Los trabajadores y las trabajadoras en todo el mundo hablarán con un sola voz en esta movilización sin precedentes en protesta contra los resultados de más de dos décadas de desregulación: creciente inseguridad, enormes desigualdades y una espiral descendiente de la competencia mundial que hace que los beneficios económicos primen sobre los derechos fundamentales de las personas. Nuestro objetivo es que este día se convierta en un catalizador de auténticos cambios”, advertía el secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Guy Ryder. Una organización supranacional que engloba a más de 300 centrales sindicales de más de 100 países, y que cuenta con más de 170 millones de afiliados, lo que la convierte en la mayor organización social del mundo.

Ryder hacía referencia a la denominada Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que teína lugar el pasado 7 de octubre con miles de actos de diversa índole celebrados por todo el planeta, y que tenían su origen en el deterioro de las relaciones laborales a escala universal, en buena medida provocado por la crisis global financiera y del propio sistema capitalista. También constituía una primera respuesta a la decisión de la Comisión Europea, a cuya cabeza se encuentra el derechista portugués José Manuel Durao Barroso, de aprobar una modificación de la Directiva comunitaria sobre la Ordenación de los Tiempos de Trabajo que, entre otras medidas contrarias a los intereses de los trabajadores, amplía el tiempo máximo de trabajo semanal en el territorio de la UE de las actuales 48 a las 65 horas, lo que ha sido considerado como un gigantesco retroceso por todas las organizaciones sindicales de las naciones concernidas, así como por organizaciones no gubernamentales y la totalidad de los partidos de izquierda.

También han anunciado su más rotunda oposición los gobiernos de cuatro Estado comunitarios, como son Chipre, España, Grecia y Hungría. Cabe destacar, del mismo modo, la posición contraria del Partido Popular español, pese a sus reticencias iniciales, lo que le lleva a asumir una posición muy distanciada de la mayoría de sus colegas ideológicos en Europa, al menos, en esta materia.

“Los trabajadores y trabajadoras están exasperados ante las políticas que han propiciado el enriquecimiento excesivo de una pequeña minoría que se ha beneficiado de la escasa o inexistente reglamentación de los mercados financieros, mientras que los que fabrican los productos y prestan los servicios en la economía real han ido asistiendo al estancamiento o la caída de sus salarios. En 2006, el Congreso fundacional de la CSI instó a que se proclamara esta Jornada mundial de acción para exigir la transformación fundamental de la globalización y el fin de las políticas del neoliberalismo de libre mercado que nos han llevado al borde de una recesión mundial que podría tener repercusiones catastróficas. Este es el momento para el cambio”, aseguraba Guy Ryder en los momentos previos a la primera movilización de carácter universal y coordinada entre una mayoría de los sindicatos del mundo y numerosas organizaciones y partidos de todo el orbe.

Lo cierto es que, dada la complejidad de la tarea y de lo ambicioso de la propuesta, la jornada del 7 de octubre se saldaba con un notable éxito de convocatoria para los organizadores. Los objetivos declarados de este día de lucha eran tres. En primer lugar, la generalización del “trabajo decente”, concepto acuñado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1999, y que se refiere a un trabajo desempeñado en un marco político y laboral en donde se respetan los principios y derechos fundamentales del trabajo que estableció la OIT en su Declaración de 1998; y un trabajo por el que se perciba un salario que permita al trabajador y su familia vivir con dignidad y con acceso a unas prestaciones sociales básicas. Los derechos y principios de la Declaración de 1998 son los fundamentos mínimos e irrenunciables del derecho laboral internacional: libertad de asociación sindical, derecho de huelga y de negociación colectiva, prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzoso y de la discriminación laboral en razón del sexo, la raza o cualquier otra característica del ser humano. En España, este objetivo se concreta en la exigencia de reducción de la siniestralidad laboral y el trabajo precario y de eliminación del trabajo no declarado, donde se concentran los mayores niveles de sobreexplotación.

