El Gobierno, los jueces y la Reina

Por José M. Benítez de Lugo*

Uf. Parece que va pasando la borrasca en las cumbres institucionales causadas por las declaraciones de la vicepresidenta, las de los jueces y las de la Reina.

Todo empezó un aciago 5 de octubre, día en el que en El País se publicó una entrevista con la vicepresidenta del Gobierno con una estridente cabecera: "Espero que el Consejo imponga tres años de suspensión al Juez Tirado". Estoy seguro, porque la conozco personalmente, de que ella lamenta haber dado pie a tal titular, aunque debió tener en cuenta que los periodistas buscan —legítimamente— titulares impactantes, y el referido sin duda lo es. Y trajo el diluvio de declaraciones y actitudes, unas sensatas, otras carentes de la prudencia exigible viniendo de donde veían. Porque, efectivamente, decir que con esas declaraciones se estaba atacando la independencia judicial, viene a ser tan poco acertado como las declaraciones mismas, porque a lo que se referían no era a un deseo de que un Tribunal actuase de una u otra manera, sino a que el órgano sancionador de los jueces, el Consejo General del PoderJudicial, que no es órgano judicial, impusiese un determinado tipo de sanción al juez Tirado, siempre revisable posteriormente ante los Tribunales.

Por su parte, los miembros del Tribunal Supremo firmantes del comunicado, siempre dignos de estima y consideración, aunque tienen parte de razón en lo que dicen, ninguna les asiste ni en decir que las declaraciones de la vicepresidenta son inaceptables, ni tampoco en decirlo como corpus, pues la exclusiva legitimidad para tales pronunciamientos la tiene su órgano de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (que, por cierto, ha estado en toda esta controversia muy mesurado y prudente), pues él era el eventualmente presionado, y él es el único interlocutor válido y legítimo entre el Gobierno y los jueces, sin que ningún sector del Poder Judicial, ya sean respetables magistrados de nuestro más Alto Tribunal, ya fuesen jueces de 1a Instancia, tengan por qué, ni deban, entrar en debates con el Gobierno.

Y al cúmulo de declaraciones improcedentes se han unido este mes pasado (mensis horribilis) las de la Reina, que al igual que sucede con los miembros de las otras dos instituciones, hubiera mejor no dicho lo que ha dicho, porque la libertad de expresión de todos ellos está limitada, dada la privilegiada posición que unos y otra tienen en la estructura del Estado.

Todo ha sido una sarta de despropósitos: el del Gobierno (su portavoz), manifestando una opinión y un deseo emanado más del corazón que del intelecto; el de los magistrados censurando al Gobierno cuando lo tienen vedado por el artículo 418.3 de la Ley del Poder Judicial; y, finalmente, el de las opiniones de la Reina, porque ha dicho cosas contrarias, unas, a las que ya están vigentes por decisión de los representantes del pueblo español y otras, a materias que pronto serán sometidas a su decisión y respecto de las cuales ella no tiene por qué inmiscuirse ni condicionar el futuro debate.

En definitiva y siguiendo la frase que hizo fortuna hace unos años, en todas esas intervenciones, manca finessa. Pasemos todos página de lo acaecido por el bien de nuestras instituciones, porque la que hemos relatado ha sido escrita con faltas de ortografía y renglones torcidos. •

* Presidente Honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa.