Legitimidad catalana frente a legalidad española

Por Joan Tardà i Coma*

AI cabo de un par de horas de conocerse los resultados del referéndum del nuevo Estatut, el actual vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, Carod Rovira, anunció el compromiso categórico del republicanismo catalán de trabajar con ahínco para hacer realidad el despliegue del texto estatutario de forma inmediata y en todas sus potencialidades. No podía ser de otra forma, puesto que el pueblo de Catalunya acababa de optar mayoritariamente por el voto afirmativo aun cuando Esquerra Republicana había solicitado el rechazo por razón de los "cepillados" ejercidos en las Cortes sobre el texto aprobado el 30 de septiembre de 2006 en Barcelona. Y en este empeño hemos andado hasta el día de hoy, tal como se demuestra en los actuales desencuentros entre el catalanismo político, instalado en la gobernabilidad o en la oposición, y el gobierno español en cuanto a cómo interpretar el texto respecto a la financiación de Catalunya o a las mismas inversiones obligadas a realizar por parte del Estado.

Es más, desde su aprobación, Congreso y Senado han presenciado múltiples debates en los que la capacidad y la voluntad política del Gobierno de "respetar" las nuevas competencias han sido puestas en cuestión a medida que iban aterrizando en sede parlamentaria nuevos proyectos de Ley. Pero tampoco uno se debería extrañar ni sorprender de todo ello más allá de lo necesario, atendiendo a la presión ejercida por la derecha y a las inercias centrifugadoras de la Administración General del Estado, capaces de condicionar un ritmo de trabajo al ralentí (cuatro traspasos llevados a cabo de los 200 a realizar dimanantes del nuevo texto) acorde con la misma historia del desarrollo del anterior Estatut de 1979, que periclitó con cerca de 70 traspasos todavía pendientes.

Otra cosa es, y de mucha mayor trascendencia, que del choque entre la legitimidad al Estatut aportada en referéndum por la ciudadanía catalana y el Tribunal Constitucional pudiera resultar un Estatut cercenado. Una nueva laminación, en definitiva, legal pero ilegítima atendiendo al descrédito y perversión del actual órgano constitucional a raíz de los espectáculos ofrecidos por algunos magistrados y por los mismos grandes partidos políticos españoles, incapaces de mayores alturas de miras para desbloquear su renovación.

Que nadie se lleve, pues, a engaño. Si la izquierda de ámbito estatal acepta ser cautiva de la oportunidad de colar por la puerta de atrás una financiación que hoy por hoy el Gobierno de Catalunya no va a aceptar atendiendo al principio de que es preferible un desacuerdo a un mal acuerdo, el conflicto está servido. Y si desde la legalidad española, ejes troncales del Estatut como los referidos a la bilateralidad consagrada entre gobiernos a efectos de negociación de la financiación o al deber de conocer la lengua catalana (es decir, la no aceptación de la igualdad entre ambas lenguas cooficiales en territorio catalán) son laminados, sea por vía de la supresión o por la de sentar doctrina interpretativa, el Estatut no quedará tocado, sino hundido.

Y ello debería ser de la máxima preocupación para el Gobierno socialista, pues es cierto que aunque le pudiera aportar coartada suficiente para justificar una fórmula de financiación interesada, también lo es que conllevará un escenario de crisis política impredecible. Pero incluso se podrían aventurar futuros guiones: solemne rechazo por parte del Parlament de Catalunya de la sentencia del Tribunal Constitucional, gobierno de unidad nacional y/o convocatoria de nuevas elecciones, movilizaciones populares, y llamamiento a una consulta popular. •

*Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso