Se ha mantenido la letra y el espíritu del Concordato con el intercambio de cartas entre el Gobierno y el Vaticano, o con el nombramiento de embajadores, no sabemos si nuncios o agentes dobles". Con esta ironía replicaba Gaspar Llamazares, portavoz circunstancial del Grupo Parlamentario de IUICV-Esquerra Republicana, en el turno de explicaciones, el pasado 27 de mayo, tras constatar la derrota de su Proposición No de Ley (PNL) que planteaba la retirada de los símbolos religiosos en todos los actos y ceremonias institucionales dependientes de las administraciones públicas.

El resultado de la votación en el Congreso no dejaba mucho lugar a las dudas. Nueve votos a favor –los suyos más los del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Nafarroa Bai; seis abstenciones (PNV), y 309 votos encontra –todos los demás-. En este "todos los demás" destacaba la circunstancial alianza entre el gobernante PSOE y el principal partido de la oposición, el derechista PP.

En el turno de explicaciones de los socialistas, el secretario general de este grupo en el Parlamento, Ramón Jáuregui, argumentaba que aunque, en ciertos momentos "el crucifijo está de más, no haremos una ley para prohibirlo". La estrategia también quedaba reseñada, se trata de "normalizar la aconfesionalidad, pero sin producir tensiones; no hacen falta leyes prohibitivas, sino prácticas aconfesionales progresivas". La respuesta llegaba rápido desde los escaños que habían impulsado la PNL: "No pretendemos prohibir, pero no queremos que se imponga; queremos que se cumpla la Constitución en las tomas de posesión, sin presencia de símbolos religiosos".

Han pasado siete meses, pero las cosas no han variado mucho. Cuando a mediados de noviembre se producía la sentencia del Juzgado de lo contencioso Administrativo número 2 de Valladolid, por la que se ordenaba la retirada de los crucifijos de las aulas y los lugares comunes del colegio público Macías Picavea de la capital pucelana —junto a otras muchas más sentencias- (ver más adelante "La batalla de los símbolos"), la reacción del Gobierno, en este caso, por parte de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, era tan tibia como hasta la fecha. La titular de esta Cartera aseguraba que la autonomía de los colegios debía "ser respetada a la hora de tomar decisiones en esta cuestión o en cualquier otra". Tal vez la ministra ignoraba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya en 2002 había establecido que los consejos escolares carecían de competencias para decidir sobre la presencia o ausencia de símbolos religiosos, y que mandataba la retirada de los crucifijos de un colegio público madrileño, ateniéndose a la ley y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en base a la reclamación en este sentido del padre de un alumno.

Tampoco parece que la ministra se coordinase con sus compañeros de partido en Castilla y León, a cuyo grupo parlamentario en este parlamento autonómico le faltaba tiempo para exigir a la junta de Castilla y León que, de oficio, extendiera la aplicación de la sentencia a todos los centros educativos públicos de esa comunidad autónoma. Su portavoz, Ana Redondo, argumentaba el pasado 23 de noviembre que "es la única forma de que se tutelen los derechos de las familias que, por el motivo que sea, no profesan la religión católica". Seguramente, Mercedes Cabrera no habló con su compañero en el Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, antes de que éste instase a la Junta de Castilla y León a que "no pretenda lavarse las manos y proceda a su cumplimiento". Tal vez tampoco se coordinó con el vicesecretario general de su partido, José Blanco, que recordaba a quien quisiera escucharlo que "estamos en un Estado aconfesional. En los colegios públicos no debe haber crucifijos porque hay que respetar las creencias de todo el mundo".

Las diferencias de criterio en el seno del PSOE sobre este espinoso asunto ya no pueden ocultarse. Oscilan entre la prudencia de Cabrera y Jáuregui, y posiciones más claras, como las ya expuestas de Blanco, Bermejo o los socialistas de Castilla y León o las del secretario federal de Política Municipal y Libertades Públicas, Álvaro Cuesta, que señalaba en junio que los católicos "son muchos y mucho más fraternales que los sectores ultras de la Conferencia Espiscopal". Claro que tampoco faltan posiciones mucho más comprensivas con la jerarquía católica en el PSOE, como la del presidente del Congreso, José Bono, que si no llega a ser frenado por su propio partido, hubiera impulsado un reconocimiento institucional a una santa perseguida por la II República.

