otros servicios sociales, los distintos gobiernos autonómicos tienen que asumir niveles similares al conjunto del Estado, siempre que se haga un esfuerzo fiscal también similar",vinculando así el gasto, a la recaudación de impuestos de cada territorio.

–Artículo 206.6: "Para determinar las necesidades de gasto se debe de tener en cuenta la población rectificada por los costes diferenciales y por variables demográficas, como es el caso de la inmigración. Además de la densidad de población, la dimensión de los núcleos urbanos y la población en situación de exclusión social", lejos del criterio que defiende el programa socialista de utilizar única y solamente la variable de la población.

Y así podríamos poner otros muchos ejemplos, que refuerzan la bilateralidad o la cuestión de la recaudación tributaria mediante un consorcio paritario o, incluso, el no menos importante tema de la capacidad normativa. Y por no recordar que todo esto, según fija la ley, debería de haberse acordado antes del pasado 9 de agosto.

Si el Estatut no se respeta y el programa electoral socialista es claro en materia de financiación, ¿cómoes que ZP y Montilla no han llegado a ningún tipo de acuerdo? Pues por lo que casi nunca se cuenta: unas relaciones en lo personal pésimas, que tienen la base en un lejano día en que Zapatero ganó la Secretaría General del PSOE para sorpresa de propios y extraños. Me contó una vez Pasqual Maragall el visible enfado de Montilla al saber la noticia de que su candidato, José Bono, había perdido por poquísimos votos el liderazgo del PSOE. Y que esta derrota era en buena medida responsabilidad del propio PSC, que tácticamente había dispuesto mal el voto de sus delegados más afines. Allí se plantó una semilla que luego lo explica todo. Primero, el feo de poner a Montilla en un ministerio de segunda, cuando el PSC siempre había dispuesto de al menos un par de ministerios y uno de ellos de máxima relevancia política. Luego dejaron solo a Montilla ante el PP por la acusación de un préstamo impagado. Encima, le obligaron a presentar 62 enmiendas contra el Estatut y a cargarse ni más ni menos que a Pasqual Maragall. Luego, la revancha de Montilla fue reeditar el tripartito, aunque había sacado un desastroso resultado electoral. Y ahora estamos otra vez en el turno de Zapatero.

Queda claro que todo esto está muy lejos de los intereses legítimos de Catalunya –que debería defender Montilla–, y también del cumplimiento estricto de la ley –que debería aplicar ZP–. •

*Diputado al Parlament de Catalunya por CIU.