El PSC prepara su más dura negociación con Solbes

MONTILLA VELA ARMAS

Tras la canícula estival, vuelve a activarse en Cataluña un curso político que se prevé decisivo y este año no pudo permitirse el lujo de cerrar por vacaciones. Como era de prever, la financiación autonómica no se resolvió en el plazo contemplado por el Estatut para alcanzar un acuerdo y el 9 de agosto ha pasado a la historia sin mayor repercusión que la de convertirse en una de las fechas más mentadas del calendario. La pelota está ahora en el tejado del PSC, que debe aclarar hasta dónde piensa llevar la firmeza de su discurso y si está dispuesto a votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). A decir verdad, no lo parece.

Por Natalia Araguás (Barcelona)

Vacilante entre la lealtad debida al PSOE y su papel de cancerbero de los intereses catalanes, el PSC va consumiendo el plazo
en el que todavía le es posible jugar al despiste. La primera rueda de prensa tras un breve paréntesis estival sólo dejó claro que los socialistas catalanes retoman el curso con la intención de rebajar el tono de las declaraciones. Es el momento de discutir, sí, pero con "educación", señaló el secretario de organización del PSC, José Zaragoza, quien de paso amonestó a CiU por haber definido a Zapatero como el presidente "más falso" de todos los que ha tenido España. Esta acusación, lanzada por el diputado convergente Francesc Homs el mismo 9 de agosto, había pasado inadvertida hasta el momento al PSC, lo que indica un cierto cambio de estrategia.

Tras las altas temperaturas que alcanzó el debate durante el verano –cuando un retador Montilla acusó a Zapatero de consentir "privilegios disfrazados de solidaridad" y le lanzó aquello de "te queremos mucho, pero más queremos a Cataluña"– el PSC se dispone a crear un ambiente más relajado de cara a afrontar los tres meses que le esperan de intensas negociaciones. Este cambio de actitud ha puesto en guardia a CiU, que insiste en recordar a los socialistas catalanes su eslogan electoral para reclamarles "hechos y no palabras". El mismo día en que reapareció Zaragoza, el portavoz de los convergentes en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, pidió "coherencia política" y aseguró que "los presupuestos generales del Estado y una buena financiación van vinculados, quieran o no los señores del PSC".

El órdago de que los socialistas catalanes hagan valer sus 25 diputados en el Congreso para vetar los Presupuestos Generales si consideran que el gobierno central no abre suficiente la mano apareció por primera vez en El Periódico el pasado 24 de julio, atribuido a fuentes de la dirección del partido. Desde entonces, el PSC ha evitado confirmar o desmentir tal amenaza, convertida en pregunta perenne en todas sus ruedas de prensa. Fue el conseller de Economía, Antoni Castells, quien la llevó más lejos: "Yo quiero pensar que tendremos unos Presupuestos del Estado tan respetuosos con el modelo de financia

ción que propone el Estatut que no tendremos ningún problema en votarlos", dejó caer el 9 de agosto. En el hipotético caso de que el PSC, un partido federado con el PSOE, se alzase en contra de los presupuestos se daría una situación insólita: desde las elecciones de 1982, que auparon a la presidencia a Felipe González, socialistas catalanes y españoles han sido uno en el Congreso. Una sintonía, no exenta de reproches de sucursalismo desde el ámbito político catalán, que la financiación amenaza con quebrar.

"No queremos enseñar las cartas antes de tiempo", declaró la semana pasada Zaragoza en un arrebato de sinceridad. También atribuyó a una mala interpretación de la prensa las palabras de Celestino Corbacho, único dirigente del PSC que ha garantizado que el partido apoyará los presupuestos, "como siempre". "El PSC comparte proyecto, ideología y presente y futuro con el PSOE y con el conjunto de los socialistas españoles", remachó el ministro deTrabajo e Inmigración por si quedaba alguna duda. Aunque por exigencias del guión el PSC mantenga el pulso, la posibilidad de que no avale las cuentas públicas se desinfla a medida que se aproxima el 30 de septiembre, fecha en que Pedro Solbes presentará los Presupuestos ante el Congreso.

Oficialmente, los socialistas catalanes mantienen que no se plantean votar en contra de los PGE porque no contemplan que éstos no incluyan la financiación. Entre bambalinas, reconocen que en cualquier caso sin lo uno no habrá lo otro: excederse en la pataleta puede forzar un desencuentro, llevarse por delante la negociación y quien sabe si el gobierno. Porque lo cortés no quita lo valiente, no es de extrañar que en los próximos meses se produzca un cierto reparto de papeles dentro del PSC, con posturas más o menos contundentes hacia Zapatero.

