Notable cambio de actitud en la última reunión entre Zapatero y Rajoy

¡YA PACTAN!

Durante el noveno encuentro en La Moncloa protagonizado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, se han hecho visibles los efectos del último congreso del Partido Popular. Un evidente cambio de estrategia de la gran formación de la derecha ha provocado que, además de una imagen mucho más distendida, que se aleja hasta estéticamente de los postulados de la táctica de la crispación, haya sido posible, por primera vez en más de cuatro años, alcanzar determinados acuerdos, especialmente, en materia antiterrorista y en el desbloqueo de la situación del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

Por P. A. N.

EI pasado 23 de junio, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aparecía sonriente ante los medios de comunicación tras la reunión que acababa de mantener con el líder de la oposición, Mariano Rajoy. "Ha sido una reunión con acuerdos y frutos", proclamaba el inquilino de La Moncloa sin poder ocultar su satisfacción.

Tal vez, en el gesto presidencial también se podía observar una cierta sensación de alivio. Un suspiro relajado de quien veía alejarse más de cuatro años de estrategia rival de confrontación a cara de perro para ser sustituida por un diseño político más civilizado, en el que el reconocimiento del adversario forma parte fundamental de su desarrollo.

Tras ocho reuniones previas en la residencia oficial del presidente del Ejecutivo, que se iniciaban el 25 de mayo de 2004, nunca antes se había llegado a ninguna clase de acuerdos entre el jefe de Gobierno y el presidente del primer partido de la oposición. Rajoy y Zapatero ni siquiera habían conseguido mostrar un gesto conciliador a toda la prensa congregada después de cada uno de estos ocho encuentros previos al del día 23 de julio.

El cambio de actitud, el cambio de talante, la presentación en sociedad de los primeros acuerdos conseguidos entre PP y PSOEdesde que los socialistas llegasen al poder en 2004, revelaban que Mariano Rajoy conseguía escenificar, por fin, el golpe de timón táctico y estratégico diseñado en su anterior congreso; los primeros pasos de un giro al centro que aún está por sustanciar.
Los acuerdos anunciados por Zapatero, además de constituir una novedad en el transcurso de más de una legislatura, son de gran contenido político. Por un lado, el pacto compromete a una renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —boicoteada durante dos años y medio por el Partido Popular- en el próximo mes de septiembre. También coinciden en el nombramiento de cinco puestos vacantes en el Tribunal Constitucional. No se mencionaban nombres, sino que se aclaraba la coincidencia de "criterios", y que las personas concretas se darían a conocer, precisamente en el momento en que fuera a tener lugar la renovación pactada.

No se quedaba la cuestión sólo en la elección —ya casi imprescindible, después de un parón que ha puesto en riesgo el funcionamiento de la justicia en nuestro país- de los miembros del nuevo CGPJ. Lo pactado también se refiere al endurecimiento de las penas para los delitos sexuales o de especial gravedad y relevancia social, la creación de una lista de pederastas, la informatización de los juzgados y de todos los servicios judiciales, la mayor dotación de medios y la implantación de los juicios rápidos también en los ámbitos civil y penal.

El segundo gran acuerdo conseguido por los dos grandes partidos nacionales se refiere a la política antiterrorista. Las dos formaciones han coincidido en la necesidad de implantar reformas legales. La primera se llevará a cabo en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, en la que se va a añadir una disposición acerca de la obligación por parte de todas las administraciones públicas de adoptar medidas para la retirada de escudos, insignias, placas o cualquier otro símbolo, como nombres de calles, plazas, parque o edificios públicos que enaltezcan de modo individual o colectivo a los terroristas.

Del mismo modo se ha pactado estudiar conjuntamente la legislación penal, con el fin de reformar las penas accesorias en los delitos de naturaleza terrorista, y nuevas medidas de aseguramiento en el caso de terroristas que salgan de prisión tras el cumplimiento de las condenas que les fueron impuestas. También se van a revisar los mecanismos de preservación del patrimonio presente y futuro de los terroristas para que hagan frente con él a las responsabilidades civiles e indemnizaciones que se establezcan en sus condenas.

Tanto Zapatero como Rajoy hacían referencia en sus posteriores ruedas de prensa a que el gran acuerdo en materia de política antiterrorista se basaba en cinco principios básicos: el apoyo a las víctimas; la unidad de los demócratas; la confianza en el Estado de Derecho y en los cuerpos de Seguridad del Estado; la cooperación internacional, y por último, en una declaración política solemne en el que las fuerzas políticas se comprometen a que "el único destino de ETA es desistir de la violencia, porque nunca jamás la violencia conseguirá ningún objetivo político".

