Me complace que los líderes hayan reafirmado sus principios en favor de los mercados abiertos y del libre comercio”. Con esta frase, el presidente saliente de Estados Unidos, George W. Bush, daba el pistoletazo de salida de la cumbre, que marcaba el tono de las conversaciones de Washington, donde los países del G-20 se comprometían a “no caer en la tentación de las políticas proteccionistas”.

Ausente en la reunión, pero presente en la mente de todos, el futuro inquilino de la Casa Blanca –tomará posesión de su cargo el próximo 20 de enero-, Barack Obama, podría introducir numerosos matices en las medidas trazadas por el grupo formado por poderosos y emergentes cuando tome las riendas de la administración estadounidense. Pese a no poder comparecer, por claros motivos protocolarios, Obama enviaba a dos representantes de alto nivel a la cumbre, la ex secretaria de Estado en los gobiernos de Bill Clinton, Madeleine Albright, y al ex congresista republicano Jim Leach, encargados de entablar los primeros contactos con los líderes de los países integrantes del grupo, de cara a actuaciones futuras sobre el sistema financiero internacional.

El acuerdo unánime de defender el libre mercado a capa y espada quedaba claro en el comunicado conjunto enviado por los participantes de la cumbre. En él se reflejan principios compartidos, medidas por concretar y miedos comunes. Los integrantes del G-20 confían en que este primer paquete de líneas maestras dé estabilidad a los mercados financieros, revitalice las economías y surta efecto antes del próximo encuentro, que tendrá lugar en Londres en abril de 2009.

En este mismo comunicado se expresaba “la determinación de aumentar la cooperación y trabajar juntos para restablecer el crecimiento global y conseguir las reformas que se necesitan en los sistemas financieros mundiales”. Entre otras medidas, el G-20 planea crear un organismo internacional de regulación financiera que supervise las operaciones de las entidades bancarias multinacionales. Igualmente, los países participantes se comprometían a presentar informes de sus propios sistemas financieros al Fondo Monetario Internacional (FMI), una considerada como “buena práctica” en el documento final, a la que muchos países, como Estados Unidos, se han resistido hasta la fecha.

En el capítulo de las responsabilidades, silencio. Como señalaba recientemente el premio Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz, “las instituciones financieras estadounidenses no han gestionado el riesgo, sino que lo han creado”. Aún conociéndose el origen de los males, el comunicado no da nombres, ni apellidos, ni siglas, ni banderas. Se menciona, sin excesivo detenimiento, que “políticos, reguladores y supervisores en algunos países avanzados, no apreciaron adecuadamente ni supieron hacer frente a los riesgos que se estaban produciendo en los mercados financieros, ni tomaron en consideración las ramificaciones sistémicas de las acciones reguladoras domésticas.” No habrá, por tanto, caza de brujas. O nadie, por el momento, ha querido hacerla oficial. Tampoco se prevé el inicio de actuaciones judiciales contra los responsables, pese a que algunos de los asistentes sí hubieran visto con buenos ojos incluir esta eventualidad en el texto definitivo, aunque, por otra parte, deja abierta la posibilidad de acciones a tomar por cada uno de los Estados firmantes en sus respectivas áreas de competencia.

Los líderes de este G-20 engrandecido con la presencia de España , Holanda (invitada por Francia) y la República checa (invitada por España, y a quien le corresponde la presidencia de turno de la UE a partir del 1 de enero de 2009) acordaban fortalecer la transparencia de los mercados financieros y promover la integridad de éstos, llegando a mencionarse una carta de derechos del consumidor financiero, es decir, del ciudadano de a pie, carne de cañón de créditos subprime y otros productos sui generis.

Angela Merkel resumía el sentir general de los asistentes al declarar que “existe una voluntad común por evitar que una crisis de esta naturaleza vuelva a repetirse.”

Lo que la Cumbre de Washington ha puesto de manifiesto son las ostensibles diferencias de criterio entre los representantes europeos de un lado, los norteamericanos, de otro, y los de los países de economías emergentes, por el suyo.

Los representantes europeos presentes en la reunión se acercaron con propuestas más ambiciosas de las que definitivamente han sido aprobadas, buena parte de ellas destinadas a conseguir una mayor regulación de los mercados financieros y, por tanto, una mayor capacidad legislativa y de intervención de los gobiernos. En el análisis, especialmente de Gordon Brown, las causas de la crisis estaban en la ingeniería financiera diseñada por algunas de las mayores compañías estadounidenses, y que sólo habría sido posible dada la ausencia de control y de mecanismos reguladores en la legislación norteamericana.

