Ecuador respalda ampliamente su proyecto de "refundación" nacional

LA 'REVOLUCIÓN' DE CORREA YA ES CONSTITUCIONAL

Rafael Correa prometió "refundar" el país nada más llegar al poder. Para ello el Presidente centró todos sus esfuerzos iniciales en convocar una Asamblea
Constituyente de 130 ciudadanos que hasta finales julio sorteó los conflictos sociales y desembocó en la aprobación de
una nueva Constitución el pasado 28 de septiembre. Sólo Guayaquil le ha dado la espalda, pero su contundente victoria en el resto del país evita pensar en divisiones internas al estilo boliviano.

Por Ricardo Cana (Quito)

Si no sale, me voy". Éste fue el órdago que lanzó Rafael Correa a la ciudadanía si no se aprobaba la nueva Constitución que debía "re-fundar" la patria desde sus cimientos. Y aunque la partida política le haya costado casi la mitad de su mandato, la espera ha merecido la pena. Los 444 artículos de la nueva Constitución de Ecuador que predican su "revolución ciudadana" fueron aprobados por más del 64% de los votantes, frente al 36% de votos en contra, blancos y nulos. Ni los más optimistas esperaban un apoyo tan contundente, sobre todo, tras el tortuoso camino que tuvieron que sufrir los 130 ciudadanos que conformaron la Asamblea Constituyente durante más de ocho meses de trabajo en Ciudad Alfaro. La nueva Carta Magna supone casi un cheque en blanco para que el presidente pueda dirigir el destino del país por la senda del socialismo del siglo XXI al estilo ecuatoriano, que se concretará en una nueva estructura jurídica, económica y social. "Ecuador ha decidido un nuevo país, las viejas estructuras fueron derrotadas; ésta es la confirmación de la revolución ciudadana", proclamaba un eufórico Correa nada más conocer los resultados del referéndum.

El fenómeno Correa no tiene precedentes en la historia reciente de Ecuador, un país acostumbrado a casi un cambio de Gobierno por año en la última década. Muchos analistas creen que la clave de su último éxito está en el sumak kawsay, expresión quechua que hace referencia a los principios del "buen vivir", que abogan por el equilibrio con el medio ambiente, pero también quedan reflejados en la vigésima Carta Magna de Ecuador a través de: educación pública universal y gratuita hasta el tercer nivel, atención médica gratuita en emergencias, acceso gratuito a la justicia, derecho de paternidad en el trabajo y respeto en ámbito laboral a las mujeres embarazadas, entre otros avances. Asimismo, establece un eje prioritario hacia la integración política, cultural y económica de Latinoamérica. Sin embargo, sus detractores tachan al nuevo texto de "estatista" e "intervencionista" porque uno de sus puntos fuertes es la reelección presidencial, con la cual Correa podría estar en el poder hasta 2017, y se le otorga la facultad de disolver por una sola vez la Asamblea Nacional (Congreso), con la obligación de adelantar las elecciones presidenciales. Pablo Lucio Paredes, ex asambleísta opositor de Ya, afirma que esto es sólo la excusa para "partidizar" de nuevo la Constitución.

Pese a que la victoria de Correa es incuestionable a nivel nacional, Guayaquil parece haber dado la espalda al proyecto constitucional. Allí el alcalde Jaime Nebot, que cuenta con una alta popularidad y se ha convertido en el principal opositor a Correa, también lanzó un órdago al estilo de su contrincante y amenazó con no presentarse a la reelección si la Constitución era aprobada en su bastión particular. Aunque por un estrecho margen, el no se impuso en el mayor puerto económico del país, al no conseguir el apoyo de la mitad más uno de sus votantes (un 45,70 por ciento apoyó el cambio, frente al 47,01 que lo rechazó). Durante este verano Correa no se ha cansado de repetir que el proceso ecuatoriano está muy emparentado con el que ha desembocado casi en un conflicto civil en Bolivia. Las aspiraciones autonomistas de Guayaquil son tachadas por el mandatario ecuatoriano de "separatistas" y "secesionistas", Incluso se ha atrevido a acusar a la oposición de fomentar "actos de violencia" en el marco de la campaña del referéndum, con "tácticas parecidas a los opositores cruceñistas contra Evo Morales o la de algunos grupos de estudiantes venezolanos en Zulia contra Chávez".

