Primeras movilizaciones en España contra el proyecto de reforma universitaria

BOLONIA, DE ENTRADA, NO

Miles de estudiantes de las universidades públicas españolas se movilizan estos días para mostrar su rechazo a la implantación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), más conocido como plan Bolonia, por haber sido esta ciudad italiana el lugar en el que 29 naciones del Viejo Continente se comprometían en 1999 a poner en marcha un programa de contenidos comunes para permitir y promover la movilidad de profesores y estudiantes por toda la UE. La mayoría de los estudiantes españoles y buena parte del profesorado no ven con buenos ojos
los cambios anunciados, y que en nuestro país, en buena parte, apenas si tienen que ver con lo recogido en el plan europeo.

Por P. A. N.

Durante la pasada semana se producían decenas de movilizaciones en toda España, en las que participaban miles de estudiantes para oponerse a los planes del Gobierno contra la implantación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, más conocido como Plan Bolonia, y el resto de cambios que el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero pretende introducir en el funcionamiento de la Universidad en nuestro país. La manifestación que tenía lugar en Madrid concentraba a más de 10.000 personas; otras 15.000 salían a la calle en Valencia, y otras 5.000 hacían lo propio en Barcelona. Fueron las concentraciones más numerosas, pero no las únicas. La mayoría de las capitales de provincia y ciudades en las que se hallan facultades de universidades públicas también eran testigo de estas protestas protagonizadas, mayoritariamente, por estudiantes, pero en las que también se podían encontrar profesores inconformes.

Las movilizaciones continúan en estos momentos, con numerosos encierros. Centenares de estudiantes se encuentran en asamblea permanente en el Rectorado de la Universidad de Barcelona; desde el 24 de noviembre también comenzaban encierros indefinidos en varias facultades de la Universidad Complutense de Madrid, y tambiénsucede algo similar en Granada, Sevilla y Valencia.

En realidad, el Plan de Bolonia consiste en una propuesta muy inconcreta, recogida en una declaración final de sólo tres páginas, que con una calculada ambigüedad permite un amplio margen de maniobra a cada uno de los gobiernos de los países firmantes. Únicamente establece que se debe pasar de las actuales licenciaturas a una estructuración de la enseñanza superior que imparta los títulos de Grado, Máster y Doctorado homologables en todo el territorio de la Unión Europea, con la finalidad de facilitar y promover la movilidad de profesores y alumnos –prácticamente, una copia del modelo estadounidense–. Las enseñanzas se estructuran en "créditos", para cuya obtención ya no sólo se tienen en cuenta la asistencia a las clases y la aprobación de las asignaturas, sino que también contabilizan los trabajos de los alumnos. En la Declaración de Bolonia se insta a los Estados a aumentar las inversiones en las universidades, pero no establece si se refiere a capital público, privado, o ambos.

Lo que sucede en nuestro país es que desde hace años, los diversos gobiernos –incluido el último del Partido Popular– han ido amagando con una reforma de la enseñanza superior que no se ha llegado a concretar. Resulta sintomático de la determinación en este sentido que tiene el actual Gabinete, que desde el comienzo de esta legislatura, la competencia sobre universidades ya no recae en el Ministerio de Educación, sino en el de Ciencia e Innovación (pilotado por Cristina Garmendia, que procede de una exitosa gestión en la empresa privada).

El Gobierno español ha optado por sustituir las antiguas licenciaturas e ingenierías de cinco años por titulaciones de Grado de cuatro años, más uno o dos para la obtención del Master. La mayoría de los países de la UE han optado por un Grado de tres años más dos de Máster. Además, en el caso español, el primer año de Grado será de contenidos generalistas, y el último, de prácticas que los alumnos han de realizar en empresas –y sin remuneración–.