Nicolas Sarkozy, que acudía en su condición de presidente de turno de la Unión Europea, deseaba obtener un acuerdo que permitiese la puesta en marcha de medidas concretas en un plazo no superior a 100 días, pero la resistencia estadounidense no permitía que esto fuera posible.

El documento final, alcanzado mediante un compromiso muy laxo, y lejos de las aspiraciones europeas y del grupo de países emergentes, de apenas tres páginas, presenta tres partes diferenciadas. En una se recogen las coincidencias de los asistentes en cuanto al análisis y el diagnóstico de las causas de la crisis –sólo en aquellos puntos en los que sí existía el acuerdo-. En otra parte se incluyen las recomendaciones de tareas a desarrollar por parte de los departamentos de Economía de los Estados signatarios, y que deben ser puestas en común para conseguir una acción coordinada antes de finales del próximo mes de marzo.

Por último, establecen los objetivos generales sobre el nuevo sistema financiero internacional con una mentalidad a largo plazo. Todo tan inconcreto que muchos de los líderes asistentes expresaban fuera de los focos su insatisfacción por lo poco conseguido, e incluso por los términos de una redacción final que se consideraba excesivamente técnica que abusa de terminología económica.

Entre lo acordado destaca el compromiso para el reforzamiento de los mecanismos que promuevan la transparencia de los mercados financieros, con sistemas de vigilancia que utilicen criterios más estrictos, y la creación de centros de supervisión y control por parte de las administraciones públicas, dejando abierta la puerta para nuevos organismos multinacionales también dedicados a estas tareas de control y supervisión. Lo cierto es que la censura y las decisiones para acabar con los paraísos fiscales que, entre otros, también había propuesto José Luis Rodríguez Zapatero, quedaba en el texto final reducido a una breve referencia en la que éstos son definidos como “centros que no cooperan”

Uno de los objetivos que llevaba a la cumbre el primer ministro británico, Gordon Brown, la consecución del compromiso de todos los participantes para coordinar un plan simultáneo de incentivos fiscales, se quedaba finalmente en una referencia a que cada Estado aplicase en este campo las medidas que considerase oportunas.

El documento insta a los países a generar reglas y medidas que protejan a los inversores y a los consumidores de este tipo de productos elaborados en las cocinas de las entidades financieras que han provocado la grave crisis, también formula la reforma de las instituciones financieras internacionales, como el FMI o el Banco Mundial, pero sin concretar en qué sentido, y reconoce la necesidad de dar mayor peso e influencia a las naciones de economías emergentes y en vías de desarrollo; siempre con ese tono vago e impreciso que caracteriza a toda la redacción en su conjunto.

La referencia explícita que la delegación francesa quería introducir acerca de la responsabilidad directa en la crisis de determinadas empresas estadounidenses y a la falta de control de las estructuras públicas de esta nación, se convertía en el documento final en una referencia a que “reguladores y supervisores de algunos países avanzados no apreciaron suficientemente los riesgos”.

Tampoco los delegados de la República de Brasil conseguían introducir la cuestión de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como un elemento sensible –unas conversaciones suspendidas sine die, en las que se estaba planteando un cambio sustancial para reequilibrar las relaciones comerciales y sus reglas en el mundo-. Pese a ello, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva, aseguraba que la Cumbre de Washington había sido un hecho histórico que representa “un cambio en el panorama político mundial”.

No era la única declaración optimista. El presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Durao Barroso, considera que esta reunión del G-20 ha establecido los criterios para “un nuevo gobierno mundial” que se sustenta en lo que ha denominados los “principios de la economía social de mercado”.

Visto el documento final, parecen apreciaciones demasiado optimistas con respecto a lo que realmente ha acontecido en Washington estos días pasados. La sensación que han transmitido la mayoría de los asistentes es la de que la reunión de los pasados 15 y 16 de septiembre ha sido un primer contacto en el que, dadas las circunstancias de transición política entre una administración republicana y otra demócrata en la primera potencia mundial, no era posible avanzar más. Las esperanzas reales, además de las tareas encomendadas a los ministros de Economía de aquí a finales de marzo, están depositadas en la próxima Cumbre del G-20 –o del G-22- que se tendrá lugar en Londres, en abril de 2009. Allí se sentará el presidente Barack Obama, junto a su delegación, y la mayoría cree que entonces podrá profundizarse mucho más de lo que se ha hecho este mes de noviembre. También es posible que en esa ocasión, los pesos, las responsabilidades y las capacidades de decisión estén más repartidas que en este último intento.

A ese respecto llamaron la atención las palabras de Gordon Brown previas a la cumbre, y que abren un debate –esta vez con posibilidades de considerarse serio- sobre qué países habrán de sentarse a la mesa en la toma de decisiones en materia económica. “El G-8 ya no es adecuado para discutir los problemas del mundo”, decía el escocés.

La configuración de este grupo podría resultar en un mayor protagonismo del ejercido hasta ahora por los países emergentes del G-20.

Algo similar parece opinar el presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien, sobre el debate acerca de la importancia de las decisiones tomadas por el G-8 frente a las economías emergentes, consideraba que “el G-20 es visto ahora como el organismo relevante”.

Parece ingenuo pensar que el G-8 vaya a ceder de forma definitiva su derecho de asociación, sus privilegios, y la intimidad que otorga reunirse en las alturas del poder, pero declaraciones como las de Brown y Sarkozy reflejan una toma de conciencia entre los países ricos –de Gran Bretaña, al menos - de que un mundo interdependiente no puede limitarse al dictamen de una reducida élite.

Europa está muy lejos de la idea de acudir a estos encuentros con una única voz, y sus miembros en el G-8 difícilmente aceptarían que sus voluntades quedasen en manos de la UE. Mientras el orden post-Segunda Guerra Mundial siga vigente, cuesta pensar en cesiones de silla, voz y voto. Pero el mapa geopolítico actual no es el de Bretton Woods, y en este periodo de grandes interrogantes económicos y políticos son muchos los países con credenciales suficientes para sentarse en este grupo de las decisiones globales. l

Con información de Eloy Parra (Washington)

España, a por el ‘G-22’

Su trabajo le costó, pero, finalmente, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, conseguía un puesto para España en la pasada Cumbre del G-20, celebrada los días 15 y 16 de noviembre en Washington. Para ello resultaba determinante la mediación del presidente francés, y también presidente de turno de la Unión Europea, Nicolas Sarkozy, y, en menor medida, el espaldarazo dado a esta pretensión por el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula Da silva.

Zapatero conseguía hacer oír su voz, y junto a la de algunos países de las denominadas economías emergentes, como Brasil, constituía el referente más progresista de una reunión que, en realidad, no era capaz de asumir ningún compromiso concreto entre sus participantes, posponiendo la actuaciones más apegadas a la realidad a otra próxima cumbre, a celebrar en Londres, en abril de 2009, ya con la presidencia estadounidense en ejercicio de Barack Obama, y ala que España volverá a acudir con toda seguridad, y probablemente, bajo formato de “G-22”.

En la primera sesión, el presidente del ejecutivo Español exponía los argumentos contenidos en un dossier elaborado por la Oficina Económica, dirigida por Javier Vallés. Las aspiraciones españolas pasaban por garantizar una coordinación internacional para la ejecución de medidas fiscales que contemplasen las ayudas a las familias y a las empresas, no una simple rebaja de impuestos –como había pretendido el premier británico, Gordon Brown-. Además, Zapatero planteaba una reforma de los mercados financieros en aras de garantizar “el orden y la seguridad” y, de acuerdo con todos los presentes, para conseguir “mayor transparencia” de estos mercados.

Además de una exigencia para que desaparezcan los paraísos fiscales que se han convertido en el refugio del dinero negro en todo el planeta, desde el Gobierno español se abogaba por la incorporación de una “carta de nuevos derechos de ciudadanía ante el sistema financiero –derechos de los consumidores-“, relacionados “con la transparencia y la información”. El objetivo expuesto no estaría relacionado con ofrecer “tranquilidad a los inversores, sino que se tiene que plantear a favor de los ciudadanos”. Zapatero también exponía la necesidad de una “nueva cultura corporativa” tendente a refrenar las “salarios astronómicos” de los ejecutivos y los beneficios ilimitados de las compañías, para lo que sería necesario mayor poder legislativo de los Estados en esta cuestión, algo que choca frontalmente con los planteamientos que sostuvo la delegación estadounidense, dirigida por George W. Bush en uno de sus últimos actos públicos como presidente. El inquilino de la Casa Blanca durante los últimos ocho años destacaba que “uno de los peligros en una crisis como ésta es que la gente empieza a poner en marcha políticas proteccionistas”.

