Ahora Solbes manda mucho”. Lo reconoce con pesar una fuente muy cercana a Miguel Sebastián que no comparte la forma en que el Gobierno está afrontando la difícil situación económica. En efecto, han sido varias las iniciativas barajadas desde Industria, Vivienda o Presidencia que han tenido que quedarse en el cajón por el “no” del vicepresidente.

“Es la típica forma de actuar de Zapatero. Primero le rogó en público a Solbes antes de las elecciones que siguiera en su próximo gobierno. Luego, al formarlo, le puso en su sitio al nombrar ministro a Sebastián y a varios de los suyos. Ahora, para compensar, está dejando que mande Solbes. Pero nadie sabe cuánto le puede durar”, explica excéptico un diputado socialista que ha vivido de cerca las peleas entre ambos ministros.

En Economía no especulan con el tiempo en que se mantendrán al frente de los mandos  y, simplemente, vigilan y aplican las medidas que la siempre reconocida ortodoxia económica de su ministro recomienda para una situación tan complicada como la actual y que identifica a las arcas del Estado como el principal tesoro a salvaguardar.

Desde que se percibió cómo asomaba las orejas el lobo de la recesión económica, incluso antes de las elecciones, Solbes fue la voz discordante, aunque la coyuntura electoral le obligó a aceptar alguna medida-estrella con la que acudir a la cita con las urnas como la polémica devolución de los 400 euros a todos los contribuyentes (Ver en páginas siguientes “El “gol” de los 400 euros”).

“Tragado” que Hacienda debía devolver antes de fin de año aproximadamente 6.000 millones de euros, a razón de 400 por contribuyente, Solbes ha conseguido imponerse a otras iniciativas nacidas del otro “corazón económico” de Zapatero, el que late bajo el impulso de Miguel Sebastián y sus cercanos, entre los que se encuentran, dentro del Gobierno, las ministras de Vivienda y Ciencia e Innovación, además de otros altos cargos en Moncloa.

Quienes critican al vicepresidente dentro del Gobierno casi han perdido la cuenta. Ya antes del 9 de marzo, las negociaciones entabladas por el denominado G-14, la asociación que aglutina a las promotoras y constructoras de mayor peso del país, con la Oficina Económica de Moncloa, el Ministerio de Economía y el PSOE, para conseguir una millonaria línea de financiación estatal que amortigüase la caída del sector, se encontraron con el enérgico rechazo de Solbes y su equipo.

Ante el presidente, la Oficina de Moncloa, dirigida entonces por David Taguas, íntimo amigo de Miguel Sebastián, argumentaba el interés general por evitar la quiebra de las grandes inmobiliarias mientras que desde Economía se incidía en el peligro de endeudar aún más las arcas estatales, ya mermadas tras la”operación  400 euros”, para sufragar el alto coste de la medida. Zapatero hizo caso al viejo profesor.

El vicepresidente se apuntó un primer tanto, pero no era más que el inicio de un alarde de autoridad que, incluso desde el PSOE, se está viviendo con cierta perplejidad. “No deja de sorprender que sea Solbes, el criticado desde aquí como “socio-liberal” en la epoca de Felipe, el que ahora se haya erigido  en el defensor del Estado frente a los “sebastianistas”, más comprensivos con el sector privado”, señalan desde el Partido Socialista.

Luego llegó la debacle de Martinsa-Fadesa, precipitada tras la negativa del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que dirige Aurelio Martínez, un hombre de la confianza de Solbes, de conceder a la inmobiliaria un préstamo de 150 millones de euros, lo que desencadenó otra cadena de “noes” en la veintena de bancos en los que la empresa de Fernando Martín tenía puestas sus esperanzas.

“El Gobierno no impedirá artificialmente el necesario ajuste en la construcción”, había advertido el vicepresidente en la Comisión de Economía del Congreso  en mayo. Dos meses después, tras haber resistido las presiones para no dejar caer a Martinsa, hablaba directamente de ella.

“Tomó riesgos excesivos”, afirmó en julio pasado en una entrevista a Punto Radio después de aclarar que el ICO intentó encontrar un cauce para ayudarla, pero sin éxito. “El dinero de los contribuyentes no está para ayudar a determinadas empresas cuando llega una etapa poco favorable”, sentenció.

