Se la están trabajando. Sobre todo Manuel Cobo, que no para, aunque también Gallardón está pendiente de ella”. Entre los populares madrileños ha sorprendido el cambio de actitud del alcalde y su número dos con Ana Botella. También la de la concejala de Medio Ambiente, a quien no era difícil verla en apuros la pasada legislatura, haciendo equilibrios entre su papel en el Consistorio y su defensa de las posiciones de Génova y de su colega y amiga Esperanza Aguirre. Ahora, sin embargo, no le tiembla el pulso para decir que si el Gobierno regional privatiza el Canal de Isabel II rescindirán el contrato de gestión y depuración de aguas con el ente por motivos jurídicos. Fuentes próximas Alberto Ruiz-Gallardón y a Aznar aseguran que no se trata de algo casual. “Entre ellos hay una relación que antes no había”, advierten, y señalan dos nexos de conexión: la propia Ana Botella y el mundo empresarial.

Sin embargo, aún no hay nada consumado, y todo depende de cómo discurra una relación que siempre fue difícil. Como señalan estas fuentes, “se está avanzando en un posible pacto” de cara a un eventual cambio de liderazgo en el PP. De hecho, la familia ex presidencial, que parte en posición de ventaja, de momento no quiere casarse con nadie: Ana Botella, acompañada por su marido, fue la única representante de la corporación municipal del Ayuntamiento de la capital que acudió a la reciente inauguración de los Teatros del Canal, nueva sede de las artes escénicas de la Comunidad de Madrid gobernada por la tradicional enemiga  política del alcalde.

El regidor no lo tiene pues nada fácil, pero el fin último merece el sacrificio. Como cuando hace unas semanas purgó el pecado de decir, en el Congreso Nacional del PP celebrado tras las generales del 14 de marzo de 2004, que “algo habremos hecho mal” para perder las elecciones. Unas palabras que fueron interpretadas como una crítica al envío de tropas españolas a la guerra de Iraq. En su reciente aparición en el programa de TVE Tengo una pregunta para usted, Ruiz-Gallardón, preguntado por la intervención de España en el conflicto bélico, defendió la posición de Aznar porque “en aquel momento el Gobierno tomó las decisiones con la información que se tenía”.

Algunos de quienes en privado han escuchado al alcalde decir que él no volverá a ser el candidato del PP a la alcaldía de Madrid en 2011, incluso le han visto seguirle la broma a quienes especulan con la posibilidad de que su delegada de Medio Ambiente ocupe el sillón consistorial, aseguran que no se trata ni mucho menos de un juego inocente. “Ana Botella es una pieza sensible en el tablero”. Si Gallardón no agota la legislatura y la nombra sucesora, “mata dos pájaros de un tiro. Gana a Aznar para su causa y de paso evita que Esperanza Aguirre, que no tiene a nadie en el Ayuntamiento con peso político, meta mano en las próximas listas municipales para asegurarse el control de la capital” –de hecho, estas fuentes señalan que ser alcaldesa de su ciudad es una vieja aspiración de la presidenta autonómica–.

Gallardón nunca lo fue, y tampoco ahora, santo de la devoción de Aznar. Sus desavenencias vienen de antaño; en las primeras vacaciones de sus familias en Nerja, ambos comprobaron que no tenían afinidad. Después, cuando el Partido Popular echó a andar y ganó sus primeras elecciones, su relación se fue recrudeciendo. Cuando el ex jefe del Ejecutivo alcanza la presidencia de la refundada derecha española en 1990, el papel del alcalde, que había sido secretario general de AP bajo la presidencia de Antonio Hernández Mancha y aspiraba a cotas más altas de poder, quedó desdibujado. Aquel mismo año, desde el Comité de Conflictos y Disciplina del nuevo PP que presidió hasta 1993, fue encargado, en abril de 1990, de la investigación interna del caso Naseiro, en cuyas conclusiones se recomendaba sustituir de sus cargos a destacados representantes del clan Valladolid como Carlos Aragonés, entonces secretario de Estudios y Programas. En 1996, mientras CiU y PNV se hacían de rogar para garantizar la estabilidad de un Gobierno presidido por Aznar, una campaña mediática de la que formó parte activa el diario El País, tradicional aliado del ahora regidor, postuló a Gallardón como posible alternativa a un candidato que había ganado en las urnas pero que no gustaba a los nacionalistas. Y cuando Aznar aún no había anunciado su intención de abandonar la primera línea política, el entonces presidente de la Comunidad de Madrid reconoció públicamente que sus aspiraciones acababan en el Palacio de La Moncloa.

