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Nº 814 - 15/12/2008

Se confirma la connivencia del Gobierno de Aznar con los vuelos ilegales


COMPLICES DE GUANTÁNAMO


El informe "muy secreto" dado a conocer el pasado 30 de noviembre por El País informaba del consentimiento expreso del Gobierno presidido por José María Aznar para que aviones estadounidenses que transportaban "prisioneros talibanes y de Al Qaeda" hacia Guantánamo pudieran realizar escalas en territorio español. Todavía en fase de investigación posibles escalas de estos vuelos en 2004 y 2005, el actual
ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ofrecía una versión más bien exculpatoria de sus predecesores, al asegurar que "no hay constancia" de ningún aterrizaje en esas fechas, y que el acuerdo se enmarcaba dentro de una "decisión colectiva" de los aliados de la OTAN en su apoyo a la Operación Libertad Duradera, emprendida por Estados Unidos tras los atentados del 11-S.

Por Pedro Antonio Navarro

EI Gobierno de Aznar autorizó la escala en caso de emergencia en bases militares españolas de vuelos que que trasladan prisioneros talibanes y de Al Qaeda a Guantánamo. (...) ¿Tuvieron lugar esas escalas, para las que ya había preparados varios aviones de recambio en la base de Morón? No hubo escalas de vuelos con traslado de prisioneros de acuerdo con la información de la que disponemos hoy". Esta era la explicación ofrecida el pasado 11 de diciembre por el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que, a petición propia, comparecía ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados para dar su versión ante las informaciones aparecidas en la prensa y la publicación íntegra en el diario El País de un informe calificado como "muy secreto", elaborado el 11 de enero de 2002, por el que fuera director general de Política Exterior para América del Norte, Miguel Aguirre de Cárcer, en el que queda de manifiesto la autorización dada por el Gobierno de entonces, presidido por José María Aznar, a las escalas de vuelos de la CIA que trasladaban "prisioneros talibanes y de Al Qaeda" a la base norteamericana e Guantánamo, en Cuba.

El documento, titulado "Solicitud de Estados Unidos de escalas en caso de emergencia", llevaba el membrete del que era secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez ligarte. Entre otros muchos contenidos, el informe 3329/02, redactado tras una reunión mantenida con el consejero político-militar de la Embajada de Estados Unidos el día anterior (10 de enero), explica que EEUU "van a iniciar muy próximamente vuelos para trasladar prisioneros talibanes y de Al Qaeda desde Afganistán hasta la base de Guantánamo, en Cuba (...) en caso de que, por razones no previstas, fuera necesario realizar un aterrizaje de emergencia, el Gobierno de Estados Unidos quisiera disponer de autorización del Gobierno español para utilizar algún aeropuerto de nuestro país".

Sin embargo, esta petición más parece un aviso a la espera de acuse de recibo, ya que según el vigente Convenio de Defensa entre España y Estados Unidos está recogido en su artículo 25.7 que "en caso de emergencia en vuelo, las aeronaves norteamericanas operadas por o para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, están autorizadas a utilizar cualquier base, aeródromo o aeropuerto español", por lo que la solicitud norteamericana no resultaba necesaria en absoluto.

Desde 2002. Lo cierto es que esta reunión del 10 de enero de 2002 coincide con el primer vuelo de estas características efectuado por la CIA, con 23 prisioneros a bordo, desde Afganistán a la base de Guantánamo, realizando una escala. El control aéreo portugués tiene registrado el paso de esta aeronave por su espacio aéreo, entre las 10,00 y las 13,00 horas del 11 de enero de 2002, y el avión procedía de la base española de Morón (LEMO, en la denominación por siglas aeronáutica internacional). Extraña pues, la respuesta del ministro Moratinos ante el Congreso, asegurando que el Gobierno español "no tiene constancia" de ninguna escala en esas fechas.

Para que no queden dudas de las intenciones y de la connivencia del Ejecutivo presidido por José María Aznar, otro informe referido a estas escalas, elaborado por Manuel Calvo, entonces presidente de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, considera que "el aeropuerto más discreto es el de la base de Morón y alternativo, Rota". Esta discreción buscada era explicada por el propio Calvo: "Considero que debe tenerse en cuenta la posibilidad de que algunas de las personas transportadas tengan nacionalidad europea y sopesar las consecuencias legales".

La desaparición del informe de las dependencias oficiales resulta más que sospechosa. Su autor, Miguel Aguirre de Cárcer, ha declarado que se realizaron tres copias del mismo, una, para el secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ligarte; otra, que se guardó en la caja fuerte de su departamento, y la última, entregada en mano al secretario de Estado de asuntos Exteriores, Javier Jiménez Ugarte, para que se la hiciera llegar al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué.

No se sabe a cierta en qué momento desaparece el texto de las dependencias públicas. El sucesor de Aguirre, Gerardo Ángel Bugallo (llegó al cargo en diciembre de 2002), ha declarado desconocer este informe. También cabe recordar la denuncia pública efectuada por el equipo de gobierno entrante en 2004, de que se habían encontrado borrados todos los archivos informáticos de La Moncloa durante el proceso de traspaso de poderes.

En su comparecencia ante el Congreso del 11 de diciembre, Moratinos informaba a losdiputados de que ha ordenado abrir una investigación sobre los funcionarios del Gobierno anterior que pudieran estar implicados en la desaparición del informe —lo que, además, constituye un delito tipificado en nuestro Código Penal-.

Desde que el Parlamento Europeo destapara el escándalo en 2006, también se estaban investigando posibles escalas de vuelos de la CIA en territorio español que, supuestamente, se habrían producido en 2004 y 2005 —un aspecto sobre el que había decidido incidir el Partido Popular para no sentirse solo en esta incómoda situación-. Ahora todo el mundo se lava las manos. Josep Piqué, ministro de Exteriores en el momento de la confección del documento desaparecido, era increpado por los estudiantes de la Complutense, el pasado 3 de diciembre (le llamaron "asesino", "fascista", "torturador", y haciendo referencia a su cargo directivo en una compañía aérea de bajo coste, le colocaban enfrente una pancarta con el lema: "Con Vueling, billetes a Guantánamo") durante un acto en la Facultad de Ciencias Políticas. El ex ministro aseguraba no tener "ningún problema moral" con sus decisiones tomadas en el ejercicio del gobierno. Tampoco tenía muchos problemas en esparcir las sospechas: "El grueso de los vuelos a Guantánamo se produjo con otro Gobierno", aludiendo a los vuelos de 2004 y 2005.

Otro tanto sucede con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, entonces ministro del Interior: "Lo desconocía absolutamente; lo he conocido después. Yo era ministro del Interior, pero nunca he hablado con nadie de eso, ni tuve ninguna reunión".

En Izquierda Unida sospechan de la "complicidad" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con los vuelos de la CIA: "Aznar los autorizó y Zapatero los ocultó", aseguraba el 11 de diciembre el portavoz parlamentario de esta formación, Gaspar Llamazares, quien ha conseguido que ERC, BNG, PNV y Nafarroa Bai apoyen la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre los vuelos de la CIA entre 2002 y 2008, lo que abarca tanto a los ejecutivos de Aznar como a los de Zapatero. Rápidamente se ha desmentido cualquier vinculación desde las filas del PSOE. La vicepresidenta primera del Gobierno,María Teresa Fernández de la Vega, aseguraba el 5 de diciembre que "ni ha habido ni habrá violación de los Derechos Humanos ni por tierra, ni por mar, ni por aire", y la ministra de Defensa, Carme Chacón, el mismo 11 de este mes, declaraba en sede parlamentaria que "Zapatero no ha autorizado ni autorizaría nunca cometer irregularidades sobre el cielo o el suelo de España".

Por lo pronto, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, ha llamado a declarar a Miguel Aguirre de Cárcer, y ha solicitado al Gobierno la entrega de la documentación sobre los vuelos de la CIA a Cuba, no sólo del periodo del informe desaparecido, sino también de los que hicieron escala en Ibiza en febrero de 2005.

Del mismo modo, 184 eurodiputados han realizado una pregunta a la Comisión europea sobre las posibles responsabilidades de su presidente, José Manuel Durao Barroso, primer ministro de Portugal cuando los aviones de la CIA utilizaron suelo portugués para sus escalas hacia Guantánamo. •


Chacón quiere más tropas en el exterior

"A partir de 2009, el número de soldados españoles que participará en misiones internacionales estará limitado solamente por la legalidad de la misión, la voluntad del pueblo español y la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas". La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha decidido romper con el límite de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior, establecido en 2005, y con esta frase lo hacía saber en su comparecencia ante el Congreso el pasado 11 de diciembre. Chacón anunciaba que propondrá esta medida en el próximo Consejo de Ministros, asegurando que nuestro país tiene capacidad para
mantener hasta 7.700 efectivos en el extranjero —más del doble del límite actual-
En el trasfondo de esta polémica propuesta se encuentra el compromiso español de integrar las fuerzas de la Unión europea que se desplazarán a aguas de Somalia para hacer frente a los crecientes actos de piratería que tienen lugar en esas lejanas latitudes. Según la ministra, a partir de 2009, el número de soldados españoles que participará en misiones internacionales "estará limitado solamente por la legalidad de la misión, por la voluntad de los españoles y por la capacidad de las Fuerzas Armadas". Las formaciones a la izquierda del PSOE ya han expresado su rechazo a esta medida. Justo lo contrario de lo expresado por el grupo mayoritario de la oposición, el Partido Popular, que se ha congratulado de la "rectificación" del Gobierno en esta materia.


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