Un mes antes, en junio, ya le había dejado el mensaje a Miguel Sebastián de que  los Presupuestos del Estado no estaban disponibles para sus recetas anticrisis.

El titular de Industria había anunciado un segundo Plan Prever para la sustitución de los automóviles de más de 15 años con el objetivo de reactivar la alicaída industria de la automoción. Con una denominación más moderna, el Plan VIVE -Vehículo Innovador-Vehículo Ecológico- ofrece   ayudas crediticias para quien se desprenda de su viejo coche y adquiera uno nuevo de gama media y menos contaminante.

 Para ponerlo en marcha Sebastián contaba con fondos del Presupuesto como ya había ocurrido con los anteriores planes Prever y Renove pero Solbes volvió a decir “no”.

El vicepresidente justificó su negativa devolviéndole a su compañero de Gabinete el “sapo” que se había tenido que tragar cuando aceptó el reparto universal de los 400 euros. “La devolución ha agotado el margen de maniobra” del Gobierno para tomar nuevas medidas discrecionales a corto plazo, señaló en una conferencia en el Forum Nueva Economía cuando Industria peleaba con Hacienda por conseguir financiación para su plan VIVE. Y eso que todavía restaba un mínimo superávit en las cuentas públicas. Sebastián tuvo que recurrir al ICO, que abrió una línea de crédito de 1.500 millones de euros para dar cobertura a la iniciativa del ministro.

Poco antes de iniciarse las vacaciones de agosto,  otra batalla entre “ortodoxos” y “liberales” quedaba planteada: la de la compra por parte del Estado del suelo que ha quedado paralizado en manos de las constructoras para edificar vivienda pública.

Esta vez, incluso, el propio Sebastián se retrataba públicamente defendiendo la medida como propia. “Es un buen momento para que el Gobierno compre suelo y lo destine a uso público”, señaló el ministro un día antes de que la titular de Vivienda, Beatriz Corredor, considerada una persona de su confianza, hiciera oficial el proyecto concreto. Aunque matizaba intentando tranquilizar a los suspicaces: “pero no como medida de apoyo a esta crisis”.

Veinticuatro horas más tarde Corredor anunciaba que su departamento gastará 300 millones de euros, ampliables,  en comprar suelo privado para la construcción de vivienda protegida el próximo octubre. La ofertas de las constructoras con suelo disponible deberán dirigirse a la sociedad estatal SEPES que las valorará y decidirá cuál interesa, de acuerdo con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y sus planes de vivienda.

El vicepresidente apenas tardó unos días en enfriar las expectativas generadas en el sector. Las compras sólo se harán “a precios razonables”, advirtió en una conferencia de verano en la Universidad Autónoma de Madrid, siempre “mediante un sistema de compra transparente” y nunca “para resolver los problemas de las empresas”.

No es de extrañar, pues, que los protagonistas de este debate en el seno del Gobierno hayan retornado a sus despachos en septiembre con las espadas en alto. Vivienda ha de negociar con Economía la financiación de esa futura compra de suelo.

El SEPES (Sociedad Estatal para la Promoción y Equipamiento de Suelo) apenas invierte de media anual para compra de suelo unos 100 millones de euros y aunque ya ha anunciado que para 2009 esa cifra se ampliaría a los 150  esas cantidades no están destinadas a la nueva partida de 300 millones, que necesitará de una financiación específica. La ministra sólo ha dicho que SEPES está buscando la forma “más eficiente” de financiación, “en colaboración con el Ministerio de Economía y Hacienda”. Esa “colaboración” no se prevé nada fácil dado que las cuentas del Estado ya arrojan déficit.

“La cuestión es que uno no se puede quedar sólo guardando la caja. Esta crisis es muy compleja, como él mismo dijo, y hay que actuar”, le acusan desde las posiciones más cercanas a Miguel Sebastián. Incluso la necesaria aceleración de la licitación de obra pública, que la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anunció antes del verano y todos los sectores y partidos aplaudieron, no parece llevar el ritmo esperado. Una mayoría de dedos acusadores señalan a Solbes como responsable al negarse a soltar el dinero público con cierta alegría.