Pero Nebot ha tratado de esquivar estas acusaciones en numerosas ocasiones afirmando que "igual que hay que respetar el triunfo del sí, aunque sea un error, también hay que hacerlo con la victoria local del no. El modelo de autonomía funciona y espero que no lo toquen", amenaza, al mismo tiempo que advierte con "reaccionar" si se cambia. Ésta es la razón por la que muchos expertos piensan que lejos de terminar la confrontación provocada por la última campaña electoral, el conflicto sólo acaba de empezar.

Ecuador creció un 2,65 por ciento en su PIB de 2007, muy por debajo del resto de países latinoamericanos en momentos en los que la crisis no justificaba la baja productividad. Aunque se trate sólo de un dato macroeconómico, no hay que olvidar que el país está a la cola de Sudamérica en inversión educativa y sanitaria. La sociedad ecuatoriana espera que la nueva Constitución sea el mecanismo para ejecutar reformas económicas estructurales en el país. "No podemos borrar de un plumazo el liberalismo económico, pero sí ir hacia otras formas de economía popular más cooperativista", comenta Fernando Vega, cura católico y ex asambleísta de PAIS. El problema es que la mayoría de ecuatorianos ve a la nueva Constitución como la "panacea" a todos sus problemas, pero "sólo significa el principio, la forma para conseguir algo", aclara Rosana Alvarado, su compañera de partido, para quien en el primer año se ha dado una "revolución política" y ahora toca la "revolución económica". Algo a todas luces imposible si no se engrosa dinero en las arcas del Estado.

Esto explica la necesidad de crear una serie de leyes urgentes como la que se promulgó sobre los recursos petrolíferos, por la que el Estado se declara único y legítimo propietario de los ricos recursos naturales del territorio ecuatoriano. Con esta medida to-das las empresas extranjeras que operan en el país tendrían que renegociar los contratos y renunciar a gran parte de sus intereses económicos —se baraja que el Estado se quedaría con un 90% de los ingresos extras y se firmarían convenios de un máximo de seis meses—. Pero la nueva ley hace especialmente hincapié en la manera de invertirlo, ya que antes Ecuador estaba obligado a pagar la deuda externa con este dinero. "Hay que terminar con esta visión neoliberal que provoca más endeudamiento, pobreza e iniquidades", denuncia Mónica Chuji, ex asambleísta indígena que dejó el bloque oficialista porque Correa estaba "derechizando" sus políticas.

En la oposición están de acuerdo en que se debe recuperar el control de estos recursos, pero disienten en las formas. Para Nebot esta ley significará "menos obras y servicios para la ciudadanía". También preocupa que se pueda espantar la inversión de las multinacionales. Un informe del Banco Central de Ecuador afirma que la inversión foránea se ha reducido en el país un 34% en el último año. Para evitar esta fuga de capitales algunos especialistas como Carlos Castro, experto jurídico del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) de Ecuador, aconseja que se dejen "claras"las reglas y no se cambien a cada momento. Parecido dilema se da con las empresas mineras, aunque aquí la posición del Gobierno es difusa e incluso ha tenido que enfrentarse a grupos campesinos que se oponían a cualquier explotación dentro de sus territorios, unos jugosos ingresos a los que no puede renunciar Correa y que a día de hoy se encuentran en punto muerto por mandato constituyente.

Hasta ahora el bloque oficialista había hipotecado todas sus reformas y promesas de mejoras económicas a la aprobación de la nueva Constitución. Pero el nuevo Ecuador que pretende fundar Correa y su partido ya ha recibido el crédito que necesitaba. Ahora se establecerá un Régimen de Transición hasta la elección de nuevas autoridades. Unos comicios que supuestamente se celebrarán en febrero de 2009 y que deberían de confirmar un periodo de al menos otros cuatro años más para que Correa pueda ejecutar sus promesas revolucionarias. Sin embargo, Fernando Cordero, último presidente de la Asamblea Constituyente, advierte de que la Constitución va a ser la herramienta que posibilite este cambio, pero "serán necesarios 10 años para ver los primeros resultados y 20 para poder realmente hablar de un nuevo país".•