Jean-Pierre Dubois, presidente de la Liga francesa por los Derechos Humanos (LDH)

"A SARKOZY NO LE GUSTAN LOS DERECHOS HUMANOS"

ONGs, asociaciones y sindicatos de Francia se movilizan este jueves, en la onomástica de Santa Eduvigis, para protestar contra el nuevo proyecto de fichado de ciudadanos del Ejecutivo francés. Hasta hace dos semanas, las siglas de ese proyecto coincidían con el nombre de la santa bávara. La movilización contra 'Edvige' de organizaciones proderechos humanos galas, en cuya primera línea destaca la LDH, ha obligado al Gobierno de Nicolas Sarkozy a cambiar sus planes iniciales. Para el presidente de la LDH el Ejecutivo francés tiene la intención de aprobar un proyecto que pasa "por alto la Constitución francesa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1789 y la Convención Europea de los Derechos Humanos".

Por Salvador Martínez (Paris)

Qué opinión le merece que el Gobierno esté dispuesto a modificar el proyecto 'Edvige'?
—El Gobierno ha retrocedido claramente. Se trata del primer retroceso del ejecutivo en materia de seguridad desde 2002. El primer ministro, François Fillon, y los ministros concernidos por la creación de 'Edvige' dicen ahora que harán parte de lo que les pedíamos. Hace un mes nos aseguraban que introducir cambios era imposible. En consecuencia, se debía fichar la orientación sexual de los ciudadanos o, incluso, el estado de salud de los líderes políticos o sindicales. Sin embargo, en el nuevo 'Edvige' ya no se habla de este tipo de datos. Además, el ejecutivo promete eliminar de 'Edvige' el fichero de personalidades políticas y de responsables sindicales y asociativos. Pese a que no estoy seguro de que el Gobierno termine haciéndolo, este retroceso me parece algo bueno porque hasta ahora se había considerado a los ciudadanos útiles para la democracia como personas que podían haber cometido delitos.

—La gran novedad de 'Edvige' es que añade el fichado de los jóvenes desde los 13 años de edad. En este punto el Gobierno también parece ceder.
—Sobre el fichado de los jóvenes a partir de los 13 años de edad, la ministra del Interior, Michéle Alliot-Marie, nos promete que habrá un "derecho al olvido". Es decir, que una vez que los menores fichados hayan cumplido la mayoría de edad, la ficha se borrará. Resulta incomprensible que se hable de "derecho al olvido". ¿Olvido de qué? Según la ministra, 'Edvige' solo implicaría el fichado de los jóvenes delincuentes. Esto es falso e innecesario porque ya existen ficheros que contienen los delitos de los jóvenes delincuentes: los antecedentes penales. Que los delincuentes sean fichados no plantea ningún problema, pero lo que sí nos alarma es lo que pretende el Gobierno: que los jóvenes sospechosos según la policía sean fichados, incluso cuando no han hecho nada. Ésta es la base del fichero 'Edvige'.

—¿Por qué es tan grave este hecho?
—Porque pasa por alto la Constitución francesa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1789 y la Convención Europea de los Derechos Humanos. Además, se ignora la separación de poderes. No es lo mismo ser condenado por un juez que ser tratado como un condenado cuando, en realidad, la policía sólo sospecha. Por todo ello, la LDH considera que el 'Edvige' que nos propone ahora el Gobierno, el 'Edvige 2.0', sigue siendo inaceptable. De ahí que mantengamos la movilización. Este jueves nos echaremos a la calle para mostrar nuestro rechazo al fichado de os ciudadanos y para recabar un millón de firmas que apoyen nuestra propuesta de abrogación del 'Edvige 2.0'.

—¿Qué piensa de la actuación del jefe de Estado respecto de la reforma que representa 'Edvige'?
—Nicolas Sarkozy ha comprendido muy rápidamente que el ejecutivo estaba en dificultades dada la movilización que despertó el decreto sobre la creación de 'Edvige' emitido por el primer ministro. Por eso habló de la elaboración de una ley sobre el fichado de los ciudadanos que garantice el respeto de los derechos y las libertades fundamentales. Pero la creación de una ley conlleva el trabajo transparente del Parlamento. Esto es lo que no quiere Sarkozy, ni Fillon, ni Alliot-Marie. A ningún miembro del Ejecutivo le interesa que los ciudadanos franceses puedan estar al corriente de que buena parte de la sociedad francesa ya está fichada por las autoridades. En Francia existen 46 sistemas de fichado de ciudadanos. Sin embargo, lo más grave es que las fichas de algunos de esos sistemas, como las del fichero 'Stic', que concierne a 20 millones de personas, contienen un 53
por ciento de información falsa, según los datos del Gobierno.

