Cristina Fernández enfila fuerte por la izquierda a casi un año de Gobierno

ARGENTINA SE SUBE A LA OLA `KEYNESIANA'

El inesperado anuncio de la presidenta Cristina Fernández de nacionalizar los fondos de pensiones privados es tal vez la jugada más audaz de la heterodoxia
kirchnerista desde 2003. De aprobarse el proyecto de ley enviado al Congreso hace trece días, el Estado se hará cargo de 30.000 millones de dólares (unos 23.300 millones de euros) hasta ahora en manos privadas y apostados a los mercados de capitales. Ahora, el Gobierno de Cristina Fernández deberá demostrar que no se trata de una búsqueda por "hacer caja" para cumplir con obligaciones externas, además de contener una fuga de capitales que reclaman por seguridad jurídica a las inversiones.

Por Felipe Ramírez (Buenos Aires)

EI cielo negro de la mañana del martes 21 de octubre fue el presagio perfecto de la horrible jornada financiera que esperaba a Buenos Aires. Mientras desde lo alto se desataba una de las mayores tormentas del año, el Merval, índice que agrupa a las empresas más importantes que cotizan en la Bolsa porteña, se hundía más de 13 por ciento, los bonos caían un 4 por ciento y el riesgo país trepaba sobre los 1.600 puntos base. La razón estaba en el anuncio que por la tarde haría la presidenta Cristina Fernández sobre su nuevo proyecto estrella: traspasar al Estado los fondos de las pensiones de 3,5 millones de trabajadores hasta ahora manejados por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

El día anterior, cuando se llamó al acto del martes en donde se enviaría la ley al Congreso, todo el mundo fue pillado por sorpresa. El sistema instaurado por Carlos Menem en 1994 siguiendo el modelo chileno de Augusto Pinochet de fines de los 70, a pesar de haber sufrido un par de acometidas por parte del Gobierno de Néstor Kirchner a principios del año pasado, no parecía correr peligro de un cierre así de abrupto. En marzo de 2007, Kirchner abrió la posibilidad de que todos aquellos afiliados al sistema privado pudieran pasarse al esquema de jubilación estatal de Reparto, donde no se capitaliza el dinero en inversiones bursátiles sino que se va a un fondo para pagar las jubilaciones de los actuales retirados con los aportes de los trabajadores de hoy, similar al pay as you go utilizado en Estados Unidos y muchos países de Europa. Si bien la opción tuvo cierta acogida, aún así quedaron 3,5 millones de trabajadores dentro del sistema privado, hasta que la crisis financiera in-
ternacional marcó el contexto perfecto par dar el zarpazo.

Si Estados Unidos y los principales países de la Eurozona rescatan a sus bancos e instituciones financieras, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con nuestros futuros jubilados?, dicen en el Gobierno. "Cuando ellos lo hacen, está bien, cuando lo hacemos nosotros, estamos locos o somos autoritarios", ironizó la presidenta en el discurso cuando envió el proyecto de ley al Congreso. El argumento del Gobierno se basa en las pérdidas sufridas por las AFJP en estas semanas de crisis bursátil, que han dilapidado parte del capital ahorrado por los trabajadores argentinos. En este escenario, la posibilidad por parte del Estado de hacerse con los casi 30 mil millones de dólares acumulados en el sistema era inmejorable.

La oposición, como ha sido la tónica de los últimos cinco años, no ha encontrado unidad ni claridad para responder. Una parte se ha mostrado desconcertada y disparando a ciegas para todos lados. El diputado Federico Pinedo, líder de una bancada de derecha, dijo que todo apunta a quedarse con el dinero de las jubilaciones para financiar la campaña parlamentaria de 2009. Es un saqueo, un robo a los ahorros de los argentinos, reclama. Para él, no es más que "otra muestra de la desesperación de los Kirchner, que gente no va a dejar pasar". Su bloque, junto otro par de bancadas, han dicho que se opondrán totalmente al proyecto de la presidenta Fernández. Pero otra parte de la oposición no sólo ha estado de acuerdo, sino que ha aplaudido la medida. Aunque con cautela, líderes de opinión como el economista y diputado de izquierda –opositor al Gobierno– Claudio Lozano, han dicho que aunque en principio les parece bien hay que revisar, y con mucho cuidado, de qué manera se relacionarán el Ministerio de Economía con estos fondos frescos a los que nada impide echar mano. "Personalmente presenté un proyecto, contenido dentro del presupuesto alternativo que se discutió hace un mes atrás, que proponía justamente esto. Pero en ese momento fue rechazado por el oficialismo". Para Lozano, las razones de ese rechazo radican en que el Gobierno no habría recibido los fondos que esperaba por el recientemente anunciado canje de bonos en suspensión de pagos desde 2001, y en ese sentido queda la incógnita de cuál será la letra pequeña del proyecto de ley. "Este es un Gobierno que se caracteriza por hacer grandes anuncios que cuando se llevan a cabo en realidad se trata de otra cosa muy distinta", dice. "Como señalaba, fue hace sólo un mes que el Gobierno se negó a tratar este tema, y eso me hace sospechar de que fueron en definitiva sus urgencias financieras las que los hicieron avanzar con el anuncio". Por lo pronto, han dicho que apoyarán la idea aunque no votarán cualquier cosa en el Congreso.