El proceso establecido en Bolonia debe culminar en 2010, y muchas universidades ya han comenzado a poner en marcha la transformación. La Carlos III, una de las de más reciente creación, ya imparte sus 30 titulaciones (de Grado) homologadas con la UE. Sin embargo, la mayor universidad española, la Complutense de Madrid, que entre licenciaturas, diplomaturas e ingenierías tiene 65 carreras, apenas ha comenzado. Tiene previsto presentar ante el Consejo de Universidades 30 titulaciones ya reformadas antes de final de año. En el curso 2007-2008, las 76 universidades españolas (50 públicas) presentaron 200 títulos para su homologación, de los que, finalmente, 37 fueron rechazados. En el actual ya se han presentado 406 títulos de Grado y 48 Másteres que están pendientes de evaluación.

Una de las principales causas esgrimidas para la protesta estudiantil radica en que uno de los criterios fundamentales que el Consejo de Universidades tiene en cuenta para la homologación es el de "utilidad social". Los profesores y estudiantes que se oponen a la reforma advierten que esto significa que tendrán preferencia aquéllas que puedan atraer mayor financiación externa, es decir, privada, fundamentalmente de empresas. Elhecho de la obligatoriedad de prácticas —no remuneradas- en compañías, es visto como el proporcionar a las empresas "un ejército de becarios pagados por el Estado", en palabras del profesor de Filosofía de la Universidad Complutense Carlos Fernández Liria. Para él, uno de los más destacados en esta lucha contra la implantación del Plan Bolonia, "las carreras que no tengan un interés empresarial directo van a ser dañadas, si no directamente suprimidas".

Lo cierto es que las puertas a la financiación mixta, con la participación directa de empresas, ya están abiertas, como lo demuestra la existencia de la Cátedra Pfizer (multinacional farmacéutica) o de la Cátedra Repsol. Los profesores contrarios a la reforma también aducen que los planes de estudios acabarán por adaptarse a las necesidades de las compañías, en detrimento de la transmisión del conocimiento. Ya señalan las áreas más perjudicadas: las humanidades, las ciencias básicas y las ciencias experimentales.
E
Los alumnos encerrados en diversas universidades reclaman la apertura de un gran debate nacional sobre la cuestión universitaria, con la participación de todos los sectores afectados y del Estado, hasta alcanzar un Pacto Nacional para la Educación Superior, ya que, como queda de manifiesto en sus discusiones y asambleas durante los encierros, el colectivo estudiantil no se opone a la reforma universitaria, sino a ésta en concreto, tal y como está siendo planteada desde el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Pero no todas las voces son contrarias. El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, sostiene que "Bolonia es algo positivo y necesario; una oportunidad para que los estudiantes se puedan mover más por el mundo", pero que el ministerio "no ha salido lo suficiente a defenderlo". De todos modos, también separa los elementos de la reforma que no vienen impuestos por el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, como "los problemas de financiación o los cambios derivados de poner los títulos de Grado a cuatro años, cuando en la mayor parte de los países se ha optado por un Grado de tres y un Máster de dos. Eso ha creado muchos inconvenientes".

El secretario de Estado de Universidades, Marius Rubiralta, asegura que "estamos intentando abordar los problemas de las universidades en la Estrategia 2015, como la financiación o la relación entre el sistema público y privado. Pero eso se está hablando ahora, y no tiene que ver con el Espacio Europeo de Educación Superior".

El paso al sistema de másteres, sin duda encarecerá el actual sistema de segundo ciclo. Los cálculos efectuados por los estudiantes sitúan el coste de cada crédito en 25,85 euros, frente a los 9,90 del sistema vigente.

La financiación pública, que depende de las comunidades autónomas, podría verse "complementada" por las aportaciones empresariales. Quizá en esa línea se enmarcaba la reciente decisión (29 de septiembre) de la Comunidad de Madrid, presidida por la privatizadora sin competencia, Esperanza Aguirre, de recortar la subvención nominativa —el dinero empleado para hacer frente al salario de profesores y demás personal universitario- en un 30 por ciento a las universidades públicas madrileñas.*