La segunda exigencia es que los gobiernos y las instituciones internacionales adopten las medidas necesarias para que se alcancen, en 2015, los Objetivos del Milenio definidos por la ONU para la reducción de la pobreza en el mundo, y que los organizadores denuncian por su incumplimiento sistemático. En Europa, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) incluía un tercer punto en su llamamiento europeo: el rechazo al proyecto de Directiva sobre tiempo de trabajo que el Consejo Europeo aprobó el pasado mes de junio. A criterio de la CES, esta modificación atenta contra referencias básicas del modelo social europeo, vulnera varias de las referencias básicas de la Organización Internacional del Trabajo y ataca frontalmente la función de la negociación colectiva. En su comunicado hacen una referencia expresa a nuestro país, congratulándose de la reciente moción parlamentaria, aprobada por unanimidad en el congreso de los Diputados, en la que se rechaza el proyecto de nueva directiva comunitaria. Y se avisa de la intención de poner en marcha una acción internacional coordinada de largo recorrido cuando aseguran que “el movimiento sindical quiere iniciar un nuevo camino de acción de ámbito mundial presidido por la voluntad de construir un nuevo internacionalismo solidario”.

En el comunicado de convocatoria de la jornada del 7 de octubre difundido en España, y firmado por Guy Ryder y los secretarios generales de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores, José María Hidalgo y Cándido Méndez, respectivamente, los sindicalistas lanzan una severa advertencia: “Hay señales que permiten pensar en una crisis de modelo, de un modelo basado en el predominio absoluto del mercado, sin gobierno mundial y con escasas reglas para la economía y el trabajo, y con el capital financiero especulativo y las empresas multinacionales como principales e incontrolados sujetos de la economía. (…) Los sindicatos les recordamos lo que venimos reclamando desde hace décadas: un gobierno democrático de la globalización que lleve a una sociedad mundial con normas y derechos universalmente reconocidos. Entre ellos, destacadamente, los derechos laborales y sociales que definen el Trabajo Decente”.

La respuesta a la convocatoria tenía, efectivamente, una respuesta casi universal. La jornada comenzaba en las islas Fidji, con una fiesta informativa. La organización de jóvenes de la FTUC ponía en marcha un taller sobre el trabajo decente. En Nueva Zelanda se llevaba a cabo una acción de información en los lugares de trabajo por parte de los sindicatos. En Australia, la ACTU organizaba un evento mediático junto a líderes comunitarios en Melbourne, asambleas en los lugares de trabajo y un seminario sobre el Trabajo Decente. En Japón tenía lugar una concentración nacional en Tokio, con más de 2.000 participantes y una posterior manifestación. En la Federación Rusa se habían programado diversas actividades desde Moscú hasta Kamchatka. En Moscú se repartía información en 72 estaciones de metro y una concentración en el muelle T. Shevchenko, al que habrán llegado tres barcos con pancartas sobre la Jornada Mundial por un Trabajo Decente. En Hong Kong se desarrollaban varias manifestaciones por el Trabajo Decente y el salario mínimo interprofesional. En India se sucedían también numerosas actividades y manifestaciones a nivel nacional, desde Nueva Delhi hasta Mumbai.

En Estados Unidos, la central AFL-CIO organizado a todos sus miembros para participar en la jornada, y movilizaba a un millón de personas en todo el país. En Nueva York se realizaba un acto con la participación de la ex Presidenta de Irlanda y Alta Comisaria de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mary Robinson. En América Latina, la Confederación Sindical de las Américas hacía un llamamiento global para el continente, en el que se englobaban acciones en diversos países (Bolivia, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil). En Argentina se hacía un despliegue informativo con mesas para difundir la reivindicación a los ciudadanos en las calles, además de la organización de una acción simbólica en la capital y mesas redondas temáticas. En Colombia, las actividades se centraron en torno al Trabajo Decente, pero también a la libertad sindical y política. Diversos actos relacionados tenían lugar en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. En Bolivia se organizaba un debate nacional sobre el Trabajo Decente. En Perú, se producían paros regionales y marchas, teniendo como eje central la movilización en las principales ciudades.

En Sudáfrica, el sindicato UNI ha lanzado una página web en la que promovía la Jornada Mundial por un Trabajo Decente. En Malawi, las acciones se centraron más en la cuestión del VIH en los lugares de trabajo, un tema fundamental en el continente africano. En Mauritania, las tres centrales sindicales organizaron diversas actividades, entre las que destacó una gran marcha a Nouakchott, en un momento político especialmente difícil en el país. En Chad se organizó una conferencia debate, mientras que en  Túnez tenía lugar una conferencia nacional tripartita para sensibilizar sobre el tema del Trabajo Decente.