Porque aunque se pueda estar de acuerdo con el argumento del Gobierno de que la estatalización de las jubilaciones es parte de una estrategia, de una ideología –sin miedo a la palabra— y de la continuación de un cambio estructural que apunta a más allá del tiempo en que los Kirchner dejen la Casa Rosada, y que tienen que ver con una mayor preocupación por la cuestión social, ni aún el más acérrimo partidario oficialista puede negar que son muchos los compromisos financieros que el Estado argentino deberá afrontar el año que viene. Y en este sentido, la acusación opositora de que la jugada busca "hacer caja" encuentra asidero. Ya el Gobierno ha utilizado fondos de la Administradora Nacional de Seguridad Social (ANSES) para diversos fines, y no hay nada que pueda asegurar que este dinero extra no será usado para el pago de deuda externa u otro tipo de compromisos.

Lo que de todos modos se reafirma es que la apuesta de crear un frente opositor de clase media como el que se insinuó a partir del conflicto con los productores agropecuarios el pasado marzo no se ha concretado, y la casi nula respuesta ciudadana después del anuncio ha sido un cubo de agua fría para las esperanzas opositoras. La semana pasada fueron varias las cadenas de correos electrónicos que recorrieron el ciberespacio llamando a caceroladas, pero nada de eso pasó, y en la calle la medida ha sido aceptada —aunque con cautela— por una parte importante de la ciudadanía. Es que esta vez el discurso del Gobierno ha apuntado en la dirección correcta: en vez de atacar a las AFJP en sí por lucrarse con los aportes de los trabajadores —casi ni se han mencionado las fabulosas comisiones de hasta el 30 por ciento que una AFJP cobra por gestionar ese dinero—, generando un debate en torno al derecho de propiedad, se ha disparado contra el Gobierno de Carlos Menem, actualmente un muerto político enjuiciado por una causa de venta ilegal de armas. Aunque haya ganado dos elecciones en los 90, el nombre de Menem provoca un rechazo tan grande entre la gente que la asociación de las AFJP con su gobierno generan una sensación de que un regreso al Estado no es tan malo. Al defender el proyecto en el Congreso la semana pasada, el ministro del Trabajo, Carlos Tomada, también apuntó en esa dirección: "la base del endeudamiento externo del país tuvo como una de las principales causas el sistema de capitalización", dijo, recordando que ese endeudamiento llevó al colapso de hace siete años.

Y los gremios de trabajadores lo festejan. El presidente de la Central de Trabajadores de Argentina, que agrupa a 1.280.000 trabajadores, Hugo Yasky, dice estar completamente a favor. "Nosotros desde un principio nos opusimos al sistema de capitalización privada y creemos que esta iniciativa del Gobierno es la prueba de que no estaba funcionando, es la clarificación de que iba a llegar un momento en que no se pudieran pagar esas jubilaciones y queiba a ser el Estado quien iba a tener que rescatar a estas instituciones, tal como sucedió con los bancos en 2001. Sólo se adelantaron a ese momento. Además sucede cuando el mundo financiero internacional está haciendo aguas y probando cómo al final son los Estados quienes deben salvar a los inversionistas privados", acusa Yasky.

Ahora los mercados. Controlada la oposición y aunque al Gobierno no le guste, de todos modos urge que haga algo por apaciguar a los mercados financieros, espantados con la medida. La semana del anuncio Argentina pasó al primer lugar del ranking mundial de Credit Default Swaps, que mide el riesgo de que un país caiga en suspensión de pagos en los próximos cinco años, y la caída de las acciones de las empresas en donde las AFJP tienen inversiones, como Repsol, Telefónica, o los bancos Santander y BBVA (que controla la AFJP Consolidar), el miércoles 23 arrastró a la Bolsa de Madrid a su segunda peor caída de la historia, de 8,16 por ciento. Para detener el descalabro, el Gobierno intervino comprando títulos a través del Banco Nación, lo que puede funcionar como parche pero no es una solución definitiva para mantener andando a un mercado de capitales de forma dinámica y, lo más importante, sin afectar la economía real. Una compra constante de títulos por parte de la Nación necesitaría de una mayor emisión monetaria, apuntalando la temida inflación.

Si el tema se sigue tratando bien por parte del Gobierno, buscando generar consenso y no una fractura como la que significó el conflicto agropecuario, y sobre todo, si se controlan el dólar y la inflación, esta segunda etapa de Cristina Fernández puede representar un gran triunfo político y técnico para su Gobierno. Le permitiría recuperar el protagonismo y la iniciativa perdidas en la primera mitad del año, demostrar que el "modelo" no está agotado como acusan la oposición y la ortodoxia económica, y podría ser un buen comienzo de campaña de cara a las elecciones parlamentarias del año que viene, donde la gestión de Fernández será realmente sometida a prueba. Si la Bolsa se le va de las manos y la inversión sobre la economía real comenzara a espantarse, o no pudiera reubicar a los más de diez mil trabajadores de las AFJP como ha prometido, el golpe puede ser duro y en ese caso, se resentirá el impacto en las urnas. •