Esperpentos para la actualidad

Por Mauro Armiño

El pobre don Ramón María del Valle-Inclán se quedó corto cuando inventó el esperpento; buena obra de teatro tendríamos si viviera ahora y dejase caer la mirada sobre el alboroto que Iglesia y Partido Popular, de bracete y de consuno, han montado con la asignatura de Educación para la Ciudadanía. El disparate ha llegado hasta el punto de que ni los obispos dicen lo mismo ni las comunidades gobernadas por el PP se ponen de acuerdo en principio y al parecer; pero enseguida llegan al final: Génova ha terminando sacando la vara para “unificar criterios”, y la pasada semana unificaba: todos a una –grande y libre– contra normativa legal, obligatoria desde el 2006, cuando fue aprobada por el Congreso.

Fue en julio cuando el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gascó, siempre armado, tocó el cuerno para entrar en liza, blandiendo como pistola el derecho a la objeción de conciencia y como razón última el adoctrinamiento que supone para los jóvenes; a García-Gascó no se le puede reprochar falta de claridad de ideas; tan claras que se les ve el fondo del plumero: sustituir Ciudadanía por la vieja asignatura de Religión –que, por supuesto, no adoctrinaba, sólo criaba niños para el cielo–; qué mella no habrá hecho el franquismo y la panoplia de religión obligatoria –católica, por supuesto– en el alma de nuestro arzobispo valenciano para que ahora desee volver al pasado de los años 40 –y si se tercia al 18 de julio y sus “valores”–.

Ha sido en Valencia (comunidad e iglesia) donde el esperpento ha tenido su chafarrinón más valleinclanesco: Francisco Camps y su gobierno empezaron por aceptar la normativa legal, pero en inglés; luego habló de sustitución de la asignatura por un trabajo, intento abortado por el Tribunal Superior de Justicia, para terminar volviendo a la primera idea, la del inglés; quiere Camps matar dos pájaros de un tiro, o mejor dicho, tres o cuatro al mismo tiempo; quizá esté el presidente valenciano harto de ver cómo los que llegan a la Moncloa, desde Suárez hasta Rodríguez Zapatero, balbucean o se quedan mudos cuando salen de las fronteras españolas y tienen que recurrir a traductores, o a quedarse con cara de palo y como muertos saludando a presidentes y ministros europeos y poniendo esa sonrisa que disimula ignorancias; da vergüenza ajena verles, sobre todo cuando, como en el caso de Aznar, hace ostentación de su ignorancia en inglés tratando de hablarlo. Quizá haya que agradecer a Camps su brillante idea, que, para el futuro, ha de deparar a España unos presidentes que hablen inglés por los codos; a ver si así enterramos un carácter tan español como el valor (se le supone), la paella, el flamenco y los toros: la supina incapacidad para pasar las fronteras y utilizar algo más que las manos, los gestos y los monosílabos para pedir un café con leche en cualquier brasserie parisina.

Camps y la modernización del españolito medio. Dar la asignatura de Ciudadanía en inglés, con dos profesores en clase, uno traduciendo, primero lo que diga el de Ciudadanía y a continuación lo que digan los alumnos, puede ser entretenido, sobre todo cuando el material didáctico que la Consejería valenciana ya ha preparado; según el profesorado del IES de Muxamel, el inglés está por encima del nivel del alumnado: “Los textos de la prueba de acceso a la Universidad son más fáciles que los de esta nueva asignatura …El profesor de Filosofía no entiende lo que dice el de Inglés, y el de Inglés habla de filosofía sin saber lo que dice. Los alumnos, perplejos, se enteran de que les va a evaluar un profesor que no les habla ni entiende lo que se les dice en inglés, y les va a examinar sobre algo que les han dicho en una lengua que no entienden”, palabras recogidas para El País por Ezequiel Moltó (19-09-2008). Camps ha inventado el trilingüismo, sin contar lenguas autonómicas: si los españolitos no saben idiomas, pues tres tazas.

En otras comunidades, los populares pretenden que los alumnos queden exentos de la asignatura; lo pretendía La Rioja, pero luego decidió aceptar la normativa; ya veremos qué hará Pedro Sanz cuando reciba la orden de Génova de sumarse a la rebelión. Navarra, con UPN, ya se aplicó el curso pasado la normativa, mientras Murcia y Madrid prefieren eximir a los alumnos de la asignatura.

