El rechazo al modelo propuesto es casi unánime

LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

ABRE LA CAJA DE PANDORA

La reforma de la financiación autonómica amenaza con calentar aún más el verano y también, el otoño. La propuesta realizada por el Gobierno de nuevas bases en la asignación de recursos de las CC AA ha puesto en pie de guerra, una vez más, a las comunidades autonómicas. Ni siquiera se han salvado las que están dirigidas por gobiernos socialistas. Es más, en sus reivindicaciones no han dudado en crear estrechas alianzas al margen del color político de sus gobiernos. La Generalitat catalana, que preside José Montilla, se sitúa a la cabeza. Tan sólo Andalucía, Castilla-La Mancha y Baleares respaldan la oferta realizada por el vicepresidente económico y ministro de Economía, Pedro Solbes.

Por Maite Nieva

Nadie parece dispuesto a ceder y mucho menos si repercute en los fondos económicos de sus regiones. La prueba de fuego para el gobierno central era arrancar un acuerdo de bases entre las comunidades autonómicas en la reunión del Consejo de de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado día 22 de julio. En ella se sometía la propuesta al veredicto de las comunidades autónomas. Un requisito imprescindible para empezar a negociar en septiembre, según Pedro Solbes. Pero no hubo acuerdo y gobierno y comunidades autónomas tendrán que volver a reunirse en agosto. La primera con Cataluña. Eso sí, no habrá ningún documento antes del 9 de agosto, según Solbes, fecha limité del estatuto catalán para alcanzar un acuerdo con la Generalitat. El gobierno espera concretar el sistema de financiación en el último trimestre del año para que entre en vigor en 2009.

Cataluña y Madrid han cerrado filas contra el nuevo modelo de financiación propuesto por Solbes. Cataluña "no ve comopuede desarrollarse el texto estatutario de este modo". Según el consejero catalán, Antoni Castells. "No nos satisface, es demasiado general y no va en la buena dirección". Para Antonio Beteta, consejero de Economía de Madrid, la oferta de Solbes es "una tomadura de pelo". "El Estado debe aportar al menos 6.000 millones de euros para garantizar la prestación de servicios básicos". Algo que pone en duda por "la debilidad presupuestaria las crisis impedirá cumplir el compromiso". Un argumento que también comparte el vicepresidente valenciano, Gerardo Camps.

El vicepresidente económico, asegura que ninguna comunidad perderá financiación con el nuevo modelo. El documento "ha delimitado el terreno de juego", aunque reconoce que "habrá que introducir elementos nuevos" así como "clarificar puntos e introducir otros elementos adicionales". Según Solbes, la mayor parte de los socialistas "han tenido una posición razonablemente abierta, a excepción de Cataluña", con quien "no va a ser fácil el acuerdo", reconoce.

"La propuesta es un buen punto de partida para iniciar la negociación sobre la basede que ninguna CC.AA saldrá perjudicada". Además, "el sistema dispondrá de recursos adicionales, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias para reforzar la financiación del Estado de bienestar". Según Solbes, "se han tenido en cuenta todas las previsiones y se han contemplado todas las directrices que recogen los estatutos de autonomía de las comunidades. La voluntad es garantizar una financiación suficiente para todas las competencias transferidas y asegurar igual cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos, independientemente de donde vivan". Uno de los aspectos más significativos es el aumento de la cesión del los impuestos a las comunidades autónomas, en un 50% en el caso del IRPF e IVA y del 58% en Impuestos Especiales para garantizar la financiación.

También el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido que calmar los ánimos y salir al paso de las críticas durante el último congreso del PSC, celebrado en Barcelona, asegurando que el nuevo modelo de reparto de fondos territoriales, será "el mejor para España y el mejor para Cataluña. Tendrá la garantía del principio de la solidaridad para que el conjunto del Estado siga avanzando".

El criterio distributivo según la población de las comunidades es uno de los caballos de batalla de las comunidades en la negociación de la reforma de la financiación autonómica. Pero dependiendo de cada comunidad, las reivindicaciones no sólo difieren sino que pueden ser diametralmente opuestas. Aparentemente, el Ministerio de Economía, ha inclinado la balanza a favor de las propuestas realizadas por Madrid, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, principales defensoras de que el criterio de reparto se haga en función del número de habitantes. Sin embargo, la medida ni siquiera cuenta con el beneplácito de estas comunidades. Cataluña y Valencia piden que tenga en cuenta también el coste por el aumento de la inmigración registrada en estas comunidades. También porque "la oferta de aumentar el dinero por el incremento de la población está determinada por las disponibilidades presupuestarias del gobierno", según el vicepresidente valenciano, Gerardo Camps.