Ambos tienen motivos más que suficientes para el recelo y la desconfianza, de ahí las precauciones con las que, dicen, están midiendo sus fuerzas. Pero los dos son pragmáticos. Mariano Rajoy ha arrinconado al aznarismo. Y lo que es peor, lo ha hecho de forma ostensible. De ganar las próximas generales, el legado del ex presidente quedaría definitivamente enterrado. Esperanza Aguirre es quien mejor responde al perfil que busca Aznar, pero durante los tres meses previos al Congreso de Valencia en que estuvo calibrando sus posibilidades para plantear una alternativa –la de ella o la de otro candidato alternativo a la presidencia del PP– quedaron en evidencia sus dificultades para hacerse con el control de la formación y, sobre todo, para ganarse el favor del resto de barones territoriales. Aznar supo verlo y por eso no intervino como le reclamaban los críticos en favor de la madrileña. Con Gallardón, en cambio, tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo porque ambos tienen lo que el otro necesita, reconocen las fuentes consultadas. El alcalde, a diferencia de la presidenta regional, es conocido y reconocido fuera de Madrid, y no le resultaría difícil reunir avales en otras autonomías. Su único freno sería el antigallardonismo latente que aún existe en la dirección nacional del partido y en algunas de las regionales –fundamentalmente la de Madrid–, que sería el propio Aznar el encargado de desactivar. A pesar del recién instaurado marianismo, el ex presidente mantiene su ascendente moral en la formación conservadora y no le resultaría difícil inclinar la balanza en favor de un favorito. Éste, a cambio, le dejaría a su mujer, Ana Botella, la alcaldía de Madrid, y le garantizaría larga vida a la Fundación FAES y a su carácter de referente ideológico para el Partido Popular.  Sobre todo ahora, dicen las fuentes consultadas, que los neocon de Estados Unidos con los que viene colaborando desde que abandonara La Moncloa podrían perder su preeminente papel en Norteamérica y en el mundo de ganar el demócrata Barack Obama las elecciones presidenciales del mes de noviembre.

El otro nexo de unión entre Aznar y Gallardón, el mundo empresarial, también ha tomado parte activa en esta Operación Cibeles. “La derecha económica quiere una alternativa de poder a la derecha política”, aseguran fuentes conocedoras del pacto que en estos momentos comienza a gestarse. Aunque también reconocen que bajo este deseo subyacen otras motivaciones. “Las obras públicas acometidas estos años en Madrid, las licencias de basuras, del alcantarillado, de la construcción de los túneles de la M-30... Hay muchos empresarios que se han beneficiado de la gestión municipal de Gallardón que estarían intercediendo en favor del alcalde”, y citan ejemplos como el de Florentino Pérez, presidente de ACS, y Alicia Koplowitz, de FCC, dos empresas responsables de numerosos proyectos de obra pública en el municipio. “Aznar respeta a los empresarios” y les está escuchando, dicen estas fuentes.

Mientras, Rajoy asiste expectante a los posibles movimientos de Gallardón. Para abortar la operación encaminada a desbancarle del PP, el reelegido presidente del partido llamó a su lado al regidor madrileño como la menos mala de las opciones posibles. Pero sigue sin ser plato de buen gusto tener cerca a un potencial contrincante. De ahí que su nombre haya sonado estos días como posible cabeza de lista de los populares a las elecciones europeas de junio de 2009. Algunas fuentes del partido comentan que es pronto para aventurar un nombre, señalando incluso la posibilidad de que el candidato sea una mujer. Otras dicen que, de elegir a Gallardón, “Rajoy pretendería rentabilizar la victoria en caso de ganar y demostrar que también el alcalde puede perder elecciones en caso de ser derrotado en las urnas”.