El debate está en la sociedad y en sus agentes. El secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT, Carlos López Cortiña, parece tenrlo claro: "No hay debate que valga. La aconfesionalidad es un hecho y la Administración debe aplicarla".
¿Y qué opina Zapatero? •

LA BATALLA DE LOS SÍMBOLOS

L a sentencia emitida por el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid, Alejandro Valentín Sastre, el pasado 14 de noviembre, que ordenaba la retirada de los crucifijos de las aulas y los espacios comunes del colegio público Macías Picavea, como consecuencia de la denuncia efectuada por el padre de una alumna en 2005, y que establece que la presencia de esos símbolos en la escuela pública es incompatible con los artículos 14 (que impide la discriminación por cuestión de raza, sexo, religión e ideología) y el 16.1 (que garantiza la libertad ideológica y de culto) de la Constitución, no es el primer hito en la batalla por la laicidad y la desaparición de los símbolos religiosos de las dependencia estatales.

Otros muchos casos precedentes ya se han dado en esta larga batalla entre los defensores de la laicidad y quienes pretenden imponer sus usos y costumbres religiosos a una sociedad plural, y no todos se han sustanciado en la vía judicial. El 26 de mayo de 2006, la Junta de Andalucía demostró que la vía administrativa puede ser la adecuada y que las administraciones públicas tienen competencias decisivas en la materia. En esa fecha emitía una orden de retirada de los crucifijos de las aulas y los espacios comunes del colegio San Juan de la Cruz de Baeza (Jaén), ejecutando una orden dada por la Delegación Provincial de Educación que, a su vez, daba cuenta de las quejas del padre de un alumno del centro, Don José Chamizo, vehiculadas a través de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. En la orden se establece que los crucifijos sólo podrán ser exhibidos durante la clase de religión, y en un aula específica para este propósito. Igualmente prohíbe cualquier tipo de actividad extraescolar relacionada con la religión.

Pese a lo sostenido por la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, con respecto a la libertad de cada consejo escolar para tomar la determinación de la presencia o no de crucifijos y otros símbolos en las aulas, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2002 establecía lo contrario, es decir, que los consejos escolares no tienen competencias para decidir sobre la presencia de simbología religiosa, por lo que se determinaba la retirada de los crucifijos, tal y como había solicitado un grupo de padres. Más allá, es el propio Tribunal Constitucional el que en su jurisprudencia establece que "el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso", algo que va más allá de los crucifijos en las aulas, y también comprende todo acto público del Estado, como funerales, actos de toma de posesión y presencia de simbología en los edificios de titularidad pública.

Pero hay más precedentes. Un magistrado se Albacete presentaba hace poco un recurso ante el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha (TSCL) para que se eliminasen los crucifijos de su juzgado, ante la ausencia de respuesta de la primera demanda realizada a su superior, Vicente Rouco Rodríguez, que es sobrino del presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela. El TSCL remitía la demanda al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que aún no ha dado respuesta, aunque los crucifijos en cuestión ya han sido retirados. A raíz de este caso, La asociación Jueces para la Democracia se dirigía también al CGPJ para que se procediera de igual modo en todos los juzgados del país, aunque la contestación, hasta ahora, del máximo órgano de gobierno de los jueces ha sido la misma: el silencio.

Otros precedentes -aunque hay muchos más- se han dado en la Universidad de Valencia, donde un grupo de alumnos y profesores han conseguido que desaparezca la Virgen del escudo de la Universidad, después de que una sentencia del Tribunal supremo les diera la razón. También se ha retirado otra figura de la virgen del colegio público Enrique Segura, de Badajoz. Igualmente, un grupo de guardias civiles ha solicitado la retirada de otra figura mariana del cuartel de Almodóvar del Río (Córdoba).