El rechazo a esta propuesta, ha sido general entre el resto de las comunidades. Sobre todo de las regiones del noroeste de la península, que tienen una población envejecida o dispersa en su territorio. "Si no hay cambios que reconozcan el coste de una población envejecida o dispersa, no apoyaremos el documento," advierten los dirigentes autonómicos asturianos que cuentan con el respaldo de Castilla y León (PP), Galicia (PSOE-BNG) Cantabria (PRC-PSOE). Extremadura (PSOE) y Murcia (PP).

También la propuesta del gobierno de limitar la garantía de prestación de los servicios básicos en todos los territorios a la salud, educación y servicios sociales, ha levantado una auténtica polvareda. Ni siquiera convence a Cataluña, pese a que esta es una de sus principales exigencias. Sobre todo porque Solbes está dispuesto a "dotar de recursos adicionales a las comunidades para reforzar el Estado de bienestar" y abrir el abanico a otras competencias, entre ellas lajusticia. Castilla León y Asturias han reaccionado con dureza a la propuesta y reivindican que la solidaridad territorial no se limite sólo a estos servicios.

"Habrá más dinero" para cubrir estos servicios, ha señalado Solbes, pero dentro de las posibilidades presupuestarias, que no son muchas. La publicación de las cuentas del Estado, coincidiendo con las negociaciones de la reforma de la financiación autonómica, han puesto sobre la mesa una dura realidad. Por primera vez en tres años, las cuentas públicas tienen números rojos y una reducción de ingresos de 4.683 millones de euros, un 0,42% del PIB. Además, el gobierno ha perdido una capacidad recaudatoria de unos 8.000 millones de euros debido a medidas para inyectar mayor liquidez al mercado encaminadas a disminuir el impacto de la inflación, el aumento del paro y aumentar el consumo. •

Pocas sorpresas en las balanzas fiscales

No hubo sorpresas, pero la publicación de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas, una vieja reivindicación de los dirigentes autonómicos, ha contribuido a calentar los ánimos de los dirigentes autonómicos. José Luis Rodríguez Zapatero se había comprometido a hacerlas públicas hacía dos años, pero Solbes se ha resistido hasta el último momento. Temía que ampliara la brecha entre las comunidades autónomas.
Según el secretario de Estado Hacienda, Carlos Ocaña, es una ejercicio de transparencia por parte del gobierno "para erradicar los tópicos que se oyen", ya que las regiones más ricas contribuyen a la solidaridad sin duda alguna". Las balanzas fiscales de las autonomías "han revelado progresividad del sis-tema y la correcta distribución de la renta a través del gasto público, según el secretario de Estado.
Las comunidades con mayor renta per cápita, Madrid, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana son las que más aportan y por lo tanto las que más contribuyen a la solidaridad territorial. El déficit fiscal de Cataluña con datos de 2005, está entre el 6,38% y el 8,70% de su PIB, mientras que Madrid abarca una horquilla que va desde el 5,57% al 9,13% del PIB. Por el contrario, las que más se benefician son Extremadura, Asturias, Galicia, Ceuta y Melilla, precisamente las de menor renta, seguidas de Galicia, Canarias, Castilla- La Macha, Castilla y León, Andalucía y Cantabria.
Carlos Ocaña ha advertidoque "estos datos no podrán utilizarse para la negociación sobre la reforma del sistema de financiación autonómica" porque "no reflejan la equidad", al constatar solo actuaciones de la administración central". Tampoco la "eficiencia" porque las regiones de renta alta suelen presentar saldos positivos en una balanza comercial interior". Algo que lo que coincide el portavoz de economía del PP en el Congreso de los Diputados, Cristóbal Montoro, quien ha pedido que los datos contenidos en las balanzas fiscales son sean utilizados para enfrentar a los españoles, ni para crear agravios comparativos. "Los datos no arrojan sorpresas porque lo lógico en el actual sistema es que las CC AA con mayor renta aporten más al conjunto".