Qué trama el presidente? Es la pregunta que corre estos días entre los escaños socialistas y los despachos de no pocos ministerios. Porque los socialistas quieren pensar que existe un poderoso porqué al cambio de posición de su gobierno, antaño entusiasta de los “campeones nacionales” en los sectores estratégicos de la economía nacional y hoy respetuoso observador de un peligroso asalto a la principal petrolera española.

Si bien Zapatero ha ido matizando su posición, los diputados socialistas han tenido que asistir, atónitos, a un variado cruce de opiniones dentro de sus propias filas desde que se dio a conocer el intento de compra por parte de la empresa rusa Lukoil del 20 por ciento de Repsol en manos de la constructora Sacyr.

“No estoy de acuerdo con esa operación, me parece mal, es un error y, en lo posible, habría que evitarlo”. Fue Felipe González quien más claro expresó su oposición después de que el presidente se hubiese mostrado partidario de la no intervención del Gobierno apelando al hecho de que Lukoil, al contrario que Gazprom, la energética pública rusa que hacía apenas unas semanas también había mostrado su interés por Repsol, es una compañía de capital privado.

La respuesta de Zapatero fue críptica: “El ex presidente dice cosas, pero ya le explicaré yo alguna cosa más, ya que parece que la información siempre es bueno tenerla a fondo”, aseguró dando a entender que González no tenía los datos suficientes como para opinar. Y sentenció: “Descarto absolutamente que vaya a haber algún tipo de intervención pública”.

Las palabras de González no habrían ido mucho más allá si otros socialistas, miembros, incluso, del Gobierno que preside Zapatero, no hubieran dado muestras, también, de no estar suficientemente informados.

Mientras el vicepresidente económico, Pedro Solbes, apenas abría la boca en un asunto que debería encontrarse en el epicentro de sus preocupaciones, el titular de Industria, Miguel Sebastián, tenido por uno de los más cercanos al presidente, salía en los primeros momentos a la palestra para señalar que “queremos que Repsol sea española” y que haría “todo lo posible” por evitar la entrada de Lukoil. Otro miembro del Consejo, también ubicado en el núcleo duro gubernamental, Alfredo Pérez Rubalcaba, se atrevía a citar, a preguntas sobre sus preferencias  en cuanto a posibles compradores del paquete de Sacyr en la petrolera, a la francesa Total, “aunque habría que verlo”, matizaba prudentemente.

El titular de Interior no ha vuelto a decir nada al respecto y el de Industria ha tenido que ir reconvirtiendo sus mensajes para acompasarlos a los de su presidente.

El asunto no es de segunda división ya que se trata de la posible entrada en el capital de la primera empresa energética del país de un accionista de fuera de la Unión Europea. La puerta se la ha abierto Luis del Rivero, presidente de la constructora Sacyr e imperiosamente necesitado de vender el 20 por ciento de la petrolera que compró en 2006, durante los gloriosos momentos del ladrillo, para hacer frente a una deuda que supera los 18.000 millones de euros. Dejar caer  a la constructora, segunda del país y que emplea a 20.000 trabajadores , o permitir que venda a quien la pueda salvar entregando la llave de Repsol a una compañía cuyas implicaciones con el gobierno ruso son innegables. El dilema para cualquier gobierno sería de alta tensión, pero lo que ha sumido en la confusión a los socialistas es ver a su presidente “dejando correr”, al menos aparentemente, los acontecimientos y haciendo profesión de fe liberal.

En la petrolera, controlada por la Caixa –segundo accionista de referencia tras la citada Sacyr y los mexicanos de Pemex–, tampoco entienden muy bien a qué responde la actitud del Gobierno, según fuentes bien informadas de la misma. La posición de su cúpula directiva es la de marcar territorio por si la operación de venta a Lukoil sale finalmente adelante –al cierre de esta edición continuaban arduas negociaciones entre los bancos acreedores de Sacyr y los rusos–.

Antonio Brufau, su presidente, dejaba claro a finales de la pasada semana que “no hay cambio de control cuando alguien se queda por debajo del listón del 30 por ciento” y retaba a quien quiera dirigir el timón de la compañía a que “cruce la línea mágica” y presente una OPA por el cien por cien de las acciones.

El máximo directivo de Repsol dejaba claro que el 30 por ciento que podría adquirir la compañía rusa vale tanto como el 9,9 que tiene la Caixa y que, según sus estatutos, recibe la misma representatividad en el consejo de administración, que impone el tope del 10 por ciento del capital para el reparto de sus sillones.

Mientras, el goteo de disconformes con la pasividad gubernamental continuaba dentro de la familia socialista. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, habitualmente en sintonía con el Ejecutivo, clamaba por que se impidiera, de cualquier forma, la llegada de los rusos a uno de los principales activos industriales del país. El líder sindical, además, no se quedó en meras declaraciones. El comité confederal del sindicato, reunido la semana pasada, aprobaba una resolución de urgencia en la que, ya de forma oficial, instaba a la “intervención pública” para “apuntalar la actividad empresarial de compañías como Sacyr y Repsol”, como “objetivo  estratégico” del Gobierno “para reducir los impactos de la crisis en la economía nacional”.

En los escaños del PSOE la inquietud no era menor. Algún diputado daba a conocer su disgusto públicamente e, incluso, el también miembro de la Ejecutiva Federal, Alvaro Cuesta, se mostraba disconforme con la línea oficial de “no intervención” proclamada por el presidente.

“Sea una compañía rusa o de otro lugar, debería haber en todo caso una garantía de presencia del Estado”, aseguraba tras la sesión de control al Gobierno que Rajoy dedicó en exclusiva a atacar al Gobierno por el “caso Repsol”.

Otros compañeros de grupo  se habían manifestado en la misma línea. Entre ellos, el ex secretario general de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, el histórico dirigente de Izquierda Socialista, hoy vinculado a UGT, Manuel de la Rocha, o uno de los actuales portavoces de la corriente interna del PSOE, el diputado por Granada José Antonio Pérez Tapias.

Fuera de los micrófonos, dentro de la reunión semanal del grupo parlamentario, su presidente y portavoz, José Antonio Alonso, hubo de aplicarse para calmar los ánimos de sus compañeros apelando, básicamente, a la confianza que merece toda actuación del presidente y su gobierno.

De acuerdo con las informaciones que han trascendido de la reunión, Alonso no ofreció información adicional a los parlamentarios pero les pidió apoyo sin fisuras y unidad. Algunos diputados recuerdan que no es la primera vez, en esta legislatura, que se dan circunstancias parecidas. Ya con el denominado “caso Taguas”, el fichaje por la patronal de los constructores de quien había sido jefe de la Oficina Económica de Moncloa, o con el nombramiento para la presidencia del Tribunal Supremo del magistrado conservador Carlos Dívar, las decisiones tomadas por Moncloa habían tenido que ser digeridas y aceptadas sin debate y con evidente disgusto en los escaños del grupo. En este caso, además,  se trata de una actuación que conlleva una importante carga de profundidad ideológica en un momento crítico para la economía, justo cuando los socialistas se sienten orgullosos por el desmoronamiento de los mensajes neoliberales. Y ahora, precisamente, es cuando escuchan a su presidente apelar, más que nunca, a la libertad de mercado.

“El gobierno lo hará bien”. Les ha vuelto a repetir en ese lenguaje que también ha utilizado al embarcarse en otras empresas que han suscitado dudas en su entorno, como la bien reciente de conseguir una silla en la Cumbre del G-20, felizmente resuelta.

Las informaciones del diario Público, informativa y editorialmente cercano a Moncloa, sobre las “seis” llamadas del Rey Juan Carlos a Zapatero para apoyar la entrada de Lukoil en Repsol podrían encontrarse tras  esta nueva petición de fe a su partido. Zarzuela había hecho, un día antes de la publicación de estas informaciones, un genérico desmentido de algunas citas sobre el interés del monarca en la operación debido a su amistad con el mandatario ruso  Vladimir Putin, con quien ha compartido numerosas jornadas de caza en su país, pero, al menos al cierre de esta edición, no había hecho comentario expreso alguno respecto de las seis llamadas citadas por Público.

A falta de un mayor conocimiento de las conversaciones entre el monarca y el presidente, otras opiniones del entorno gubernamental apuntan a una desconocida estrategia que podría ocultarse tras el señuelo de la operación Lukoil. En esa línea señalan la referencia a la multinacional francesa Total realizada por Rubalcaba, el ministro menos ingenuo de todo el Gobierno, y que encajaría perfectamente con el “agradecimiento” de Moncloa al Elíseo por abrirle la puerta a la ya citada Cumbre de Washington (Ver nº de la semana pasada de El Siglo: “Mon petit ami. Las claves del noviazgo Sarkozy-ZP”).

Total es accionista mayoritario de la competidora española de Repsol, Cepsa, pero su interés por la petrolera controlada por la Caixa es antiguo y, según fuentes bien informadas, no sería extraño que optara por vender su participación en Cepsa si se la ofrece entrar en Repsol.

A la espera del desenlace de las negociaciones, en el PSOE atesoran la proverbial confirmación de los vaticinios de su presidente como calmante a sus inquietudes. “Dijo que iba a ganar el congreso, y lo ganó, que iba a ganar las elecciones cuando no se lo creía nadie, y ganó”, recuerda el veterano diputado Txiqui Benegas en el libro “Las mil caras de Felipe González” de José García Abad. “Con ese balance es muy difícil que cuando propone algo no le creamos”, sentenciaba en la obra, publicada en 2006. Han pasado dos años y ha entrado en un segundo mandato. ¿Aún le queda crédito?