En todo caso, el jefe del Ejecutivo español, consciente de que no será hasta abril del próximo año cuando puedan ponerse en marcha medidas efectivas, ya sin Bush en Washington, insistía en profundizar por el camino de estas reformas, al menos, en el seno de la Unión Europea. Se mostraba dispuesto a “aportar soluciones”, coordinadamente con el resto de los miembros de la UE de cara al próximo Consejo Europeo a celebrarse el próximo diciembre en Bruselas. Un poco antes, el 26 de este mes de noviembre, los Veintisiete han de aprobar un plan de acción en el que ya trabajan los ministros de Economía. El 27 de noviembre, Zapatero ha recomparecer ante el Congreso de los Diputados para explicar las actuaciones en esta materia de su Gobierno y los resultados de la Cumbre de Washington.

Pero la posición oficial diferenciada de España no se ha quedado únicamente en estas propuestas. Apenas concluida la reunión del G-20, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero intervenía ante el consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el pasado 18 de noviembre. Ante este foro exponía con mayor rotundidad aún sus propuestas. El máximo mandatario español reclamaba la participación de sindicatos y organizaciones empresariales, de modo institucional y de forma permanente en el proceso de reforma del sistema financiero que se ha abierto tras el encuentro de Washington, adelantando que así ya se lo ha solicitado al primer ministro de Reino Unido, Gordon Brown, anfitrión de la próxima Cumbre del G-20, en Londres, el próximo mes de abril.

Zapatero aseguraba que allí –donde, con toda probabilidad estará representada España, ya que tanto Brown como Sarkozy ya han adelantado que así será, y el ministro de Asuntos Exteriores brasileño, Celso Amorim (país que ejerce la presidencia de turno del G-20), ha declarado que en abril “puede ser que el G-20 se convierta en G-22”- va a instar a todos los gobiernos del mundo a mantener las políticas de cohesión social, con especial incidencia en la mejora de la cobertura de desempleo, un “compromiso irrenunciable” de su Gabinete. Tras criticar a quienes han pretendido “devaluar, arrinconar y desprestigiar a los sindicatos”, dejaba claro que, a su criterio, la defensa de los derechos de los trabajadores no entra en contradicción con mayores posibilidades de crecimiento económico. De este modo pretendía adelantarse a las voces que están reclamando una disminución del gasto público y, por tanto, una menor cobertura de los gastos sociales por parte de los Estados; un mensaje que también tiene una lectura en clave interna, dado que el Partido Popular está reclamando estos recortes en unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que recojan la previsión de recesión del 0,9 por ciento prevista para España en 2009. También pesa la amenaza de la recomendación de la OCDE para que se abaraten los costes de los despidos como medida –paradójica- para promocionar la creación de empleo.

Lejos de esta visión, el presidente español aseguraba ante la OIT que ante una situación de crisis como la actual, la respuesta no se encuentra en el recorte del gasto público y de los gastos sociales, “sino en todo lo contrario”.

Tampoco faltó su análisis acerca de los organismos económicos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, de los que opina que deben evolucionar hasta convertirse en herramientas útiles que garanticen los mecanismos por los que el ahorro generado en los países de economías emergentes revierta en estas mismas naciones.

En cuanto a la coordinación de las acciones gubernamentales en el seno de la UE, Zapatero exponía la necesidad de una iniciativa conjunta para impulsar la actividad productiva, el sector industrial, y en este campo, con referencias concretas a la industria automovilística, así como el incremento de inversiones públicas y privadas en tecnología e investigación y en fuentes energéticas alternativas y renovables.

Y la calle protesta

S imultáneamente a la celebración de la Cumbre del G-20, numerosas organizaciones y asociaciones ciudadanas convocaban innumerables actos de protesta en todo el mundo. Nueva York, Washington –sede del encuentro-, Londres –lugar de la próxima cita, París y un sinfín de poblaciones, entre las que también se incluyeron varias ciudades españolas eran testigo de las protestas de la ciudadanía en contra de los causantes de esta dura crisis, y en las que el denominador común era la desconfianza en que los gobiernos de los países más poderosos –en su inmensa mayoría, partidarios del dominio de un mercado desregularizado- fueran a aportar soluciones a la situación más grave por la que atraviesa la economía mundial en los últimos 50 años.

Los lemas y los textos de las pancartas hacían alusión, en un elevado porcentaje, a las medidas ya adoptadas de inyecciones monetarias desorbitadas de dinero público para salvar de la quiebra a las grandes entidades bancarias a las que, además, se considera directas responsables de la debacle.

En el mismo Washington, a poca distancia del National Building Museum, donde se celebraba la cumbre, tenía lugar una manifestación convocada por varios grupos antisistema que expresban su desacuerdo con las medidas que varios gobiernos han tomado para ayudar a los mercados financieros. Su lema: “Dinero para las necesidades de la gente, no para la codicia de los bancos”. Tampoco faltaban gritos contra el todavía presidente de Estados Unidos, y anfitrión de la reunión, George W. Bush –un ejercicio que quedará como un clásico de este comienzo de siglo - y contra otros líderes mundiales asistentes a la cumbre.