Los casos son incontables, aunque ninguna instancia está ofreciendo una solución global y se está acabando por judicial izar, caso a caso, un asunto cuya competencia parece en manos de la Administración. Como comenta el juez Antonio García, perteneciente a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura: "Basta con que a alguien le incomode (el crucifijo) para retirarlo. Cada uno de nosotros podrá tener sus creencias religiosas, pero son privadas. Como jueces aplicamos la ley. Y las leyes españolas son claras. Estamos en un Estado aconfesional, con todo lo que eso implica".

En algunas importantes instituciones de nuestro país ya han encontrado fórmulas con las que superar los problemas de protocolo en las tomas de posesión. Los funcionarios y cargos públicos han de jurar o prometer al acceder a su nueva dignidad. Para muchos, con esto se obliga de algún modo a que los interesados hagan pública su fe religiosa o la ausencia de la misma, ya que, por deducción, el juramento lo realizan los creyentes, y la promesa los que no lo son. Este conflicto ha quedado perfectamente resuelto, con una orientación laica en la Universidad Complutense de Madrid. Su Consejo de Gobierno decidía introducir en su Reglamento de Ceremonias y Honores un procedimiento de asunción de los cargos denominado "Fórmula de compromiso", tanto para la toma de posesión de profesores, doctores o cargos académicos, que en todos los casos sustituye al "juro" o "prometo" por "me comprometo" a cumplir... No parece muy difícil.

ATEOS... GRACIAS A DIOS

No son los únicos. Los movimientos y asociaciones –no ya estrictamente ateos, sino de "resistencia" frente a la ofensiva integrista de los Rouco boys- que reivindican el laicismo desde la sociedad civil se van multiplicando dentro de nuestras fronteras. Desde España se está impulsando el movimiento Red de Europa Laica, que recientemente ha visto engrosar sus filas con las federaciones de Álava, Granada, Toledo, Valencia y Zaragoza. Entre ellos también se encuentra la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid, impulsores -a través de su portavoz, y padre de una alumna del colegio Macías Picavea, Fernando Pastor- de la demanda que ha dado lugar a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid, por laque se deben retirar los crucifijos de este centro escolar.
En realidad, este movimiento que ahora está cobrando auge se corresponde con una evolución sociológica imparable dentro de nuestras fronteras, de lo que un día fue considerado por el Vaticano como "la última reserva espiritual de Occidente". En este sentido, los datos son demoledores. Si hace diez años el porcentaje de españoles que se consideraban católicos era casi el 84 por ciento, hoy en día ha descendido hasta el 78, siempre según datos del Centro de Investigaciones sociológicas (CIS). Pero es un guarismo estético, casi cosmético. A tenor de las estadísticas ofrecidas por el mismo centro, casi la mitad (el 47 por ciento) de los jóvenes entre 15 y 26 años se definen como ateos, agnósticos o indiferentes en materia religiosa, cuando en 1994 sólo eran el 22 por ciento. En estos momentos, pese a que buena parte de los niños son bautizados y más de un 70 por ciento de los matrimonios se celebran por el rito católico –la estadística no recoge las parejas de hecho, los arrejuntados-, sólo un diez por ciento de los españoles encuestados se confiesan católicos practicantes.

Paradójicamente, la causa de este descenso –incluido el de vocaciones religiosas- se debe, según todos los estudios, a las posiciones alejadas de la realidad actual sostenidas por la jerarquía eclesiástica en materias tan sensibles y cotidianas como la libertad sexual, el matrimonio homosexual, el aborto, el divorcio y las prácticas sociales más habituales.

LEJOS DE LA SEGUNDA REPÚBLICA

Aunque nos encontramos a finales de 2008, al comienzo de la segunda legislatura de Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y después de haber atravesado por otros 14 años con Ejecutivos presididos por otro socialista, Felipe González, la laicidad se encuentra en España menos desarrollada de lo que lo estuvo en 1931, con la llegada del primer Gobierno de la II República.