En Europa se desarrollaba una gran diversidad de eventos, entre los que destacaron por número y participantes los organizados en España y Francia. El gran acto de París consistía en una multitudinaria concentración a la que siguió un concierto en el Trocadero. Este evento había sido organizado por las cinco confederaciones sindicales francesas y la CES. En Italia, la CGIL, la CISL y la UIL coordinaban una conferencia internacional sobre el “derecho a trabajar, la solidaridad y la igualdad de derechos en una nueva globalización” en Asís, con la participación de dirigentes sindicales de diversos países. En el Reino Unido el TUC capitaneó un día de actividades en la Congress House de Londres. Fue una de las concentraciones más grandes en torno a temas laborales que jamás haya tenido lugar en el Reino Unido; más de 50 talleres, películas, exposiciones y puestos de sindicatos, organizaciones para el desarrollo, organizaciones de comercio justo e instituciones académicas. En Alemania, la DGB desarrollaba más de 25 eventos públicos. Uno de los temas principales fue el salario mínimo interprofesional, que no existe en Alemania. La IG Metall se concentraba en Hannover. En Berlín coincidían tres actos distintos. En España se producían diversas concentraciones por todo el país. Las principales en Madrid, aunque Comisiones Obreras y UGT, de una parte, y USO, por otra, las celebraban en diferentes lugares.

ESPAÑA RECHAZA LA DIRECTIVA

A finales del pasado mes de septiembre, en lo que constituía un hecho muy poco habitual en el Congreso de los Diputados, se votaba una moción que rechazaba explícitamente la reforma de la Directiva europea de Ordenación del Tiempo de Trabajo con la unanimidad de todos los grupos de la Cámara (incluido el Popular). Esta posición del principal partido de la derecha española causaba cierta sorpresa, ya que esta reforma está siendo impulsada en el seno de la UE, fundamentalmente, por las fuerzas más conservadoras, que cuentan con una mayoría cualificada en el Consejo de Europa tras las últimas elecciones legislativas en Francia y en Italia, donde la derecha desplazaba a los socialdemócratas del poder. También resultaba un tanto chocante porque en el momento de la aprobación de la reforma por el Consejo –queda pendiente el trámite ante el Parlamento Europeo, donde las cosas no están tan claras-, el pasado 10 de junio, el portavoz del PP en materia de Empleo, el diputado José Ignacio Echániz, acusaba al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de tratar de “confundir” a la sociedad española, puesto que argumentaba que la aplicación de la directiva “no es obligatoria”, y que, básicamente, estaba planteada para resolver un viejo problema de determinados trabajos en los que se realizan guardias (hospitales, cuerpos de bomberos, policías…).

En cuanto al Ejecutivo, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguraba ante el Parlamento que el Gobierno se opondría abiertamente a la aplicación de esta norma, en caso de resultar finalmente aprobada por el Parlamento Europeo. Además, en este sentido, comunicaba que el Grupo Socialista español en el legislativo comunitario estaba liderando las acciones para conseguir que la propuesta fuese derrotada en la Cámara europea. Corbacho consideraba que caso de prosperar esta iniciativa, significaría “un retroceso en la agenda social”, que nos acercaría “más al siglo XIX que al XXI”. En idéntico sentido se pronunciaba el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que anunciaba que España trabajaría en el Parlamento Europeo para derrotar la propuesta.

Durante mucho tiempo, España, junto a Francia y a Italia había liderado el movimiento de resistencia a esta modificación, y apoyándose en Bélgica, Hungría y Chipre, mantenían una minoría de bloqueo en la Comisión Europea. Los cambios de Gobierno, tras sendos procesos electorales, en Francia e Italia (con victorias de la derecha) deshacían este frente en los últimos meses, y la posición favorable a la modificación conseguía alcanzar una mayoría cualificada que le ha permitido volver a aprobar esta modificación.

En nuestro país, en materia de ordenación del tiempo de trabajo, contamos con una de las legislaciones menos desfavorables a los trabajadores de toda la UE. La jornada laboral semanal queda establecida en 40 horas (frente a las 48 de la actual directiva europea), pero permite jornadas superiores a las 40 horas siempre que no se supere la jornada anual de 1.826 horas –equivalente a un promedio semanal de 40 horas-. También se establece un descanso obligatorio de un mínimo de 12 horas entre la finalización de una jornada y el comienzo de la siguiente, además de un descanso semanal mínimo de 36 horas. En la normativa se contempla la posibilidad de la realización de horas extraordinarias, con una limitación de 80 al año.