En España eran miles los asistentes a las diversas concentraciones que se daban a lo largo de todo el territorio nacional. El eslogan unitario era “¡La crisis que la paguen ellos!”, en una convocatoria que, si bien contó con un buen número de organizaciones que la respaldaban, alcanzaba la mayor parte de su difusión a través de Internet. En Madrid, la concentración se llevaba a cabo en la Puerta del Sol. Numerosas pancartas: “El capitalismo es el terrorismo”; “A bancos salváis, a pobres robáis”, que expresaban el rechazo rotundo a las medidas efectivas adoptadas hasta ahora por varios gobiernos que, básicamente han consistido en la aportación de recursos públicos para el reflotamiento de grandes compañías financieras que han ido a la quiebra por el abuso de productos sospechosos, hipotecas subprime y la carencia de control legal sobre estas actividades, de las que, hasta la fecha –y tampoco hubo ningún acuerdo en este sentido en la cumbre de Washington- no se ha procedido a efectuar una reclamación legal ni penal.

Desde la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras especulativas y la Acción Ciudadana (ATTAC), una de las organizaciones convocantes, se considera que estas cumbres son contraproducentes, porque no abordan el problema de raíz, y que acaban por ofrecer fórmulas que abundan aún más en el neoliberalismo. Para ellos “no hay que hablar de G-8 ni de G-20, sino de la Humanidad, de países ricos y países pobres, de movimientos sociales y de sociedad civil. Estamos muy preocupados porque, precisamente los que nos han metido en esto quieren ahora hacer de salvadores”.

Las concentraciones de la capital de España se repetían en otras ciudades importantes, como Barcelona, Valencia o Sevilla, en la que la afluencia de pancartas que hacían alusión al capitalismo y al neoliberalismo como causantes de la crisis por la que estamos atravesando, y en las que la indignación por la utilización del dinero de los impuestos para socorrer a las grandes compañías bancarias y de seguros era el argumento más recurrente entre los manifestantes.

Primera reunión del G-20… ¿y última?

El club de naciones conocido como Grupo de los 20 ó G-20 agrupa a los países más industrializados y desarrollados y a aquéllos de las consideradas economías emergentes. Nace en 1999 como un intento de respuesta a la crisis económica desatada en los países del Sudeste Asiático –conocida como Crisis de los Dragones-.

Está conformado por las ocho naciones más ricas del planeta, más Rusia, el conocido como G-8 -Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón e Italia (G-7) + Rusia-, los 11 países con las principales economías emergentes, además de la Unión europea, que también participa como bloque único, además de los cuatro Estados pertenecientes a la UE que tiene representación propia en el foro.

Hasta la pasada Cumbre de Washington, nunca se habían reunido los jefes de Gobierno del G-20, desde su formación. Los encuentros de este grupo siempre habían sido sostenidos por los ministros de Economía y/o de Asuntos Exteriores de los países que lo integran y, hasta el momento, tenía como objetivo constituirse en un foro de consultas que promoviera la cooperación entre sus miembros en asuntos relacionados con el sistema financiero mundial, teóricamente, en aras de mantener un equilibrio y un control para la estabilidad financiera y las relaciones entre los estados más desarrollados y las ya nombradas economías emergentes.

Tras la cumbre de Washington de los pasados 15 y 16 de noviembre, el G-20 va a pasar a ejercer un protagonismo mucho mayor en las relaciones políticas y económicas del planeta. Varios de sus integrantes, especialmente del grupo de las 11 naciones emergentes han puesto sobre la mesa la pasada semana que las grandes decisiones han de ser tomadas a partir de ahora por este G-20, y no por el G-8, como ha venido produciéndose en los últimos años, ya que estos países han reclamado un mayor protagonismo en el diseño del nuevo sistema financiero global, pero también en la adopción de políticas generales para un nuevo reequilibrio mundial. Para ello ya cuentan con el apoyo explícito de Francia y Reino Unido (también de España, aunque todavía no es miembro formal del foro), y todo hace suponer que la nueva administración estadounidense, dirigida por Barack Obama, tampoco se opondrá, a tenor de lo declarado por el presidente electo norteamericano durante la campaña electoral y tras conocerse los resultados de las elecciones en Estados Unidos.

Además de los Estados del G-8 y de la Unión Europea, el G-20 también lo componen Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, República de Corea, Sudáfrica y Turquía.