Tripartito y CiU aprueba 'in extremis' su propuesta de financiación

MONTILLA Y MAS LOGRAN SU PRIMER PACTO

Un apretón de manos entre Montilla y Mas, un mensaje claro para Solbes. Pese a las diferencias, que no son pocas, el Gobierno catalán y el principal partido de la oposición se disponen a ir a una en las negociaciones de la financiación autonómica. Por lo menos, así lo plasmaron en una resolución conjunta que, aunque ceñida al Estatut y sin cifras concretas, ya fue objeto de diferentes interpretaciones por parte de CiU y PSC cinco minutos después de firmarse.
Mientras aguardan a que el ministro de Economía mueva ficha, ambos partidos
abundan en matices y declaraciones.

Por Natalia Araguás (Barcelona)

No sin dificultades y apurando hasta el último minuto, José Montilla y Artur Mas suscribieron el que ha sido su primer pacto político, con la financiación catalana como objeto. El debate de política general que se celebró en el Parlament durante la primera semana de octubre culminó con una resolución conjunta que salió adelante con amplia mayoría (117 votos a favor de CiU y el tripartito contra 16 del PP y Ciutadans). Hasta cinco prórrogas fueron necesarias para consensuar un texto que tiene como punto esencial aquel que recoge que "los recursos de las finanzas de la Generalitat en el ejercicio 2009 tienen que incluir el rendimiento completo de todos los tributos estatales cedidos de acuerdo con lo que dispone el Estatut". Según éste, la Generalitat gestionará el 50 por ciento del IRPF, el 50 por ciento del IVA y un 58 por ciento de los impuestos especiales. CiU quiere que esta cesta de impuestos se la quede el Gobierno catalán de forma íntegra, lo que supondría 2.500 millones de euros más para el 2009. Sin embargo, el tripartito recuerda que de aquí debe salir la solidaridad con el resto de comunidades autónomas, lo que rebaja notablemente la cifra para Cataluña. El mismo día en que se firmó el acuerdo, el conseller de Economía, Antoni Castells, emplazó a no enturbiarlo con "discusiones bizantinas" e insistió en que del redactado no podía desprenderse ninguna cifra. El conseller también recordó que el sistema de financiación autonómica que finalmente se pacte con Moncloa no sólo dependerá de la cesta de impuestos, sino del dinero que Solbes ponga encima de la mesa y de los mecanismos de nivelación. Fuentes cercanas a Montilla consideran que lo que pide CiU es el concierto económico, algo que el Estatut no contempla.

Así las cosas, unidad institucional, sí, pero no de planteamientos. La propuesta de financiación aprobada por los partidos catalanes trae reminiscencias de aquel 30 de septiembre del 2005, cuando se alcanzó un acuerdo sobre el Estatut in extremis duró lo mismo que un caramelo en la puerta de un colegio. A diferencia de entonces, cuando se apostó por un Estatut de máximos, esta vez se ha optado por el pragmatismo: la resolución, aunque ha dado lugar a múltiples interpretaciones, viene a precisar lo que ya recoge la carta estatutaria. Al poco de conocerse el acuerdo, Solbes consideró razonable que así sea. No obstante, advirtió que lo que "algunos creen" que contempla el Estatut es siempre discutible y que cualquier modificación de la cesta de impuestos deberá realizarse de acuerdo con la Constitución y la LOFCA. Además, el ministro apeló de nuevo a la primacía de la multilateralidad de las negociaciones. Esto es, el frente común catalán tendrá que vérselas con las comunidades autónomas más beneficiadas por el actual sistema.

Queda por ver si la unidad saltará por los aires al primer contratiempo, con CiU y PSC de vuelta a los malos quereres ante el regocijo del Gobierno español. Con todo, esta entente no debiera ser menospreciada por José Luis Rodríguez Zapatero, ya que la cautela mostrada hasta el momento lleva a pensar que nadie romperá el pacto si no se cree armado de buenos motivos para ello. PSC y CiU se escudan en el Estatut, aprobado también por las Cortes Generales, cuyo plazo legal para alcanzar un acuerdo sobre financiación, el 9 de agosto, ha sido pulverizado. Ahora, el calendario apremia si efectivamente el Gobierno de Zapatero pretende alcanzar un acuerdo marco antes de final de año y las conversaciones deben intensificarse.

Con todo, de nada sirve la unidad catalana si Montilla no la hace valer en Madrid, se han apresurado a recordar os dirigentes de CiU. Tanto Artur Mas como Josep Antoni Duran i Lleida han emplazado al presidente catalán a que esté a la altura de la confianza depositada en él. Reivindican que, si es necesario, el PSC debe echar mano de sus 25 diputados en el Congreso para bloquear los Presupuestos Generales del Estado (PGE), mientras que los socialistas desvinculan las negociaciones de financiación de los presupuestos, así como ERC. El portavoz de los republicanos en el Congreso, Joan Ridao, sorprendió a propios y extraños al defender que "una cosa no debe mezclarse con la otra", después de que el pasado 30 de julio asegurase tras entrevistarse con Zapatero que los Presupuestos no contarían con el aval de Esquerra si el Gobierno no mejoraba la financiación o ponía trabas al despliegue del Estatut. En su papel de oposición, CiU insiste y exige al PSC máxima firmeza. Antes de recortar la financiación catalana, sugirió su presidente Artur Mas, cabría plantearse adelgazar el Estado o bien reducir la solidaridad con las comunidades "sobrefinanciadas", a favor de las que tradicionalmente han sido perjudicadas por el sistema.

Consciente de que el acuerdo de financiación que finalmente se arranque a Madrid no será en todo caso digno de encomio, CiU ha optado por ceder a Montilla el protagonismo en las negociaciones. Pese a las diferencias con os socialistas catalanes, la federación nacionalista ha decidido brindarles su apoyo ya que no quiere precipitarse y aparecer ante la opinión pública como responsable del fracaso de las negociaciones. A costa de marcar perfil, CiU se ha sumado al pelotón y ha dejado que Montilla se desgaste en las negociaciones con Moncloa. La federación nacionalista confía en que, llegado el momento y sin acuerdo en financiación, el PSC acate mansamente los Presupuestos Generales del Estado para entonar aquello del "te lo dije". Dado el nuevo posicionamiento de ERC, pierde fuerza la posibilidad de que el tripartito peligre si el PSC no consigue imponerse a Zapatero. Entretanto, Montilla gana puntos como presidente de la Generalitat, al catalizar la comunión de los partidos catalanes, la sociedad civil y hasta el apoyo histórico de cuatro ex presidentes –Jordi Pujol y Pasqual Maragall, de la Generalitat; y Heribert Barrera y Joan Rigol; del Parlament– por una buena financiación para Cataluña. Montilla asiste estos días a su encumbramiento como presidente de la Generalitat y, como se vio en el debate de política general, va imponiendo poco a poco su estilo, aunque en principio muchos dudaran de que lo tuviese. CiU espera, cuanto más fulgurante sea el ascenso, más grande será la caída.

Y es que el debate sobre la financiación ha comenzado a trasladarse a la ciudadanía. En un contexto de crisis, argumentan los partidos catalanes, la Generalitat se verá atada de pies y manos para prestar los servicios básicos que su población requiere si no ve aumentados sus recursos. Las autonomías serán las que paguen "la factura social" de la crisis, observó Josep Antoni Duran i Lleida. En un reciente informe, ERC calculó por su parte que la Generalitat podría dejar de ingresar 2.000 millones de euros como consecuencia de la actual coyuntura económica. Si no se contrarresta con una mejora del sistema de financiación peligra la aplicación de la Ley de Dependencia, el Plan de Barrios, la construcción de nuevas escuelas, la incorporación de un millar de maestros y una buena parte de las infraestructuras previstas. La sociedad catalana, en un principio ajena al tema, comienza a ser sensible a lo que se le presenta como un agravio comparativo con otras comunidades que además afecta a su día a día.

En la esfera política, reina la desconfianza. Ante las tentaciones maximalistas de CiU, desde las filas socialistas se recuerda que la actual cesta de impuestos fue pactada en el 2001 con el PP cuando Jordi Pujol era presidente de la Generalitat y Artur Mas conseller primer. Entonces, CiU tuvo a bien aceptar el 33 por ciento del IRPF, el 35 por ciento del IVA y el 40 por ciento de los impuestos especiales. Ahora que el nuevo Estatut ya fija los porcentajes (50 por ciento, 50 por ciento y 58 por ciento), el debate se centra en que Zapatero transija con modificar los mecanismos de solidaridad para que Cataluña no pierda posiciones en el ranking de autonomías tras la redistribución de los impuestos. •