“Va contra su naturaleza”, responden quienes conocen bien al vicepresidente. En sus primeros tiempos como ministro en los gobiernos de Felipe González siempre se mostró como un férreo defensor de la estabilidad presupuestaria y la ortodoxia financiera, posición que, frente a las peticiones de mayor gasto social y más intervencionismo del Estado defendidas desde el guerrismo de entonces, lo alineaba con el ala más liberal de los socialistas, liderado en el partido por Carlos Solchaga.

Ese perfil, que él ha definido siempre como de “socialdemócrata liberal”, precisamente, fue  el que lo acercó a Zapatero, quien quiso contar con él para su primer gobierno como un signo de tranquilidad para los mercados y los sectores económicos más poderosos del país. Nadie puede decir, pues, que haya cambiado o haya sido una sorpresa su forma de afrontar la crisis, argumentan sus cercanos.

“Pero en esta crisis nos pueden hundir los ortodoxos”, alerta, sin embargo, un dirigente socialista que no comulga, precisamente, con los planteamientos de Sebastián y su corte de liberales. La firme negativa del Banco Central Europeo de no bajar los tipos y de convertir a la inflación en el principal problema, tan criticada desde el Gobierno Zapatero, puede ser tan perjudicial como la rigidez que Solbes, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, o el presidente del ICO, Aurelio Martínez, están teniendo con bancos y empresas, añade la citada fuente.

El debate se percibe sin resolver en casi todos los ámbitos del Gobierno y del PSOE. En parte, porque, como explican algunos, el propio Zapatero no lo resuelve, ya que, en unos momentos encumbra a Sebastián y en otros a Solbes, de tal manera que no hay forma de saber cuál es su posición.

Por otro lado, al contrario de antiguas disputas económicas dentro del socialismo español los “sebastianistas” no presentan un  perfil liberal al uso. “Lo de la tarifa social para las eléctricas, cuando el sector estaba pidiendo subidas del 20 por ciento, no puede decirse que sea muy liberal, ¿no?”, replican desde las cercanías del ministro de Industria.

El propio Sebastián, sin embargo, sí se ha situado a sí mismo en el terreno del liberalismo  político. En una conferencia pronunciada dentro del curso “Una visión liberal de España y del mundo”, cuando todavía ejercía de asesor de Zapatero en Moncloa, afirmó que el PSOE representa mucho más que el PP los principios liberales, entendidos, en su vertiente social como “el respeto de los poderes públicos hacia la conducta privada de los ciudadanos”, y señaló como ejemplo la agilización de los trámites del divorcio, el matrimonio entre parejas del mismo sexo o el laicismo del Estado, impulsados por el Gobierno de Zapatero. Y en el terreno económico como “el respeto y mantenimiento de la libre competencia”.

“Son los nuevos progres. En lo político,  muy modernos, con lo de los matrimonios homosexuales o la igualdad, pero en materia económica no entran”, ironiza un parlamentario socialista sobre Sebastián y sus ministros más cercanos.

Quienes así explican lo que está pasando en el  Gobierno con la crisis, añaden también que tras  el pulso entre Solbes y sus “ortodoxos” y Sebastián y sus “liberales” se encuentra la lucha por el puesto de vicepresidente. El actual ya dijo que no seguiría, y Zapatero le pidió seguir. Ahora, los “zapateristas” argumentan que el presidente sólo cuenta con él hasta 2010, fecha para la que se prepara Sebastián. Pero, ¿quién sabe lo que proyecta Zapatero?.  Lo que todos perciben es que la crisis está tocando muy seriamente al Gobierno. Por eso, también todos confían en que este miércoles, su presidente, vuelva a infundir ánimo cuando comparezca en el Congreso.

El ‘gol’ de los 400 euros

La medida más llamativa, recordada y criticada de las tomadas por el Gobierno de Zapatero para hacer frente a la crisis económica se resume en una cifra:  400 euros.

