Si la Administración Central perdiera peso,
la socialdemocracia ganaría intensidad

Por Joan Tardà i Coma*

En el caso español, un izquierdista no tendría por qué ser sospechoso de abrazar otras causas si predicara la necesidad que el Estado fuera sometido a una cura de adelgazamiento. Es sorprendente que en el actual nivel de desarrollo del Estado de las Autonomías, y ante el reto de cómo configurar un nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas (CC AA), la única variable aparentemente intocable por parte del Gobierno venga dada por el convencimiento de que la Administración General y sus recursos no deben perder peso. Tan arraigada se encuentra esta premisa que todavía en un buen número de círculos progresistas provoca chanza que se cuestione la razón de ser de algunos ministerios. Chanza fácil, ciertamente, condenada no obstante a perder fuelle a medida que se vaya imponiendo, por imperativo económico y funcional, el principio de subsidiariedad.

Aquellos que, frente a las posiciones soberanistas de ciertas fuerzas políticas periféricas, enarbolan las virtudes de la estructura autonómica española y alardean de constituir ésta "el Estado más descentralizado del mundo", deberían ser en pura lógica los mayores defensores de un sistema de financiación en donde no fuera posible la existencia, por un lado, de redes administrativas paralelas ni, por otro, de servicios mal administrados económicamente.

Inmersos en el debate de la financiación de las CC AA, uno debería esperar de las mentes más preclaras de la izquierda española algún mensaje que abriera brecha en este sentido (y digo abrir). En definitiva, aprovechar los imperativos de la actual crisis económica y la necesidad de encontrar una nueva fórmula de financiación autonómica catalizadora de un proceso federalizante, que comportara la renuncia por parte de la Administración Central a mantener el control del 50 por ciento del pastel. Porque, ateniéndonos al hecho de que en la actualidad el porcentaje se halla situado en el 50,9 por ciento, se entiende que resta menos de un punto para el nuevo sistema. Luego...

Pero mucho nos tememos que el ministro Solbes no está por la labor. Y para muestra, el botón del debate actual sobre el desarrollo de la llamada popularmente Ley de la Dependencia; magnífica ley, que vino a consagrar el reconocimiento de un nuevo derecho social, universal y subjetivo. Pero ya han sonado todas las alarmas ante la insolvencia económica de las CC AA para su despliegue. Si el nuevo sistema creado, cuyo desarrollo recibió desde sus orígenes la participación activa de Esquerra y en cuyo carácter de preeminencia de lo "público" se refleja la correlación de fuerzas existente en el Congreso en la pasada legislatura, se basaba en la exigencia que ambas administraciones, la central y la autonómica, participaran a partes iguales, ¿cómo se explica que ya andemos en proporciones tan desiguales en cuanto a las aportaciones de cada una de ellas al cabo sólo de tres años de funcionamiento? Porque, a este paso, y según un estudio de la Generalitat de Catalunya, en el año 2011, si nadie lo remedia, la proporción alcanzará, en el caso catalán, pero no exclusivo de él, un 81 por ciento de las cargas frente a un 19 por ciento por parte del Estado central.

Publicitar las bondades del Estado de las Autonomías llegando incluso a contraponerlo por su mayor dosis de modernidad funcional al federalismo requiere soltar lastre centralista. De ahí que no fuera casual el hecho de que las palabras de Carod-Rovira, atribuyendo a la Administración General del Estado un problema de sobrepeso, fuesen pronunciadas desde la República Federal Alemana. •

*Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso