Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

"EL PROCESO DE GARZÓN DEBE CREAR UNA CULTURA DE

DERECHOS HUMANOS"

.Desde que hace casi una década inició la búsqueda de su abuelo, Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ha
colaborado en la localización y exhumación de otros miles de republicanos asesinados en la Guerra Civil y la dictadura. Tras saber que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón iniciaba los trámites para elaborar un censo de desaparecidos con intención de abrir una investigación judicial, "me acordé de la gente que ya no está aquí. Gente que ha hecho mucho por ayudar a los familiares que han padecido una
desaparición", dice. Ahora confía en que el Gobierno tome ejemplo y lamenta que la derecha no entienda la necesidad de reparación de las víctimas. "Porque no se trata de política ni de partidos, se trata de derechos humanos".

Por Virginia Miranda

Qué es lo primero que le vino a la cabeza al conocer la decisión de Garzón?
—Me he acordado de gente que ya no está aquí. Gente que ha hecho muchas cosas por la asociación, por ayudar a familiares que han padecido una desaparición... Sobre todo, me he acordado de ellos.

—Desde las asociaciones judiciales dudan de que el juez tenga competencia para investigar las denuncias, presentadas en la Audiencia Nacional por asociaciones de familiares de desaparecidos en la guerra civil.
—No entiendo de dónde salen esas dudas. Nosotros hemos exhumado 1.200 personas en ocho años, tenemos reclamadas a más de 5.000 y son sólo una pequeña parte. Las ejecuciones se hicieron de forma masiva y en un periodo de tiempo determinado, durante los tres primeros meses de la Guerra Civil. Eso quiere decir que alguien dijo que debían empezar, que debían detenerse, quefueran contra un determinado grupo político... Tiene todos los componentes para ser competencia de la Audiencia Nacional y por eso están ahí las demandas. El fiscal ha dicho que esto son delitos comunes... Y ahora mismo se está abriendo una fosa en Málaga de 5.000 personas. ¿Eso es un delito común? Evidentemente no. Estamos hablando de ejecuciones masivas. Y ahí no quedó la cosa, porque después se hicieron desaparecer los cuerpos. Por tanto está muy claro que son delitos, y hay resoluciones de Naciones Unidas, como la de 1992, que legitiman al juez Garzón.

—Al margen de la investigación judicial, la elaboración de un censo ya es importante.
—Sí, sí, el paso que ha dado, aunque quede ahí, ya sería importante. Pero me llaman la atención las declaraciones de la fiscalía y de las asociaciones de jueces. Cuando aquí han llegado casos de Chile o Argentina, que son muy similares, o han retenido a Pinochet desde la Audiencia Nacional, no les he oído decir nada parecido. Teniendo en cuenta que en Chile hubo 3.000 desapariciones y como decía, en Málaga se ha abierto una fosa de 5.000 personas.

—¿Había que esperar a que llegara el juez para elaborar un censo de desaparecidos? Porque la ley de memoria histórica...
—La ley lo dice. Hay que hacer un mapa de fosas. Pero eso no quiere decir hasta dónde llega la investigación y quiénes están dentro. Es algo más complejo. De todas formas ya hay iniciativas promovidas por asociaciones en Andalucía, en Asturias... En páginas web como todoslosnombres.org puedes encontrar información a cerca del tema. Son intentos de la asociación por construir, vamos a decir, ese censo. De todas formas, posiblemente Garzón va a encontrar información del que se hizo en los años 50 para decidir qué fosas se abrían para trasladar los cuerpos al Valle de los Caídos. Nosotros llevamos bastante tiempo buscándola y sabemos que está en manos de la Administración. No hemos dado con ella pero seguro que la instrucción del juez sí va a hacerlo. —Rajoy dice que esto reabre "heridas del pasado". Mayor Oreja, que es un "disparate". —A Rajoy no le vi dimitir del Gobierno del que formaba parte cuando el ministerio de Cultura se preocupó por el pasado y financió la fundación Francisco Franco. Ni cuando financió una fundación alemana que cuida los cementerios de los caídos de la División Azul que Franco mandó para ayudar a Hitler en el frente soviético. Entiendo que en la derecha hay una doble moral. Porque si a una persona le molesta que un asesino viva cerca de su víctima, eso debe servir para una víctima del terrorismo hoy y para una víctima del terrorismo de Estado en la dictadura franquista. En el caso de Mayor Oreja recordaré que hace algo más de un año publicó un libro cuyo segundo capítulo, titulado El paraíso perdido, habla de los años 50 en España y de la situación política de entonces. Es muy triste que en el año 2008 no haya una derecha capaz de entender que las víctimas de la dictadura franquista tienen derecho a una reparación. Es triste y a la vez vergonzoso. Porque no se trata de política ni de partidos, se trata de derechos humanos.