Si desde la oposición CiU se mantiene alerta a cualquier síntoma de ablandamiento en el PSC, Esquerra presiona desde el interior del gobierno. Por lo que pueda pasar, los republicanos ya no hablan últimamente de "líneas rojas", aquellos límites que patentaron tras las elecciones generales para marcar perfil en cuestiones como la financiación o las horas lectivas de castellano. Aunque cada vez queda menos claro lo que ERC no está dispuesta a tolerar, sí pide que se mantenga el frente común de los partidos catalanes en las negociaciones con Moncloa y que se haga gala de "firmeza para plantarse y no aceptar un mal acuerdo", según el consejero de gobernación y hombre de confianza de Puigcercós, Jordi Ausás. Para ERC, Cataluña no se puede contentar con el "pan para hoy y hambre para mañana": antes que un modelo de financiación insuficiente, es preferible quedarse con el actual y esperar a que soplen mejores vientos.

Ahora bien, que la financiación dinamite el tripartito con una eventual salida del gobierno catalán de ERC en caso que la oferta presentada por Solbes no le satisfaga se sitúa en un horizonte más remoto según pasa el tiempo. "No tiene sentido", consideró recientemente Carod, a quien no se le ocurre que los militantes de ERC puedan preferir "que gobierne su país otro partido que no sea el suyo". Según el vicepresidente de la Generalitat, esta posibilidad, que mantuvo largo tiempo a Montilla con el alma en vilo, fue planteada por el diputado de ERC en el Congreso Joan Tarda, pero no cuenta con la bendición del presidente del partido, Joan Puigcercós. Aparte de dejar clara la voluntad de permanencia, Carod lamentó la "cierta tendencia a la inmolación" de determinados sectores.

Con una semana de ventaja sobre sus colegas españoles, la actividad política en Cataluña arrancó el último lunes de agosto con la reunión del Consejo Ejecutivo, donde se abordó por primera vez la financiación tras el aciago 9 de agosto. La sesión estuvo protagonizada por el téte-a-téte a mediados de agosto entre la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el presidente de ICV, Joan Saura, que se saldó con un renovado plazo de tres meses para negociar el modelo de financiación a cambio de retirar la petición de comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero, por quien dio la cara Pedro Solbes.

En el Consejo Ejecutivo, los consejeros de ERC instaron a los ecosocialistas a aclarar si Saura acudió a la cita en calidad de líder desu partido o de representante del gobierno catalán. Una cuestión que no es anecdótica si se tiene en cuenta que los republicanos se convirtieron en el único miembro del tripartito que no estaba al corriente. A ERC le molestó sobremanera que no se informase al vicepresidente y presidente de la Generalitat en funciones, Josep Lluís Carod-Rovira, de una jugada que contaba con el beneplácito del propio Montilla. No en vano, gracias a ella el PSC se ahorró el mal trago de poner a Zapatero contra las cuerdas y votar que no compareciese el presidente español al margen del resto de partidos catalanes. Según expuso Saura, convertido gracias a esta iniciativa en portada de no pocos periódicos españoles, su encuentro con De la Vega fue a título de presidente de ICV.

Aunque ERC le acusó de sembrar la confusión al manifestar que contaba con el aval del gobierno catalán, antes de adoptar medidas más radicales prefirió dar la versión por buena. "Cada partido es responsable de sus movimientos", finiquitó el conseller republicano Josep Huguet, quien pese a todo continuó afirmando que la unidad del tripartito y CiU respecto a la financiación está "prácticamente garantizada".

Con todo, ERC sí reclamó que la propuesta catalana del nuevo modelo de financiación, que se prevé esté listo en una semana, incluya una cifra, aunque ésta solo se utilice para las negociaciones y no trascienda para evitar rivalidades con otras comunidades autónomas. A estas alturas, no se han puesto aún números concretos encima de la mesa, más allá de los 3.800 millones más respecto al actual presupuesto que la Cámara de Comercio de Barcelona considera oportunos y los 5.200 millones que ha propuesto CiU.

De momento, la polémica se eterniza en las formas, que no son baladíes, ya que los partidos catalanes apelan al artículo 201.3 del nuevo Estatuto para reclamar que las negociaciones se desarrollen de forma bilateral. Una vez abierta de la caja de los truenos de la financiación no son pocas las autonomías que reclaman un modelo más justo que el actual, que provoca que tras la redistribución de los impuestos las comunidades más pobres sean las que más perciban. Cataluña, pionera en destapare) debate, aguarda intranquila. •