La oposición a este cambio radical en la regulación de las relaciones laborales en Europa no sólo se ha producido en el Congreso de los Diputados. Varios parlamentos autonómicos e innumerables ayuntamientos repartidos por toda la geografía nacional están aprobando diversas mociones en el mismo sentido. Algunas muy duras, como la aprobada a finales de agosto en el ayuntamiento madrileño de San Fernando de Henares, gobernado por Izquierda Unida. En algunos de sus párrafos se acusa a la iniciativa de la Comisión Europea de promover la conculcación de derechos laborales y de poner fin a la Europa Social: “Consideramos que la ampliación a 60 horas del tiempo de trabajo semanal es un retroceso histórico en las relaciones laborales y en las costumbres europeas en el ámbito del trabajo. Consideramos que dejar a la negociación individual entre el trabajador y el empresario la fijación de las horas máximas de trabajo semanal supone menoscabar otro de los pilares fundamentales de nuestro sistema de Derecho Laboral, como es la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37 de la Constitución. Lo aprobado atenta contra el derecho constitucional a la negociación colectiva e introduce la posibilidad de que el trabajador renuncie a sus derechos, una directiva que de ser definitivamente aprobada supondrá una agresión brutal a los derechos sociales y laborales de los y las trabajadores europeos”. Para los suscriptores de esta moción, “esta fórmula busca legitimar y ocultar un incremento efectivo de la jornada laboral de hasta las 78 horas semanales, prácticamente el doble de lo actualmente permitido, dinamitando con ello el Estado Social y de Derecho”.

LA LARGA LUCHA POR LA JORNADA DE OCHO HORAS

La reforma de la Directiva Europea de Ordenación del Tiempo del Trabajo camina en dirección diametralmente opuesta al signo de la historia hasta nuestros días, ya que, desde finales del siglo XIX, las reivindicaciones del movimiento obrero y una dura lucha de décadas habían ido consiguiendo una paulatina reducción de la jornada laboral en las legislaciones de los diversos países, pero muy especialmente en los del denominado Primer Mundo, con especial incidencia en Europa, donde, en algunos países, como Francia, se había llegado a conseguir que el periodo de trabajo semanal quedase establecido en 35 horas.

Un largo y duro camino que comenzaba, paradójicamente, con las grandes movilizaciones sindicales en Estados Unidos en la penúltima década del siglo XIX. En una época de gran convulsión y numerosas huelgas que eran combatidas con total violencia por el Estado y los pistoleros a sueldo de los patronos, el 1º de Mayo de 1886 los trabajadores de las ciudades industrializadas de Estados Unidos iniciaban una huelga general en la que la principal reivindicación era la jornada de 8 horas, siguiendo la convocatoria de la Federación Norteamericana del Trabajo. Pararon más de 5.000 fábricas y 340.000 obreros salieron a la calle en diferentes manifestaciones. La consigan era: “Ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas de ocio”. En aquellos momentos las jornadas diarias en los centros fabriles se extendían entre las 12 y las 18 horas, seis días a la semana.

En la industrial ciudad de Chicago, los dueños de las fábricas ejercían una explotación casi sin límites y también empleaban la represión más salvaje como método de contención de las reivindicaciones y de las huelgas y movilizaciones obreras, siempre apoyados por la policía, y en el caso de esta población, por los pistoleros a sueldo de la agencia de los Hermanos Pinkerton y, en numerosas ocasiones, por miembros de la mafia. El periódico Chicago Tribune llamaba a la represión: “El plomo es la mejor alimentación para los huelguistas. La prisión y los trabajos forzados la única solución”.

La Huelga en Chicago, con un movimiento obrero especialmente sensibilizado y organizado por anarquistas y socialistas, continuó en los días siguientes. El 2 de Mayo la policía disolvía violentamente una concentración de 50.000 trabajadores. El 3 los disparos de las fuerzas del orden mataban a seis trabajadores y herían a varias decenas. El 4 de mayo, cuando disolvían un mitin al que asistían 15.000 personas, una bomba mataba a 7 policías. Como consecuencia, la represión de la policía y los pistoleros de la patronal se cobró la vida de 36 obreros y 115 heridos. Se decretó el estado de sitio, se detuvieron a más de 300 trabajadores, entre ellos los 8 dirigentes anarquistas y socialistas que serían acusados, sin pruebas y con falsos testimonios preparados por la agencia Pinkerton, del asesinato de los policías. Todos ellos se declararon inocentes pero cinco de ellos fueron condenados a la pena de muerte y los otros tres a cadena perpetua. Cuatro años después se reabría el caso y se demostraba la inocencia de quienes han sido conocidos en la historia como “los Mártires de Chicago”. El Primer Congreso de la Internacional Socialista, en 1889 decidió convertir el 1º de Mayo en el “Día mundial de la clase obrera”.