‘Acción de oro’, ‘función 14’ y libertad de mercado

“Ustedes son los que han dejado al gobierno sin margen de actuación”, es la acusación del PSOE al PP, promotor durante los gobiernos de Aznar de la privatización completa de Repsol. Las privatizaciones de las grandes compañías públicas las inició el PSOE durante los gobiernos de Felipe González y Repsol, en concreto, inició su venta en 1989, pero fue Aznar quien la culminó en 1997 vendiendo el último 10 por ciento de sus acciones en manos del Estado y colocando en la presidencia a su amigo Alfonso Cortina.

El gobierno socialista, no obstante, había aprobado una ley en 1995 regulando la llamada “acción de oro” que reservaba al Estado el derecho de veto sobre operaciones que afectasen a más del 10 por ciento del capital de las compañías privatizadas durante los 10 años siguientes a su venta. En todos los casos esa prerrogativa ya ha caducado pero incluso antes los tribunales europeos habían declarado la norma incompatible con el derecho comunitario y habían instado al gobierno a no utilizarla y a derogarla.

Hoy sólo queda en manos del gobierno la denominada “función 14” de la Comisión Nacional de la Energía, que señala como competencia de la misma “autorizar” participaciones  en sociedades cuya actividad es regulada, como ocurre con las energéticas. Esta función ya fue utilizada por el gobierno durante la batalla por Endesa pero nuevamente  la UE sentenció parcialmente contra ella al ser todos los protagonistas miembros de la Unión. El caso de Lukoil sería distinto al tratarse de una compañía rusa.

los demás sí ntervíenen

Por M. C.

J usto en el momento en que los Estados parecen recobrar el papel moderador de la economía que empezaron a perder hace 30 años, José Luis Rodríguez Zapatero, un presidente del Gobierno socialista, se mantiene el más firme defensor del libre mercado. Es verdad que prácticamente todas las intervenciones de envergadura de capital público en empresas privadas se han producido en el sector de la banca, y que el sector financiero español está apareciendo como uno de los más sólidos del mundo. Pero no es menos cierto que la escasez de liquidez convierte a las empresas de las principales economías en presa fácil de los fondos soberanos y de las compañías de los países emergentes. Parece claro, por tanto, que una intervención pública a tiempo puede ser necesaria para proteger sectores estratégicos como el de la energía, sin ir más lejos, o el de la banca, incluso.

Aunque la normativa bancaria nacional haya permitido a estas entidades esquivar la crisis mundial, en un escenario internacional tan precario como el actual, el sector va a tener que soportar durante muchos meses una recesión y una crisis inmobiliaria sin comparación en ningún país del mundo. Hasta que no se sepa cuándo las tasas de morosidad van a tocar techo, el sector bancario español no puede cantar victoria.

De momento, Nicolas Sarkozy ha sido el gobernante que más claramente ha dibujado un cordón sanitario en torno a las compañías francesas que desempeñan un papel estratégico. Además de las intervenciones en el sector financiero, en el que ha inyectado 10.500 millones, un dinero del que se han beneficiado los seis principales bancos del país, Sarkozy ha creado un fondo de inversión para apoyar a las empresas francesas y lo ha dotado con 20.000 millones de euros. El principal objetivo del fondo es garantizar el capital de las empresas estratégicas. "No tengo la intención de dejar que se compre a la industria francesa", ha afirmado el presidente francés.

Londres, accionista mayoritario. Aunque desde luego, si ha habido alguien que ha jugado un papel esencial en el modo en el que los gobiernos han tomado medidas para atajar la crisis ese ha sido el primer ministro británico, Gordon Brown. El que fuera ministro de Economía de Tony Blair es quizá el único líder mundial con conocimientos relevantes de cómo funciona el sistema, lo que le ha dado la oportunidad de pasar de cadáver político a referente internacional. Brown dio el pistoletazo de salida a las intervenciones públicas hace varias semanas poniendo punto y final a las políticas económicas que se han venido desarrollando desde la crisis del petróleo de los años 70. En este momento, el Gobierno británico es dueño de Royal Bank of Scotland, con un 60 por ciento de las participaciones, y poseerá el 43 por ciento de la sociedad resultante de la unión de HBOS y Lloyds, en proceso de fusión. Todo esto, impensable hasta hace nada en la liberalísima Gran Bretaña fue posible al audaz plan que Brown puso en marcha para rescatar a la banca, dotándole de 62.000 millones de euros y estableciendo algunas condiciones a los bancos a cambio de recibir capital público. El Estado adquiere acciones preferentes con el dinero que inyecta y los bancos deben reducir las indemnizaciones y el sistema de bonus con el que premian a sus empleados.

El impacto positivo de la iniciativa de Brown ha sido tal que ha llevado al secretario del Tesoro estadounidense a modificar su propio plan de rescate, lanzado con anterioridad, y ha servido de modelo a todas las iniciativas que han venido después, hasta las más recientes como la intervención de ING por el Estado holandés o la de Citigroup por Washington. ¿Seguirá Zapatero al margen de la tendencia internacional si la situación empeora? •

El año 2008 no es 1996, por Enric Sopena