Esperanza Aguirre, como de costumbre, la más aguerrida de los populares, hace campaña contra la Ley y dispara con bala de cañón, cual corresponde a esta mujer de cultura más bien escasa pero afanosa marionetista (por lo de mover hilos); tiene en primera fila a Lucía Figar, una consejera de Educación cuyos méritos para ese puesto no adivino cuáles puedan ser; hizo empresariales, se casó con Carlos Aragonés, jefe de gabinete y fontanero en la Moncloa cuando mandaba el que tiene tantas lenguas en la cabeza que el catalán lo hablaba en la intimidad, y, título máximo, amadrinó a un nieto de Aznar; debe de tener otros méritos que desconozco y que se desconocen: ese bagaje es más bien escaso para que Esperanza Aguirre la haya convertido en consejera, salvo que la mano dura de Aguirre quiera tener siempre hilos tendidos con el presidente que nos enfangó en la guerra de Iraq.

La llaman Juana de Arco. Que sea más bien pobre la opinión que de ella Aguirre tiene –la presidenta no se recata de expresarla, en cierta ocasión en presencia de algún renombrado periodista–, no importa mucho a la presidenta de la comunidad madrileña: le parecía flojo el anterior equipo opusdeísta y Lucía Figar se ha ganado ya el sobrenombre de Juana de Arco de la Educación: y no le llega el sobrenombre por haber comprado para sus desplazamientos, nada más llegar, un coche oficial nuevo (¿blindado o sin blindar?), despreciando el del antiguo consejero; ni por de haberse montado cocina y comedor en la Consejería para uso propio –seguro que es para ahorrar–; no, Figar es la Juana de Arco de la privatización de la enseñanza pública: desde Izquierda Unida ya se ha denunciado la reducción de ese presupuesto regional con objeto de engordar a la privada, así como el regalo que Figar a hecho de más de 50 “parcelas públicas de uso educativo”, con concierto incluido “a patronales integristas del sector”; cierto que, en este punto, su antecesor –se marchó sin pena ni gloria y nadie va a recordarle– abrió el camino para esas 50 parcelas; Figar ha ahondado en esa especie de privatización con uno de sus mayores “éxitos”: encauzar hacia los centros públicos únicamente el 17 por ciento de los nuevos alumnos (es decir, inmigrantes, educación especial, etc.) y pasar el 83 por ciento a la enseñanza privada, que tiene el privilegio de elegir a su alumnado.

Como en el caso de la objeción de conciencia, Figar dice que quiere situar la defensa de la libertad de elección por encima del derecho a la educación; palabras, palabras, palabras; la verdad es que se trata de fortalecer con dinero público organizaciones de enseñanza religiosa. Frente a la asignatura de Ciudadanía, Figar y Aguirre no han cambiado su postura inicial: sustituirla por actividades de voluntariado, pese a que en mayo Rajoy les recordó que las leyes están para cumplirlas; cuatro meses han bastado para que Génova haya dado marcha atrás, para que Rajoy haya reculado, y para que Aguirre le pise el callo que más le achacan las facciones duras del PP: carece de autoridad para gobernar a todo el partido y controlar a algunos barones y a la “lideresa” en estas circunstancias.

La educación de las conciencias. Las posturas de las diversas comunidades regidas por el Partido Popular y las de la Iglesia tienen un denominador común: sublevación frente a la ley; si aquellas tratan todavía de disimular frente a leyes aprobadas por el Parlamento con argumentaciones hipócritas, ésta no tiene prejuicios; si para la dureza del enfrentamiento buscado por García-Gascó se buscan paliativos en las palabras del cardenal de Sevilla, Carlos Amigo, para quien la objeción de conciencia “no puede imponerse por decreto”, y hace un año admitía que en materia de educación la decisión compete a los padres, que nadie se llame a engaño: Madrid y Toledo, es decir, Antonio María Rouco y Antonio Cañizares son los que llevan la batuta y la vara en alto; si hay alguno que se desmande, se le aplica el correctivo pertinente: cuando la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) pactó con el Ministerio de Educación la adaptación –sólo eso, la adaptación– de los contenidos polémicos de ciudadanía a su ideario, rápidamente salió otro guerrero medieval: Martínez Camino, portavoz los obispos, lo dejó como agua clara: un centro católico debe saber por dónde van los tiros, porque esa asignatura es contraria al ideario católico, incluso “si sus contenidos fueran excelentes”. Que no hay quien les contradiga: los obispos son quienes dictan lo que es lo bueno y lo malo, cuáles son los derechos fundamentales, porque Estado, Gobierno y Cortes de la nación no pintan nada en “la educación de las conciencias”. Es lo bueno que tiene este Martínez Camino, se le entiende todo, y por eso indicaba el camino a sus ovejas del PP: para defender la “libertad de conciencia”–empleó la expresión hace ya un año–, “y de enseñanza, todos debemos mostrarnos unidos en su defensa con todos los medios legítimos”. ¿Cuáles son esos medios legítimos? También es la Iglesia la que los define, como los definió en su “cruzada” para sublevarse contra la República.