En 1917, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) aprobaba una resolución por la que el tiempo máximo de la jornada laboral semanal quedaba establecido en 48 horas –exactamente igual que la actual directiva de Ordenamiento del Tiempo de Trabajo de la UE, 91 años después–. Era la culminación de una larga serie de luchas obreras en diversos Estados, que había costado miles de vidas, y que pretendía poner fin a la penosidad de las condiciones laborales heredada de la Revolución Industrial. Una norma que aún a día de hoy no se aplica en un buen número de países, especialmente los que se encuentran en vías de desarrollo, pero que sí ha formado parte de la tradición de todo el Derecho Laboral en Europa y que fue adoptada, desde el principio del proceso de formación de las Comunidades Europeas y de los sucesivas designaciones con que ha sido conocida la actual UE. 

LOS CAMBIOS DE LOS ‘DURAO BOYS’

Los principales puntos de la propuesta aprobada por la Comisión son los siguientes:

Introduce la llamada cláusula opt-out (propuesta de efectuada por Reino Unido, ya en vigor). Consiste en un acuerdo privado por el cual empresario y trabajador pueden firmar un incremento de la jornada laboral. Esta cláusula podría aplicarse una semana después de haberse firmado el contrato laboral. Es una medida que profundiza la precarización del empleo, porque se coloca con un rango superior al de la negociación colectiva, recogida como un derecho básico en la legislación de muchos países comunitarios, entre otros, en la Constitución Española. De este modo fomenta la individualización de las relaciones laborales, al permitir que el empresario imponga a cada trabajador de forma individual su tiempo de trabajo mediante la aplicación de las cláusulas opt-out (option-out, literalmente, la “opción de salirse fuera”). La aprobación de esta directiva abriría, a criterio de muchos expertos en relaciones laborales, la puerta al “dumping social”, sentando un precedente que puede extenderse a otros campos al margen de la propia jornada laboral, como los salarios o las condiciones de seguridad e higiene laboral.

Incremento de la jornada laboral a 60 horas y 65 o 78 horas semanales para los colectivos denominados on-call (servicios médicos y de emergencia, etc. Este concepto no está definido a a nivel europeo, por lo que cada país cuenta o no en este momento con una enumeración o definición de los sectores on-call).

La nueva propuesta establece mantener la jornada de 48 semanales, pero modificando el periodo de referencia para su cómputo. La propuesta de la Comisión retira las salvaguardas que existían y fija un período de cómputo de 12 meses. De esta forma, la jornada no sería de 48 semanales, sino que esto sería la media anual por semanas, permitiendo a las empresas imponer jornadas mucho más amplias a los trabajadores y turnos irregulares. Cuanto mayor es el período, mayor es el riesgo de que los trabajadores se vean sometidos a jornadas laborales abusivas.

El incremento de la jornada laboral mediante cláusulas opt-out permitiría alcanzar las 60 horas semanales, para cualquier sector laboral, y prevé para los colectivos on-call la posibilidad de ampliar su jornada laboral hasta las 65 horas, mediante acuerdo privado; e incluso hasta 78 horas semanales cuando así lo recoja un convenio colectivo. Esta fórmula permitiría legitimar un incremento efectivo de la jornada laboral de hasta las 78 horas semanales, prácticamente el doble de lo actualmente permitido.

Se redefine el concepto de “tiempo de trabajo”; la actual directiva considera “tiempo de trabajo” “todo periodo durante el cual el trabajador pertenezca en el puesto de trabajo a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales”. La nueva directiva no considera “tiempo de trabajo” los períodos que, aún permaneciendo en el lugar de trabajo o estando requeridos no se esté realizando una función efectiva. El ejemplo más claro son las guardias médicas. Esta medida afecta a múltiples elementos de la relación laboral como la protección social, puesto  que cualquier accidente durante estos períodos no estaría protegido como accidente laboral. Los sindicatos médicos europeos ya han advertido de que irán a la huelga en toda la UE si la modificación les es aplicada.