El presidente sorprendió a propios y extraños, en plena campaña electoral, anunciando una devolución lineal y directa a cada contribuyente con el fin de inyectar dinero en el sistema y aliviar algo las dificultades de las familias.

El vicepresidente Solbes se opuso desde el principio pero, en estos momentos preelectorales la idea, surgida de la Oficina Económica de Moncloa, que todavía controlaba Miguel Sebastián a través de su amigo David Taguas, se impuso.

Incluso desde el partido costó entenderla y dar las explicaciones necesarias para que fuera percibida como “progresista”. El todavía ministro y coordinador del programa electoral, Jesús Caldera, se desvivió explicando que, si se dan 400 euros a todos, le supone mucho más al que gana 1000 que al que gana 10.000.

El primer problema, y así se lo señalaron en el Congreso grupos como Izquierda Unida o ERC, y los sindicatos, es que quienes menos ganan y, por tanto, no hacen declaración de la renta, o quienes tienen menos de esa cantidad en retenciones de Hacienda , no iban a  ver un euro, como les ha ocurrido a miles de pensionistas.

Además, el complejo sistema de devolución, que ha supuesto que se va a cobrar a lo largo de varios meses hasta fin de año, ha casi volatilizado el efecto de mayor renta disponible que pretendía.

Más grave aún es el despilfarro que ha supuesto para las arcas del Estado en un momento en que la crisis se agudiza y el paro aumenta. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, anunciaba la semana pasada que el Inem puede entrar en déficit para pagar las prestaciones por desempleo que conllevará el aumento de parados. Y Hacienda, con 6.000 millones menos a cuenta de los famosos “400”.

Sin cerebro económico en el partido

Lo que más llama la atención a los socialistas que viven con preocupación  creciente la evolución de la actual crisis económica es que desde el PSOE no se perciba una voz con autoridad que oriente sobre las políticas que conviene seguir. “La disputa está en el Gobierno, entre Solbes y Sebastián, dos ministros que no son militantes del partido y que no tienen seguidores dentro de él”, explican quienes vivieron otras crisis y recuerdan la tensión ideológica entre solchaguistas y guerristas.

El reciente congreso federal del partido intentó frenar esa sensación de horfandad en el área económica al nombrar secretario de Política Económica y Empleo al actual Secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, un veterano socialista de Castilla y León y de la confianza del presidente. Sustituía a Inmaculada Rodríguez-Piñero, una brillante economista del PSPV pero con escasa experiencia en la gestión pública.

La llegada de Granado, sin embargo, no está cubriendo las expectativas levantadas. Por una parte, no haber abandonado el cargo de Secretario de Estado impide a Granado centrarse en la estrategia política del partido y en su transmisión pública.

Por otra, quienes conocen bien cómo se desarrolló la elección de la nueva ejecutiva echan de menos a alguien de mayor peso político, como los nombres que se barajaban en Andalucía o Cataluña, para ocupar el puesto. Dada la relevancia del cargo en un escenario de crisis como el que se avecinaba, tanto Manuel Chaves como José Montilla quisieron  ocuparlo con dirigentes de su confianza. Vista la disputa fue el propio Zapatero el que la zanjó eligiendo a alguien de su absoluta confianza y que, a decir de quienes lo conocen, difícilmente va a intervenir en el debate que existe entre las posiciones de Solbes y de Sebastián.

Rodríguez-Piñero, por su parte, continúa en la ejecutiva federal como secretaria de Ordenación del Territorio y Vivienda, dado que, durante los últimos cuatro años ha ido incrementando su confianza con José Blanco, el hombre fuerte del partido,. Su escaso peso en la organización de la que proviene, el dividido y complejo PSPV, sin embargo, la deja poco margen para que su voz tenga demasiado eco.

En el PSOE se sabe que, al margen de los números dos y tres,  el resto de secretarías pesan tanto como el apoyo que su titular tenga en la federación territorial que lo propuso. Hoy, además, se ha incluido  la variable de edad, que impulsa a los jóvenes,  y la de género, que promociona a las mujeres. “El verdadero problema es que Zapatero nunca tuvo un “gurú” económico de cabecera”, sentencian  algunas voces.