En la actualidad se mantiene vigente el Concordato suscrito entre nuestro Estado y el Vaticano, las Arcas Públicas financian generosamente a la Iglesia Católica con el dinero de los contribuyentes; los símbolos religiosos continúan presentes en los actos de toma de posesión de cargos públicos y funcionarios, así como en centros públicos, colegios, hospitales y cuarteles. Los capellanes castrenses continúan en activo y los sacerdotes católicos integran los comités de ética de los centros sanitarios; los funerales de Estado se siguen produciendo bajo el rito católico, nuestros militares participan activamente –yen condición de tales-en las procesiones de Semana Santa, y la prometida Ley de Libertad Religiosa duerme el sueño de los justos (esperando el pronunciamiento del Consejo de Estado). Y mientras sigue vigente la de 1980, elaborada por un Gabinete de Unión de Centro Democrático (UCD).

Sin embargo, España gozó de posiciones mucho más avanzadas en materia de independencia estatal con respecto a la Iglesia católicahace la friolera de 77 años. El Gobierno Provisional de la II República, presidido por el católico Niceto Alcalá Zamora, un día después de constituirse, el 15 de abril de 1931, formulaba un "programa mínimo" sobre materia religiosa en el que se adoptaban varias medidas. En primer lugar, la desvinculación del Estado español del Concordato con la Santa Sede de 1851, y en su Artículo 3 establecía el respeto "de manera plena a la conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos, sin que el Estado, en momento alguno, pueda pedir al ciudadano revelación de sus creencias religiosas". El Estado se declaraba secular y se desvinculaba de la situación de Derecho que lo unía a la confesión católica. El 5 de mayo de ese mismo año, el Ejecutivo republicano emitía un decreto por el que los prelados católicos dejaban de pertenecer al Consejo de Instrucción Pública.

En una reacción que recuerda vivamente la actitud de la Conferencia Episcopal en nuestros días, el Cardenal Primado de Toledo, Pedro Segura, hacía pública una pastoral el 7 de mayo advirtiendo a los católicos contra la laicidad, animándolos a "actuar" contra el Gobierno que trataba de "destruir" la religión, al tiempo que elogiaba a la monarquía y al reciente rey depuesto, Alfonso XIII. El Gabinete de Alcalá Zamora elevaba una queja formal ante el Nuncio del Papa.

Prosiguiendo con la actividad legislativa, un nuevo decreto, emitido el 8 de mayo, se sustituía la fórmula de juramento por la de promesa en los actos de toma de posesión y se suprimían las exenciones tributarias de la Iglesia. El 9 de mayo se modificaba la enseñanza religiosa en la escuela, dejando de ser obligatoria y pasando a ser voluntaria. Los padres deberían decidir si deseaban que fuera impartida a sus hijos; además, si los maestros decidían no impartirla, se abría la opción para que lo hicieran sacerdotes, eso sí, de modo gratuito. Otro decreto del Ministerio de Justicia, de 22 de mayo, liberaba a los funcionarios y cargos públicos de la obligatoriedad de participación en ceremonias religiosas en virtud de su cargo. El 9 de junio se secularizaban los cementerios. El 30 de junio se disolvían los cuerpos eclesiásticos del Ejército, y diez días después sucedía lo mismo con los de la Armada.

Otras disposiciones suprimían los honores militares en las procesiones y establecían la retirada de los crucifijos y otros símbolos religiosos en todas las escuelas en las que algún alumno –o sus padres, en este caso- hubiera declarado su intención de no recibir enseñanza de la fe católica.

Después, la Guerra Civil y una de las más largas dictaduras de la Historia se encargaban de poner fin a todos estos avances en materia de laicidad. Algunas de aquellas consecuencias, como podemos comprobar cotidianamente, aún perviven en nuestros días.

No confundan crucifijos con Jesús de Nazaret, por Enric Sopena