La comparecencia de Mariano Rajoy ante los medios, en la sede nacional del Partido Popular, en la madrileña calle Génova, no tenía un aire tan optimista como la convocatoria de Zapatero en La Moncloa, aunque distaba mucho del teatral pesimismo o la indignación contenida de las conferencias de prensa habituales tras las ocho reuniones anteriores. Mariano Rajoy explicaba que "ha sido un encuentro donde ha habido algunos acuerdos y algunos desacuerdos".

En el capítulo de los acuerdos, relataba lo anteriormente descrito, aunque sin la escenografía tan positiva empleada por el presidente. Rajoy se reservaba un importante capítulo para los desencuentros, utilizando una dialéctica para consumo interno, y tratar de frenar a los que le acusan dentro de su partido de "echarse en brazos" del eterno enemigo. Las desavenencias están todas relacionadas con la política económica —nuevo caballo de batalla en la flamante estrategia de la oposición-.

"Yo pienso que hay que tomar medidas urgentes contra la crisis, porque creo que hay crisis económica, y el presidente del Gobierno cree que no", lanzaba su andanada Rajoy ante los medios al poco de acabar la reunión en La Moncloa. El líder de la derecha lamentaba "profundamente que el Gobierno se empecine en el diagnóstico que tiene de la crisis y crea que las cosas se arreglan solas".

Pero, incluso en el campo de los desencuentros, el tono de su intervención no era al que nos tenía acostumbrados a lo largo de toda la pasada legislatura. Pausadamente, presentaba el paquete de medidas económicas que había sugerido al presidente del Gobierno, y que éste, habría rechazado: limitación al dos por ciento del límite de gasto público en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2009; un plan de austeridad aplicable a las instituciones públicas; aumentar del 15 al 25 por ciento la deducción fiscal en el IRPF por la adquisición de una vivienda, algunas medidas de contención de la inflación, ayudas a las familias con dificultades para el pago de las hipotecas y la reducción del Impuesto de Sociedades.

En definitiva, y como medida principal, la reducción del gasto público, algo con lo que en el Partido Socialista se muestran abiertamente discrepantes.

Del mismo modo en que existía una expectación justificada por el cambio que podría suponer este encuentro con respecto a los anteriores, también estaba cantado que la economía no iba a ser el campo en el que se produjesen los grandes acuerdos entre Gobierno y el principal partido de la oposición. Antes de la reunión, la pasada semana, el presidente del Gobierno ya había avanzado su posición ante las propuestas del PP frente a la crisis: "la propuesta de la derecha es una reducción drástica del gasto público, que sería a costa de las políticas sociales".

Después del encuentro del 23 de julio, Zapatero, pese a mostrar su satisfacción general, aclaraba a la prensa que "el único tema que puede ser objeto de discusión es la constricción del gasto público", aclarando que no se resentirán, pese a la crisis, las políticas sociales: "rigor sí, pero solidaridad también".

La crisis, y también el hecho de no haber conseguido ningún acuerdo parlamentario con otras fuerzas, tras cien días de Gobierno que se cumplieron la pasada semana, ha aconsejado al presidente a iniciar una ronda de contactos, en el Palacio de La Moncloa, con el resto de los portavoces de los demás grupos parlamentarios –una vez concluida la reunión con Rajoy-.

El mismo día 28 está previsto que el primero en pasar por la residencia presidencial sea el portavoz parlamentario de Convergencia i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida. Después llegará el turno de Josu Erkoreka, portavoz del PNV. La ronda tiene programado proseguir con un encuentro con los dirigentes de IU, Gaspar Llamazares, y de IC, Joan Herrera, simultáneamente.

El mismo lunes 28 de julio llegarán a La Moncloa el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Francisco Jonquera, la parlamentaria de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, y la dirigente de Nafarroa Bai Uxue Barkos. El encuentro con el portavozde Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Ridao, inicialmente se posponía hasta el 30 de julio, por motivos de agenda.

De la reunión del pasado 23 de julio, tanto el presidente del Gobierno como el líder de la oposición han obtenido una alta satisfacción de sus expectativas. Zapatero ha podido constatar un fin de ciclo en la estrategia de confrontación del PP, del que se adivina una época de colaboración democrática –no exenta de críticas-, y una apertura a acuerdos de Estado con los socialistas y otras fuerzas políticas, lo implica una tregua después de cuatro años de desgaste.

El presidente del PP obtiene la foto que certifica su nuevo estilo moderado y el giro al centro que tanto busca en su afán de lograr el triunfo en las elecciones de 2012, para lo que debe–según sus nuevos asesores- impedir la movilización de todos los votos progresistas contra el PP, situación que consideran en Génova es la que les ha impedido alzarse con la victoria en los pasados comicios. •