—¿Al Gobierno qué le pide?
—El Gobierno hizo una Ley de la Memoria Histórica low cost, de bajo coste político y económico, que sigue delegando el problema de las exhumaciones en los familiares. Es incomprensible que una víctima de la violencia tenga que investigar y repararse a sí misma. Para mí es difícil entender que el Gobierno no hiciera una ley de la memoria más contundente, pero todavía puede decir mucho al respecto. Una democracia madura tiene que darse cuenta de dónde viene y responsabilizarse de su pasado. Y las personas que la construyeron, que la defendieron, en la guerra civil y durante la dictadura, que escribieron su código genético, tienen que tener su reconocimiento.

—¿Entonces la Ley de Memoria Histórica no es una oportunidad perdida? ¿Todavía se puede hacer algo?
—La Ley de Memoria Histórica es lo que es. Pero el Gobierno puede hacer muchas cosas. Una ley se puede rescribir en los trámites parlamentarios. Y si no puede, existe una posibilidad que hemos visto en países como Sudáfrica o Argentina que consisteen la creación de una comisión de la verdad o de desaparecidos. Lo que hay que hacer en definitiva es aplicar el derecho humanitario. Y este proceso también tiene que servir para construir una cultura de derechos humanos.

—Al principio, su asociación funcionaba con voluntarios. ¿Cómo lo hace ahora?
—Tenemos una subvención desde el verano pasado que nos permite contratar a una arqueóloga a jornada completa y otro a media jornada y pagar algunos de los estudios forenses, pero esos dos arqueólogos siguen yendo rodeados de ocho voluntarios. Nosotros pedimos que el Gobierno se responsabilizara de esto, no queríamos que articulara subvenciones. Pero es un parche que tenemos que aceptar porque nos permite ayudar a más gente. En cuanto a los voluntarios, por suerte somos una asociación que no tiene ni una sede ni una oficina, pero cuenta con muchísimo capital humano y cada vez hay más gente que se ofrece a ayudarnos. Con nosotros han cavado personas procedentes de países como Japón, Australia, Guatemala, Costa Rica o el Reino Unido que han tenido la sensibilidad y la voluntad de ayudar a las familias que están buscando a un desparecido.

—¿Cómo se están comportando las Administraciones?
—Las Comunidades Autónomas han hecho algunas políticas de memoria muy tímidas, más orientadas a publicar libros y a hacer exposiciones que a la reparación de los derechos humanos. Algunos Ayuntamientos nos dejan la que era la casa del maestro para que los arqueólogos descansen en sacos de dormir, otros incluso nos dan comida para cocinarla... En general, salvo excepciones, nos han dejado hacer en las 116 fosas que hemos exhumado, pero no nos han ayudado en nada.

—¿Cuánto tiempo llevan buscando y abriendo fosas?
—A final de mes hará ocho años que escribí un artículo en la Crónica de León, para mí entre comillas fundacional, que se titulaba «Mi abuelo también fue un desaparecido».

—¿Qué exhumaciones tienen pendientes?
—Acabamos de empezar una fosa de un pueblo de León y un equipo va a ir a cavar otras dos en una localidad abulense de Adra-da de Haza. Después, la gente que vuelva de algunas excavaciones que tenemos en Burgos y el equipo que está en León se va a ir a Galicia.

—¿De cuántos desaparecidos hablamos?
—Es muy difícil calcular. La Junta de Andalucía ha elaborado un mapa que determina que sólo en la Comunidad hay 43.000 personas en fosas comunes. Y Andalucía representa el 18,5% de la población española. Esa cifra no se podría multiplicar por cinco porque allí la represión fue especialmente dura, pero sí que igual estamos hablando de 120.000. •