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Poco a poco retorna la normalidad a Bolivia AMÉRICA CIERRA FILAS CON EVO MORALES Tras la sangrienta revuelta de la pasada semana inducida por los gobernadores de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Chuquisaca y Pando —donde han tenido lugar los incidentes más duros y cruentos—, y que el Ejecutivo de La Paz considera también instigada por Estados Unidos, las aguas regresan a su cauce en la República boliviana. El presidente, Evo Morales, ha recibido el respaldo unánime de los gobiernos que integran la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Bolivia también tomaba la decisión de expulsar al embajador norteamericano, Philip Goldberg.
Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda, váyanse al carajo cien veces; aquí estamos los hijos de Bolívar! En respuesta a la agresión imperialista contra Venezuela, contra Bolivia, contra los pueblos de nuestra América, ratifico la decisión de echar de Venezuela al embajador del imperio. No habrá embajador nuestro en Washington ni aceptaremos ningún embajador aquí hasta que no llegue un Gobierno que comience reconociendo y respetando a nuestros pueblos, la dignidad de Venezuela y la dignidad de América Latina". Con su característico estilo contundente, el presidente venezolano, Hugo Chávez, el pasado 12 de septiembre, proclamaba en público su decisión de expulsar al embajador estadounidense en Caracas, Patrick Duddy, al tiempo que llamaba a consultas a su propio representante diplomático en Estados Unidos. Se trataba de una respuesta "solidaria" con la decisión tomada horas antes por el Gobierno de Bolivia de hacer lo propio con elembajador Philip Goldberg, a quien acusaban de estar detrás de las revueltas que han costado una treintena de muertos y más de cien desaparecidos –todos ellos partidarios de Evo Morales–, en el departamento boliviano de Pando. La solidaridad interamericana no terminaba aquí. En una decisión sin precedentes, el presidente de Honduras, el centroderechista Manuel Zelaya, denegaba la acreditación al nuevo embajador norteamericano en Tegucigalpa en respaldo a su colega Evo Morales, alegando la "intromisión de Washington". El resto de la comunidad latinoamericana tampoco tardaba en reaccionar. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, convocaba de urgencia en Santiago, el 15 de septiembre, una reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (Una-sur), integrada por los 12 principales países del subcontinente —y lejos del control que ejerce Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA)—. La respuesta, tras seis horas de reunión, era unánime y contundente. El Gobierno de Morales, quien se acaba de alzar con el triunfo —con más del 67 por ciento de los votos— en el referéndum celebrado el pasado 11 de agosto, recibía el apoyo incondicional de UNASUR. En un comunicado de nueve puntos, la comunidad latinoamericana rechaza cualquier intento de ruptura del orden democrático en Bolivia, así como de su integridad territorial, al tiempo que brinda su respaldo a Evo Morales como presidente elegido democráticamente. Con el Estado de Sitio decretado en Pando, su gobernador, Leopoldo Fernández era detenido por fuerzas del Ejército, acusado de la muerte de 30 personas, la desaparición de otras 106 y el incumplimiento del Estado de Sitio. En la misma operación también eran detenidos once líderes de la insurgencia y se confiscaba una cantidad indeterminada de armamento ligero. Tras la reunión de Chile se han iniciado conversaciones entre el Gobierno y las regiones en rebeldía, preparadas en los días previos por el vicepresidente, Álvaro García, y el prefecto de Tarija, Mario Cossío. En ellas participarán varias instituciones nacionales e internacionales, como facilita-dotes del diálogo, entre las que se encuentra la Iglesia católica —a la que Morales ha acusado de estar en contra de los intereses del pueblo—, la Unión Europea, Naciones Unidas, Unasur y la OEA, representada al máximo nivel por su secretario general, Miguel Insulza. • La nueva 'Triple Alianza' La noche del viernes 12, cuando ya arreciaban las informaciones sobre matanzas en el departamento de Pando en el noroeste boliviano, fue la Presidenta argentina Cristina Fernández quien dio el primer acertado paso: llamar a su par chilena y actual presidenta pro témpore de la organización, Michelle Bachelet, para convencerla de la necesidad de que Unasur se hiciera parte de forma rápida y decidida en el conflicto boliviano. Más allá de frases grandilocuentes como que de no hacerse nada ahora, en 30 años veríamos documentales sobre Evo Morales similares a los que recuerdan al malogrado Salvador Allende en Chile, las necesidades argentinas respondían a llamados mucho más pragmáticos que el simple altruismo o la solidaridad desinteresada con el pueblo hermano: Bolivia debería enviar 7 millones de metros cúbicos diarios de gas natural a Argentina, una cifra que durante la semana pasada no superó los tres millones diarios en su mejor día. Y Fernández se movió rápido. La rápida coordinación es una muestra del nuevo espíritu y una buena primera prueba para Unasur, creada recién a mediados del año pasado. Después de más de cinco horas de debate en Santiago de Chile, nueve de los diez presidentes del bloque incluyendo al derechista colombiano Álvaro Uribe (faltó el peruano Alan García, que envío a su canciller) dieron a luz un documento de apoyo irrestricto al gobierno de Morales y a la creación de una comisión que acompañará a la mesa de diálogo entablada por el gobierno boliviano con los prefectos opositores. Un factor es que Bolivia muchas veces ha funcionado como ágora de la situación regional, algo que puede ser especialmente efectivo para la Argentina actual. Aún está muy fresco el recuerdo del paro y los cortes de ruta llevados a cabo por los productores agropecuarios argentinos que mantuvieron en vilo al país durante cuatro meses, lo que para el análisis estructural es un calco de la disputa que detonó el conflicto boliviano: la distribución de la renta. Tal como en Argentina los productores reclamaban contra las retenciones a las exportaciones de los granos de soja (la caja chica de los distintos subsidios que provee el gobierno de Cristina Fernández), el reclamo germinal de los prefectos rebeldes en Bolivia pasa por la quita del impuesto directo a los hidrocarburos, traspasado dela caja de los gobiernos departamentales al Tesoro Nacional. Con este dinero Evo Morales financia desde el 1 de febrero la Renta Dignidad, un bono de 30 dólares mensuales para todos los mayores de 65 años, la mayoría de ellos sin aportes que financien su jubilación. Para Brasil, el llamado a participar ratificó al gigante sudamericano como el líder y legitimador indiscutido de las relaciones regionales. Prácticamente, si no está Brasil no vale. La reunión en Chile nunca hubiese tenido la importancia que tuvo de no haber contado con la asistencia de Lula da Silva, quien mantuvo en vilo a la anfitriona hasta altas horas de la noche del domingo 14 esperando por su confirmación. En reuniones de este tipo Lula es el único realmente capaz de hacerle el peso y bajar los humos al termocéfalo Hugo Chávez, cuyas intervenciones (como la orden de enviar tropas a la frontera con Colombia transmitida en vivo en marzo pasado) no siempre llegan a ayudar a los países que trata de apoyar. La semana de las muertes en Pando expulsó al embajador de Estados Unidos de su país y mandó un aviso de intervención militar de producirse una ruptura democrática en Bolivia. A Lula todo esto le viene perfecto. Criticado por ciertos sectores de la izquierda brasileña —incluyendo parte de su propio Partido de los Trabajadores— por actuar más como socialdemócrata que como un hombre de izquierda ex obrero y sindicalista, cuando se le pone al lado Chávez se le agradece la mesura. Su actuar lo hace ver como un líder de izquierda sensato y pragmático, de rumbo definido y buen tacto internacional. Algo similar es lo que sucede con Chile, que subido al carro de una buena performance económica durante los '90 —administrando el modelo liberal heredado de Pinochet—se alejó de todos los países de la región comportándose como el nuevo rico de la vecindad, con base en su estrategia de firmar acuerdos comerciales bilaterales con la mayor cantidad posible de países. Después de la administración del demócrata-cristiano Eduardo Frei entre 1994 y 2000, los socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet —sobre todo la actual mandataria— han hecho varios esfuerzos por acercarse a sus vecinos. La participación desde un principio en Unasur y la disponibilidad y rapidez de actuar en conjunto cuando le fue requerido dan un nuevo aire de estadista a Bachelet, cuyo gobierno se bate para mantener una débil popularidad de cara a las elecciones municipales de octubre de este año y las presidenciales de fines de 2009. Por Felipe Ramírez (Buenos Aires) |
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