Por su parte el regidor, con la vista puesta en el calendario, maneja los tiempos para no dejar pasar, de haberla, una última oportunidad de ser candidato a La Moncloa; de ganar Mariano Rajoy las próximas generales, Gallardón, que en diciembre cumplirá 50 años, se podría en cerca de los 60 para poder optar a la presidencia del partido y del Gobierno, una edad demasiado avanzada para la media de presidentes como Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

El 2 de octubre de 2009 es una fecha clave [Ver recuadro Brillo olímpico]. Será entonces cuando el Comité Olímpico Internacional elija en Copenhague (Dinamarca) la sede de los juegos de 2016. El alcalde ha dicho en reiteradas ocasiones que su prioridad política es, hoy por hoy, lograr que la candidatura de Madrid se imponga sobre sus contrincantes Río de Janeiro, Chicago y Tokio. A partir de entonces, tiene alrededor de un año para preparar el terreno. Según los cálculos barajados, los comicios municipales y autonómicos se celebrarán en la primavera de 2011, pero a finales de 2010 ya debería haber abandonado la alcaldía y designado un sustituto o sustituta si quiere que el Ayuntamiento no acabe en manos de la dirección regional de la formación controlada por Esperanza Aguirre. A partir de entonces, las opciones del alcalde serían dos: intentar de nuevo dar el salto a las listas del PP al Congreso de los Diputados para acompañar a Mariano Rajoy en su tercer intento de ganar las elecciones generales en 2012 o, de surgir una nueva andanada contra el presidente popular en vísperas del Congreso Nacional que la formación debería celebrar en 2011, subirse a la ola y presentar su propia alternativa. Y si es con el aval de Aznar, mejor que mejor.

El peligro sería que el tiempo que permaneciera sin cargo político acabara por perder sus posibilidades. O que de aquí a entonces, el endeudamiento de más de 6.000 millones de euros del Ayuntamiento de Madrid y las facturas que se vayan acumulando a las puertas de la casa consistorial de la Plaza de Cibeles acaben por frustrar su vieja aspiración política.

Brillo Olímpico

No se cansa de repetirlo. La candidatura Madrid 2016 es objeto de todos sus desvelos. De aquí a un año, cuando los 111 miembros del Comité Olímpico Internacional elijan el 2 de octubre de 2009 la ciudad que va a organizar los Juegos Olímpicos de dentro de ocho años –Madrid compite con Río de Janeiro, Chicago y Tokio–. Gallardón quiere apuntarse el tanto. O al menos convencer a los habitantes de la capital de España de que puede hacerlo. A estas alturas, ya habría puesto en marcha una de sus obras faraónicas que tanto lustre le dan al cargo. Pero la deuda del Ayuntamiento le mantiene atado de pies y manos –tanto, que ha aplazado la construcción de uno 40 equipamientos para recortar gastos y tiene paralizado el Proyecto Río– y la expectativa que genera las olimpiadas es la más económica de cuantas podrían barajarse: según el alcalde, el 70% de las infraestructuras ya están realizadas o adjudicadas. Es la ventaja de haber presentado candidatura por segunda vez consecutiva; ahora el Consistorio puede rentabilizar el proyecto finalmente frustrado de Madrid 2012. "Este es un valor añadido trascendente, en mi opinión, en un momento de dificultades económicas", acaba de declarar Gallardón, convencido de que la crisis no va a afectar al presupuesto de la candidatura.

El regidor tiene por delante un calendario en clave olímpica que de aquí a un año le permitirá mantener viva la ilusión por los juegos desviando de forma periódica la atención sobre la deuda acumulada. El próximo 12 de febrero deberá presentar en Lausana el dossier de la candidatura con la descripción detallada del proyecto. A continuación tendrá lugar la visita de la comisión de evaluación, que en el caso de Madrid será para abril o mayo. En junio de 2009 tendrá lugar una presentación especial en Lausana, en la que las cuatro tendrán una última ocasión de intentar convencer a los integrantes del COI de las bondades de sus candidaturas para acabar llevándose el gato al agua el 2 de octubre en Copenhague.

 

La deuda, un incómodo equipaje

El éxito tiene un precio. Y en el caso del alcalde Gallardón, en el sentido literal de la palabra. El que cosechó en la Comunidad de Madrid dejó en la región una deuda de más de 9.000 millones de euros –aunque su sucesora, Esperanza Aguirre, la superó en más de 1.000 millones al concluir su primera legislatura como presidenta autonómica–. Ahora, en el municipio de Madrid ha disparado el endeudamiento hasta los 6.366 millones de euros –con fecha de junio de 2008 y datos del Banco de España– y el déficit es de 1.500 millones, unas pesadas alforjas para alguien que desee poner rumbo hacia las más altas responsabilidades políticas. Esto significa que cada ciudadano de la capital del Reino tiene una deuda de 2.032 euros, seguidos por los de Valencia –967 euros de deuda–, Málaga –943 euros–, Zaragoza –868 euros–, Sevilla –526 euros– y Barcelona –471 euros–.

Sólo la empresa mixta Madrid Calle 30, encargada del soterramiento de la M-30, es responsable de 2.500 millones de euros de endeudamiento consolidado. Y según las últimas cifras del área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento madrileño de finales de 2007, los gastos financieros por deudas del Consistorio, es decir los intereses que ha de pagar a los bancos para hacer frente a los créditos, ascienden a casi 279 millones de euros.

Y por si no fuera suficiente para su mala prensa como gestor de las cuentas públicas, el alcalde se ha visto salpicado por la quiebra del banco inversor estadounidense Lehman Brothers, con el que el Ayuntamiento de la capital española emitió una deuda pública por 200 millones de euros el 10 de octubre de 2007. Según la documentación hecha pública por el grupo socialista en el Consistorio, las obligaciones se emitieron en 2.000 títulos a 100.000 euros y con un interés anual del 4,65%. El portavoz del PSOE de Madrid, David Lucas, se preguntó durante la presentación de estos datos si “estos 200 millones de euros están seguros y si la crisis financiera de Lehman Brothers afecta también a los recursos de los madrileños”. Según el delegado madrileño de Hacienda, no. No porque, dice Juan Bravo, el banco quebrado no tiene “absolutamente ningún bono emitido por el Ayuntamiento de Madrid” y sólo actuó como “colocador” en la operación de deuda.

Lo que sí ha salpicado al Gobierno de la capital de España, asegura Bravo, es la situación económica internacional. De ahí que el Consistorio haya decidido retrasar “por la crisis” todas las obras públicas presupuestadas para 2008 que, a fecha de 30 de septiembre, no hubieran sido adjudicadas –unos equipamientos cuyo coste es del 3,8% del presupuesto municipal–. En realidad, básicamente tendrán que esperar escuelas infantiles y de música y equipamientos deportivos de casi todos los distritos de la ciudad. Son las consideradas no “prioritarias”. Las obras relacionadas con la candidatura olímpica Madrid 2016 no se verán afectadas y tampoco el Plan Prado-Recoletos,  pendiente de la declaración de impacto ambiental.  

Ni al Gobierno ni a la oposición socialista en el Ayuntamiento les convence la explicación que ha dado el equipo de Gallardón, al que acusan de escudarse en el contexto internacional y en la necesidad de negociación de la financiación de las haciendas  locales –el alcalde quiere que Madrid participe del IVA y tenga derechos en el IRPF– para desviar la atención sobre la deuda. David Lucas asegura que la situación económica del Ayuntamiento madrileño se debe a una gestión “irresponsable” del presupuesto y un aumento de los gastos en publicidad, cargos públicos y sobrecostes en los contratos. Los socialistas reclaman el recorte de estas partidas para hacer frente a los problemas financieros del Consistorio y, entre otras medidas, que la Comunidad de Madrid haga frente al pago de los servicios de su competencia que actualmente presta la Administración local; frente a los gastos corrientes del Ayuntamiento –4.823 millones–, el Estado aporta 1.657 y el Gobierno autonómico 109, frente a los 1.206 estipulados.