El Gobierno aprueba el Código Penal más férreo de la democracia

LOS 'PROGRES' SE PONEN DUROS

El pasado 14 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobaba una reforma en profundidad del Código Penal, pactada de principio a fin con el Partido Popular. La nueva norma supone un endurecimiento muy significativo con respecto a la anterior—de 1995—, y contempla la creación de nuevos tipos delictivos, el alargamiento de las penas para agresores sexuales y terroristas, la extensión de los plazos de prescripción de delitos y la nueva figura de la libertad vigilada. Diversos colectivos y juristas progresistas han criticado que este nuevo Código ha sido modificado de modo oportunista ante la alarma social que ha creado recientemente la comisión de ciertos delitos, y que con él, más que el objetivo de reinserción, se pretende dar satisfacción a los deseos de venganza y ocupar el lugar de las víctimas, en lugar de ejercer la verdadera función del Derecho Penal.

Por Pedro Antonio Navarro

La alarma social y la indignación ciudadana ante determinados delitos cometidos recientemente parecen estar detrás de la decisión gubernamental de reformar el Código Penal vigente. El pasado 14 de noviembre, el Consejo de Ministros hacía pública su decisión, y la justificaba, en palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, por "los acontecimientos que hace unos meses han conmocionado a la opinión pública", reconociendo de facto que la reforma del más importante instrumento penal que posee el Estado se ha hecho en caliente.

Los cambios introducidos en la norma tienen por denominador común el endurecimiento del tratamiento penal dado a un buen número de delitos; unos cambios que han sido consensuados con el principal grupo de la oposición, el derechista Partido Popular.

Lo más llamativo del nuevo texto es la introducción de la figura jurídica de la libertad vigilada, por la que las personas condenadas por ciertos delitos, como el terrorismo o los de naturaleza sexual, verán añadido al cumplimiento íntegro de sus condenas un periodo variable, a decisión del juez de vigilancia penitenciaria -que puede llegar a los 20 años-, de situación de semilibertad, en el que el ex recluso deberá presentarse periódicamente ante las autoridades, tendrá restringida su presencia en determinados lugares y habrá de comunicar sus cambios de residencia, entre otras cuestiones. El Código Penal más duro de la historia de la democracia también contempla la tipificación de nuevos delitos, el alargamiento del periodo de prescripción, el incremento de penas y otros elementos que, contemplados desde una perspectiva más o menos reciente, aparecen claramente vinculados a sucesos acontecidos en los últimos tiempos y que han concitado el rechazo mayoritario de la sociedad y cierto temor que las estadísticas sobre delitos se encargan de desmentir.

Así, por ejemplo, parece clara la relación entre el endurecimiento de las penas para delitos contra la libertad sexual (violaciones y abusos) y la figura de la libertad vigilada, con el caso de la niña Mari Luz Cortés -asesinada por un pederasta convicto que se encontraba en libertad por un error judicial- y la campaña emprendida por su padre (visita al presidente del Gobierno incluida) para solicitar la pena de cadena perpetua para esta clase de delitos. Otro tanto sucede con la salida de la cárcel del miembro de ETA Iñaki de Juana Chaos.

El nuevo delito de Asociación delictiva de carácter transitorio está directamente relacionado con los robos con violencia, especialmente en chalets (recuérdese el famoso caso del productor José Luis Moreno), mientras que los nuevos delitos contra la ordenación del territorio, las medidas contra la complicidad en infracciones urbanísticas, y la mayor facilidad para el decomiso de bienes procedentes de actividades delictivas tienen su explicación en las actuaciones de las mafias del ladrillo, con el caso de Marbella como referente emblemático. Igual sucede con el nuevo delito de piratería (tras el secuestro de un pesquero español en aguas de Somalia). El incremento del periodo de prescripción -de cinco a diez años-de los delitos fiscales tiene su raíz en la reciente absolución por parte del Tribunal Constitucional -precisamente, argumentando la prescripción del delito, y contra la doctrina del Tribunal Supremo- de Alberto Cortina y Alberto Al-cocer, por un delito demostrado de apropiación indebida de 25,4 millones de euros.