—No es la primera vez que el presidente Sarkozy se enfrenta a las críticas de las organizaciones proderechos humanos. ¿Cómo explica el pulso que mantienen con el jefe del Ejecutivo?
—A Nicolas Sarkozy no le gusta la aplicación de los derechos humanos. Es cierto que los defiende a capa y espada en discursos y en declaraciones oficiales. No obstante, cuando se trata de aplicar los derechos fundamentales, no hace nada. ¿Cómo explicar entonces que Francia, donde nacieron tantos derechos y libertades, tenga una policía política equivalente a la que existe en China? Me refiero a los ex servicios de Inteligencia de los Renseignements Généraux (RG) fusionandos este verano con la Dirección de Vigilancia del Territorio (DST, por sus siglas en francés).

—¿Cuál es la particularidad francesa del debate sobre el derecho a la intimidad y a la presunción de inocencia?
—En este país se vigila a los subversivos desde la época de Luis XV, en el Siglo XVIII. A esto se suma la existencia de los RG y de un Estado providencial como es el Estado centralista de Francia. La persecución que sufren los ciudadanos es menos importante en países descentralizados como España. En Francia, cuando todo se decide en París, se tiene mucho más poder de acción policial. Junto a estos factores típicamente franceses se encuentra el no menos importante desarrollo extraordinario
de las nuevas tecnologías registrado en los últimos años.

—La vigilancia, observación y fichado de los ciudadanos no es una práctica exclusivamente francesa.
—Por supuesto que no. El primer ministro británico, Gordon Brown, pretende fichar genéticamente a todos los ciudadanos de su país. El Reino Unido cuenta con más cámaras de vídeovigilancia que el conjunto de países miembros de la UE. En Alemania, el ministro del Interior, Wolfgang Scháuble, ha dicho que hay que actuar como si cada ciudadano fuera un terrorista en potencia y, hasta en Suecia, el Estado puede acceder a toda comunicación internacional de un ciudadano sueco, ya sea por email o por teléfono. Es más, mientras nosotros hablamos, ahora mismo, mi teléfono móvil podría convertirse en un micrófono para usos policiales si mi operador telefónico se viera obligado a hacerlo por las autoridades.

—Tras el 11-S, no se puede obviar la amenaza terrorista. ¿Las democracias van por el buen camino en su lucha contra el terrorismo?
—No. En Francia, por ejemplo, no hemos sufrido atentados después del 11-S como en Madrid o en Londres, pero no es porque se trabaje mejor en la lucha antiterrorista. En 1986 y en 1995 Francia sufrió atentados del llamado terrorismo internacional. Con la etiqueta de "luchar contra el terrorismo" se comenten demasiados abusos. Una colaboradora de Tony Blair dijo al que fuera primer ministro laborista tras el 11-S: "es el momento de tomar medidas impopulares". Esto es lo que ha ocurrido bajo pretexto de la amenaza terrorista. En realidad, las medidas que se plantean a la opinión pública como "antiterroristas" no sirven para nada o son contraproducentes. Incrementan la presión policial, la formación de guetos y el salto al radicalismo de jóvenes como los que se hicieron expotar en el metro de Londres.

—¿Cómo se puede luchar contra el terrorismo sin dañar los derechos y las libertades fundamentales?
—No hay que dejarse llevar por el populismo, tomando medidas espectaculares o diciendo, como dijo en su día Nicolas Sarkozy en un barrio difícil: "voy a limpiar las calles de chusma con una manguera a presión". Este discurso de extrema derecha se opone a la verdadera lucha antiterrorista. Me refiero a la que se basa en el conocimiento de las redes criminales, de los tráficos de todo tipo, en la policía de barrio y, sobre todo, la que saca de la exclusión social a los que no pueden integrarse en la sociedad por falta de medios. Esta otra política cuesta dinero público y, en consecuencia, no es tan popular como la del populismo. Así, Nicolas Sarkozy ha sido elegido presidente de la República con la mayoría de los votos de la extrema derecha.