por Miguel Ángel Aguilar

Para el 11 de diciembre estaba convocada una huelga con acompañamiento de manifestación a celebrar en Madrid. Se trataba de los empleados de los Registros y las Notarías, dispuestos a protestar contra una de las medidas acordadas por el Consejo de Ministros extraordinario, celebrado el 14 de agosto pasado, dentro de las reformas estructurales y de impulso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas. La propuesta incluía la rebaja del arancel de notarios y registradores hasta un 20 por ciento en algunos casos. Los protestantes que ahora desertan dirigían sus hostilidades contra el Gobierno, siendo así que perciben los emolumentos de notarios y registradores sin intervención de los poderes públicos. Estaban ya contratados los autobuses para trasladar, gratis total, a estos empleados a Madrid, en vista de lo cual el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, acaba de anunciar la suspensión de esa propuesta de rebaja para "no perjudicar a los miles de puestos de trabajo dependientes de las notarías y registros".

Otro día nos ocuparemos de los notarios pero ahora vamos a centrarnos en el caso más agudo de los registradores, dueños y señores de su demarcación territorial, es decir, con una clientela cautiva. Un enano infiltrado, en funciones de garganta profunda, facilita detalles que permiten proceder conforme a la técnica del caso, tan querida por las escuelas de negocios. Presenta los datos básicos de un registro medio correspondientes al pasado mes de agosto, que pueden resumirse groso modo así:

euros, cifra a la que distan mucho de llegar los catedráticos de universidad o los jueces que pueden disponer de nuestro ingreso en prisión.

Nos encontramos ante una situación insólita porque todo sucede como si una función pública, la del registro, hubiera sido dada en franquicia a los componentes del Colegio Nacional de Registradores para su particular uso y disfrute. Los ciudadanos, las sociedades y las Administraciones Locales, Autonómicas y Estatal se encuentran obligados a pasar por el Registro de la demarcación territorial en que se encuentren, lo mismo que la Seguridad Social y demás agencias del Estado para inscribir sus bienes, sus embargos, las cuentas anuales o los cambios de sus órganos directivos. Se nos dirá que los gastos de oficina y de personal de los registros no gravan sobre los Presupuestos Generales del Estado pero si así fuera y a los registradores se les asignara la retribución del más Alto Cuerpo del Estado, pongamos que 7.000 euros, para los empleados se destinaran 40.000 y los gastos de oficina fueran 20.000 la suma de gastos alcanzaría 67.000 euros y hasta los 130.000 ingresados habría una diferencia de 63.000 que iría a las arcas del Estado. Una cifra que multiplicada por doce meses y por 1.100 registros que hay en España supondría un monto total de 831.600.000 euros, que serían muy de agradecer. •