La misma motivación parecen tener las tipificaciones de los delitos de Trata de seres humanos, la Corrupción entre particulares (contra empleados de empresas que ofrezcan o acepten sobornos), la Estafa a inversores, contra los administradores de sociedades que coticen en bolsa y falseen sus balances y sus cuentas de resultados —con la crisis económica desatada por las hipotecas subprime y el hundimiento en bolsa de grandes corporaciones, como telón de fondo-.

Lo mismo cabe deducir del nuevo delito de Acoso Laboral o los nuevos delitos informáticos, es decir, que los cambios del Código Penal parecen dictados por los telediarios, a juicio de diversos expertos juristas.

Sin embargo, los datos de criminalidad en nuestro país nos colocan en el segmento inferior de toda la Unión Europea. La tasa de criminalidad en España, medida en delitos por cada mil habitantes, es una de las bajas de Europa, 46,6, con un descenso continuado desde 2003, pese al incremento de la población desde entonces en casi un ocho por ciento. En cuanto a delitos violentos, la tasa española en 2007 fue de 2,5, frente al 3,5 de Dinamarca, el 5,1 de Francia, 6,8 de Holanda, 9,6 de Bélgica ó 10,8 de Suecia, según datos de la Secretaría de Estado para la Seguridad.

Frente a estas estadísticas, curiosamente, en España se da uno de los más altos índices de población reclusa del continente. A comienzos del mes de noviembre, la cifra definitiva de reclusos ingresados en los centros penitenciarios de nuestro país ascendía a 73.138, con una de las tasas de encarcelamiento también más elevadas, 156 presos por cada 100.000 habitantes, nada menos que un 54 por ciento más que la media de la Unión Europea, situada en 102 por cada 100.000 habitantes. Estos datos suponen un indicativo de la desproporción de nuestra política penal en relación a latasa y la gravedad de los delitos cometidos, lo que convierte al sistema penal español en uno de los más punitivos del mundo. Y esto, considerando la situación anterior a la entrada en vigor del nuevo y mucho más duro Código Penal.

Los estudios disponibles también demuestran que el alargamiento de las penas por delitos sexuales y la libertad vigilada posterior chocan con la tendencia estadística de reincidencia de este tipo de delincuentes. Según datos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en nuestro país se encuentran encarcelados unos 2.500 delincuentes sexuales. Los estudios de esta institución establecen que sólo un 20 por ciento de estos delincuentes vuelven a reincidir durante los cuatro años siguientes al cumplimiento de su condena, mientras que ese porcentaje asciende al 40 por ciento en el conjunto de todos los delitos. Ese porcentaje disminuye aún más si los reclusos por delitos sexuales acuden a programas especiales de tratamiento psicológico, cayendo hasta el cuatro por ciento.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aseguraba en la presentación del nuevo Código Penal que con este nuevo instrumento jurídico "no habrá ningún resquicio para la impunidad". El Gobierno socialista ha mostrado su lado "más duro" y presume de una firmeza inalterable ante una sociedad agitada por las noticias presentadas de forma alarmista que crean la sensación de un incremento de la delincuencia, cuando se está produciendo justo lo contrario. La pasada semana, el Grupo de Estudios de Política Criminal, integrado por más de 200 criminalistas, criticaba con fuerza esta reforma, asegurando que se había llevado a cabo "a golpe de telediario y de las páginas negras de la prensa escrita". Este colectivo mostraba su "preocupación" y ponía de manifiesto que, a su juicio, la función del Derecho Penal "no puede ser la satisfacción de la venganza privada ni la asunción por el Estado del papel de la víctima". Uno de los integrantes de este grupo, el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga Octavio García Pérez advierte que "las leyes no se pueden hacer con un cadáver sobre la mesa, porque se pierde objetividad para seguir la lógica del linchamiento. A las víctimas hay que ofrecerles una buena indemnización, ayuda psicológica, servicios sociales, pero nunca dejar en sus manos la política criminal". •