LA BATALLA DE ALEJANDRO CERCAS

Han pasado más de tres años (mayo de 2005) desde que el eurodiputado socialista español Alejandro Cercas consiguiera una victoria, al menos, momentánea, ante las pretensiones de la Comisión Europea de modificar la Directiva Europea sobre la Ordenación del Tiempo del Trabajo, en términos casi idénticos a los que ahora acaba de volver a presentar este órgano comunitario, integrado por los comisarios (uno por Estado) a propuesta de cada país y designado por el presidente, en este caso, el portugués José Manuel Durao Barroso.

En aquel momento, Cercas recibía el encargo de realizar un informe exhaustivo acerca de la modificación de la directiva vigente –la 2003/88-, en los términos que había acordado la Comisión. Tal y como ha descrito el propio eurodiputado en las páginas del número 76 de Iniciativa Socialista, la cuestión encerraba (y encierra) una enorme relevancia, porque “implicaba una definición sustancial sobre el futuro del modelo social europeo y sobre la existencia misma de la Europa social”.

Pese a las múltiples presiones en aquel momento (mayo de 2005), Alejandro Cercas conseguía que el pleno del Parlamento Europeo aprobase su informe y, con ello, echaba por tierra las pretensiones del equipo de Durao Barroso. La complejidad burocrática de la UE, que ante una negativa del Parlamento a una propuesta de la Comisión, obliga a que se den una serie de pasos en busca de un nuevo acuerdo de consenso, y a la cumplimentación de determinados procedimientos, la nueva propuesta de la Comisión Europea en materia de jornada laboral se ha retrasado algo más de tres años, pero conserva intactos los perfiles que ya se pretendían en 2005. La directiva de 2003, y la precedente, de 1993, establecían una jornada laboral máxima de 48 horas semanales, con una excepción –la cláusula opt-out, introducida a exigencia del Reino Unido, en 1993-, por la que estos tiempos podrían ser excedidos en caso de acuerdo entre patrono y trabajador. Para Alejandro Cercas, “tal cláusula se introdujo, muy hábilmente, con carácter temporal, toda vez que a los 10 años había que revisarla a la luz de la experiencia en dicho periodo. Pasados esos 10 años, el Parlamento dispone de evidencias que muestran las consecuencias desastrosas del uso masivo de esta cláusula en el Reino Unido, en donde cinco millones de trabajadores realizan más de 48 horas semanales, todas las semanas del año”. El eurodiputado español ya argumentaba durante aquel intento de modificación de la directiva que, caso de aprobarse “se abrirá irremediablemente un camino para la competencia desleal entre los países, fragmentando el mercado de trabajo y creando en el corazón de Europa un conjunto de prácticas laborales hasta ahora sólo vigentes más allá del Atlántico o en el Pacífico. En suma, la cláusula opt-out es el caballo de Troya ‘chino’ en el corazón del modelo social europeo. Sin exageración, bien se puede decir que aceptar tal principio es tanto como aceptar que las normas sociales son voluntarias (es decir, que no son normas) yque la Europa Social es sólo un adorno retórico sin virtualidad en el mercado único”.

El informe de Alejandro Cercas –y, por tanto, la derrota de la propuesta de la Comisión- era aprobado por una mayoría del Parlamento Europeo compuesta por el Grupo Socialista, La Izquierda Unitaria, los Verdes e importantes minorías de liberales y conservadores. Con visión de futuro, o como buen conocedor de que el proceso no habría de detenerse por esa derrota momentánea, ya en el verano de 2005, El eurodiputado socialista avisaba de que “lo que se ha abierto en Europa es un debate importantísimo, por el fondo y porque, por primera vez, algunos estamos empeñados en que no se decida el futuro de la Europa Social en los pasillos del Consejo, entre funcionarios y diplomáticos, sino con luz y taquígrafos, ante los ciudadanos y los trabajadores de Europa y ante sus organizaciones”. Cercas iba más lejos y, sabedor de que la mayoría conservadora del Consejo volvería a la carga tan pronto como los plazos se lo hicieran posible, ya instaba hace tres años a “comentar esta batalla y este combate a conocidos y amigos; en los partidos, en los sindicatos… para que sepan que algo muy importante está pasando en Bruselas y que es fundamental actuar cada uno en su espacio social, porque el modelo social europeo es demasiado importante para dejarlo sólo en manos de los funcionarios y los diplomáticos”.

Ahora, nuevamente, la pelota está en el tejado del Parlamento Europeo.