Lenguas y Constitución, otra derivada del debate

Por Joan Tardà i Coma*

En el año 2004 el socialismo español inició la cruzada socialdemócrata con un compromiso de construcción de una España plural, en la cual la pluralidad lingüística tenía que ocupar un papel determinante. Cierto que el texto constitucional, a pesar de los esfuerzos denodados de querer mostrarlo como un corolario de modernidades, evidencia aspectos palmarios de ser producto del lastre de los peores momentos de nuestra historia. No hace falta recurrir al ejemplo de la apelación a las Fuerzas Armadas como garantía de la unidad territorial, porque es suficiente constatar su incapacidad para establecer la igualdad entre las distintas lenguas del Estado. El proceso constituyente alcanzó su cenit lingüístico con los deberes y derechos de la ciudadanía respecto a la lengua castellana, pero con tan sólo el mandato de respetar y proteger a las otras, tan milenarias como la castellana, a las cuales ni tan sólo se les nombra.

En la pasada legislatura se intentó, pero no pudo ser. El PSOE rechazó un proyecto de Ley de Lenguas elaborado por Esquerra. Fue la primera ocasión desde 1978 que el Congreso debatía un proyecto de ley de este carácter. El entonces portavoz socialista Alfredo Pérez Rubalcaba conocía su existencia y entraba dentro de lo previsible dar luz verde, digo, a su tramitación. Al final, el PSOE, preso del pánico escénico generado por la derecha, dijo no, aun cuando se contaba con el apoyo del conjunto de grupos parlamentarios. De haberse aprovechado aquella coyuntura, hoy, y aun cuando el resultado final hubiere distado bastante de lo propuesto inicialmente, el Estado español estaría situado entre los más avanzados de Europa desde el punto de vista lingüístico.

¿Acaso echar por la borda aquella posibilidad le ha proporcionado a la izquierda española mayores rentas? Todo parece indicar que al contrario. El Partido Popular ya ha anunciado la presentación a debate de un proyecto de Ley de Lenguas de acuerdo con la Constitución. Como el presentado por Esquerra, que no pretendía otra cosa que todo aquello que se debiera hacer en castellano no excluyera al catalán, el galego y el euskera.

La derecha ha diseñado la hoja de ruta sin esconder el ritmo temporal. En primer lugar, ir superando los complejos de la mala conciencia por las supremacías excesivas castellanistas del pasado reciente, para relativizar en voz alta y clara la minoración que padecen las lenguas por parte de la administración del Estado, tornándolo todo ello en escenarios en los que cuaje la idea que los castellanohablantes son perseguidosy la lengua cervantina menguada. Y, por otro lado, ofensiva legislativa concretada en la Ley de Lenguas, ya anunciada por el señor Rajoy, al pairo de una sentencia interpretativa del Tribunal Constitucional, que deberá poner las lenguas cooficiales en el sitio que les corresponde y marcar el inicio de la reconquista lingüística del castellano. Todo ello, no lo duden, en un marco de inestabilidad política para la izquierda en Catalunya y, por ende, en el conjunto del Estado, puesto que, si bien es posible que algún dirigente socialista conciba la posibilidad de amortiguar bajo el nuevo modelo de financiación los efectos de una sentencia que lamine lo pertinente a la bilateralidad en la relación económica y fiscal entre administraciones que contiene el Estatut, en cuanto a los recursos presentados relacionados con la lengua, todo queda reducido a un to be or not to be. Yel no ser, imposible de esconder. •

*Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso